Por Tamara Perelmuter. Ayer el pueblo neuquino de Loncopué aprobó con el 82% de los votos un proyecto de ordenanza municipal que prohíbe la megaminería a cielo abierto en esa localidad.
Se trató de un referéndum donde los vecinos pudieron manifestar su aceptación o rechazo a un proyecto de ordenanza municipal que prohíbe la técnica minera metalífera a cielo abierto, la acumulación y transporte de explosivos, y el tendido de mineraloductos dentro de las 8 mil hectáreas del ejido municipal. De esta manera, Loncopué se convirtió en el primer lugar del país donde la población votó de manera obligatoria y vinculante respecto de la actividad extractiva.
Lo resultados fueron contundentes. La localidad en cuestión tiene casi 7 mil habitantes con cerca de 3600 personas habilitadas para ir a votar. Pese a que hubo intentos durante toda la jornada para desalentar la asistencia a las urnas, un total de 2589 electores participaron en el referéndum popular de ayer: el 82,08% respaldó la prohibición, el 14,99% la rechazó, un 1,5% votó en blanco y el 1,4% de los votos fueron impugnados.
El antecedente inmediato es el plebiscito no vinculante que organizaron los vecinos autoconvocados de Esquel en marzo de 2003 en el que el 81% de la población pronunció un rotundo “no” a la minería tóxica. El denominado “efecto Esquel” tuvo un efecto multiplicador, incentivando a otras regiones donde ya se habían implantado o se proyectaban emprendimientos mineros de gran envergadura. Al mismo tiempo, y hasta el día de ayer, los gobiernos provinciales no habían vuelto a permitir que se llevara adelante ninguna consulta popular, a pesar de la demanda y presión de vecinos y autoridades municipales como en Calingasta (San Juan), Famatina (La Rioja) y Tinogasta (Catamarca).
El camino hacia el referéndum
En 2008 comenzaron las tratativas para instalar una mina extractiva de cobre entre Cormine (Corporación Minera de Neuquén) y la compañía china Emprendimientos Mineros SA.
Ante las sucesivas denuncias de contaminación, sus habitantes se organizaron dando nacimiento a la Asambleade Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL) y la Asambleade Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam), una localidad vecina. Junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (radicada en la zona de interés minero), comenzaron a informar a la población sobre las consecuencias que la instalación del mencionado emprendimiento ocasionaría en la zona.
También realizaron una serie de acciones judiciales. Por un lado, el reclamo de la nulidad del contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. Por el otro, denunciaron que el gobierno provincial había cedido sin licitación pública el yacimiento a tres millones de dólares, cifra ínfima si tenemos en cuenta que se trata de un emprendimiento con al menos quince años de vida útil y reservas valuadas en 1800 millones de dólares.
La primera victoria vino en septiembre de 2009, cuando la justicia provincial hizo lugar a una medida cautelar frenando toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la legalidad o no del contrato. Luego de varias idas y vueltas, los vecinos lograron que se convoque a un referéndum para octubre de 2011, que no se realizó. Vencido el plazo, las nuevas autoridades aceptaron llamar al nuevo referéndum, que finalmente se realizó ayer y que con su categórico resultado marcó un nuevo hito en la lucha de las comunidades cordilleranas contra los proyectos de la mega minería.