Por Lucía Figueroa, desde Rosario*. Desde el año 2009, once estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) tienen abierta una causa penal federal y once sumarios internos, iniciados por el rector de la UNR, Darío Maiorana (UCR) como respuesta a una importante movilización estudiantil que denunció la caída de parte de los techos de la Facultad de Psicología en agosto de ese año.
De acuerdo a lo señalado por la defensa, la causa penal por la cual hoy están siendo juzgados los once estudiantes lleva la misma carátula que las causas por las cuales están siendo juzgados algunos genocidas de la última dictadura militar de la ciudad: “Privación ilegítima de la libertad”.
Pésimas condiciones edilicias
La problemática edilicia en la Facultad de Psicología de la UNR data desde finales de la década del ‘80, cuando la carrera se mudó de manera provisoria a un edificio ubicado en la Ciudad Universitaria de Rosario. Durante el año 2005 y producto de una tormenta, se derrumbó un tercio del techo de la facultad. Ese año estudiantes y docentes, preocupados por las condiciones de cursada y trabajo, empezaron a organizarse y decidieron consultar a arquitectos y especialistas sobre la situación edilicia. Uno de esos estudios develó que los techos del edificio contenían asbesto, un material tóxico y cancerígeno. En ese momento las autoridades decidieron pintar los techos y alquilar un edificio anexo, a 15 cuadras, también de manera provisoria, cuyo alquiler se sostiene hasta el día de hoy.
En 2008 el frente de izquierda que ganó la conducción del Centro de Estudiantes de Psicología (CEP) comenzó a organizar asambleas y movilizaciones en reclamo de mejoras en las condiciones de cursada y por la construcción de un edificio nuevo y único. Debido a las movilizaciones y a las diferentes medidas de lucha, estudiantes y docentes organizados lograron que se apruebe el presupuesto para comenzar la obra de un nuevo edificio en la “Siberia” (como se conoce a un predio alejado dónde funcionan algunas facultades de la UNR).
Durante la etapa de construcción del nuevo edificio, el CEP denunció en un comunicado de ese año las irregularidades con las cuales se estaba llevando adelante la obra, que iban desde “licitaciones dudosas, condiciones insalubres de trabajo, manejo del material cancerígeno (asbesto) sin las medidas necesarias, paredes electrificadas en la parte en uso de la facultad, entre otras problemáticas.”.
En agosto de 2009, cuando volvieron a caerse parte de los techos del sector del edificio que aún permanecía en uso, cientos de estudiantes que en ese momento se encontraban cursando, decidieron espontáneamente realizar una movilización, dirigiéndose hacia el edificio de la Sede de Gobierno de la UNR.
En el desmoronamiento de esa parte de los techos sufrieron heridas algunos operarios que estaban trabajando sin que la empresa licitadora les garantice las necesarias condiciones de seguridad laboral.
Como respuesta a estos reclamos las autoridades de la UNR decidieron abrir una causa penal y sumarios internos a distintos referentes del movimiento estudiantil rosarino.
Al día de hoy, el actual decanato de la Facultad de Psicología y el Consejo Directivo de la misma se pronunciaron contra esta persecución, a favor del cierre de la causa y de los sumarios, sumándose a un amplio espectro de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, gremiales, artistas populares, integrantes de la comunidad universitaria y referentes globales -como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel o la vocera del movimiento estudiantil chileno, Camila Vallejo-.
Los mencionados denuncian esta situación entendiéndola como un mecanismo de persecución política y de criminalización de la protesta social, un derecho establecido en la Constitución Nacional.
Durante el último tiempo, los estudiantes están dando a conocer esta situación a través de la campaña: “Yo también le digo NO a las causas y sumarios en la U.N.R”, que en palabras de Berenice Moulin, una de las acusadas y actual vocera de la Federación Universitaria de Rosario (FUR), tiene como objetivo “denunciar las políticas de judicialización de la protesta y sumar solidaridades para lograr el cierre efectivo de las causas y sumarios”.
*Prensa del CEP – FUR