Por Lucas Pedulla. El último Informe del CELS sobre los Derechos Humanos en Argentina repasa los avances y las deudas de una agenda tan imprescindible como delicada. Marcha dialogó con Gastón Chillier, Director Ejecutivo, sobre algunos de los temas más importantes. En esta entrega, la primera parte de la entrevista.
Luciano Arruga, Mariano Ferreyra, Parque Indoamericano, política inmigratoria, Servicio Penitenciario, autonomía policial, ley antiterrorista, aborto. El decimoséptimo Informe del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) sobre los Derechos Humanos en Argentina repasa estos temas, entre otros igual de importantes, y propone una reflexión y análisis sobre los avances y falencias “en materia de calidad institucional e inclusión social que tuvieron lugar durante 2011”.
“El recorrido por la situación de los derechos humanos en Argentina a lo largo de 2011 arroja luces, como la sentencia condenatoria en el caso ESMA, y sombras, como la sanción de la llamada Ley Antiterrorista”, escribió el Director Ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, en el prólogo del Informe.
Aquí la primera parte del diálogo de Chillier con Marcha.
-El informe abre con un capítulo sobre los diez años de la nulidad de las leyes de impunidad. ¿Cuál es su balance?
-Por un lado, nuestro balance, mirado retrospectivamente, es positivo. En el sentido que nosotros, en el 2006, 2007 decíamos que no había habido una estrategia de política criminal para perseguir estos casos. A diferencia de la administración de Alfonsín con el Juicio a las Juntas que había una estrategia, mala o buena, de persecución penal. Hoy se podría decir que hay una estrategia. Hay juicios en casi todas las jurisdicciones, más de 200 condenas. Pero, si uno mira los números gruesos, por un lado no llegamos ni a la mitad de las causas que están abiertas. Y una cosa que sí nos preocupa y planteamos en el informe, es que todavía hay como cierta deuda de la Corte Suprema en el sentido de confirmar las sentencias que no están confirmadas, que son la mayoría digamos. Hay muy pocas sentencias firmes.
-Sin embargo, hay una clara voluntad política para juzgar a los genocidas. Pero esa voluntad parece no aplicarse en casos actuales, como las desapariciones de Jorge Julio López o Luciano Arruga. ¿Por qué cree usted?
-Desde el CELS, siempre planteamos que tenía que haber una consistencia entre una agenda de derechos humanos del pasado con una del presente. Creo que eso parte, por un lado, de una falta de comprensión de que las violaciones a los DD HH pueden ocurrir en dictaduras salvajemente, en forma estructural, cometidas desde el vértice del Estado hasta abajo, o en democracia, sin esas características de estructuralidad y masividad, pero con mismos niveles de responsabilidad estatales. En el sentido de que si es un policía el que desaparece a Julio López, a Arruga, o el que mata lo hace con aquiescencia policial -como fue el caso del asesinato de Mariano Ferreyra-, también el Estado es responsable y debería impulsar con la misma avidez las mismas investigaciones.
-Usted planteó dos contrastes. Mientras la investigación del asesinato de Ferreyra avanzó casi en tiempo récord -con procesamientos, detenciones y un juicio que está al caer- la causa por la desaparición de Arruga sigue estancada y los oficiales sospechados, libres.
-Creo que el caso de Ferreyra marca, también, cuándo hay un mensaje político. Y el Poder Judicial es muy permeable a esos mensajes. Si el mensaje político es que no tiene que haber impunidad, probablemente no la haya. En el caso de Arruga, los mensajes son por demás ambiguos. En su momento, no solo la administración de la Provincia de Buenos Aires se negaba a recibir a la familia, sino que, ocho de los policías sospechados que fueron suspendidos, después fueron reincorporados.
-El caso de López y Arruga ponen la lupa sobre la Policía Bonaerense.
-El informe analiza tres modelos en relación con el gobierno de la seguridad. El de la Provincia de Buenos Aires es básicamente el modelo tradicional de la plena autonomía de la policía, sin control real. Es un modelo muy remanido en su fracaso. Una de las principales deudas del sistema democrático en la Argentina fue, justamente, no haber asumido la seguridad como un tema propio y habérselo delegado a la policía. La consecuencia de ese modelo son tres y son muy claras: altos niveles de violencia, corrupción e ineficiencia. No es una policía profesionalizada, no es bien paga, es una policía a la que inclusive se le violan sus propios derechos, pero es muy corrupta y violenta. Y en este caso, incomprensiblemente, el gobernador Daniel Scioli, en vez de profundizar las políticas de reforma del gobierno de (Felipe) Solá comandada por (León) Arslanian, planteó, sobre la base de un discurso duro y vacío de contenido, volver al viejo modelo que fue el que, en definitiva, generó el asesinato de José Luis Cabezas y tantos hechos de violencia y corrupción. Pero no solo la Bonaerense, también la Federal. Los niveles de violencia tienen que ver con que las reformas de las fuerzas de seguridad no fueron parte de la agenda de la transición democrática. Así como fueron las fuerzas armadas, nadie se ocupó de las fuerzas de seguridad.