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Por Pablo Solana. El abogado de la Asamblea Vecinal de Loncopué detalla la grieta institucional por la cual un plebiscito popular tendrá fuerza de ley. El gobierno de Neuquén, alineado con las trasnacionales mineras, busca hacer caer la decisión soberana. Los pasos que siguen y sus repercusiones para futuras luchas.
El plebiscito realizado el pasado domingo en Loncopué, Neuquén, resultó emblemático. La difusión del hecho y sus circunstancias siguen ausentes en la prensa hegemónica nacional, tanto opositora como oficialista, ya que los proyectos políticos a los que responden, enfrentados en otros aspectos, apoyan de igual manera la actividad megaminera. En cambio, la noticia circuló por los medios populares de comunicación, como el portal informativo de Alto Valle 8300, a través de la crónica del periodista Darío Aranda en el periódico de la cooperativa lavaca, o en las notas ya publicadas en Marcha acá, y acá desde Neuquén. En esta ocasión conversamos con Cristian Hendrickse, abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué, sobre el mecanismo por el cual se llegó al plebiscito, que no contó con ningún aval de los poderes políticos del Estado y aún así resultó no sólo legítimo, sino también legal: obliga a los gobernantes a respetar la voluntad soberana del pueblo.
“Hay una ley provincial que permite la convocatoria a un proceso de Iniciativa Popular, y a eso apelamos”, explica Hendrickse. El Concejo Deliberante había rechazado una ordenanza presentada por la asamblea vecinal. “El proyecto proponía prohibir la minería a cielo abierto, el tendido de mineraloductos y la acumulación de explosivos”, relata el abogado y concluye: “Como no fue aprobada allí, apelamos a este mecanismo donde legisla directamente el pueblo, cada elector es un legislador, porque el resultado fue la aprobación directa de la misma ordenanza que antes había sido vetada”.
En la ciudad chubutense de Esquel, en 2003, los vecinos autoconvocados llevaron adelante una consulta popular que sorpendió por el alto rechazo expresado a la actividad minera. El 83% dijo “No”, aunque esa decisión resultó no vinculante, es decir, no había obligación por parte de las autoridades políticas de acatar esa voluntad mayoritaria de la ciudadanía. “Es que la Iniciativa Popular es distinta a la consulta popular, que no es vinculante. La Iniciativa Popular legisla, directamente”, insiste Hendrickse, y aclara: “Esa es la confusión que quiere instalar ahora el gobernador, diciendo que no es legal proponer que una consulta se convierta en ley. La constitución provincial es clara al respecto”.
Javier Rodríguez Pardo, protagonista de la asamblea de Esquel y uno de los mayores especialistas en las luchas socioambientales, pone esta victoria ciudadana en contexto: “Los distintos plebiscitos que se realizaron hasta ahora no fueron vinculantes, aunque en realidad eso no debería importar tanto. Cada vez que proponemos una consulta de ese tipo, lo hacemos sabiendo que hay que ganar por una diferencia de votos muy grande, no alcanza un 60 ni un 70%. Porque más allá de lo legal, lo importante es la legitimidad que esas consultas dan, la presión que generan”, opina. Y desde su experiencia, deja flotando un alerta para los habitantes de Loncopué: “Además, la legislación nacional está por sobre las legislaciones provinciales, y en el plano nacional se establece que los plebiscitos no son vinculantes en ningún caso, por eso lo importante es que en cada consulta se exprese una cantidad de votos importante”.
Los gobernantes, nerviosos porque el pueblo decide
Lo cierto es que, en Neuquén, el gobierno provincial parece haber quedado a la defensiva por el peso institucional que logró la movida ciudadana en Loncopué. Y por eso, después, buscó pasar a la ofensiva. El partido gobernante hizo dos presentaciones judiciales buscando frenar la votación, pero las dos veces el Tribunal Superior de Justicia de la provincia rechazó el pedido. El día previo a la consulta, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal exigiendo anular el comicio por una denuncia de una persona vinculada al gobernador, pero los padrones se mostraron en regla y su pedido fue desestimado. En la mañana del domingo, el propio Ministro de Seguridad de Neuquén, escoltado por policías, se hizo presente en Loncopué insistiendo con la suspensión del referéndum, y cerca de mediodía otra escribana volvió a intentar la impugnación. La frutilla del poste de la jornada la pusieron los partidarios del MPN que anotaban a los vecinos votantes y los fotografiaban para intimidar. Según relata el periodista Darío Aranda, despidieron a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén que habían ido a apoyar la consulta popular con un grito fascista: “Viva Galtieri, viva la dictadura”. Aún así, el miedo no hizo efecto entre los 2589 loncopuenses que votaron. El 72% del padrón general, un porcentaje mayor de concurrencia de la que había ido a votar en las pasadas elecciones nacionales. Más del 80% “legisló” a favor de la ordenanza que impide la megaminería contaminante. Esa misma noche se respiró aires de victoria en Loncopué, y el pueblo festejó en las calles.
Pero el gobernador neuquino no descansó: el lunes por la mañana buscó ser noticia primereando la difusión de los resultados abrumadores del plebiscito, y anticipó que este miércoles iría nuevamente al Tribunal Superior de Justicia a impugnar la validez de los comicios ya que “es muy claro”, dijo, que “no puede darse a esas opiniones un sentido vinculante y obligatorio”. “Si el gobernador quiere impugnar la ordenanza aprobada, está en su posibilidad”, dice a Marcha el abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados. “Pero la legislación es clara y acá vamos a seguir la lucha, que tiene mucha fuerza. Después del plebiscito, hasta la intendente de Loncopué y concejales del propio partido del gobernador nos apoyan”.
“Conflicto de poderes” entre el gobierno provincial y la democracia desde abajo
La lucha de los pobladores de Loncopué adquiere dimensiones que van más allá del reclamo puntual antiminero. Por su propuesta y sus logros, el plebiscito se convirtió en un ejemplo de democracia participativa, desde abajo, o como suele plantearse en los debates de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC): de construcción de poder popular. El propio gobernador Sapag parece coincidir con esta doble dimensión del conflicto, al afirmar, el lunes pasado: “La discusión no pasa por el tema de la minería en sí, como gobierno cuestionamos el conflicto de poderes”.
Hay que reconocer que el gobierno de Neuquén es un gobierno legítimo que fue elegido democráticamente, por el voto de los habitantes de la provincia. Aún así, su proceder niega aquella legitimidad de origen y se vuelve antidemocrático cuando enfrenta a ese “otro poder” que emana de una comunidad que elije decidir su propio destino, sin delegar ya esas decisiones en sus gobernantes. Sobre todo cuando, como en este caso -y tantos otros, la mayoría- una vez electos esos gobernantes los defraudaron, ya no los representan. Así las cosas, planteado este “conflicto de poderes” que con acierto señala el gobernador, la democracia directa, la soberanía popular ejercida sin mediaciones por los pobladores de Loncopué se convierte en un horizonte posible para el triunfo de otras luchas. Hendrickse propone expandir el ejemplo: “Estos plebiscitos tienen que hacerse en cada lugar donde haga falta que el pueblo exprese su decisión”. Y concluye: “Parece que muchos gobernantes tuvieran miedo de escuchar al pueblo, pero lo que hicimos fue un ejemplo de democracia”.