En el marco del #8M, la periodista cubana realiza un repaso por las actuales políticas públicas de tratamiento y contención de las violencias contra las mujeres en Cuba en contraposición a las experiencias en otros países del continente.
Nuria Barbosa León
Los crímenes de odio motivados por la condición de género y conocidos por feminicidios convulsionan a Latinoamérica por la impunidad estatal en tratarlos como asuntos pasionales e intrafamiliares, sin brindar justicia real a las víctimas. Al respecto, las luchas sociales en este frente buscan visibilizar un problema generalizado y sistémico, producto de la cultura patriarcal heredada y naturalizado durante siglos, consecuencia del ejercicio desigual de poder entre los sexos y que resume la violencia enraizada contra las mujeres, adolescentes, niños y niñas en toda su diversidad.
Recientemente en Argentina se divulgó que la joven de 18 años Úrsula Bahillo murió apuñalada por su expareja, el policía Matías Ezequiel Martínez en la localidad bonaerense de Rojas. El agresor amenazó a su víctima varias veces y ella lo denunció al menos, en tres ocasiones. Además se supo que sobre el victimario pesa una denuncia del año 2017 formulada por Belén Miranda, otra expareja y jamás estuvo detenido. Por su parte, el Movimiento de Mujeres Indígenas por El Buen Vivir en Argentina denunció el asesinato de una menor de edad en el territorio wichi, ubicado en la región de Chaco, como consecuencia de prácticas discriminatorias y racistas conocida como chineo, una violación grupal de niñas indígenas, mayormente entre ocho y 11 años.
En Brasil, el Foro Brasileño de Seguridad Pública reconoció que 2000 niños sufren huerfandad a causa del asesinato de sus madres, en la mayoría de los casos por sus parejas filiales. Los menores son recogidos por instituciones del estado que no siempre los protege, sufren violencia física por otros chicos y generalmente los hermanos deben separarse hasta esperar, en el mejor de los casos que una familia bondadosa los adopte.
En Perú, se acusa al gobierno de realizar una esterilización forzada a más de 270 000 mujeres durante la presidencia de Alberto Fujimori, impulsor del modelo neoliberal en el país sudamericano y para ellas sólo se prevé una indemnización si logran ser incluidas en un plan de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno (1980-2000).
Mientras que las dirigentes feministas, sindicales y sociales de Chile convocaron a una movilización feminista para el próximo 8 de marzo, para denunciar las desigualdades y la violencia patriarcal prevalecientes en el país.
Si bien las violencias machistas hacen parte de una estructura que es patriarcal y por ende cultural, el escenario presentado recientemente difiere para nosotras, las cubanas donde, al menos, la batalla gubernamental está ganada. Desde el triunfo de la Revolución en 1959 en que se proclamaron las bases políticas y jurídicas encaminadas a derrocar todas las prácticas discriminatorias, brindar una participación social activa a las mujeres y garantizarle su incorporación a la vida económica del país. Un ejemplo cercano lo tenemos en la aprobación de la Constitución, el 24 de febrero del 2019 y proclamada el 10 de abril de ese propio año, que coloca la dignidad humana como valor base de los derechos y establece la igualdad como presupuesto para el respeto pleno de las personas. Léase el Capítulo II, dedicado a los derechos de las y los ciudadanos, con especial destaque para los artículos del 46 hasta el 80.
En todos estos años, se desarrollan diversas acciones para visibilizar la violencia contra la mujer y trabajar sobre las causas que la originan y está recogida en uno de los objetivos de trabajo, ratificado en el 10º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, organización que lleva el tema de la mano y consolida alianzas con los Ministerios del Interior, de Educación, de Salud Pública, de Trabajo y Seguridad Social, más otros órganos del estado como la Fiscalía General de la República y el Tribunal Supremo Popular.
Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia -hoy funcionan 173- ofrecen orientación individual y grupal, más ayuda sicológica y conducción jurídica, como una vía para canalizar los conflictos intrafamiliares. Además, existe la línea de ayuda telefónica por el número 103, que también brinda servicio a personas en situación de violencia y ofrece mecanismos para solución de conflictos. A ello se suma el papel de la Editorial de la Mujer y de los centros de prevención y promoción de la salud para divulgar mensajes educativos que ayuden a visualizar problemas.
A pesar de estas acciones, persisten insatisfacciones que aunque el Estado tiene la voluntad de solucionar se muestran insolubles por las propias carencias generadas por el criminal bloqueo de Estados Unidos, sin embargo la Revolución continúa trabajando en pos de una sociedad mejor con el objetivo de superar las dicotomías de género. Si bien las experiencias de políticas públicas de género en Cuba deben continuar perfeccionándose de manera permanente, sus prácticas nos alientan a repensar las intervenciones de los gobiernos en materia de derechos hacia las mujeres y sus posibles transformaciones.