El Fondo Monetario Internacional (FMI) desde su creación negocia políticas de ajuste a cambio de su asistencia financiera. El cambio de época no lo aquieta y los gobiernos europeos atienden sus determinaciones
En una rueda de prensa en Moscú la directora del FMI, Christine Lagarde, dijo que “desde el punto de vista del Fondo se requiere claridad política y esta es la condición que nosotros planteamos siempre para cualquier negociación”. Así le piden estabilidad política a Grecia, menos gasto a España y más ajuste a Italia.
Por supuesto que seria ingenuo esperar de este organismo otra respuesta. Desde su creación en julio de 1944, en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Bretton Woods, New Hampshire (Estados Unidos), representantes de 45 gobiernos acordaron establecer un marco de cooperación económica destinado a evitar que se repitiera la Gran Depresión de los años treinta.
Desde entonces ha fallado en cada una de sus responsabilidades: asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional y prevenir las crisis en el sistema monetario internacional. Dos fracasos contundentes.
Ahora bien, sus recursos siguen acrecentándose. El FMI es financiado por sus países miembros por medio del pago de cuotas que guardan relación con el tamaño de la economía del país. En la cumbre del G-20 celebrada en abril de 2009, los líderes mundiales se comprometieron a apoyar una triplicación de los recursos crediticios del FMI, que así pasaron de USD 250.000 millones a USD 750.000 millones.
La contrapartida de estos recursos es la sistemática imposición de políticas neoliberales a los países en crisis económica. Claro que la actual situación de crisis persiste y se profundiza desde el 2007 y aún se desconoce su final.
El crecimiento del desempleo sigue amenazando la economía y la cohesión política y social de la Unión Europea (UE). Pero la receta implementada sigue siendo la misma. El martes se anunció el programa de austeridad informado por el gobierno francés, que prevé aumentos de impuestos y recortes de gastos sociales para recaudar 65 mil millones de euros y “equilibrar las finanzas”.
Justamente buscar el equilibrio financiero implica dotar de recursos a entidades bancarias en la ruina a causa de una especulación atroz que nadie denuncia, entidades que, por otra parte, no están dispuestas a traducir esos fondos en recursos crediticios. Ese salvataje no genera un contuno rescate para los principales culpables de la debacle. La otra cara de esta situación es el crecimiento del déficit público, resultado de salvar bancos, entidades financieras, y empresas; un desequilibrio que se intenta saldar con el aumento de impuestos, la reducción del gasto publico y sus transferencias al sector publico.
Un ejemplo claro que refleja esta situación se dio en la cumbre europea llevada a cabo el 26 de octubre de 2011 en Bruselas, donde se votó el salvataje a Grecia con 1 trillón de euros y con la propuesta de perdonar el 50 por ciento de la deuda a cambio del aumento del capital del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para la recapitalización de los bancos.
“Fin al gobierno de los banqueros” exigía un grupo de griegos ante el símbolo de la democracia, la Acrópolis de Atenas. Lo que da cuenta de la conciencia de quienes son las verdaderas victimas de esta crisis ante los verdaderos intereses protegidos por los gobiernos de todos los países de la UE.
Lo cierto es que el FMI aun goza de muy buena salud, tanto financiera como políticamente. Y las medidas regresivas que dicta a cada uno de los países miembro están lejos de terminarse, así como las reacciones a estos golpes. El lunes, por ejemplo, comenzó una huelga europea contra la privatización de los servicios ferroviarios.
El objetivo es rechazar un polémico proyecto, a ser debatido en el Parlamento Europeo del 15 al 17 de noviembre, que prevé autorizar el acceso del capital privado al sector. Ese plan representa un peligro real para los ferrocarriles de Europa y un desmantelamiento del servicio público.
De acuerdo con la Federación Europea de Trabajadores de los Transportes, en caso de consumarse la denominada liberalización ferroviaria, el costo de los pasajes se encarecería y miles de obreros perderían su trabajo.
Parece ser que tantos años sucesivos de recesión no han bastado para mostrarle a los gobiernos europeos que el camino de políticas encarado no es el indicado.