Por Lucas Ochoa
Terminamos la trilogía de análisis sobre barras y violencia en el fútbol. En esta ocasión, una mirada por las decisiones “parche”, que incluyen prohibición de público visitante en las canchas argentinas o el AFA Plus, que aún no entró en vigencia.
No es novedad que sean un problema para nuestro fútbol. Menos lo es que ni los dirigentes políticos ni los futbolísticos se hagan cargo del monstruo que muchas veces ellos mismos alimentaron. En este panorama, ningún club queda exento: todos tienen bien definida y articulada su propia “fuerza de choque”. Para algunos son “hinchas apasionados”, para otros “un mal necesario”. Mientras tanto, amparados en poderes que los exceden, el número de víctimas fatales que provocan no deja de crecer.
El negocio y la rentabilidad que genera el fútbol son demasiado grandes como para andar discriminando por cantidad de hinchas, número de socios, torneos ganados o estadios más grandes. Por eso pasa en River, en Boca, pero también en clubes modestos como Laferrere. Porque la red de corrupción va más allá de los 150 tipos que copan un para-avalanchas.
Aquí no pasó nada
Para dar cuenta de la convivencia y la complicidad que existe entre las distintas esferas del poder –que, lejos de ocuparse del “problema” les procura a las barras larga vida e impunidad– basta con analizar algunos casos recientes.
En Boca por ejemplo, “La 12” hace lo que quiere desde hace años. 2015 le sonríe, ya que sus líderes recibieron la “buena noticia” de que el crimen de Ernesto Cirino de agosto de 2011, por el que fueron juzgados y absueltos Mauro Martín y Maximiliano Mazzaro, va camino a no tener culpables. Hay otra causa abierta y vigente por “asociación ilícita”, pero todo hace pensar que correrá la misma suerte. Además, la nueva alianza con la vuelta de Rafael Di Zeo promete más impunidad, mejores contactos con el poder y mayores negocios. Hasta Daniel Angelici, presidente de la institución de la Ribera, ya fue notificado mediante dos amenazas telefónicas para que colabore o “sufrirá consecuencias”.
En River el panorama no es tan distinto. Ariel Calvisi, un miembro de la barra disidente, declaró ante la justicia y ratificó lo que ya se sabía: ante la jueza Fabiana Palmaghini aseguró que la barra de River trabaja en conjunto con algunos dirigentes del club (no dio nombres), entre otras cosas, para la reventa de entradas; con la policía por el negocio de los trapitos, cuyo nexo es el sargento Luis Valla, de la comisaría 51; y también involucró a la ministra de Seguridad de la Nación, Cecilia Rodríguez, ya que su hermano, Diego Rodríguez, tiene desde hace tiempo relación con “Los Borrachos del Tablón” y desde allí encuentran “protección”.
Pero también pasa en Laferrere, un club de los denominado “chicos”, en el que también se hacen negocios grandes. Pablo Carroza, periodista del programa Código de Barra, dio a conocer detalles de los negocios que llevan a cabo los violentos de dicho club. Desde vínculos políticos con Fernando Espinoza, intendente de La Matanza, hasta el negocio de una flota trucha de remises y combis que hacen el recorrido diario entre Laferrere y Capital Federal. Todo ese negocio, solamente, les deja más de 30 millones de pesos al año.
Se podrían seguir enumerando casos similares que ocurrieron desde que el fútbol se profesionalizó y se convirtió en una máquina de generar dinero. Pero sería aburrido, extenso, reiterativo y hasta desalentador de cara al futuro. Sin una verdadera política de Estado de fondo, este problema no parece tener solución.
“AFA Plus” parecía ser un proyecto “serio”, alentado desde el Estado bajo la tutela de AFA para intentar abarcar esta problemática. Su objetivo era evitar, mediante control biométrico, que ingresaran al estadio los hinchas que tienen derecho de admisión por parte de los clubes; detectar e impedir las entradas falsas; acabar con la reventa e impulsar la compra de tickets por medios oficiales avalados por la misma AFA.
Según estadísticas oficiales, ya se empadronaron más de 420.000 hinchas en 38 centros habilitados con datos completos, cinco fotos de distintos perfiles y tres tomas de huellas digitales por cada dedo de ambas manos. Cada hincha compraría su entrada desde la página oficial de AFA y luego ingresaría al estadio simplemente apoyando su huella en un lector. Pero aún ni siquiera está cerca de implementarse. Ya se invirtieron más de $300 millones y según afirman desde el sitio oficial, se siguen haciendo ajustes y pruebas cuyos resultados son “exitosos”.
Pasaron 2131 días desde firma del contrato con TELECOM y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el 26 de mayo de 2009, y 905 días desde su presentación oficial, realizada con bombos y platillos el 3 de octubre del 2012. Por el momento, lejos de solucionar y limitar el ingreso de los violentos a los estadios, AFA Plus es una gran base de datos que vigila pero que no castiga.
Son meros amagues. Meras promesas. Algunas más concretas que otras. Pero aún sin un resultado claro a la vista más que la misma impunidad, la misma violencia y la misma complicidad entre distintas esferas del poder. Es un negocio que salpica a muchos, y a varios peces gordos. Por el momento, el denominador común sigue siendo uno: mirar para el costado.