En la madrugada del martes 8 de noviembre, diversas organizaciones que luchan por el derecho a la vivienda, los llamados “sin techo”, realizaron ocupaciones en edificios abandonados, la mayor parte ubicados en el centro de la ciudad de San Pablo.
Los manifestantes presentaron una serie de reivindicaciones a los tres niveles de poder (municipal, provincial y federal), tales como la elaboración de planes de vivienda destinados especialmente para la población con ingresos mensuales inferiores a tres salarios mínimos. Las ocupaciones fueron hechas de forma coordinada por cerca de 3.500 militantes de más de diez organizaciones que forman parte de la Unión de los Movimientos por la Vivienda de San Pablo (UMM-SP, por su sigla en portugués). Nueve de los edificios ocupados están en el centro de la capital y uno en la zona este. Cuatro edificios están a pocas cuadras de uno de los cruces más famosos de la ciudad, el de las avenidas São João e Ipiranga.
“Luchamos y trabajamos mucho para sobrevivir pero la ciudad, regida por las leyes del mercado, especialmente el inmobiliario, impide que nuestra renta asegure nuestros derechos. Sabemos que la situación de nuestras familias deviene de una injusticia histórica. Sabemos también que en las circunstancias actuales nuestro sufrimiento no tiene razón de seguir existiendo”, dice un comunicado emitido por la UMM.
Los movimientos de los sin techo sostienen que, además de la construcción de viviendas, es necesaria una política de ocupación de inmuebles que están vacíos y abandonados, muchos en zonas centrales, como los ocupados el martes. Según datos oficiales del Censo brasileño de 2010, hay 353 mil viviendas abandonadas solamente en la ciudad San Pablo (que hoy tiene 12 millones de habitantes). En la región central hay 33 mil.
Ya a la tarde del día 8, la Justicia había expedido órdenes de desalojo, con uso de fuerza policial si fuera necesario. En la mañana del día 10 de noviembre, la policía llegó a los edificios para cumplir los órdenes de desalojo. Las familias, muchas con niños, decidieron no resistir y salir de los edificios, pero siguen exigiendo negociaciones con los órganos responsables de la construcción de viviendas populares.
Déficit habitacional
Conforme los datos del Censo 2010, en todo el Brasil hay un déficit habitacional de 5 millones 800 mil viviendas. A la vez, el número de casas vacías en todo el territorio es de 6 millones, o sea, el número de casas vacías excede en 200 mil al número de brasileños que necesitan un lugar para vivir. San Pablo es la provincia con mayor cantidad de domicilios vacantes y también la unidad federativa con mayor déficit habitacional.
En 2009, la entonces ministra Dilma Roussef, hoy presidenta, inauguró el programa habitacional “Mi Casa, Mi Vida”, que tenía como objetivo contemplar a las familias con rentas de hasta 10 salarios mínimos (el salario mínimo hoy equivale a 1250 pesos), destinando el 40% del presupuesto del programa a familias con renta de hasta tres salarios. Una segunda edición del plan fue anunciada en mayo de 2011, destinándose el 60% del presupuesto a las familias que cobran hasta tres salarios. Segun datos del gobierno, hasta noviembre de 2010 habían sido construidas 732 mil casas y el gobierno promete construir otros dos millones hasta 2014.
Sin embargo, los movimientos de los sin techo afirman que, además de ineficiente, la burocracia exigida por el banco estatal responsable de ejecutar el programa excluye la mayoría de las familias, sobre todo a los que trabajan en negro y, por lo tanto, no tienen como comprobar renta. Otra crítica es que más de 95% del subsidio público va parar a manos de las grandes constructoras y sólo una ínfima parcela a entidades sin fines de lucro y cooperativas y a la producción de habitaciones rurales y urbanas por medio de la autogestión. Allí reside la importancia de estimular la expropiación de los inmuebles vacantes en paralelo al desarrollo de los programas habitacionales.