Foto: Sebastião Salgado.
Marcelo Otero. Desde el año 1996, todos los 17 de abril se realiza una jornada de movilización global que incluye tomas de tierras, foros, ferias agroecológicas, debates e intercambios de semillas. Historia y presente de una lucha y un actor cada vez más pujante y relevante en las construcciones del campo popular.
El 16 de abril de 1996, en las cercanías de Eldorado de Carajás, unos 1500 campesinos cortaban la ruta PA-150. Protestaban por la demora en las negociaciones que se habían encarado unos cinco meses antes, cuando 2000 familias del MST habían decidido acampar frente a la hacienda Macaxeira, de 42 mil hectáreas, declarada improductiva por la organización y, por ende, siguiendo esa línea que dice que la tierra es de quien la trabaja, con mandato de ocuparla. El gobierno del Estado había frenado la ocupación, prometiendo asentar a los acampados y enviar limentos para las familias, cosa que no ocurrió. En asamblea, los asentados decidieron realizar una marcha de 800 km a la ciudad de Belén, para presionar al gobierno para que retomara su compromiso. Es en transcurso de esta marcha que ese 16 de abril deciden cortar la ruta para reclamar el envío de la comida prometida. La respuesta de la Policía Militar (PM) es el anuncio de la llegada de los alimentos para el día siguiente. Pero, en la mañana del 17 de abril, los oficiales rompían los acuerdos: el gobernador decidió que se removería el problema de los sin tierra por medio de la violencia.
A las 16, 155 integrantes de la PM inician una batalla de gases lacrimógenos a la que los asentados se enfrentan con palos y piedras. A los pocos minutos comenzaron los disparos de ametralladora y cayeron los primeros. Unos 13 trabajadores, luego de ser detenidos, fueron asesinados a machetazos con sus propias herramientas de trabajo. Los 19 muertos, más de 60 heridos y siete desaparecidos es la cifra final de la jornada. Es por estos sucesos que el 17 de abril es reivindicado por las organizaciones que componen la Vía Campesina (articulación de organizaciones campesinas, de pescadores y pastores de todo el mundo), así como por sus adherentes, como el Día Internacional de la Lucha Campesina.
Para pensar cuál es el alcance que la lucha campesina tuvo en los últimos años es necesario observar su programa político. Detallar las líneas principales que forman parte de un ideario que se construye, como siempre en el campo popular, desde la negación y el enfrentamiento a las prácticas dominantes, pero también desde la afirmación de una identidad propia. A contrapelo de las imposiciones de la modernidad, cuyas recetas en torno a la racionalidad y el desarrollo sustentaron la colonización europea y la instalación posterior de modelos políticos importados de las metrópolis, la organización social de los pueblos latinoamericanos se dio a partir de tradiciones heredadas de las culturas preexistentes (el buen vivir, el trabajo colectivo, la diversidad en la producción), en combinación con las ideas radicales surgidas en Europa (el anarquismo, el socialismo, el movimiento cooperativo), a través de un continuo ensayo y error en acciones de respuesta a las particularidades del capitalismo en Latinoamérica.
Las dos consignas principales de las organizaciones campesinas son la soberanía alimentaria y la reforma agraria integral. La primera fue acuñada en 1996 por la Vía Campesina. Se trata de un principio y ética de vida, que no responde a una definición académica, sino que emerge de procesos de construcción colectivos, participativos, populares y progresivos, enriquecidos por debates y discusiones políticas. Se define a la soberanía alimentaria como “el conjunto de derechos de los pueblos a definir sus propias políticas de agricultura y alimentación, lo que contempla proteger y regular la producción agropecuaria y el comercio agrícola interior para el desarrollo sostenible, proteger los mercados domésticos en contra de las importaciones y limitar el dumping social y económico de productos en los mercados. Se materializa en el derecho a decidir cómo organizar la producción, qué y cómo plantar, y cómo determinar la distribución y consumo de alimentos, de acuerdo a las necesidades de las comunidades, en cantidad y calidad suficientes, priorizando productos locales y variedades criollas”. Es la contraposición de un modelo de agronegocios, de la fumigación por agrotóxicos, de la especulación de los mercados de futuros en torno a los precios de los alimentos. Es lo opuesto de la comida chatarra, de la homogenización del gusto, de la concentración de la comida en cadenas comerciales. Es un concepto que se enfrenta con la modificación genética de los seres vivos, en una palabra, se contrapone la idea del lucro en torno a una alimentación vista como mercadería por un alimento producido por y para los pueblos.
La soberanía alimentaria también fue reinterpretada por los espacios hegemónicos. Los organismos multinacionales de crédito como el FMI o el Banco Mundial hablan de seguridad alimentaria en el sentido de asegurar una cantidad de alimentos en función de la población, más allá de cómo sean producidos o la calidad de los mismos. También los Estados hablan de soberanía alimentaria, cambiando la idea de “los pueblos” por “los Estados”, a fin de marcar la idea de que son los gobiernos quienes definen y establecen las políticas alimentarias.
La segunda consigna implica asumir el camino de una historicidad. La reforma agraria es un concepto que recorrió el proceso de formación y consolidación del modelo capitalista. Se basa en la idea de un reparto de tierras para que “no haya ni hombres sin tierra, ni tierra sin hombres”, con el objeto de lograr una cierta equidad en el reparto de la riqueza productiva. En distintos países se puso en práctica, en distintos momentos y bajo distintos proyectos políticos, reformas de distribución de la tierra que implicaron la llegada al (o el aval político del) Estado como agente distribuidor. Es una idea asociada a la distribución de la tierra en el marco de un régimen productivo.
Pero hay que aclarar que no es un concepto que pertenezca por entero a las formas de organización popular. Distintos grupos, partidos y regímenes, lo utilizaron también para enfrentar a los sectores latifundistas con la idea de la consolidación de una clase industrial, en la búsqueda de deponer los efectos de la dominación de la oligarquía tradicional y constituir un mercado interno más maleable. El problema es que en la medida que las reformas fueron sustentadas por gobiernos y no necesariamente por los pueblos, y que la distribución no necesariamente ha respetado las dinámicas culturales alrededor de la vida y producción de los pobladores, los procesos se debilitaron y muchas veces fueron absorbidos por el mercado capitalista que se ha encontrado con un campesinado fragmentado o embrujado por las fantasías del enriquecimiento rápido.
La reforma agraria integral planteada por las organizaciones campesinas como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina), implica un paso adelante en los procesos de reforma precedentes. Por un lado, ya no se habla de alcanzar un Estado que reparte tierras, sino que se buscan alternativas para construir, desde las disputas del presente, esa reforma. Los campamentos y la ocupación de haciendas en Brasil es un buen ejemplo de esto. Al fundar escuelas, universidades, centros de salud, policías locales o formas de representación propias, las comunidades campesinas consolidan a un espacio en disputa material y simbólica con el Estado y el capital. En segundo lugar, la reforma agraria es integral porque se concibe no desde la idea de tierra, sino desde el concepto de territorio. El territorio es el suelo, pero también la cultura humana que sustenta, su historia, la forma de sus relaciones. El territorio es el ser humano, pero también el medio ambiente, las otras formas de vida, el agua y todo aquello que el mercado reconoce como “recursos”, y que las organizaciones campesinas entienden como bienes comunes.
La reforma agraria integral implica un cambio en sentido amplio, que no se limita a la definición de un plano catastral y a las garantías de una posesión. Implica el reconocimiento de saberes de las comunidades, del respeto a las costumbres, explicita la variedad en las formas de la organización comunitaria, el derecho a regirse según sus tradiciones y desde sus propias voces, construyendo nuevas formas de democracia participativa. Es el motor de una educación distinta, para todos y todas, con unos fines alternativos a la constitución de sujetos acordes a la producción capitalista, desde la autonomía de las comunidades y con el reconocimiento de las particularidades. Es una salud diferente, con eje en la recuperación de saberes ancestrales y una mirada crítica a la realidad, atenta a los efectos que el sistema en el que vivimos produce en nuestros cuerpos. Todo esto implica repensar las formas de la producción a partir de prácticas sustentables que aseguren alimentos para todos. Un cambio integral en las formas sociales que resulta imperativo construir desde ahora.
Distintos autores predijeron la extinción del campesinado como clase. Sin embargo, el campesinado en Latinoamérica se muestra cada vez más pujante y se consolida como un actor relevante en la construcción del campo popular, con respuestas concretas en el presente y apuestas amplias hacia el futuro.