Por Guido Carlana
En una extensa jornada de protesta, cientos de trabajadores y trabajadoras de Desarrollo Social porteño se movilizaron a la nueva jefatura de gobierno para denunciar la situación de crisis que atraviesan los diferentes programas sociales de la Ciudad.
“Existen dos ciudades, la que quiere inventar el macrismo con gastos excesivos en publicidad y globos de colores, y la ciudad real de trabajadores y políticas públicas precarizadas”, afirma Gastón Siquier, delegado general de ATE en Promoción Social. Es que en el Ministerio existen más de dos mil trabajadores precarizados laboralmente, contratados en negro o con sueldos que apenas superan el salario mínimo. “Hay un nivel de rotación del 40%, ya que se van porque no toleran las condiciones de trabajo”, y según Siquier esto repercute directamente en las políticas sociales dirigidas hacia los sectores más vulnerados socialmente.
Los trabajadores de Promoción Social desarrollan sus tareas en hogares, centros de internación, refugios para mujeres víctimas de trata, centros de primera infancia y también en la calle trabajando con niños y adultos. Actualmente, denuncian que la infraestructura de estos lugares se cae a pedazos, que no cuentan con los recursos básicos para desarrollar su tarea y que, además, sus derechos como trabajadores se encuentran vulnerados. Desde que María Eugenia Vidal dejó el Ministerio de desarrollo social porteño para asumir la vicejefatura de gobierno, la abogada Carolina Stanley ocupa su lugar hasta el día de hoy; ambas pertenecieron al Grupo Sophia, el “think tank” fundado por Horacio Rodríguez Larreta, y asesoraron en materia de política social, entre otros, al gobierno de De La Rúa. Allí se encuentra parte de la explicación de su visión netamente voluntarista y filantrópica de la política social, además de los apoyos políticos de cara a la interna del PRO.
Para el universo de trabajadores y trabajadoras en planta permanente, hace pocos días el ejecutivo porteño anunció la paritaria anual. Si analizamos el aumento recibido en cuotas, representa apenas un 17%, constituyendo un nuevo año de retroceso en el salario real de las y los laburantes estatales. Sumado a esto, la lucha por el pase a planta continúa abierta en los diferentes sectores organizados; en la Ciudad existen más de diez mil trabajadores y trabajadores en relación de dependencia encubiertos bajo contratos de locación de servicios. Un acuerdo entre el Gobierno con el SUTECBA del pasado año anunció el comienzo de un pase a planta transitoria en vistas a regularizar la situación de precarización de este universo de trabajadores, pero meses más tarde menos del 10% de los contratados han ingresado en este proceso, que ha sido selectivo en la mayor parte de las áreas.
PROcarizando la Ciudad
La cercanía de las PASO en la Ciudad parece no alterar a los funcionarios del PRO en su afán por continuar avanzando con el vaciamiento y la tercerización de las áreas más sensibles para la sociedad. Recientemente en la Dirección que se ocupa de la inclusión social de los miles de cartoneros, dependiente del Ministerio de ambiente y espacio público se sucedieron más de 30 traslados que, los delegados de ATE denuncian, tiene por objetivo vaciar el área y dejar a las cooperativas sin el apoyo del Estado. En este sentido el próximo año es clave: se discute en la legislatura el derecho al uso y recolección de los reciclables en la Ciudad. El macrismo ve allí como en cada rincón del Estado un posible negocio, sus empresas cercanas ya se juegan todo por la privatización.
En tiempos de campaña, de discusiones y propuestas entre los diferentes “equipos” de uno u otro candidato, todos parecen olvidar que el equipo más grande lo conforman los trabajadores, que ejecuta día a día las políticas públicas, en cada hospital, escuela, oficina, como también en la calle, y es por esto que la garantía de sus derechos laborales es fundamental para pensar cómo transformar la Ciudad, y discutir las políticas en cada lugar de trabajo para ser protagonistas de lo que viene.