Por Jonathan Vera* desde Chile.
“Lo que me preocupa es cómo nosotros contribuimos a generar esta sensación de que todo es una porquería, que en toda cosa hay un arreglín, que todo es un chanchullo, y a mí me preocupa ese clima porque así no es Chile, eso no es Chile, ni este gobierno, ni todos los chilenos son corruptos, ni todos los políticos son corruptos, ni todos los empresarios son corruptos”.
Con estas palabras, la presidenta Michelle Bachelet resumía hace unos días el clima político que reina desde hace unos meses y salpica a la clase política en general.
Todo comenzó a fines de 2014, cuando se conoció cómo el grupo económico Penta financiaba –a través de boletas de honorarios por trabajos que jamás se realizaron– las campañas políticas de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido conservador fiel representante del legado de la dictadura. Todo era miel sobre hojuelas para Bachelet y la Nueva Mayoría gobernante, pues la suma de escándalos relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas ponía al principal partido opositor atado de manos frente a cualquier arremetida reformista por parte del gobierno.
Clima triunfalista que se diluyó el 6 de febrero, cuando la revista “Que Pasa” dio a conocer el negocio llevado a cabo por la empresa Caval, de propiedad de Natalia Compagnon, casada con el hijo de la mandataria, quien al momento del escándalo oficiaba funciones como jefe del área sociocultural de la presidencia.
La empresa Caval, fundada por Compagnon obtuvo un crédito a través del Banco de Chile por US$ 10.400.000 para la compra de tres predios rurales, los cuales pasarían a tener un destino inmobiliario subiendo su plusvalía en el mercado y dejando US$ 4 millones de ganancias a la empresa por su posterior venta.
Muy lejos de ser un negocio normal, la demanda judicial de uno de los empleados de la empresa Caval reveló que fue el hijo de la mandataria quien se reunió con el dueño del Banco de Chile, obteniendo un préstamo negado por cualquier entidad financiera chilena producto del bajo capital inicial de la empresa y lo costoso del préstamo. El préstamo se autorizó de inmediato y se acordó el pago en una cuota, tras realizar este lucrativo negocio basado en el tráfico de influencias, arreglines y amiguismos, poniendo el apellido Bachelet como aval para un enriquecimiento que es por lo menos cuestionable.
La salida a la luz pública de dicha información dejó a la mandataria en una incómoda situación, al ser su propio hijo quien se encontraba envuelto en este caso de corrupción y negociación indebida, lacerando la principal cualidad política de Bachelet, la confianza que daba a sus electores gracias a su imagen de “madre de Chile”.
Pero en este mundo de chanchullos y arreglines, faltaba un ingrediente que terminaría por manchar a un gran espectro de la clase política chilena, incluida la coalición gobernante. El descubrimiento de la emisión de boletas de honorarios por trabajos no realizados a la empresa Soquimich (SQM) por políticos de partidos de todas las tendencias, incluyendo a miembros de la coalición gobernante, poniendo las sospechas inclusive en el actual ministro del interior y jefe de gabinete Rodrigo Peñailillo.
Los casos de corrupción son temas de conversación en todos lados, lo que desnuda una situación de fuerte pérdida de credibilidad en la clase dirigente.
Esta situación le ha impedido a Bachelet capitalizar con éxito la promulgación de proyectos de ley que eran parte de su programa de gobierno, como la Unión Civil entre parejas del mismo sexo o el cambio al sistema electoral binominal, ambas aspiraciones anheladas por años por vastos sectores de la población.
La confianza se esfumó. El gobierno y la clase política lo saben. Bachelet planea anuncios a la población tras conocer el informe de la comisión anticorrupción creada tras la seguidilla de casos, esperando retomar el rumbo de su gobierno, dejar la inacción en la cual se han visto envueltos y lograr terminar en buen pie los tres años que resta de su periodo.
Crece desde el pie
Pero hay una luz de esperanza: los trabajadores de Chile. Tras años de estar golpeados por el plan laboral ideado por la dictadura -y las escasas reformas al mismo durante los gobierno posteriores- la cooptación de las dirigencias sindicales de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la tercerización laboral entre muchos otros males, la administración Bachelet busca en el Congreso promulgar una reforma laboral a la medida de los empresarios –principales financistas de la clase política– y a espaldas de los trabajadores organizados.
Esta fue la gota que rebalsó el vaso. Tras la marcha estudiantil del 16 de abril, en la que más de 200 mil personas a lo largo del país volvieron a exigir una educación gratuita y sumando en sus peticiones el fin de la corrupción y la reforma a la Constitución de Pinochet a través de una Asamblea Constituyente, se agregó un hecho sin precedentes en los últimos años.
El 21 de abril, fueron los trabajadores de los sectores estratégicos de la economía, entre los que se destacan portuarios, mineros, forestales, de la construcción y de la salud, quienes desarrollaron un paro productivo en demanda de construir una reforma que incluya la negociación por rama productiva, piso salarial para la negociación de acuerdo a la inflación anual, evitar el remplazo durante las huelgas, la adaptabilidad laboral y la tercerización.
Marchas multitudinarias en varias regiones del país, que incluyeron la paralización de los principales centros mineros y puertos, volvieron a visualizar a los trabajadores como sujeto político clave, apto para el periodo de lucha que se avecina, denunciando la corrupción de los poderosos y poniendo en foco en la inmensa mayoría del pueblo, que vive preso por los bajos sueldos, la precariedad laboral, el sobreendeudamiento y la imposibilidad de organizarse por el riesgo inminente de la perdida de sus empleos.
Bachelet se dirigirá al país buscando que la ciudadanía le entregue la legitimidad perdida a la clase política. Las y los trabajadores, en cambio, ya hablaron en la calle, asumiendo como suyas las palabras de Salvador Allende, invitando a “abrir las grandes alamedas” por donde el pueblo chileno deberá decidir si toma la oportunidad de empezar a transformar el país.
* Profesor de historia y geografía, militante de Colectivo Poder Popular Chile