Eli Yishai, ministro del Interior de Israel
Dura pero simple fue la síntesis que hizo el ministro israelí de Interior, Eli Yishai, quien propuso encarcelar a todos los inmigrantes africanos que se encuentran residiendo en el país.
Sin medias tintas, el funcionario declaró el miércoles a la radio del Ejército que esta medida se tendría que adoptar porque en las últimas semanas ocurrieron delitos que, supuestamente, son atribuidos a inmigrantes sin documentos. Yishai afirmó a la emisora que su solución propuesta es “dura, pero simple: poner a todos ellos, sin excepción, en prisiones o centros de detención o dividirlos y poner a los que no cometan delitos en centros de detención”.
Yishai, miembro del ultraortodoxo partido Shas, expresó que los inmigrantes ilegales “no respetan la ley en Israel”, la “prisión no los asusta” y “no tienen trabajo y cometen delitos sexuales y contra la propiedad”. Seguido a estas palabras, el ministro israelí bajó el tono y dijo que la “mayoría de ellos no cometen delitos”, pero “los que cometan incluso el delito más leve, a la cárcel”. Con tono fatalista, el funcionario señaló que “estamos perdiendo el país”, por lo cual los inmigrantes encarcelados “recibirán una beca de deportación y se les enviará a los países de los que vienen”.
Hasta el cierre de esta edición, el primer ministro Benjamín Netanyauh no se pronunció sobre las declaraciones del titular de la cartera de Interior. En tanto, medios de prensa internacionales calificaron los dichos de Yishai como “una variante actualizada de los campos de concentración alemanes” durante el nazismo. La agencia de noticias Prensa Latina refirió que los “candidatos a ser recluidos en esos campos de detención son emigrantes, en especial de países africanos, cuya presencia en Israel se estima en unas 60 mil personas, la mayoría de las cuales son empleados como mano de obra barata en proyectos agrícolas”. Los inmigrantes africanos arriban a Tel Aviv principalmente desde países como Eritrea y Sudán a través de la península egipcia del Sinaí, donde el gobierno de Israel construye una barrera de seguridad para impedir su entrada.
En abril de este año, el Parlamento israelí aprobó una severa ley que permite encarcelar hasta tres años sin juicio a los inmigrantes ilegales y solicitantes del estatus de refugiado. La norma extiende el periodo durante el que las autoridades pueden mantener bajo custodia a las personas indocumentadas que no puede deportar desde los anteriores 60 días a tres años. También impone penas de cárcel de hasta 15 años a quienes ayuden a inmigrantes ilegales que hayan participado en actividades delictivas.
En 2009, miles de personas se movilizaron en Tel Aviv contra las amenazas de expulsión de familias enteras de trabajadores clandestinos, incluidos niños que crecieron en Israel. Por esa fecha, el Ministerio del Interior había reforzado la represión contra la inmigración ilegal procurando expulsar a las personas indocumentadas. En ese año, el Gobierno calculó que en el país vivían 300 mil personas en situación ilegal.