Por Colectivo Editorial. Los 10 años de la represión que se conoció como Masacre de Avellaneda se conmemoran en un clima de protestas (distintas a aquellas) y de respuestas hostiles desde el Estado a quienes se manifiestan.
Este martes se cumple el décimo aniversario de la represión que, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, involucró a fuerzas federales en una feroz cacería sobre los manifestantes. Dio como resultado más de 34 heridos de bala y los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Aquel contexto estuvo caracterizado por un fuerte golpe a la economía de los trabajadores y excluidos, acompañado por fuertes golpes represivos también.
El gobierno de Duhalde se proponía disciplinar, aplacar el dinamismo social que se desplegaba a partir de la rebelión popular del 19 y20 de diciembre de 2001en fábricas recuperadas por sus trabajadores, vecinos insumisos organizados en asambleas barriales, jóvenes activando en experiencias comunicacionales o de acción directa, nuevos movimientos de campesinos pobres y el combativo movimiento piquetero. La crisis económica, pero también la crisis de representatividad política y los anhelos de una sociedad distinta impulsaban a centenares de miles a las calles en todo el país. Y el nuevo gobierno surgido de esas crisis, encabezado por un ex gobernador bonaerense de conocidos vínculos con la represión, había sido puesto allí por el parlamento para poner orden. El desenlace es conocido.
A partir de entonces, la historia fue cambiando. Hoy el panorama es bien distinto. Aunque hay dolorosas continuidades.
La situación política y social aparece revuelta en la actual coyuntura: crisis, YPF, sintonía fina, huelga, Malvinas, megaminería, inflación, Gendarmería, Paraguay, son debates que aparecen en la agenda mediática pero también en las conversaciones de los laburantes, en el barrio, por abajo. Durante estos días que rodean a la conmemoración de la Masacre de Avellaneda un tema se impone en los ámbitos donde hay organización popular o mera inquietud política: el paro y movilización a Plaza de Mayo, contra el gobierno nacional, convocado por primera vez en más de una década por sectores con fuerza de movilización de la CGT.
Con un pliego de reclamos sensible a los trabajadores, frente a un gobierno que está poniendo techos al salario y los beneficios sociales, el desafío cegetista podría remitir a un nuevo ciclo de luchas populares, aunque sería ingenuo no ver en medio otros intereses. Moyano, el jefe de la ofensiva actual, pasó del kirchnerismo a recostarse en las expresiones políticas más conservadoras y ortodoxas del peronismo: anunció su apoyo a una candidatura presidencial del gobernador Scioli y convocó en su apoyo a las retrógradas estructuras de la más rancia burocracia sindical-empresarial de la “CGT Azul y Blanca”. Para más, la Federación Agraria Argentina, de antecedente cercano de alianza con la Sociedad Rural Argentina, de pasado golpista y presente igual de reaccionario, prometió ser de la partida: buscará en Moyano lo que no encontró en los caceroleros. Y hay más: los “peronistas” del partido conservador de Mauricio Macri, Cristian Ritondo y Diego Santilli, comprometieron su estructura política porteña en apoyo a Moyano. Pero el análisis se vuelve menos lineal si volvemos a remitir a lo afirmado en principio: la justicia de los reclamos enarbolados, a los ojos de los trabajadores. Entonces serán de la partida también la CTA que conduce el estatal Micheli, de consecuente prédica contra el kirchnerismo en nombre del salario de los trabajadores; y las corrientes de la izquierda trotskista, que priorizan la medida nacional de lucha sin dejar de lado la crítica a los organizadores.
Hace 10 años, la divisoria entre los intereses populares y la reacción de las clases dominantes era bien clara. “De un lado el pueblo en marcha y sus banderas”, supo escribir el poeta Néstor Ventaja, en su homenaje literario a los caídos en el Puente Pueyrredón. Del otro lado coincidían los políticos en el gobierno, rémora de la década neoliberal más cruda, apelando a la represión criminal para garantizar los intereses del poder económico. Ahora, en la actual coyuntura, hay expresiones organizadas de quienes en aquel momento resistieron, a uno y otro lado de la disputa. Organizaciones populares se hicieron kirchneristas e identifican los intereses populares con la acción de gobierno, y otras tantas mantienen la necesidad de construir una alternativa anticapitalista que las pone en la vereda opuesta a un gobierno que se definió partidario de un “capitalismo en serio” y en nombre de esa opción desafía los reclamos de los trabajadores apelando a la criminalización. O, como ocurrió la semana pasada, la ocupación con fuerzas militarizadas (como lo es la gendarmería) de un escenario de conflicto gremial.
Desandando las interpretaciones más minuciosas, vuelve a aparecer en la superficie la idea sencilla, de sentido común: los reclamos en cuestión en esta coyuntura, aparecen como justos ante los ojos de los trabajadores y su conquista se vuelve un horizonte concreto de luchas, que el gobierno nacional se propone enfrentar. Todos los demás elementos de análisis serán necesarios, pero no deberían hacer perder de vista esta base concreta de interpretación sobre cómo está planteada la coyuntura social y política en la actualidad. Algo de esta esencia sencilla, pero contundente, tenían aquellas luchas piqueteras que marcaron una página (trágica y heroica a la vez) en la historia reciente de nuestra patria, a través del hecho represivo pero sobre todo de la digna resistencia el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón.