La médica tocoginecóloga e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito, Stella Manzano, analizó el caso de la niña de 13 años revictimizada por el servicio de salud del Hospital de Moreno.
Nuevamente los derechos a la autonomía, la salud y la vida de una niña son negados por médicos/as del sistema público de salud. Una niña de 13 años, cursa en estos momentos un embarazo de 23 semanas –que equivalen a cinco meses y una semana- y todos los médicos y médicas del Hospital Mariano y Luciano de La Vega de Moreno no se lo han realizado ya que se han declarado objetores/as de conciencia. Esto es especialmente grave, porque los tiempos apremian. Sólo antes de las 24 semanas se puede realizar un aborto.
Nuestro Código Penal no pone topes a la edad gestacional. La definición de aborto es para los médicos la expulsión de un feto no viable. Un feto, que no puede vivir por más que se le brinden los mejores cuidados neonatales. En Inglaterra el aborto es legal hasta las 24 semanas; en Bélgica, se prohíbe reanimar fetos de menos de 24 semanas. En lo personal, el bebé más prematuro que vi vivir, tenía 25 semanas. La ley de anencefalia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, prohíbe que las mujeres cuyos fetos son anencefálicos aborten. Les permite el parto más prematuro posible, a las 24 semanas, porque dijeron las y los legisladores que nuestro Código Penal no permite el aborto por malformaciones. Nuestra Constitución admitió varios Tratados de Derechos Humanos en su cuerpo. Uno de ellos es el Convenio para la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW-. Este, dice que las mujeres tenemos el derecho de decidir libre y voluntariamente el número de hijos que deseamos tener. Esta niña no fue embarazada libre ni voluntariamente.
En nuestro país mueren unas 100 mujeres por año por aborto inseguro; pero mueren 200 por año, por complicaciones tardías del embarazo, parto y puerperio. Atendidas en hospitales y clínicas. Las solas cifras nos muestran que están pretendiendo obligar a una niña de 13 años a tomar el camino más riesgoso para su vida y su salud. Se está relegando a esta niña al rol de cosa, de medio para perpetuar la especie. Se la está violando nuevamente, esta vez desde la institución médica.
Al negarle la práctica médica segura, se le está produciendo además un grave daño psíquico. Si el aborto que pide se realiza, se logrará que de nuevo se sienta respetada en su derecho a decidir sobre su vida. Si no, se le está diciendo que cualquier persona puede hacer con ella lo que le plazca. Se le está enseñando que no es merecedora de respeto, por parte de familia ni estado. Se la está educando en la impotencia y la frustración.
La Constitución de nuestro país dice en el art. 19, “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”De este artículo pretenden aferrarse algunos/as médicos/as para declararse objetores de conciencia, pero basta leerlo para ver que tal derecho no existe en este caso. Están perjudicando a un tercero que es la niña. Impidiéndole acceder a un servicio de salud que precisa en forma urgente. Atentan contra su autonomía, su salud, su vida, y contra sus derechos sexuales y reproductivos.
En el año 2010, poco tiempo después del caso F.A.L., que finalizó con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2012, tuvimos un caso similar a este en Chubut. La niña llegó al hospital con la misma edad gestacional que esta niña de Moreno, para cuando al Cámara Penal dictaminó que el aborto era su derecho y las médicas debíamos decidir si aún se estaba a tiempo. Realicé ese aborto, porque los fetos de 23 semanas no son viables. Los fetos de esta edad aún no se han desarrollado como para ser capaces de vida independiente fuera del útero.
Las y los médicos debemos respetar varios principios éticos. El primero, el de la autonomía del/la paciente. Incluso, cuando pensemos que lo que deciden no es lo más conveniente para sí mismos/as. No podemos obligar a nadie a transfundirse, aunque esto le ocasione la muerte, por ejemplo. En este caso hay una niña que pide por su salud y por su futuro como persona. El segundo, la de beneficencia y no maledicencia. Esto implica hacer lo mejor para la paciente, a la luz del conocimiento actual. En esta caso, elegir el camino menos riesgoso para esta niña, es realizar el aborto que pide. El tercero, el de justicia. Implica asegurar el acceso de todas las personas a la salud. Los/as médicos/as de Moreno están violando los cuatro principios bioéticos juntos.
Como funcionarios del Estado, las y los médicos somos parte de un engranaje que debe garantizar los derechos humanos más básicos a las personas como lo son el acceso a la salud y la vida. Si un médico piensa que sus “valores morales” valen más que la vida y salud de una niña, me parece que se equivocó de profesión.
Como reflexión final, tenemos que terminar con el negocio clandestino del aborto que mueve millones. Si esta criatura hubiera podido pagar 25 mil pesos, este caso no estaría en los medios. Lo mismo ocurrió con la vieja ley de ligadura tubaria por causal de riesgo de enfermar o morir en embarazos futuros. Sólo se ligaban las trompas quienes podían pagar dinero extra al médico. Y no había ningún embrión o feto en el medio. Era un gran negocio clandestino que excluía a las más pobres, a las más vulnerables.
Ya es hora de que el estado comience a sancionar a los médicos y médicas que no respetan la ley. No existe objeción de conciencia permitida para atender a ningún paciente varón, aunque elija morir. No puede haberla contra una niña, digna de los mayores cuidados, precisamente por su condición de tal. Es hora que el Estado nos asegure a las mujeres nuestro derecho a la salud en igualdad de condiciones que a los hombres y a una vida libre de violencias, tanto familiar como institucional.