Por Federico Orchani
Algunas conclusiones parciales sobre el desempeño de Cambiemos al mando del ejecutivo. La visión macrista del Estado y los poderes en pugna. La política del show y el fantasma del terrorismo. Los días sin López.
Dos caras
El gobierno que vino a “unir a los argentinos” no hizo más que ensanchar la “grieta” que prometió cerrar. La grieta real, de los que tienen y los que tienen poco y nada. En el mismo día, la Plaza de Mayo y el Centro Cultural Kirchner fueron escenarios de dos realidades muy diferentes. Durante algunas horas, la pantalla de los canales de noticias y TV se vio partida. Mientras que en el CCK el gobierno lanzaba con bombos y platillos el Foro de Inversiones –conocido también como “mini Davos” – a escasos 700 metros de allí, en Plaza de Mayo, cientos de personas hacían fila para recibir verdura gratis durante el denominado “verdurazo”. La protesta que tuvo gran difusión, fue levantada incluso por la ex presidenta Cristina Fernández en Twitter donde llamaba la atención sobre el deterioro evidente de las condiciones de vida durante estos meses del gobierno de Mauricio Macri en comparación a su mandato. De todas formas, lo que no menciona o no le merece una reflexión a la ex presidenta es el motivo de fondo por el que la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) llevo adelante la protesta. “Somos esclavos de un modelo de producción basado en agroinsumos a precio dólar, y un sistema de comercialización con una diferencia promedio del 400% entre lo que recibe el trabajador en su quinta o chacra y lo que paga el vecino en el barrio. Somos familias que producimos alimentos para el mercado interno, no comodities para la exportación”, dice la UTT en un comunicado de prensa sobre el motivo de central de la jornada de lucha y la realidad del sector, algo que CFK no menciona, quizás porque esta realidad ya existía durante su gobierno y es de esperar que la administración que conduce Mauricio Macri no modifique en lo sustancial.
El gobierno de Cambiemos, es sin lugar a dudas un gobierno comprometido. Con las corporaciones y el capital concentrado. Así lo refleja el “mini Davos” donde se dieron cita parte del establishment local e internacional. Una jugada audaz, de parte del sector de Cambiemos referenciado en Marcos Peña y Duran Barba que, entre otros efectos deseados, pudo correr el debate –al menos por un rato– sobre el aumento de tarifas que golpea brutalmente a millones de personas, entidades y organizaciones de la sociedad civil. Entre los “inversores” que el gobierno se propone seducir, además de telecomunicaciones e infraestructura esta la minería. Parece insólito, pero el gobierno busca atraer nuevos inversores en este sector al mismo tiempo que la empresa Barrick Gold envenena nuevamente de cianuro las aguas de los ríos donde se encuentra la mina Veladero en San Juan. Los vecinos de la Asamblea de Jáchal pidieron explicaciones a las autoridades municipales y nacionales aunque las reacciones de ambos gobiernos parecen estar lejos de implementar políticas destinadas a evitar un desastre ambiental. Lejos de eso, la mega minería contaminante fue premiada por el gobierno de Macri con la quita de retenciones a poco de asumir su mandato.
TV Führer
El problema de la seguridad es realmente grave para el abordaje corriente en medios masivos de comunicación. Genera aún más preocupación, más que el tono superficial, amarillista y muchas veces irresponsable en TV, radios, etcétera, sobre acciones de “justicia por mano propia” ocurridos recientemente, la actitud de autoridades y primeras planas del gobierno nacional y provincial al respecto. Como afirma Roberto Gargarella el domingo pasado en el diario “Tiempo Argentino”, “resulta inaceptable que muchas de las autoridades del momento realicen declaraciones como las que hemos conocido en los último días, ya sea tratando de definir quienes fueron las “verdaderas víctimas”, ya sea pidiendo amparo impune para quienes han hecho justicia por su cuenta”. Tanto Macri, Vidal, Bullrich y otros protagonistas de afirmaciones por el estilo, parecen pasar por alto que es el Estado que ellos representan quien tiene una de las mayores deudas pendientes desde la vuelta a la democracia para con la ciudadanía. En materia de seguridad, vivimos en un casi “estado de violencia institucional”, estructural y es el Estado el principal responsable. Desentenderse de esta realidad, es soslayar esa compleja trama de connivencias tejidas por el crimen organizado que atraviesa sectores de las fuerzas de seguridad, el poder judicial y la política.
La “solución” que propone el gobierno de Cambiemos a través del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y su par Eugenio Burzaco genera por lo menos desconfianza. Bajo la consigna de la “lucha contra el narcotráfico” se da rienda suelta a una serie de teorías que muchas veces son desmentidas por los propios protagonistas, como la presencia improbable de “Maras” salvadoreñas en el país o la infiltración de miembros de ISIS en zonas del litoral que luego es desmentido. La contracara de este proceso es la creciente militarización y mayor presencia de fuerzas de seguridad en el control de la calle, justo en medio de una ola creciente de mal humor social y protestas frente a las políticas económicas de ajuste del gobierno de Macri. De momento se trata de ensayo y error, pero de aplicar el gobierno esta política con éxito, el horizonte no es alentador si se miran los resultados de este tipo de doctrinas orientadas por el departamento de estado norteamericano en países como México y Colombia. Lo que genera violencia, es la desigualdad creciente y la exclusión inherente en las sociedades del capitalismo contemporáneo y lejos está de resolverse con la política de “mano dura”. Allí es necesario un Estado permeable a las demandas populares y una organización social y política que establezca lazos crecientes de solidaridad y democracia verdadera basados en el protagonismo popular. Un desafío real y urgente a resolver.
10 Años sin López
El domingo pasado se cumplió una década de la segunda desaparición de Jorge Julio López, testigo clave en el juicio al genocida Miguel Etchecolatz. En la ciudad de La Plata, donde fue visto por última vez, la movilización pidiendo su aparición fue realmente masiva, también se pidió “cárcel común a los genocidas” y la “apertura de los archivos de inteligencia”. La segunda desaparición de López arde en la piel. Es la necesidad de reafirmar el camino de los juicios por lesa humanidad pero también es muestra de la impunidad con que aquellos sectores del más rancio aparato represivo aun operan en la luz y en la sombra, bajo el amparo de una red de complicidades nefasta sobre la que el Estado prefirió no hablar durante estos 10 años.
La masividad permanente de la movilización es el reaseguro indispensable para no retroceder. En un contexto de fuerte revanchismo y ataque contra las conquistas y derechos de los sectores populares, la movilización unitaria es quizás, el signo más saludable de resistencia.