Luego de 45 días de huelga, con cortes de ruta y una marcha de 400 kilómetros, los mineros del norte de España llegaron ayer a Madrid. Se les unieron cientos de miles de españoles mientras el gobierno anunciaba el ajuste y mandaba a reprimir.
“Somos más de medio millón de personas”, anunciaba el altoparlante instalado frente al Ministerio de Industria de España, al llegar la marcha encabezada por los mineros del norte del país. Habían partido unos 200, a pié, desde Asturias, León y Aragón, unos 400 km recorridos en 20 días para llegar a protestar contra los recortes al sector impuestos por el gobierno conservador del Partido Popular. Los indignados, los sindicatos, los movimientos sociales españoles se fueron sumando en el camino hasta llegar a la imponente columna que desfiló ayer por las calle madrileñas. En las cuencas de carbón, otros 40 mineros se encerraron desde hace ya más de un mes y medio para protestar contra los recortes. Y ahí, donde debía terminar la gran ‘Marcha Negra’, en pleno centro de la capital, la policía reprimió duramente, causando más de 70 heridos y una decena de detenidos.
La ‘Marcha Negra’
La huelga comenzó hace 45 días, cuando el ejecutivo comandado por Mariano Rajoy anunció la inclusión de un recorte del 63% en los subsidios que el estado mantiene para el sector en los Presupuestos Generales del Estado de 2012. Una reducción de unos 190 millones de euros, que para la mayoría de los más de 8 mil trabajadores mineros, ubicados principalmente en el norte de España, significa perder su puesto de trabajo. La desinversión no responde solamente a la política neoliberal del gobierno. La Unión Europea exigió la medida a cambio de las ayudas económicas que recibe el país ibérico para paliar la crisis. Es que las minas de carbón españolas ya dejaron de ser rentables. Es más barato importar carbón alemán -para la alegría de la mujer más poderosa de Europa, Angela Merkel- o invertir en la extracción de petróleo a cargo de grandes multinacionales como Repsol. Así, el sector minero fue perdiendo cada vez más impulso hasta convertirse en un estorbo en la lógica rentista, y Bruselas sentenció su destino con fecha de defunción: el 2018. Quienes viven del trabajo en las minas decidieron entonces un plan de lucha que se fue radicalizando a medida que la negativa por parte del Estado era cada vez más contundente. La huelga comenzó con un paro de actividades casi total convocado por Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), al que se le fueron sumando marchas y cortes de ruta por tiempo indeterminado. Cuando llegaron los primeros desalojos, los mineros utilizaron la pólvora y explosivos de las cuencas para fabricar lanzacohetes caseros y defenderse de la violencia policial. A partir de ahí, para el gobierno fueron “terroristas”.
La lucha se nacionalizó, y las adhesiones comenzaron a llegar de todos lados. El 15M, el movimiento de los ‘Indignados’, fue de los primeros en apoyar las movilizaciones mineras, y organizar la caravana que hace 20 días partió desde las cuencas de carbón rumbo a Madrid, donde llegaron el martes a la noche. Unos 200 mineros, con las luces de sus cascos prendidos, desfilaron hasta la Puerta del Sol en la noche madrileña sorprendidos del multitudinario apoyo que recibían por las calles. Unas 25 mil personas los vitorearon y acompañaron en la vigilia de la gran marcha nacional que se desarrolló ayer y que los llevó hasta las puertas valladas del Ministerio de Industria.
Más ajuste
Mientras centenares de miles de personas se encolumnaban detrás de los mineros, convertidos en estandarte del descontento general ante la política de ajuste del gobierno español, Rajoy anunciaba nuevos recortes para el país, y la llegada de un paquete de ayuda al sector financiero de 30.000 millones de euros. El ajuste anunciado es de los más duros desde el comienzo de la crisis europea: aumento en un 3% del IVA, recortes a los planes de desempleo, liberalización de servicios ferroviarios y aeroporturarios, recorte -y en algunos casos eliminación- de los aguinaldos de fin de año y eliminación de buena parte de las bonificaciones a la contratación. De esta manera, España espera ahorrar unos 65.000 millones de euros en dos años para cumplir con la obligación impuesta por la Unión Europea de llegar a 2014 con un déficit inferior al 3% del PBI -hoy es del 6,3%-.
“Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración. No pregunto si me gusta. Aplico las medidas excepcionales que reclama un momento excepcional”, aseguró Rajoy ante el parlamento, provocando aún más indignación en las calles de Madrid. “No hay ni una sola medida para que paguen los ricos, que son el origen de la crisis”, denunció el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo. Junto a las demás centrales obreras, CGT y UGT, convocó a una “movilización general” para el 21 de julio, aunque aún no haya precisiones acerca de si habrá huelga general como proponen algunos de esos sindicatos.
Con las calles tomadas y protegido por la policía, el gobierno español anunció, en la práctica, que seguirá la receta liberal del ajuste impuesto por la UE -con Merkel a la cabeza-, mientras intenta negociar el salvataje de la banca, a punto de colapsar. Se prevé un ‘otoño caliente’ entonces para los españoles, y los europeos en general, luego de los anuncios en el mismo sentido del primer ministro italiano, Mario Monti, y del recién asumido gobierno griego, hace apenas unos días.