Por Ezequiel Arauz. “Faltan 27 días para la ruptura de la CGT”, festejaba el banner del sitio de noticias Urgente 24, descontando lo que resta para el congreso de la central obrera, disparando una alarma que suena aún más fuerte al ver algunas de las caras que la interna devuelve a escena.
Más allá de las motivos del distanciamiento y la disputa entre Moyano y el gobierno, la manera como se defina y los bloques que queden conformados ponen en acto cual será la forma que tomará el conflicto capital-trabajo en Argentina frente a la crisis del capitalismo global y el rol que asumirán las representaciones sindicales y el propio gobierno en ese escenario.
Persiguiendo el objetivo de correr al camionero o limarle severamente el poder, desde el kirchnerismo no muestran empacho en negociar, y en parte legitimar, a todo el sindicalismo gordo, aquellos que hace veinte años fueron la pata gremial y la garantía de las reformas neoliberales, privatistas y entreguistas del menemismo.
Moyanistas y Antimoyanistas
A tal punto llega la novela que Oscar Lescano, quien a cambio de los negocios con las privatizadas de la energía eléctrica hizo la vista gorda ante despidos que se contaron de a miles y más tarde fue -y sigue siendo- vocero de las privatizadas a la hora del reclamo tarifario, ahora se convirtió en uno de los principales contendientes públicos de Moyano, mientras impulsa la llegada del metalúrgico Antonio Caló al frente la CGT, en sintonía con la Casa Rosada.
Un borrador de la solicitada reciente del grupo que a falta de definiciones mejores se hace llamar como “antimoyanista”, en el que denuncian la supuesta ilegalidad del llamado a elecciones en la central obrera, le fue acercado a José Pedraza a la cárcel de Ezeiza, para que firme. El ferroviario, que pronto entra a juicio oral, está acusado como coautor del asesinato del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, quien participaba de una protesta contra las tercerizadas ferroviarias, esquema destinado a abaratar costos laborales precarizando derechos de los trabajadores. En esas empresas, la cúpula de la Unión Ferroviaria de Pedraza es socia de las concesionarias del tren.
Junto al preso y otros 17 secretarios generales -algunos de ellos dirigentes de la actual conducción de la CGT- firmó el secretario gremial de la central, Omar Viviani. El dirigente de los taxistas, que fuera durante décadas operador de Moyano, aparece como la última gran incorporación del conglomerado que busca sacar al marplatense de la CGT. En el texto, Viviani, Pedraza, Gordos e Independientes se animan a criticar el “personalismo” del camionero e incluso hablan de la necesidad de “un debate plural y democrático”.
Al otro lado, mientras intenta ensayarle corridas “por izquierda” al gobierno levantando posturas redistribucionistas e invocando legados peronistas, más allá de los dirigentes que vienen junto a él desde el MTA y hasta de sus propios hijos, Moyano mantiene su alianza clave con el ruralista Gerónimo “Momo” Venegas y hasta negocia bajo cuerda una posible neutralidad del “gastronómico” Luis Barrionuevo. El camionero, que ancla su mejor perfil en una innegable oposición al menemismo y sus políticas laborales, en lo electoral se muestra junto al gobernador Daniel Scioli, mientras avanza en acuerdos legislativos con la UCR y activa negocios con Mauricio Macri.
Unicidad ficticia
La decisión inicial, llega hasta hoy y continúa. El gobierno nacional sostiene el actual modelo sindical. A la ya avejentada promesa de Néstor Kirchner de otorgarle la personería gremial a la CTA, cuando había una sola, le siguieron enfáticos elogios al esquema del sindicalismo en tiempos en que Moyano prestaba estructura para apoyar. “Tenemos el mejor modelo sindical del mundo”, dijo no hace tanto Cristina Kirchner. Ese modelo es defendido consistentemente por todos los jugadores que hoy se disputan la CGT.
El oficialismo, contando sus nueve años en el poder, no quiso propiciar una renovación sindical, que de todas maneras, no depende exclusivamente de sus acciones. Sobre la actual fractura de la CTA -fundada por gremios salientes de la CGT en los 90- el gobierno no tiene directa responsabilidad, pero tampoco es absolutamente ajeno y opera sobre ella, contribuyendo a debilitar sensiblemente una experiencia que puso abiertamente en debate el propio modelo sindical y el ejercicio de mejor representación de los trabajadores, instalando agendas políticas de avance popular.
La reactivación de algunos sectores de la industria, sumada a la elevada creación de nuevos puestos de trabajo, la informalidad del mercado laboral, la continuidad de las luchas populares surgidas de la resistencia al neoliberalismo, más el activismo consecuente de partidos y organizaciones de izquierda en algunos lugares de trabajo, abre paso a una nueva camada de delegados, comisiones internas y militancia sindical que tienden a cuestionar las viejas estructuras. Tienen delante de sí el importante desafío de corporizar nuevas opciones o la definición de entroncar renovando sustancialmente las existentes.
La ruptura a la que se encamina la principal central obrera es negativa en principio porque debilita aun más a la representación sindical de cara a una crisis global en la que el capital buscará profundizar su avance sobre los trabajadores, y que se manifiesta inicialmente con una desaceleración de la economía, que viene a sumarse a los altos niveles de inflación. Pero preocupa mucho más que, caído el mito de la unicidad, la falsa y única opción sea nuevamente entre lo menos malo o la vuelta de lo peor.