Por Fernando Palazzolo. En vísperas de una nueva Marcha Mundial de la Marihuana, el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica organizó las ‘I Jornadas universitarias sobre políticas de drogas y cannabis’ en la Universidad de Quilmes. Una sintésis de la situación en el Río de la Plata.
Los últimos dos días de abril sirvieron para que funcionarios, académicos, activistas y periodistas revitalicen los debates asociados al fenómeno de las drogas ilegales.
Argentina tiene una regulación legal sobre las drogas que data de fines de los 80. En los últimos años los reiterados fallos de diferentes instancias jurídicas dejaron en evidencia lo atrasado de la normativa y lo obsoleto de la política de “guerra contra las drogas”.
Año a año crecientes movilizaciones en las calles del país en reclamo de la despenalización y de la derogación de la Ley 23.737 dan cuenta de una necesidad de revisar políticas de Estado, prácticas punitivas, tratamientos y programas de prevención y reducción de daños, estudios químicos, médicos y biológicos sobre el cannabis, así también como la expansión de mercados ilegales y el crimen organizado.
El marco del encuentro fueron las jornadas organizadas por el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica en la Universidad de Quilmes. El espacio sirvió para el debate de saberes, diagnósticos y posibles reformas de políticas y normativas sobre drogas hasta hoy ilegalizadas. Las tensiones entre crimen organizado y potencial regulación de la producción y el uso de sustancias psicoactivas fue uno de los puntos salientes del encuentro.
Una sintésis sobresaliente de la discusión fue el panel “Río de La Plata: de la despenalización a la regulación”, que contó con las voces del diputado bonaerense de Nuevo Encuentro Marcelo Saín, el diputado uruguayo del Frente Amplio Sebastián Sabini y el juez federal platense César Alvarez.
Regulación del cannabis en Uruguay
Sabini presentó la iniciativa de regulación de la producción y tenencia de cannabis en Uruguay -país que formalmente no penaliza el uso pero que tiene presos por tenencia-. A partir de los conceptos esbozados por el presidente Mujica en 2012, que nacieron como respuesta a una propuesta legislativa que buscaba aumentar las penas por tenencia de drogas, el Parlamento del país vecino está avanzando en la discusión.
El legislador señaló que el proyecto busca combatir el narcotráfico, que en Uruguay está fuertemente asociado al cannabis, y destacó que la propuesta se sustenta en el doble objetivo de no demonizar a los usuarios y al mismo tiempo no sacralizar y mucho menos hacer apología.
Según explicó, la política de regulación del tabaco gestada bajo estos principios tuvo éxito, pues la percepción de riesgo aumentó y el uso descendió. Uno de los puntos cuestionados del proyecto es la cantidad que se permite poseer o cultivar, que está fijada en 40 gramos para la tenencia en la vía pública y seis plantas (que sean psicoactivas) para el autocultivo. Las cantidades, indicó Sabini, son arbitrarias y tienen una función principalmente pedagógica, dado que se reconoce que cada usuario tiene sus propios límites de tolerancia. Para quienes no vean satisfechas sus necesidades con estas cantidades, se prevé la organización de clubes cannábicos. Para quienes no puedan poner un límite a su consumo, y en correspondencia con los reclamos que hacen organizaciones, activistas y funcionarios en Argentina, el Estado se reorganizará para dar una respuesta sanitaria, nunca penal.
Regulación del estado ilegal
Saín partió desde la distinción entre intervención penal para el narcotráfico e intervención sanitaria para el uso, con el fin de apuntar que la cuestión de usos de drogas no es un tema de seguridad pública, como se ha practicado hasta hoy.
“De todas formas la importancia de la despenalización de la tenencia para consumo radica en que reconfigura el rol del Estado en la materia”. Para el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las estrategias securitarias deben apuntar a los mercados ilegales y a quebrar la relación entre Estado legal y crimen organizado. Mientras aumentan los pedidos de seguridad ante crímenes dolosos, robos y hurtos, se desarrolla el crecimiento y la estructuración de los mercados ilegales basados en el tráfico de personas, de drogas y de autopartes.
Saín destacó que aunque el debate por la despenalización no es un tema de seguridad pública, dado que se trata de acciones privadas de las personas -punto sobre el que se extendió el juez de apelaciones César Álvarez-, pone de relieve el desconocimiento que tiene el Estado para tratar el crimen organizado, siendo así un puntapié estratégico para generar discusiones sistémicas sobre fuerzas de seguridad y mercados ilegales en Argentina.
“Nuestro país -recordó Saín- no cuenta con un organismo federal de control del crimen organizado”. Hasta el momento las pautas y políticas de drogas, tanto en Argentina como en la región, han sido planificadas -e incluso ejecutadas y financiadas- por el Departamento Antinarcóticos Estadounidense (DEA).
En concordancia con las denuncias que realiza hace años, Saín destacó la imposibilidad de modificar el escenario de la seguridad si no se ejecutan cambios de fondo en la organización, formación y control de las fuerzas policiales. La protección y el control territorial por parte de las policías son variables ineludibles para entender el desarrollo de redes criminales.
Al contrario de lo que promulgan algunas corrientes teóricas y políticas, sobre todo estadounidenses, Saín sostuvo que el crimen organizado no crece donde hay vacíos de Estado, sino justamente donde hay una organización con capacidad de regular la circulación de bienes y personas a través del control de la espacialidad: la policía. Una policía con tres poderes -la posibilidad de no aplicar la norma, el monopolio de la violencia ilegal efectiva y el monopolio de la invisibilización burocrática- que tiene como objetivos el control del crimen, la apropiación de parte de la rentabilidad de estos mercados y el autofinanciamiento.
Un punto aparte ameritó la agitada situación que vive Rosario con el aumento del narcotráfico, donde creció el financiamiento de algunos grupos criminales (porque al producir cocaína en la ciudad mejoran la cantidad y la calidad de la sustancia y sus derivados y crecen los ingresos) logrando una competencia de fuego con las fuerzas de seguridad provinciales y, sobre todo, una función social muy polémica pero innegable: la inclusión de los pibes de los barrios en los mercados ilegales, lo que supone el acceso a bienes materiales y simbólicos nada desestimables para los excluidos de siempre.