Por Noelia Figueroa y Julia de Titto. Segunda parte del análisis de la situación del movimiento de mujeres y feminista a 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001. Derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Identidades múltiples, diversidad sexual y elementos para pensar nuevas subjetividades.
En la entrega anterior, decíamos que es importante poder balancear en función de pasar en limpio lo que nos falta, pero también, y en aras de hacer justicia a los triunfos obtenidos, evidenciar los avances innegables que dio la lucha feminista en estos 10 años. Es en este sentido que precisamos repasar en esta entrega al menos dos ejes transversales más que formaron parte del repertorio de demandas en todo este tiempo, y seguirán siéndolo sin duda alguna durante el 2012. Quedan para la tercera y última entrega los desafíos del movimiento para los próximos años.
El derecho a elegir
Además de la cuestión de la problemática de la violencia que veíamos en la primera parte, otro tema central del movimiento, mucho más polémico y complejo por lo que implica en tanto cambio sistémico, es el del derecho al aborto. Las feministas lo tomaron históricamente como bandera mientras que la enorme influencia de las iglesias (sobre todo la Católica, de vasta llegada en nuestra región) en el sistema educativo, en los circuitos de la Justicia y de la salud, hizo que sea un tema muy difícil de trabajar en la sociedad civil. En el 2001, no obstante, fue parte de la batería de reclamos que comenzaban a proliferar en las asambleas ciudadanas que deliberaban sobre los problemas que acuciaban a la población. Con este precedente, y gracias a la perseverancia en instalar el tema, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario (2003) se lleva a cabo la Asamblea por el Derecho al Aborto. En ese momento se empieza a articular lo que sería, a partir del 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hoy compuesta por más de 300 organizaciones y personalidades, quien fuera encargada de redactar el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo, hoy en el Congreso. A partir de este encuentro entre las feministas con más trayectoria y el movimiento de mujeres más amplio, que iba creciendo con la incorporación de todas esas nuevas protagonistas a la lucha, se comienza a clarificar que las mujeres más castigadas por la penalización del aborto son justamente las más empobrecidas. Esto fue sin duda un punto de inflexión, que popularizó la lucha por el derecho al aborto, y la sacó de los espacios de resistencia de las feministas de clase media, intelectuales y académicas que eran quienes venían sosteniendo la demanda. Desde ese momento, comienzan también a profundizarse otras aristas de la problemática de la salud reproductiva: se hace fuerte el reclamo por educación sexual integral en las escuelas y anticoncepción gratuita descentralizada, como mecanismos fundamentales para proteger la salud de las mujeres.
También respecto de estas demandas se han dado pasos importantes en los últimos años. Uno de ellos es la promulgación en 2009 de la Ley 26.150 que instituye el lanzamiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, diseñado para transformar la forma insegura y discriminatoria en que hoy se abordan estas temáticas en el ámbito educativo. Sin embargo, una vez más, las trabas para la implementación no se hacen esperar. En las provincias en que la Iglesia Católica y los sectores conservadores tienen mayor capacidad de maniobra, la implementación no termina de hacerse efectiva. No obstante, respecto al acceso al aborto legal, este último año se dio un paso muy importante. El arriba mencionado proyecto de ley, después de haber perdido estado parlamentario, volvió a ser presentado durante el 2011, y tratado en una primera comisión. (Ver nota “Instalamos el tema y ahora estamos discutiendo una ley”). Al mismo tiempo, lentamente se va avanzando en la construcción de un consenso social que permita avanzar en la sanción de este derecho a pesar de los intereses eclesiásticos y conservadores. Pone incluso al gobierno kirchnerista (del que no realizaremos un análisis profundo porque excede el objetivo de esta nota), en una tensión al interior de su propio armado político.
Igualdad en la diversidad
Por último, y también continuando con las búsquedas por decidir sobre los cuerpos, recordemos que la coyuntura abierta por el 2001, dejó la ventana abierta para que se incorporen nuevos y nuevas protagonistas a la esfera pública. La importancia de pensar en sujetos múltiples que lleven adelante las transformaciones sociales es una concepción tributaria del proceso del 2001, que muestra en la calle protestando por primera vez a cuerpos y subjetividades que otrora permanecían ocultos. Por ello, no es casual que algunos de los ejes que más está trabajando hoy el movimiento de mujeres, junto con el movimiento Lésbico, Gay, Transexual, Travesti, Transgénero, Bisexual e Intersexual (LGTTTBI), es el de las diversas identidades de género y prácticas sexuales disidentes. Este fenómeno está creciendo sobre todo en las generaciones más jóvenes, que se animan a romper con las categorías binarias y con la heteronormatividad heredada.
La sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario en 2010 sin duda fue un avance en términos de derechos y “sacó del closet” a las organizaciones LGTTTBI y puso el debate sobre la igualdad en la diversidad en las mesas de todos los hogares del país. También mostró una enorme cantidad de militantes, activistas, que no se conformaron con poder casarse legalmente sino que empezaron a llevar debates más profundos sobre las distintas formas de vivir la sexualidad y construir relaciones sociales y afectivas que rompan con las hegemónicas. Sin duda, en los últimos años, los y las activistas LGTTTBI empezaron también a llevar estos cuestionamientos a la sociedad y sus organizaciones.
En este sentido, una comunidad que está dando pasos enormes en ese sentido es la conformada por los colectivos trans, que vienen creciendo en visibilidad y articulando demandas, claro ejemplo de ello es la media sanción en Diputados de la Ley de Identidad de Género, obtenida también en 2011 (ver nota “Sin demora, Identidad ahora”). Esta permite a todos los y las ciudadanos/as modificar el nombre y el sexo dispuestos en la documentación sin necesidad de ninguna intervención judicial, ni tratamientos hormonales o quirúrgicos previos. La ley habilita, en uno de sus puntos más importantes, a que estos tratamientos puedan ser realizados a voluntad de la persona interesada, y que los mismos estén contemplados en el Plan Médico Obligatorio, por lo que deberán ser realizados en los sistemas público y privado de salud y en las obras sociales.
Llegados a este punto, es necesario reiterar que estos años de lucha han implicado insoslayables avances para los objetivos estratégicos del movimiento de mujeres, que poniendo sobre el tapete temáticas fundantes del orden social actual, sigue caminando mientras intenta poner en tela de juicio todas las formas de opresión. Los desafíos que restan son múltiples, y a eso nos dedicaremos en la próxima y última entrega de esta seguidilla de artículos.
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