En una suerte de ‘revival menemista’, el recién asumido gobierno griego anunció que privatizará todo lo que pueda y ruega nuevas ayudas de los organismos internacionales de crédito. La izquierda vuelve a las calles.
“Las privatizaciones son el pilar fundamental de las reformas estructurales y un impulsor central del crecimiento de la economía, a través de las inversiones, y por tanto, una de las principales prioridades para el Gobierno”. Con estas palabras el flamante ministro de finanzas griego, Yannis Stournaras, explicó el rumbo económico que el país helénico tomará en los próximos años. “Grecia debe llevar a cabo las medidas que ya ha votado como parte de su presupuesto 2012 de modo que se mueva hacia las metas con las que se ha comprometido y evitar perder más de su credibilidad y arriesgar el próximo tramo de ayuda”, agregó.
Fue durante su discurso ante el parlamento, en los tres días de debate en mediante los cuales el nuevo gobierno de coalición presentó su programa al poder legislativo. El ejecutivo, nacido a partir de la victoria conservadora en las elecciones del pasado 17 de junio, está compuesto por la fuerza mayoritaria, Nueva Democracia, de centro-derecha, los socialdemócratas del Pasok y la izquierda moderada Dimar. Entre estas tres fuerzas consensuaron los principales puntos que fueron expuestos ante el congreso y que recibieron el apoyo de los legisladores -tal como lo requiere la constitución- por 179 votos sobre 300. La oposición, liderada por la coalición de izquierda radical Syriza, que perdió por un puñado de votos las últimas elecciones, fue muy dura sobre el contenido del documento presentado en la noche entre domingo y lunes. “Este gobierno tiene un objetivo especial, y no es otro que la venta de la riqueza pública al capital privado”, aseguró ayer el líder de esta fuerza, Alexis Tsiripas. “El pueblo heleno tiene derecho a no reconocer la liquidación de la propiedad pública. Y eso deben saberlo los que piensan obtenerla a precio bajo”.
Efectivamente, el objetivo explícito del nuevo gobierno liderado por el conservador Andonis Samarás, es complacer las expectativas extranjeras, representadas por la Troika, es decir la triada compuesta por la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, principales acreedores de Grecia. Licuados ya los 130.000 millones de euros que este grupo entregó a Atenas, el nuevo ejecutivo se encuentra en la ‘embarazosa’ situación de tener que pedir más ayuda, antes de lo previsto y sin haber cumplido aún con las pautas de ajuste que se le exigían. “Las negociaciones no serán rápidas, serán largas y arduas”, aseguró el ministro de finanzas, que además anunció que su gobierno pedirá aún más tiempo -unos dos años- para cumplir con las reformas impuestas por la Troika. “Se requiere de tiempo adicional debido a que la recesión fue mayor de lo esperado. La extensión significa que alguien tendrá que darnos más dinero y esto no es simple”.
En línea con lo planteado por los principales organismos internacionales, y los gobiernos centrales de la Unión Europea, el recién asumido gobierno griego anunció que la estrategia será “recobrar credibilidad” ante los prestamistas extranjeros. Esto es, demostrar que podrán devolver el dinero, recortando gastos en salarios, administración pública y servicios. Por esto Grecia privatizará “la mayor cantidad posible de empresas estatales”, empezando por la venta de la compañía de ferrocarriles pública, las energéticas, la distribución de agua municipal y varias propiedades estatales, en un intento cuasi desesperado de sumar dinero que recorte el déficit público.
Luego de su alocución en Atenas, donde aún se encuentran los inspectores de la Troika analizando los avances del país en el cumplimiento de las metas impuestas, Stournaras se reunió en Bruselas con los demás ministros de finanzas del eurogrupo. Allí, junto con la situación de Italia, España y Chipre, se discutió el porvenir de Atenas y su mantenimiento en la moneda única. Stournaras debe negociar un memorándum que determinará si están dadas las condiciones para el envío de un nuevo paquete de ayudas de 170.000 millones de dólares.
Mientras tanto, en Atenas, la izquierda Syriza, junto con las principales centrales obreras, preparan un plan de lucha para oponerse al nuevo programa de gobierno que prevé nuevas huelgas y manifestaciones. “Es nuestra obligación no aceptar estas medidas”, aseguró el titular de Syriza, Alexis Tsiripas.