A tres años de la desaparición de Luciano Arruga a manos de policías de Lomas del Mirador los familiares persisten en reclamo de justicia. Hoy en la comisaría donde fue detenido y torturado el joven funciona el primer espacio por la memoria instalado en un predio cerrado por desaparición forzada de persona en democracia.
El cierre del destacamento es fruto de la lucha llevada adelante por familiares y amigos de Luciano que, con el apoyo de diversas organizaciones y movimientos sociales, partidos políticos, organismos de derechos humanos y medios alternativos, lograron que el lugar sea cedido para construir allí un espacio para la memoria, re-bautizado con el nombre del joven.
El sábado 28 de enero se realizó una jornada cultural por los derechos de todos los jóvenes asesinados por la policía, en la que hubo murga, bandas en vivo, intervenciones artísticas, charlas con ejes antirrepresivos y de derechos humanos y en la que los familiares agradecieron la participación de las casi 1.500 personas y repitieron su pedido de justicia, ya que el destacamento no fue cerrado definitivamente sino que se trasladó de su ubicación original a un centro deportivo para jóvenes a solo 3 cuadras de distancia.
Por otra parte, si bien la llave del espacio fue entregada a la madre y hermana de Luciano, la cesión no es definitiva, ya que los familiares solo cuentan con un contrato de tres años firmado entre la Municipalidad de La Matanza y el propietario del predio. Por este motivo es que uno de los reclamos es que el Espacio Para la Memoria Luciano Arruga se declare de interés municipal y se garantice su independencia total de la gestión del municipio.
De la misma manera, se sigue exigiendo justicia debido a que los 8 policías que trabajaron la noche del 31 de enero de 2009 están en carácter de testigos y la carátula del caso aun figura como “averiguación de paradero”. Los familiares y amigos vienen pidiendo que se cambie a “desaparición forzada de persona”, ya que esto que permitiría que el caso pase a fuero federal y que los policías queden como imputados.
La lentitud e irregularidades en relación con la causa son ya una constante. La primera fiscal fue Roxana Castelli, quien durante el vital primer mes de investigación no solo no solicitó ningún peritaje sino que nunca recibió a la familia de Luciano. La presión de la familia y de las organizaciones logro que Castelli fuera reemplazada por Celia Cejas, quien ordenó, a los tres meses de la desaparición, peritajes en el destacamento, en la comisaría 8º, en el patrullero y en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. En los cuatro lugares, los perros reaccionaron de forma positiva ante el ADN de Luciano.
Ante esto, el entonces Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, decidió realizar el pase a disponibilidad de los 8 uniformados que trabajaron aquella noche: Sergio O. Fécter, Daniel A. Vázquez, Ariel A. Herrera, Martin J. Monte, Nestor G. Díaz, Hernan G. Zéliz, Damian M. Sotelo y Emiliano J. Marquez. Sin embargo, el mismo Stornelli, con el aval de Daniel Scioli, volvió a reincorporar a los efectivos luego de tres meses. Estos policías siguen cumpliendo funciones hasta el día de hoy en otras comisarías de La Matanza.
La reivindicación de esclarecimiento de la desaparición de Luciano Arruga es, en palabras del comunicado de Familiares y Amigos leído en el cierre de la actividad del 28 de enero pasado, un símbolo: “Que Luciano Arruga signifique todos los y las jóvenes acribillados por la policía en democracia, que signifique todos los pibes y las pibas de las barriadas pobres del conurbano que son violentados a diario por la policía pero también por el resto de las instituciones estatales. Luciano Arruga es todos los jóvenes estigmatizados; todos los jóvenes que cuadran con la figura perversa de “pibes chorros”, imagen que es funcional al discurso que sostiene la exclusión.”