Por Laura Zapata*, Sergio Litrenta** y Lorena Salazar***
La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno.
Los “pobres” no llegan a la “universidad” afirmó hace pocos días María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, el distrito más rico, más grande, más habitado y más importante políticamente de Argentina. ¿Cuál es la razón de ser de las “universidades públicas” que pueblan la provincia de Buenos Aires?, preguntó retóricamente la gobernadora a su auditorio. Miles de voces desde todos los rincones del país le respondieron: egresados/as, docentes, estudiantes universitarios/as, además de investigadores/as y científicos/as relataron en primera persona el esfuerzo que realizaron sus padres, madres, hermanos/as, abuelos/as y ellos/as mismos/as para poder, durante al menos cinco años, cursar una carrera universitaria, muchas veces en condiciones de punzante pobreza material.
Las ideas que dan origen a las expresiones de la gobernadora muestran el desprecio que Cambiemos manifiesta por la cuestión social y la educación pública entre otras. Pero más sorprendente que este desdén, es la ignorancia que revelan estos dichos respecto de dos cuestiones. Primero, la gobernadora manifiesta desconocer el lugar histórico que la universidad pública ha ocupado en el país, precisamente, en los últimos cien años, con su centenaria tradición reformista iniciada con la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba. Segundo, también, revelan una rudimentaria percepción del lugar estratégico que la educación universitaria ha ocupado en la constitución de la dinámica de la estructura social argentina durante buena parte del siglo XX y en las primeras dos décadas del siglo XXI, posibilitando no sólo la movilidad social de amplios sectores sociales sino la propia constitución de unidades sociales eventualmente politizables como son las “clases medias”, la “juventud” y el “progresismo” urbano.
Teniendo en cuenta la rudimentaria visión que de la cuestión universitaria revela la gobernadora, nos proponemos aquí hacer una contribución en pos de su “educación” y por su intermedio, revelar y hacer comprensible para nosotros/as mismos/as las condiciones sociales que hacen posibles los agravios que ha recibido la universidad pública y las personas que “nacen en la pobreza”. Quizá por medio de este ejercicio develemos también por qué es importante “el regreso por la universidad” que practican hace algunos años algunos grupos sociales.
Suele atribuirse a la “Generación de 1837” la constitución de la nación argentina en un movimiento ideológico y político que culminó hacia fines del siglo XIX, con el sangriento establecimiento de fronteras territoriales fijas, logrado a expensas de la vida de los pueblos indígenas que aún hoy claman por reconocimiento del genocidio perpetrado y la devolución de sus tierras. No obstante, la generación de 1880 apenas estableció las condiciones mínimas indispensables para la existencia de una estructura administrativa a la que podía llamarse “Estado nacional”. Una parte de la elite local pretendía, por medio del control estatal, organizar a las masas informes (conformadas por negros, indígenas, criollos, mestizos e inmigrantes europeos) que habitaban estos territorios, que no terminaban por reconocerse como “argentinos”.
Precisamente, la Reforma Universitaria de 1918, que demandaba libertad de cátedra, co-gobierno universitario con participación estudiantil y autonomía para una educación pública, operó como un mecanismo central de construcción de una base cultural mínima para la emergencia y práctica de la “ciudadanía” y para la aparición de la imprescindible “sociedad civil” en un país que se pretendía moderno, es decir republicano y democrático. En otras palabras, la universidad reformista de la década de 1920 sentó las bases para la formación de la ciudadanía argentina que se desarrolló y cobró densidad política en las siguientes décadas, incluyendo el fenómeno peronista y los sucesivos golpes de estado que se sucedieron entre 1955 y 1976.
El hecho de que el “mundo universitario” de la reforma del ‘18 fuera gestado en el contexto del funcionamiento masivo de las políticas inmigratorias que promovían la radicación en el país de población blanca proveniente de Europa no es un dato menor. Buena parte de los hijos de inmigrantes llegados a la Argentina entre fines del siglo XIX y 1930 -año en que se interrumpe el afluente de contingentes europeos hasta su reactivación en 1947- fueron educados y argentinizados no sólo en la escuela sino en la universidad pública reformista, que los proveía de títulos profesionales que posibilitaba su movilidad social y, tanto o más importante que esto: les proveía de orientaciones culturales y políticas más generales.
Las luchas que el movimiento estudiantil y los diferentes claustros y autoridades universitarios libraron entre 1955 y 1958 en contra de la disposición estatal que autorizaba la creación de universidades privadas, cobra significación vital cuando pensamos la trayectoria universitaria que define la identidad política de la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires: egresada 1998 de la licenciatura en Ciencias Políticas que cursó en la Universidad Católica Argentina (UCA), creada precisamente en 1958 cuando el entonces presidente de la nación Arturo Frondizi autorizó su existencia.
La agitación política que vivió la universidad en las década de 1960 y 1970, su rol en el establecimiento de puentes entre las clases medias, los sectores populares y los pueblos indígenas en las últimas décadas del siglo XX y comienzos del siglo XXI, se dieron al calor de las intervenciones políticas, las expulsiones masivas de profesores/as y retaceo presupuestario. Lejos de minar las bases de su existencia, fueron precisamente estas vicisitudes las que forjaron la vida intensa de que se nutre el mundo universitario en el país.
La masificación universitaria de las últimas décadas del siglo XX es paralela a dos fenómenos: primero, la instalación en la imaginación ciudadana de un principio igualitario que hace deseable el acceso universal a la educación universitaria y el conocimiento (científico); segundo, la presión ejercida por el principio mercantil para subsumir la educación y la ciencia como bienes pasibles de operaciones individuales de compra y venta en el mercado de acuerdo a la capacidad económica de la persona y su familia. Se trata de formas de privatización de la educación universitaria y de los mecanismos de movilidad social y transformación política que le están asociados.
Nos parece que hemos diseñado el contexto histórico que se hace comprensible los agravios que dirigió la gobernadora Vidal a la universidad pública: su origen social, su formación profesional y sus orientaciones culturales y políticas han sido históricamente gestadas al interior de un campo de fuerza que atraviesa las relaciones de poder en Argentina desde fines de la década de 1950. En estas décadas las instituciones estatales, especialmente la educación pública que posibilitan amplios procesos de transformación, sufrieron la acción directa de fuerzas sociales que se ciernen sobre ellas como si constituyeran un “botín de guerra”. En función de estos antecedentes constatamos que la gobernadora “sabe” que los pobres han llegado hace varios años a las universidades; lo que desconoce, sin embargo, es otra cosa. El hecho de que las personas nacidas en la pobreza lleguen “a” la universidad diseña un delicado escenario. Aunque puedan hacerse estimaciones aproximativas en función de otros antecedentes históricos, las consecuencias sociales, culturales y políticas de este fenómeno son, de hecho, impredecibles, especialmente en los distritos del inquietante Conurbano Bonaerense (Hurlingham, Moreno, Avellaneda, Florencio Varela, por nombrar solo algunos distritos comprometidos).
Nadie sabe a ciencia cierta qué prácticas culturales e ideológicas se verán transformadas y qué procesos identitarios y políticos serán gestados a la luz del proceso de formación universitaria en ciernes. La fuerza y solidaridad interclase e interétnica que, en algunas ocasiones, promueve la categoría “primera generación de estudiantes universitarios”, genera ansiedad política en las autoridades de este sector de la provincia de Buenos Aires, no sólo de parte de la abrumada gobernadora Vidal, que recurre al insulto para acallar sus temores.
La llegada a la universidad por parte de una fracción social antes excluida de sus aulas puede, eventualmente, transformarse en una lucha por la educación superior. Aquí la ignorancia que expresa la gobernadora Vidal se transforma en expresión de deseo y proyecto de gobierno: obturar las formas de acceso a los mecanismos de movilidad social e interrumpir la conformación de unidades de acción políticas generalizables.
¿Será que la Universidad pública puede ayudar a diseñar el camino por el cual los/as expoliados/as de la vida, del pan y de la dignidad, regresarán por lo que les fue una y otra vez arrebatado? En ello, nosotros/as, ciframos nuestros sueños y nuestros días.
Nota relacionada: PROyecto educativo: Que estudien lo que puedan estudiar
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*UNPAZ – CAS/IDES
**UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN-IDAES;
*** UNIVERSIDAD GENERAL SARMIENTO-IDES-.
El presente texto surgió del trabajo mancomunicado que desarrollamos en el Grupo de estudio y trabajo sobre indigenismo, indianidad y memoria indígena (GEIIMI) del Centro de Antropología Social (CAS), Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Agradecemos a Fernando Cabrera, Carolina Rodríguez y Carolina Espinosa, miembros del GEIIMI, por su colaboración para mejorar las ideas aquí compartidas.