Por Leandro Albani
El viernes pasado, el pueblo palestino salió a las calles para conmemorar el Día del Preso Palestino, fecha instaurada por la Autoridad Nacional Palestina (ANP) para recordar y reclamar por los ciudadanos encarcelados por Tel Aviv.
Seis mil ochocientos, pero pueden ser más. En realidad, son muchos más, porque desde la creación del Estado de Israel en 1948 los palestinos y las palestinas sufren un peregrinar por las cárceles hebreas que no se detiene hasta el día de hoy. La vejación, la tortura, el encarcelamiento sin acusación, el aislamiento total y la ausencia del derecho a la defensa son los mecanismos que los sucesivos gobiernos israelíes aplican contra hombres, mujeres y niños de una tierra que se niega a desaparecer en Medio Oriente.
En la última semana, se conocieron cifras y denuncias en referencia a los presos de Palestina que confirman el plan represivo que Israel despliega de manera cotidiana sobre los territorio ocupados.
El titular del Club de Prisioneros Palestinos (CPP), Qadura Fares, reveló que en la actualidad 6.800 palestinos y palestinas se encuentran en las cárceles israelíes, de los cuales 205 son niños, 21 mujeres y 14 funcionarios de la ANP y el Parlamento. Fares señaló que la gran mayoría de los prisioneros fueron detenidos sin juicio previo y sin tener pruebas concretas en su contra. Desde el CPP agregaron que 700 presos se encuentran en situaciones graves de salud y que las autoridades les niegan la atención médica.
Sobre la fragilidad sanitaria que viven los prisioneros palestinos, en marzo pasado la Sociedad Civil de Presos y Ex-presos Palestinos (SCPEP), Husam, advirtió que existe el riego de que aumente la posibilidad de que los detenidos contraigan cáncer porque son expuestos a “niveles elevados de radioactividad en las cárceles”. La entidad recordó que hasta el momento 15 prisioneros contrajeron la enfermedad y están en una situación en la que podrían fallecer. Desde Husam explicaron que la posibilidad de enfermarse de cáncer se debe a que las autoridades penitenciarias mantienen en las cercanías de las cárceles “dispositivos para interferir señales satelitales y telefónicas”. También denunciaron que los centros de detención se encuentran “cerca de las instalaciones nucleares de Dimona, en el desierto de Néguev, en el sur de los territorios ocupados, o en la cercanía de lugares donde se deposita desechos tóxicos”.
Por su parte, cuatro organizaciones de derechos humanos (Adalah, Al-Mezan, PHR-I y PCATI) difundieron una declaración conjunta en la que demandan a la comunidad internacional que inste a Tel Aviv a respetar los derechos humanos de los presos y las presas de Palestina. En el comunicado se reveló que han aumentado los casos de torturas contra los prisioneros palestinos, incluido los menores de edad que se encuentran retenidos.Los organismos recordaron que días atrás, el Tribunal Supremo de Israel prohibió la educación superior para los presos políticos palestinos, derecho que se mantenía desde hacía veinte años.
Otras irregularidades denunciadas por las organizaciones de derechos humanos son las condiciones de transporte de los encarcelados, a quienes se los somete “a largos desplazamientos en vehículos de correos, sin alimentos ni agua y sin paradas para ir al baño, lo que implica que muchos rechacen el tratamiento médico o los procedimientos judiciales”. A su vez, se denunció la aplicación de la alimentación forzada a quienes realizan huelgas de hambre y la extracción de “falsas confesiones bajo coacción”.
Adalah alertó que en el último año el Estado israelí aumentó “espectacularmente” la utilización de la detención administrativa, que se duplicó “desde 181 casos en febrero de 2014 a 424 en febrero de 2015”. Las detenciones administrativas permiten a Israel encarcelar a las personas sin acusaciones reales ni juicio. El 10 de abril pasado, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OHCHR) llamó al gobierno hebreo a suspender estas detenciones, ya que se mantiene a los civiles “encarcelados sin cargos, a menudo sobre la base de evidencias secretas, durante períodos indeterminados de tiempo”. Como ejemplo, la agencia de Naciones Unidas señaló el de la diputada palestina y dirigente del frente Popular por la Liberación de Palestina (FPLP), Khalida Jarrar, arrestada a principios de abril y puesta a disposición del Tribunal Militar de Ofer, en Cisjordania. La OHCHR expresó que Jarrar podría ser “detenida durante seis meses, sin cargos ni juicio” y su encarcelamiento renovado indefinidamente.
La portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani, declaró que “la práctica israelí de la detención administrativa ha sido condenada en numerosas ocasiones por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Israel ha ratificado”.
Veinticuatro horas antes que se conmemorara el Día del Prisionero Palestino, cientos de palestinos y palestinas salieron a las calles de Cisjordania para demandar la libertad de sus compatriotas. La respuesta de las fuerzas de seguridad israelíes fue contundente: una decena de personas heridas, una de las cuales perdió un ojo por el impacto de una bala de goma y un número indeterminado de apresados que fueron trasladados a centros de detenciones.
Desde la creación del Estado de Israel, miles de palestinos y palestina pasaron por cárceles y centros de detención, y muchos de ellos dejaron sus vidas entre los cementos, los barrotes y el dolor de la injusticia. Pero la tragedia de los prisioneros palestinos no es un caso cerrado, porque en las calles de Cisjordania y Gaza (como en muchas calles del mundo) el reclamo por la liberación de los detenidos es constante, más allá de la furia represiva de Israel.