Por Vivian Palmbaum – @vivi_pal
El 9 de junio se cumplieron 60 años de los fusilamientos clandestinos de José León Suárez. Estos hechos revelados en la investigación de Rodolfo Walsh –que luego llevará el nombre de “Operación Masacre”, y que le valió ser considerado el hito fundacional del género de no ficción– contienen una historia de violencia y asesinatos, que avanza sobre quienes podían representar a los sectores populares y que aún hoy mantiene actualidad.
“La primera noticia sobre los fusilamientos clandestinos de junio de 1956 me llegó en forma casual, a fines de ese año, en un café de La Plata donde se jugaba al ajedrez. Una noche asfixiante de verano, frente a un vaso de cerveza, un hombre me dice: –Hay un fusilado que vive. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Livraga” relata Walsh en el prólogo de su libro.
Marcelo Massarino escribía para Marcha hace pocos meses: “`Hay un fusilado que vive´” es la frase que retumba en la memoria colectiva de un pueblo que, casi sesenta años después, no olvida ni perdona los fusilamientos en los basurales de José León Suárez, cuando doce civiles corrían en la oscuridad iluminada por los faros de los móviles y los disparos de los máusers de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Cinco murieron y siete sobrevivieron a las descargas”. El hecho es una de las marcas de la violencia política de la segunda mitad del siglo XX, en Argentina, en una sucesión de 50 años con poca alternancia democrática, marcada por continuos golpes antidemocráticos emanados desde la fuerza de los cuarteles, cuyas ideas se originaban en el poder oligárquico que no estaba dispuesto a perder sus privilegios.
Recordamos que en septiembre de 1955 un golpe militar destituyó al presidente Perón mientras se instaura un feroz autoritarismo que persiguió y proscribió de la vida pública cualquier expresión ligada al peronismo con la amenaza de cárcel y muerte.
Antecedentes en palabras de Walsh
En junio de 1956, el peronismo derrocado nueve meses antes realizó su primera tentativa seria de retomar el poder mediante un estallido de base militar con algún apoyo civil activo. La proclama firmada por los generales Valle y Tanco fundaba el alzamiento en una descripción exacta del estado de cosas. El país, afirmaba, “vive una cruda y despiadada tiranía”; se persigue, se encarcela, se confina; se excluye de la vida cívica “a la fuerza mayoritaria”; se incurre en “la monstruosidad totalitaria” del decreto 4161 (que prohibía siquiera mencionar a Perón); se ha abolido la Constitución para liquidar el artículo 40 que impedía “la entrega al capitalismo internacional de los servicios públicos y las riquezas 34 naturales”; se pretende someter por hambre a los obreros a la “voluntad del capitalismo” y “retrotraer el país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía”.
Continúa Walsh: La historia del levantamiento es corta. Entre el comienzo de las operaciones y la reducción del último foco revolucionario transcurren menos de doce horas. La represión es fulminante. Dieciocho civiles y dos militares son sometidos a juicio sumario en la Unidad Regional de Lanús. Seis de ellos serán fusilados: Irigoyen, el capitán Costales, Dante Lugo, Osvaldo Albedro y los hermanos Clemente y Norberto Ros. Dirige este procedimiento el subjefe de Policía de la provincia, capitán de corbeta aviador naval Salvador Ambroggio.
La Masacre (y su vigencia)
En la noche del 9 de junio de 1956 doce personas se habían reunido para ver una pelea de boxeo, en el barrio de Florida, cercano al ramal del ferrocarril Belgrano. Sospechados de estar vinculados al intento de sublevación contra el gobierno militar, fueron detenidos en un operativo policial, y conducidos en medio de la noche al basural de José León Suarez para luego ser fusilados, por las fuerzas que representaban al estado.
Hombres indefensos, sin acusación, sin juicio y sin condena, fueron fusilados en los basurales de León Suárez en forma clandestina. Un general de la Nación y otros altos jefes militares fueron también fusilados en la cárcel de Las Heras. Nunca nadie se había atrevido a tanto.
La historia no solo recuerda este episodio de violencia política como un intento de dominar al pueblo, sino que la metodología –con algunas variantes– se prolongó en el tiempo. En pocos días se conmemora un nuevo aniversario del asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de las fuerzas represivas del estado, sin que sus responsables políticos hayan sido juzgados. Hoy el poder del estado está en manos de un gobierno que promete reprimir cualquier intento de protesta desde el minuto cero de su gestión, mientras hace un guiño a las fuerzas de seguridad porque favorece su autogobierno (fuerzas armadas y policiales).
Un régimen que amenaza cualquier intento de disidencia con decretos y vetos, al mismo tiempo que aplica un feroz ajuste que empobrece a los sectores populares. A pesar de ello la fuerza del pueblo organizado muestra su resistencia frente a cada intento de atropello de sus derechos. Esta vez el ejercicio de un gobierno que ha llegado por la fuerza de los votos encarna oscuros intereses que otrora embestían contra los sectores populares, lo que parece mostrar la debilidad de un sistema democrático que casi seguro nos obligará a repensarlo.
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