Por Cristobal Cervera y Federico Orchani* / Fotografía: Nayko
Mañana, miércoles, los movimientos populares saldrán nuevamente a la calle para enfrentar las políticas regresivas del gobierno de Cambiemos. La jornada de protesta se plantea como una crítica “contra este modelo de exclusión y miseria. Por el Trabajo y la Justicia Social”.
La CTEP, la CCC, Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán, entre otras organizciones, realizaran una jornada de lucha con ollas populares en cientos de puntos del país, para visibilizar los reclamos sectoriales como son la exigencia de “salarios dignos para los trabajadores/as cooperativistas, por la implementación ya de la ley de emergencia social y el salario social complementario”
Motivos sobran
Durante los primeros nueve meses de 2016, la pobreza subió del 29% al 32,9%, “lo que significa un aumento de 1,5 millones de nuevos pobres”, y totalizan “cerca de 13 millones de personas que viven por debajo de la línea pobreza”, según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Asimismo la indigencia creció “en alrededor de 600.000 personas en situación de indigencia”. El informe además, muestra cómo se sigue ensanchando la brecha entre los que más y menos tienen. Los datos que aporta el Observatorio de la UCA cayeron como un baldazo de agua fría en el gabinete macrista, obligado a postergar un nuevo tarifazo. Justo en la semana donde la conflictividad social creció, con marchas muy masivas convocadas por docentes, la CGT y el paro y movilización de mujeres.
Los trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular están en la primera línea de afectados por el rumbo económico del gobierno. Son millones los trabajadores y las trabajadoras que perciben ingresos por debajo del salario mínimo. El aumento de la inflación y los sucesivos tarifazos agravan esta realidad. Es por ello, que la “demorada” implementación de la Ley de Emergencia Social representa, para el sector de la Economía Popular, un primer paso para paliar el deterioro social y económico en ascenso desde el primer trimestre del 2016. Si la presión de la jornada del 15M logra que la implementación de esta ley no tarde lo mismo que su reciente reglamentación, la posibilidad de conformar un Registro de Trabajadores/as del sector y la implementación de un Salario Social Complementario daría “respiro hacia abajo” como lo plantean algunas vocerías de las organizaciones. Esto dependerá de varios factores, entre ellos la conformación (en proceso) de un Consejo de la Economía Popular con representación de ambos lados (organizaciones populares y Estado) para monitorear la implementación de la ley. No será menor la necesidad de coordinar con el mayor nivel de unidad las demandas de la mayoría, sino todos, los actores que conforman este sector. Desde cartoneros a fabricas recuperadas, trabajadores rurales, cooperativistas de infraestructura social, entre otros.
Un nuevo mapa de la conflictividad
Desde la dirigencia de los movimientos se analiza con detenimiento lo ocurrido el 7M. El balance posterior del traspié sufrido por el triunvirato cegetista llevó a modificar las características de la actividad prevista para el lunes 13 que ya contaba con el apoyo de las CTA y CGT. Así, lo que iba a ser una asamblea en Plaza de Mayo para elaborar un “programa de los movimientos populares”, viró en una jornada nacional de lucha el día 15, con cuestionamientos más directos a la política económica del gobierno que preside Mauricio Macri. Una lectura acertada, dado el malestar creciente en amplios sectores de trabajadores. De todas formas, habrá que prestar atención a la tensión que existe entre el reclamo, la calle y la negociación en actores con características de por si disímiles. En palabras de Ana Natalucci, “la discusión entre movilización vs institucionalización es anticuada. Lo que hay que discutir es como se relacionan”. Algo de esto hay en la relación entre las organizaciones populares con presencia en la movilización callejera durante el pasado y presente reciente y la CGT, más cerca de la mesa de negociación que del conflicto social.
Para la CGT el problema se presenta como una doble amenaza, interna y externa. Desde adentro por el crecimiento de cierto activismo independiente cada vez menos incipiente que se referencia en sectores combativos y de izquierda que se hizo escuchar el 7M. Pero también desde afuera, por el accionar de los movimientos populares y organizaciones sociales. Si bien hay un sector (mayoritario) de las organizaciones y movimientos populares que mantiene esfuerzos por enmendar el divorcio histórico entre movimientos sociales y sindicatos, la lógica de uno y otro actor es, en varios sentidos, diferente. Empezando por la porción de la clase trabajadora que cada quien interpela. De un tiempo a esta parte, fue ganando fuerza la organización de ese tercio de la clase trabajadora también productor de riqueza bajo la mal llamada “informalidad”. Hoy trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, con avances importantes en términos gremiales y obtención de derechos postergados. La sanción de la Ley de Emergencia Social va en esa dirección. Esto de ninguna manera va en desmedro de la importancia y el peso estratégico de la clase obrera asalariada portadora de un nivel de organización y poder de presión insoslayable. En todo caso, entender que la agenda de las centrales sindicales y de los movimientos puede tener puntos de contacto (como de hecho ocurrió el 7M o el año pasado cuando se confluyó para pelear la sanción de la Ley de Emergencia Social) pero asumiendo el riesgo histórico de trabar una alianza con dirigentes que hace rato se divorciaron de las bases que representan.
Otro dato es el corrimiento de la tensión “adentro o afuera” que para la mayoría de los movimientos se planteó durante los gobiernos anteriores. Adentro del Estado (en realidad del gobierno) todo, afuera nada. No es un dato menor, ya que con la mayoría de las organizaciones en el campo “opositor” más bien digamos independiente del gobierno, el poder de convocatoria si hubiera unidad del conjunto de los movimientos es más que importante. Y aunque no la haya, el despliegue territorial de las organizaciones sumado a la combatividad de la gran mayoría es motivo de preocupación permanente del gobierno.
Por último, las organizaciones fueron sumando “densidad política”. Esto significa el apoyo, participación, etc., en armados políticos diversos. Desde espacios independientes, de izquierda, a diferentes variantes del peronismo o el progresismo. Esto que habla de la maduración y complejidad de las organizaciones populares puede ser motivo de reflujo llegado el turno de las elecciones legislativas a mitad de año.
De momento, el desafío que se presenta como ya dijimos es como administrar de manera eficaz la tensión que aparece al momento de negociar con el estado sin perder autonomía. Esto significa conquistar posiciones y avanzar sobre el Estado, aunque esto implique salir del lugar de comodidad política en el suelen derivar nuestras organizaciones. Comodidad que puede devenir marginalidad sino no se tiene una táctica adecuada. Táctica, en esta coyuntura, más cerca de marcos amplios de unidad, construcción de agendas comunes, programas del sector y demás, que de la unidad de convencidos. El dato, es que los movimientos y organizaciones populares, nuevamente ganaron la calle y no están solos.
*Militantes del Frente Popular Darío Santillán