Por Laura Salomé Canteros. Yanina González es una joven con retraso madurativo que desde hace un año se encuentra privada de su libertad en la Unidad 33 de Los Hornos. Víctima de violencias, declaró que su pareja Alejandro Fernández asesinó a golpes a su hija. Sin embargo, la Justicia le dictó prisión preventiva por abandono de persona.
Ser mujeres, madres, jóvenes y pobres en el Conurbano es una condena. Pero ser además víctimas de violencias y ser encarceladas por integrantes de instituciones que se crearon para defenderlas; estando embarazadas y sin derecho a un justo proceso, constituye un abuso de la Justicia, una omisión del Estado y una violación a los Derechos Humanos.
Yanina González es una joven de 23 años que se encuentra privada de su libertad desde el 17 de agosto de 2013. Primero fue detenida en la Comisaría de la Mujer de Del Viso, en el noroeste del Conurbano bonaerense, y desde el 21 de agosto de 2013 a la actualidad se encuentra cautiva en la Unidad 33 de Los Hornos, La Plata. Fue víctima de violencia de género y sufrió el asesinato de su hija de dos años presuntamente a manos de su concubino, Alejandro Fernández, quien jamás fue detenido por el hecho.
Yanina tiene un retraso madurativo que le dificulta comprender la situación de discriminación y abuso institucional que está atravesando y paradójicamente fue detenida por la Fiscalía de Violencia de Género de Pte. Derqui, del Partido de Pilar a cargo de Carolina Carballido Calatayud. Fue acusada por el asesinato de su hija y se le instruyeron actuaciones por abandono de persona acusándola de “no ser garante de los derechos de la niña”, quien según la autopsia fue muerta por “paro cardiorrespiratorio traumático y secundario a un traumatismo de cráneo encefálico y toráxico”.
Discriminación judicial y un contexto de vulnerabilidad innegable
Para la abogada, Gabriela Conder, integrante de la Gremial de Abogados, y quien representa a Yanina González desde febrero de este año, este es un caso de clara discriminación por razones de género y clase; afirma que “no puede haber abandono de persona cuando Yanina misma era víctima de violencias y quien llevaba al médico a su hija cuando era golpeada por su pareja Fernández”. Cuenta además que la fiscal Carballido Calatayud determinó haber finalizado la investigación y decidió llevar a la joven a juicio ignorando su vulnerabilidad y acusándola de un delito “de omisión” –como lo es el abandono de persona- cuando debió investigar “uno de acción” –el homicidio calificado-.
“El juez de la causa, Nicolás Ceballos, ahora dice que Yanina puso en peligro a su hija; o sea, por un lado admite el contexto de violencia de género de la que eran víctimas pero por el otro pretende poner a Yanina como culpable de la muerte de la niña” relata Conder, quien además expone que, a pesar de que la joven declaró en la causa contando como fueron los hechos que terminaron con la vida de su hija señalando a Alejandro Fernández como el asesino, su testimonio no fue tenido en cuenta. “Se ignoraron (además) declaraciones de una vecina que fue ex pareja de Fernández y que lo denunció por violencia de género” y agrega en forma determinante, “el retraso madurativo de Yanina no le permite fabular y eso consta en las pericias psicológicas”.
“Yanina -como tantas mujeres- padeció toda la vida humillación, desprecio, hostigamiento, todo tipo de violencia y abandono de su familia. Estos y otros factores le impidieron evaluar y dimensionar lo que iba sucediendo ante sus ojos y sobre su cuerpo; provocándole un estado de parálisis que le impidió hacer lo necesario para salvar la vida de su hija y cuidar de sí misma. El sistema que la exprime fue desde siempre indiferente con ella, y hoy la condena por ser mujer, pobre, marginal y analfabeta” relata Cecilia Raspeño, educadora integrante del Centro Comunitario juvenil Gallo Rojo, del B° Obligado de San Miguel, en la Red El Encuentro y el Colectivo permanente de Lucha por las mujeres perseguidas, refugiadas, procesadas y presas.
“Resulta tragicómico saber que se la acusó oficialmente de no ser garante de los derechos de su niña, mientras que ella vivía violencia sistemática, tortura cotidiana continua y estaba en un estado de mayor vulnerabilidad por su embarazo” relata Cecilia, quien además cuenta que algunas de las integrantes de Gallo Rojo fueron amenazadas luego de declarar en la causa en favor de Yanina. Ellas conocen bien su historia, no el caso, la historia de vida ya que desde 2007 Yanina participaba de las actividades del Centro Comunitario en el espacio de mujeres; y por eso, no dudan de enmarcarla dentro de la violencia de género de la que era víctima en manos de por lo menos una de sus ex parejas.
Por qué Yanina debería estar libre
Yanina González fue encarcelada estando embarazada y sin tener plena conciencia del delito que le era atribuido. Hoy pasa sus días en el penal junto a su beba de nueve meses. Es una víctima revictimizada por las y los integrantes de las instituciones judiciales y penales que lejos de protegerla de las violencias que sufría a diario decidió privarla de su libertad. El acto delictivo acaecido, el asesinato a golpes de su hija de dos años, presuntamente en manos de su pareja Alejandro Fernández, podría haber sido investigado como femicidio vinculado, según lo indica el inciso 12 del artículo 80 del Código Penal de condena a quien asesina “con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación” en un contexto de hogar violento, sin embargo la Fiscalía especializada en Violencia de Género que debió actuar parece desconocerlo. Durante la etapa de investigación no se indagó además en líneas alternativas para la determinación del autor del hecho, por lo que a Yanina se le dicto la prisión preventiva sin gozar de una morigeración de pena ni prisión domiciliaria.
Según un informe de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) publicado a fines del año pasado, tres de cada cuatro personas en nuestro país están privadas de su libertad sin condena, y entre ellas el colectivo de mujeres, el más vulnerado ya que solo el 38% de ellas están privadas de su libertad sin condena. Las mujeres, además, constituyen el colectivo que más ha crecido en los últimos años dentro de los penales y la niñez encarcelada, una triste tendencia a partir de la negación de las prisiones domiciliarias producto de la lenta capacitación de operadores y operadoras de justicia en leyes con perspectiva de géneros y derechos humanos.
Por eso, es importante no analizar en forma escindida las actuaciones de la corporación judicial -que responde en forma lógica a un orden heteropatriarcal- y un sistema de encierro en los penales -y comisarías- que en todo el país y Nuestra América usa la encarcelación sin condena como forma de castigo a quienes se encuentran indefensas/os frente a la discriminación y/o criminalización de la pobreza. No hace falta decir que, entre las personas vulneradas, las mujeres son de las que más lo sufren, mucho menos que esto no solo es anticonstitucional sino que constituye violencia institucional.
Ante la falta de acción de la Justicia, escrache
En marzo de este año, Yanina González prestó declaración indagatoria en el Juzgado N°6 de Garantías de San Isidro a cargo de Nicolás Ceballos acompañada de su abogada Gabriela Conder. En esa instancia, la letrada exigió su absolución por la falta de respaldo probatorio de la imputación o la morigeración de la pena hasta tanto se disponga su sobreseimiento o absolución o se arribe a una condena. Al ser negadas, en el día de la fecha, Conder pedirá la inmediata excarcelación y la anulación de la prisión preventiva contra Yanina González ante la Cámara de Apelaciones.
“En el barrio es uno más uno, si Yanina está presa por la muerte de su hija, para la gente es culpable” dice una de las referentes de Gallo Rojo. Es así. Las sentencias y la pretensión de hegemonía del derecho como disciplina reguladora de las prácticas sociales se cristalizan con fuerza de sentido común. A modo de dolor en el pecho no nos queda más que preguntarnos cómo recuperamos el curso de la vida de Yanina, llena de violencias y ausente de cuidados y libertades.
Debemos como sociedad, y con mayor responsabilidad quienes cumplen funciones públicas, desnaturalizar las asimetrías y desigualdades que conllevan socio- cultural, política y económicamente el hecho de ser mujeres, jóvenes y pobres. Porque para ellas rara vez hay presunción de inocencia, casi nunca legítima defensa y jamás reconocimiento del propio cuerpo para el pleno ejercicio de derechos. No hay legislaciones que las amparen porque la violencia con que el conservadurismo machista actúa para defender sus privilegios se encuentra dentro del sistema.
Hoy a las 11, integrantes de las agrupaciones que acompañan y reclaman la inmediata libertad para Yanina González y el pedido de justicia por el asesinato de su hija, realizarán un escrache a la Fiscalía de Violencia de Género de Presidente Derqui, ubicada en Medrano y San Martín de esa localidad.