Por José Schulman
Dossier a 40 años del Golpe de Estado cívico-militar-eclesiástico, realizado en conjunto por Marcha y Contrahegemonía.
“tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando éste venza.
Y este enemigo no ha cesado de vencer”
Walter Benjamin
La visita del presidente de los EE.UU. a la Argentina gobernada por Macri es el símbolo más potente de que las masivas violaciones cometidas en los setenta del siglo pasado han dejado huellas profundas que permiten este acto de consumación simbólica del Genocidio, que en propias palabras de Lemkin, no solo busca borrar la identidad de un grupo nacional, sino lograr que el arrasado asuma la del agresor. Obama viene a la Argentina cual un cónsul imperial romano que acaba de recuperar el control pleno de un territorio lejano y apreciado. Por su peso como potencia capitalista que produce alimentos y energía y por su rol en la región latinoamericana en los procesos, ahora amenazados, de integración americana sin la presencia de los EE.UU. no olvidan que en Mar del Plata los pueblos dijeron No al Alca, a Bush y su comitiva imperial.
Y hay algo más, para los EE.UU. la Argentina siempre fue un “caso de estudio” sobre el modo en que nuestro pueblo construyó la memoria de la violación de los derechos humanos. Desde hace años ambicionan apoderarse de esos saberes y de ponerlo al servicio de la causa imperial. Quieren borrar el carácter subversivo de la memoria construida como memoria de las luchas por la Patria Liberada contra el bloque de Poder y pretenden transformarlas en un miserable repudio a la “violencia política” como ha dicho el presidente Macri en la inauguración de las sesiones legislativas.
Entre 1955 y 1975, en la Argentina se desplegaron múltiples luchas sociales que pusieron en jaque la estabilidad de la dominación capitalista; bajo el fuerte impacto de la Revolución Cubana crecieron fuerzas políticas que proponían conquistar “la patria socialista”; fue ante la crisis que las luchas impusieron al capitalismo con eje en el desarrollo del mercado interno y el desafío que las fuerzas políticas planteaban que las Fuerzas Armadas, el empresariado local, el gobierno de los EE.UU. y sus agencias de inteligencia, las cúpulas religiosas y otros deciden exterminar la militancia de todo tipo con el resultado más que conocido: los treintamil desaparecidos, los miles de torturados, presos, exiliados y perseguidos.
Macri, empresario de un grupo económico de los más poderosos del país, ha formado gobierno con la presencia directa de los dueños o importantes ejecutivos de las principales empresas, las mismas que en 1976 propiciaron el golpe, aportaron el Ministro y el plan económico que redujo drásticamente la participación de los trabajadores en la distribución de la renta nacional en unos veinte puntos (del 50 al 30%/)
En estos primeros tres meses el gobierno de los ejecutivos de Shell, la Banca Morgan, IBM, Monsanto, Cargill, ha realizado una colosal transferencia de ingresos a favor de los grupos concentrados procurando modificar drásticamente la distribución de la renta nacional y potenciar el proceso de concentración y extranjerización de la riqueza y la propiedad. La economía ha entrado en un proceso de inflación, desocupación y empobrecimiento de millones.
A contramano del discurso “republicano” de campaña, Macri ha gobernado los primeros noventa días obviando el Congreso Nacional, a fuerza de Decretos de Necesidad y Urgencia; arrasando con casi todo el sistema de comunicación pública y sancionando un Protocolo de Seguridad que busca castigar una forma de lucha social muy popular en la Argentina: el corte de rutas o piquete, nacido como tal en 1994.
Hemos dicho ya que el golpe exterminó militancia para frenar un ciclo de luchas caracterizado por las acciones masivas callejeras y aún al finalizar la dictadura, el temor a su retorno puso límites a la movilización popular. Pero cuando se produjeron las privatizaciones y los despidos masivos en los 90, los trabajadores descubrieron que si no podían hacer huelgas podían interrumpir la circulación de las mercancías poniendo el cuerpo en las rutas y calles. El “piquete” se extendió desde Cutral Có hasta Gral. Mosconi y de allí a todo el país. Y a todas las clases sociales.
Para terminar con los “piquetes” y sacar al pueblo de las calles es que en el año 2002 se comete el asesinato a sangre fría de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Fue el fracaso de esa operación política que potenció la crisis de “gobernabilidad” y se abrió paso el acceso de Néstor Kirchner al gobierno y el comienzo del ciclo que ahora está terminando con la llegada de Macri.
Y de nuevo el intento de negar un derecho adquirido que prestigiosos juristas como Zaffaroni han defendido como legítimo y legal por la preeminencia de la defensa de los derechos humanos sobre el derecho individual de la circulación. En la primer pulseada entre el derecho adquirido y la nueva norma ha prevalecido el derecho de los trabajadores del estado que marcharon libremente el pasado 24 de febrero contra los despidos masivos, ante la amargura de los “ultras”.
La derecha supo recomponerse de la crisis del 2001, que puso en dudas el ideario neoliberal y la impunidad para los crímenes de la dictadura, apelando a una ruta cultural principal: instaló como central el valor de la “inseguridad”, entendido como una cuestión individual amenazada por los jóvenes pobres, y migrantes de los países vecinos como Bolivia o Paraguay, protegidos por los organismos de derechos humanos que privilegiaban un falso “garantismo jurídico” que le era funcional para su “venganza” en los Juicios de Lesa Humanidad. Por ese camino volvió al terreno cultural sembrado por Videla y Cía.: el enemigo del pueblo es la militancia, ahora no solo terrorista sino “narco terrorista”. Macri ha lanzado una colosal guerra cultural contra la militancia a la que se la identifica con “empleados públicos que cobran pero no trabajan” y se viene creando un clima social favorable, de nuevo, a la persecución y castigo de aquellos que resistan el “cambio” que encarna el nuevo Gobierno. El encarcelamiento de la dirigente social y legisladora del Parlasur, Milagros Sala, violando toda la legislación vigente e ignorando brutalmente el “debido proceso” y la presunción de inocencia, es el punto central de esa campaña que no cesa.
Claro que no todo es ruptura con el pasado cercano; Macri se apoya en el hecho indiscutible que el gobierno de los Kirchner mantuvo un aparato policial y de seguridad infectado de cultura represora y de corrupción masiva. La alianza entre las policías, los políticos y las mafias de la droga es un hecho que viene de lejos y que ahora se potencia. Es esa la excusa para los acuerdos de Macri con el Mossad de Israel y con la DEA, el FBI y la CIA de los EE.UU.; igual que lo hacía Videla y que se había formalmente interrumpido en la década pasada.
En el 2015, la Comisión de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, un ente público pero autónomo presidido por Pérez Esquivel denunció en su informe anual “las torturas y las muertes padecidas por las personas captadas por el sistema penal son de una dimensión y gravedad que socavan los cimientos del propio orden democrático. Argentina padece una profunda disociación entre su condición de referencia internacional por el proceso de enjuiciamientos de los crímenes de la dictadura y los ataques planificados, sistemáticos generalizados que se implementan contra una parte de la sociedad civil sobre los que judicialmente se consagrará la impunidad. Las torturas y muertes actuales son crímenes que interpelan los valores de verdad, justicia y memoria”
Macri viene a romper esa relación tensa entre Memoria y Represión a favor de más represión y la imposición del olvido. Pero no se la haremos fácil, la lucha continúa y los valores construidos en estos años de juicios y castigo, son una fuerte base de apoyo para dar vuelta la tortilla: más Memoria y nada de Represión es la consigna para este 40 aniversario.