Por Rodrigo Luna. Las dos principales exigencias que se le acercan al Gobierno nacional, en boca del Secretario General de la CGT, Hugo Moyano, son: el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y la supresión del tope salarial para percibir asignaciones familiares. Ambas son demandas que diversas fuerzas sindicales plantean asiduamente y desde tiempo atrás.
Las Asignaciones familiares “consisten en el pago de una suma fija, que puede ser mensual o por única vez, que abona ANSES al trabajador en relación de dependencia y al beneficiario de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo, ante determinadas circunstancias de su vida…”.
Cuanto mayor es el ingreso de la persona, menor es el monto que recibe en concepto de asignaciones familiares. Las hay de diferentes tipos y mientras que para algunas (por maternidad, por hijo con discapacidad y la ayuda escolar anual para hijo con discapacidad) no existen topes salariales; para otras (por nacimiento, adopción, matrimonio, Prenatal, hijo y la ayuda escolar anual) sí lo hay y se encuentra actualmente en los $5.200 de salario mensual. El Gobierno nacional ha ido actualizando el tope salarial de forma más o menos periódica, teniendo en cuenta los niveles de inflación, los aumentos salariales y sus necesidades de recaudación. La última actualización fue en agosto del 2011. Las asignaciones familiares no alcanzan a los trabajadores del sector informal (alrededor de un tercio del total), que sí tienen derecho a la asignación universal por hijo.
Por su parte, el impuesto a las ganancias grava las rentas: i) del suelo (usufructo de inmuebles); ii) del capital; iii) por actividades agropecuarias, industriales, comerciales, o cualquier otra que no esté incorporada en las demás categorías; y iv) por los ingresos que provienen del trabajo, en relación de dependencia o no.
Este impuesto se comienza a tributar a partir de cierto nivel de ingresos: $5.782 en caso de solteros sin hijos y $7.998 para casados con dos hijos. La alícuota que se debe pagar crece con los ingresos constituyendo, sin lugar a dudas, un impuesto de carácter progresivo. Al igual que el tope de ingresos de las asignaciones familiares, el Mínimo no Imponible del impuesto a las ganancias se actualiza con cierta periodicidad: la última actualización data de abril del 2011. Sin embargo, desde 2008 a la fecha (según un estudio del CIFRA-CTA) los aumentos del mínimo no imponible han sido menores a los aumentos salariales y de la inflación, por lo que cada vez son más los trabajadores que deben pagar el impuesto.
En un rápido bosquejo se observa que los principales beneficiarios de las medidas demandadas son los trabajadores en relación de dependencia de salarios medios: aquellos que dejarían de tributar el impuesto a las ganancias y aquellos que quedarían por debajo del tope salarial para recibir las asignaciones familiares. A pesar de que el porcentaje de trabajadores que se encuentran en esta situación se ha duplicado en los últimos diez años, aún sigue representando una porción relativamente pequeña del conjunto de los trabajadores. Por ejemplo, según el citado estudio de la CTA, sólo 8,5% de los trabajadores se encuentra en la obligación de pagar el impuesto a las ganancias. Estos datos han sido tomados para justificar que las medidas responderían a los intereses de una suerte de “aristocracia obrera”.
Sin embargo, no debe dejar de tenerse en cuenta que el monto a partir del cual se comienza a tributar el impuesto a las ganancias es, a todas luces, bajo; y que la actualización del tope para el cobro de las asignaciones familiares implica: 1. Que una mayor proporción de los trabajadores quedarían en categorías más bajas de ingreso y, por lo tanto, recibirían mayores asignaciones; y, 2. Que los reclamos abren la puerta para incrementar los valores de cada una de las asignaciones, incluida la asignación universal por hijo. Ambos puntos implican beneficios directos hacia los trabajadores de menores ingresos.
Así, aunque las exigencias surgen de sectores de ingresos medios (y medio-altos) de los trabajadores (dejando a un costado otras problemáticas de mayor masividad: precarización, desempleo, bajos salarios, entre otras) implican avances para su conjunto; al menos lateralmente. En todo caso, son evidentes las pocas pretensiones de la conducción sindical (y empresaria) de la CGT de movilizar sus bases detrás de demandas populares al elaborar sus pliegos con reclamos que benefician principalmente a las capas menos desfavorecidas de la clase trabajadora.
El debate alumbra, a su vez, tres de entre los principales déficits del actual proceso kirchnerista:
- Los exorbitantes niveles de precarización laboral y los bajos salarios generales que parecerían ser consecuencias inmediatas del “modelo”. Según los datos del INDEC, 33% de los trabajadores no realizan aportes jubilatorios. Este valor (superior al promedio de la convertibilidad y sustancialmente mayor a los valores históricos) ha ido disminuyendo después de alcanzar su pico en el año 2000, pero se ha estancado en los últimos años. Al mismo tiempo, afirmar que “sólo” el 8% de los trabajadores están por encima del Mínimo No Imponible del Impuesto a las ganancias (que no es alto), es reconocer que el 92% de los trabajadores tienen, al menos, bajos salarios;
- Las fuertes desigualdades hacia dentro de la clase trabajadora, en buena medida alimentada por los diferentes estratos del Estado y avalada por algunos de los Sindicatos. Las desigualdades atañen a tipos contractuales, niveles salariales, y derechos y obligaciones de los trabajadores; y,
- Un sistema tributario por demás regresivo, con importante peso de impuestos indirectos (IVA como estandarte) y que presenta exenciones impresentables (como a la renta financiera), o sectores con muy baja presión tributaria (con la explotación minera como ejemplo ilustre).