Por Maximiliano Duarte
Un recorrido por el marco histórico que fue generando las condiciones para la fuerte crisis política que vive Brasil, y que se plasma en el envalentonamiento de los sectores más reaccionarios que impulsan el golpe parlamentario en curso.
En la votación del plenario de la Cámara de Diputados del domingo avanzó con fuerza el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff. La causa formal de este juicio político versa sobre lo que se ha denominado como “pedaladas fiscales”. De este modo, se refieren a la brecha temporal entre la ejecución de los pagos efectuados por los bancos públicos de los distintos programas sociales y el traspaso de recursos hacia estas instituciones. Según los que votaron a favor del impeachment, estas diferencias de carácter administrativo suponen la violación de la ley fiscal, infracción que tiene un tenor suficiente para la destitución de la mandataria.
No obstante, esta causa es meramente una formalidad, como lo atestiguan los argumentos expuestos por los diputados en la justificación de su voto, quienes apelaron continuamente a la defensa de la famosa tríada “Dios, familia y propiedad” (es sus formas más diversas). Estas expresiones no son casuales, revelan las tensiones históricas que subyacen en la construcción de la sociedad brasilera.
Esta disputa ha sido sintetizada en la justificación del voto realizada por Jair Bolsonaro (PSC-RJ) de la siguiente forma: “Perdieron en 1964 y ahora en 2016. Por la familia y la inocencia de los niños que el PT nunca respetó, contra el comunismo, el Foro de San Pablo y en memoria del Coronel Brilhante Ulstra, mi voto es SI”. Este argumento no lo dijo, solamente, el diputado más votado en el estado de Río de Janeiro en las últimas elecciones en 2014. Varios de sus colegas también reivindicaron esta secuencia histórica, inclusive, algunos que hasta hace pocos días eran parte de la coalición gobernante y ahora tenían carteles que decían “tchau querida”. Una expresión tan soberbia como sexista.
Iluminando el pasado
Esta mirada del presente y de la historia representa el proyecto liberal en lo económico y conservador en lo político que se ha desarrollado a lo largo de la historia de este país, a la cual es necesario apelar para comprender su cultura política presente. Brasil es históricamente elitista. Un país que abolió la esclavitud en 1888 y que radicalizó aún más sus desigualdades socioeconómicas con la creación de un mercado de trabajo plenamente liberal.
Hacia 1930, el país tenía un 80% de su población por debajo de la línea de pobreza. A comienzos de este siglo, el 50% se encontraba aun en esta condición: la inclusión de todos los ciudadanos brasileros nunca fue una prioridad en el proyecto político de las elites. El inicio del periodo desarrollista, caracterizado por una mayor presencia estatal en la construcción normativa de la sociedad, tuvo al varguismo como uno de sus componentes centrales. Una de las frases utilizadas por este movimiento era “¡Hagamos la revolución antes que la haga el pueblo!” (2).
Este slogan representaba la profunda convicción sobre la necesidad de realizar concesiones que procuren fragmentar y desestimular los movimientos sociales con reivindicaciones más sistémicas. Esta preocupación quedó sintetizada en la frase de uno de los integrantes de la fundación católica Leão XIII expresando su punto de vista sobre las organizaciones de favelados de Río de Janeiro: “Es preciso subir el morro antes que bajen comunistas” (3).
Este temor transcendió fronteras y luego de la Revolución Cubana se transformó en transferencias directas de recursos desde el gobierno de Estados Unidos para el desarrollo del proyecto liberal conservador.
El disciplinamiento de las fuerzas sociales se enfrentaba a actores políticos cada vez más articulados, que encontraban en su número la fuerza necesaria para vincularse con las cúpulas del gobierno. Días después que el entonces presidente João Goulart anunciara la reforma agraria, los militares y sus aliados locales e internacionales dieron el golpe que duro 20 años. Contrariamente a lo que los propios militares se han cargado de instaurar, la dictadura instaló el más regio y sanguinario control sobre las organizaciones sociales, como lo ha establecido la Comisión Nacional de Verdad.
La crisis de las organizaciones sociales y de los partidos políticos llevó a una rearticulación de la militancia en los movimientos eclesiásticos de base, en las organizaciones de las periferias de San Pablo y en el nuevo sindicalismo, los cuales, junto a otros movimientos sociales, terminaron fundando el Partido de los Trabajadores (PT).
Los gobiernos del PT
Marcados por la represión militar, este partido desarrolló una tradición política basada en salidas negociadas más que en confrontaciones directas. Lula fue el gran defensor de la teoría que proponía distribuir mejor sin generar grandes conflictos de clase, tal como lo sostuvo en su última alocución pública antes del impeachment: “Buscamos el desarrollo del país sin confrontar ni perjudicar a nadie”. Así se constituyó en un actor político que tuvo gran habilidad para generar adhesiones que le permitieran gobernar la maquinaria estatal, y muy poca destreza para mantener su base social y programática. Los actores que hace 30 años reinventaron los consensos en la izquierda brasileña son ahora los que están, nuevamente, en crisis.
Dilma también buscó pactar con los representantes de esa elite liberal-conservadora. Su acuerdo con el PMDB la alejó de los movimientos sociales que se volcaron masivamente a las calles en junio de 2013 pidiendo que los recursos públicos del Mundial y los Juegos Olímpicos se destinaran a mejorar el transporte público, la educación, la salud, la desmilitarización de la policía, la democratización de la política y de los medios de comunicación.
Esa distancia se transformó en una galaxia luego del último balotaje. Los movimientos sociales salieron en masa a respaldar las conquistas sociales del periodo frente al riesgo que implicaba la vuelta de la derecha al poder y, una vez ganadas las elecciones, nuevamente el PT optó por buscar acuerdos con esa elite, entregándole puestos claves en su gobierno y el manejo de la política económica.
La explosión de los casos de corrupción precipito la crisis de gobierno y del sistema político en general, que procura acallar las denuncias con la destitución de la presidenta. No es nada menor el dato que el mismo día que el PT apoyó la formación de una comisión de ética para que evalúe las cuentas millonarias no declaradas por el jefe de Diputados Eduardo Cunha, éste diera inicio al juicio político. El vicepresidente Michel Temer, supuesto aliado de la presidenta, fue el que consiguió los votos para su destitución. Los representantes de esa elite con la que el PT se alió ahora vuelven a revindicar en cadena nacional al coronel Brilhante Ulstra, el militar que la presidenta denunció como su torturador en la dictadura.
(1) Cardoso, A. (2010). Uma utopia brasileira: Vargas e a construção do estado de bem-estar numa sociedade estruturalmente desigual. Dados, 53, 775-819. Retrieved from http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52582010000400001&nrm=iso
(2) Dias, E. (1962). História das lutas sociais no Brasil: Editora Alfa-Omega.
(3) SAGMACS (1960). Aspectos humanos da favela carioca. In O Estado de São Paulo (Ed.). São Paulo