Por Tomás Astelarra*. En diálogo con Marcha, el académico colombiano Miguel Ángel Beltrán comenta su actual situación al cumplirse un año de su liberación por falta de pruebas. La historia de un hombre cuyo único pecado fue criticar la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez.
La cárcel, más allá de las rejas, puede construirse de diferentes maneras, y la represión que en su tiempo ejercieron las dictaduras militares en Latinoamérica, es ejercida hoy a través de gobiernos democráticos y medios hegemónicos de comunicación. A un año de su liberación por falta de pruebas, las amenazas paramilitares y el constante acoso de la prensa oficial anunciando falsamente el hallazgo de nuevas pruebas en su contra han obligado al sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán a salir del país. A pesar del permiso dela UniversidadNacionaldel México (UNAM) para continuar los estudios postdoctorales interrumpidos cuando hace tres años el prestigioso académico fue secuestrado ilegalmente y deportado a Colombia como supuesto “terrorista”, el gobierno de México le ha negado por cuarenta años su entrada al país. Aún sumido en persecuciones políticas, amenazas contra su vida y acciones legales, Miguel Ángel Beltràn se niega a dar su brazo a torcer en la denuncia del terrorismo de estado, la criminalización del pensamiento crítico y la situación de los presos políticos en Colombia.
– ¿Tu caso fue paradigmático? Digo por tu trayectoria y por el hecho de haber sido deportado de semejante manera desde México.
Se trata de una política internacional que va más allá de las fronteras. Un proyecto que comenzó desde el 2001, con las torres gemelas y la política de Bush de lucha contra el terrorismo, con un avance muy claro en todo el mundo en general, y en particular en América Latina. México había mantenido una política de respetar a los refugiados políticos y los intelectuales exiliados. Fue el caso de muchos argentinos en los años setenta. También había una historia de respeto por los tratados internacionales. Pero ambas circunstancias fueron violadas conmigo dentro de esta política globalizadora de lucha contra el terrorismo. Claramente Colombia está siendo un modelo de esa política impuesta por los Estados Unidos y planificada para América Latina y otros países, donde se criminaliza toda aquella propuesta que atente contra el pensamiento hegemónico.
– ¿Y cuál es tu situación ahora?
El proceso se siguió hasta el final validando una prueba ilícita e ilegal como lo es el supuesto computador de Raúl Reyes, del que todos hablan pero nadie lo ha visto y que ha servido para judicializar a cientos de defensores de los derechos humanos, líderes sociales y opositores.La CorteSuprema ya ha determinado que no sirve como prueba judicial. En mi caso, pese a ser tomada en cuenta dicha prueba, en la audiencia se logró demostrar mi inocencia y parte de la estrategia fue dilatar el proceso para que estuviera más tiempo recluido en cárceles de alta seguridad, con presos de alta complejidad, como narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares, en condiciones inhumanas y con una fuerte tensión. Dos años duró este proceso, en el que se incorporaron también como supuestas pruebas mis escritos y actividades académicas.
Desde que salí los medios oficiales de comunicación y los organismos policiales han tratado de demostrar que había nuevas pruebas en mi contra y que en cualquier momento iba a volver a la cárcel, como un mecanismo para generar presión y silenciamiento. También hubo amenazas contra mí y contra mi familia, entraron a mi apartamento para llevarse un disco extraíble y otras cosas. Posteriormente me llegó información de un plan para matarme. Hubo mucho seguimiento, se sentaban al lado mío en las cafeterías, y lugares públicos donde asistía; recibí llamadas telefónicas y correos electrónicos amenazantes. En algún momento, familiares del profesor Alfredo Correa, ex rector de la Universidad del Magdalena y uno de los fundadores de la Asociación Colombiana de Sociología en la Costa, me dijeron: “váyase, no cometa el mismo error del profesor Correa”. Él había sido acusado de ser ideólogo de las FARC, salió libre al comprobarse su inocencia, pero semanas después fue asesinado cerca a su casa.
– ¿Vos crees que tus investigaciones académicas, tu prestigio, y la presión social que se ejerció fueron de ayuda para tu liberación?
Aprovecho para agradecer toda la solidaridad que recibí de los compatriotas latinoamericanos, fue muy importante y es una ganancia de este proceso, porque al estar uno conectado con tantas personas, eso da esperanza y confianza. Eso me da fuerza ahora también para seguir adelante con mis investigaciones y me compromete más con mi trabajo. No es mi intención quedarme callado ni agachar la cabeza. Lo que es más, he salido con mayores compromisos, como el que he asumido ahora de la defensa de los presos políticos, las condiciones en las que viven. Mi caso fue resonante y tuvo mucha prensa, pero estar en la cárcel me hizo dar cuenta de muchas circunstancias sobre los presos políticos que han ampliado mi compromiso.
– ¿Y cómo es esa situación?
En Colombia hay 9 mil presos políticos declarados. Esto incluye presos de conciencia, que son acusados por sus ideas. Desde el gobierno de Uribe hubo una escalada muy fuerte en la universidad de presos políticos. Están los casos de los profesores William Javier Díaz, la defensora de derechos humanos y estudiante de la maestría en Ciencias Políticas Liliany Obando y el profesor Fredy Julián Cortés Urquijo. Este último fue presionado a asumir cargos. Y este tipo de situaciones se ve en el sistema penal colombiano, que alguien siendo inocente se autoincrimine para recibir los beneficios de una justicia politizada.
Las denuncias son muchas, actualmente en Colombia por ejemplo no se cumple la diferencia entre sindicados y condenados. Los sindicados están en el mismo lugar de los condenados. Las restricciones son muy fuertes para las visitas, las comunicaciones, hay pésimas condiciones de salud, de hacinamiento, la comida es deplorable y los presos políticos son muy maltratados y se les coarta la posibilidad de trabajar. Por eso también muchos presos políticos se hacen pasar por presos normales.
Porque hay presos políticos que están ahí en las mismas condiciones o peor que yo y no tienen los privilegios que yo tuve es que he asumido el compromiso de denunciar la situación. Tiene que haber una salida política al conflicto, porque a pesar de los discursos para afuera, la estrategia de Santos sigue siendo la misma. Hay un cambio de forma más no de fondo. Su figura es mucho mas aceptable que la de Uribe porque viene de una clase media alta, pero no hay que olvidar que él fue dueño y socio del diario El Tiempo que fue uno de los principales en apoyar la estrategia de Uribe, y también fue su ministro de Defensa, que llevó adelante la política de Seguridad Democrática, uno de los principales ideólogos dela Operación Fénixque terminó con la vida de Raúl Reyes y que violó todos los tratados internacionales y la soberanía de Ecuador, y además es responsable de los falsos positivos. Entonces pretender otra política no es posible. Todas las reformas que se han hecho no han modificado la cuestión de fondo. La función del terrorismo de estado es evitar que exista cualquier oposición al pensamiento hegemónico, para que por ejemplo las transnacionales puedan consumar sus pretensiones de apoderarse de los recursos. En todos los lugares donde había resistencia a las transnacionales, como por ejemplo por el tema minería y otros recursos naturales, lo que el Estado hace es despejar esas zonas, matar a los líderes sociales, recurriendo a una política contrainsurgente. Eso fue la estrategia de Uribe. Con Santos pareciera haber un discurso diferente pero no es así. Hay una continuidad en las políticas de “seguridad democrática”
* Escritor. Vivió en Colombia, donde se desempeñó como periodista.