Por Maro Skliar* / Fotos por Natalia Polito y Marina Carniglia
Las muertes de los dos niños en el taller clandestino de la localidad porteña de Flores siguen disparando dolor y preguntas. Detrás del trabajo esclavo, un Gobierno que desprecia a las y los trabajadores y uno que, en primera persona, desteje la maraña de complicidades y negligencias.
Cuando el año pasado me tocó hablar ante el juez de la causa Metrobús, centré mis palabras en el carácter político y persecutorio del proceso judicial: el Gobierno de la Ciudad pretendía enviarme cinco días a prisión junto con otro compañero, acusándonos de encabezar una protesta y un supuesto corte de calle contra el trabajo en negro en su propia órbita.
Viví en carne propia la saña política del Gobierno PRO a través del Ministerio Público Fiscal que, en cuestión de unos pocos meses, conformó un expediente donde constaba qué materias había cursado en la universidad, qué había dicho y escrito en medios gráficos y audiovisuales desde el 2010, con quién había hablado por teléfono e incluso cuál era el estado de mi cuenta bancaria.
Sentado en el tribunal, pregunté entonces en forma retórica, dónde estaba ese Ministerio Público cuando había que investigar los asesinatos del Indoamericano o la represión en el Borda. ¿Por qué no se conformaban expedientes de tantas fojas para investigar la violencia patriarcal y machista que mata mujeres casi todos los días? ¿Por qué tan poco trabajo en hacer justicia ante la violación sistemática de los derechos de los niños y niñas en la Ciudad (falta de vacantes o familias enteras en situación de calle)? Obviamente no hubo respuestas, así que con ironía ensayé una: quizás los fiscales de la Ciudad estuvieran preocupados averiguando qué materias había cursado yo en la facultad.
La cuestión es que ante una denuncia de la Procuración General del GCBA por un supuesto corte de calle de menos de dos horas, un fiscal macrista de apellido López logró en pocos meses armar un expediente bien gordo lleno de supuestas pruebas y elevar la causa a juicio oral, sentando a dos referentes sindicales en el banquillo de los acusados. El tal López fue ascendido a coordinador de fiscales.
Morir en el taller
Rolando y Rodrigo Camacho eran dos hermanitos que vivían en una Ciudad donde los derechos (humanos) de los pibes no se respetan un ápice cuando esos pibes son pobres. Murieron el 27 de abril de 2015. Leí que cuando los bomberos entraron al taller clandestino de la calle Páez, los chicos estaban abrazados junto a su perrito.
El 21 de noviembre de 2014, el Gobierno de la Ciudad comunicó formalmente a la Fiscalía contra la Trata y la Explotación que no se había inspeccionado ni el taller de Páez, ni otros veinticinco domicilios denunciados. No se investigó nada. Nadie averiguó qué materias cursaban Rolando y Rodrigo en la escuela, nadie supo qué decían ellos, cómo era su ser niños en Buenos Aires.
Casi en simultáneo, desde las primeras líneas del PRO, Miguel Del Sel nos proponía que a Rodrigo y a Rolando les peguemos con una varilla si se portaban mal. ¿Con qué hay que pegarles a los funcionarios responsables por su muerte, Miguel? Contate un chiste de pibes que mueren quemados, Miguel. ¿Con qué ritmo se baila la muerte de los niños que ya no están, Mauricio? ¿La vida truncada es obra de un gran gestionador, Horacio? Hoy lo que falta en la Ciudad no son estaciones de Metrobús o de Subte, hoy faltan Rolando y Rodrigo.
Lo ocurrido es de una gravedad enorme y va a volver a pasar, porque hay condiciones políticas para que así sea. Basta con saber de quiénes dependen las áreas estatales destinadas a evitar estos hechos.
Desde fines de 2013, a la cabeza de todos los fiscales de la Ciudad hay un macrista que antes fue legislador de relevancia del PRO. En la cima de la Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad también hay una militante macrista. La AGT es la encargada de controlar que el GCBA cumpla con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Martín Ocampo y Yael Bendel accedieron a sus cargos como parte del acuerdo que realizaron en la Legislatura porteña, cuando terminaba 2013, los bloques mayoritarios: PRO, FPV y el (ex)UNEN.
De nada sirvió la impugnación que presentamos varios organismos de derechos humanos y derechos de la infancia, junto con organizaciones sindicales, para frenar la designación de estos dos funcionarios. Los nombramientos avanzaron con los votos necesarios. En la web oficial de Legislatura se puede consultar y saber quiénes fueron los que levantaron la mano.
Bendel venía de presidir el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, donde había hecho una gestión de vaciamiento estrepitoso e institucionalización incesante de los chicos por su condición de pobres; aparte de implementar ideas de vanguardia como una “tarjeta de derechos” para que los niños y niñas en desventaja social puedan comer en Mc Donald’s. Ocampo era uno de los capos del PRO en la Legislatura, lo que obviamente le quitaba toda autonomía con respecto al partido gobernante para ser Fiscal General.
Pasa que cuando terminan los mandatos de los legisladores y hay que renovar los cargos en estos y otros organismos claves (como la Defensoría del Pueblo), se inicia la temporada de toma y daca de favores, lugares y votos. No hay quien quiera quedarse afuera, todos pretenden acomodarse en algún carguito. Esa especie de fiesta bacanal de la política, ese “todos con todos” tiene costos. Parte de la cuenta la pagaron los hermanitos Camacho con su vida.
Tampoco nadie en la Subsecretaría de Trabajo investigó qué pasaba en ese taller que ardió, como no habían clausurado la Iron Mountain que fue incendiada de manera intencional, según determinó la justicia. Los funcionarios de esa área, que paradójicamente tiene entre su personal una buena cantidad de trabajadores en negro, están bastante más preocupados en una cruzada contra los delegados gremiales críticos del organismo.
El Gobierno de la Ciudad está para otra cosa, parece. El show debe continuar. Tinelli los espera a todos para reproducir y amplificar esa política.
El PRO festeja su triunfo en las PASO de la Ciudad. Rolando y Rodrigo mueren quemados. A quien le duela eso, piense en política.
El 47 por ciento de los votos duele porque duelen Rodrigo y Rolando. Pero, aunque sea el 99 por ciento, no hay que parar de denunciar y de organizarse para cambiar la realidad.
*Delegado general ATE-Promoción Social CABA