Por Francisco J Cantamutto. En la misma semana, el gobierno se anotó dos victorias en órganos legislativos: se aprobaron la ley de pago soberano en la Argentina y la iniciativa para crear un marco regulatorio en la ONU.
Luego de mucha confrontación verbal pero poco fuego real, la semana termina con dos victorias para el kirchnerismo. El miércoles pasado, se aprobó por 134 votos a favor la ley de “pago soberano” que envió al Congreso para destrabar los pagos a los fondos buitres. La ley implica dos cambios relevantes: el agente fiduciario y la jurisdicción de aplicación. Por el primero, habilita como agente de pago al Nación Fideicomisos, desplazando al Bank of New York Mellon (BoNY). Este cambio y el de jurisdicción (se puede aplicar la ley argentina o francesa) son formas de escapar a las acciones del juez Thomas Griesa, actualmente perdido en las demandas de los holdouts. El gobierno ya prometió el depósito de 539 millones de dólares para los pagos de fin de mes.
Alcances y alianzas
La nueva ley habilita a canjear los bonos por nuevos títulos en idénticas condiciones a las anteriores, sólo que con nuevos agente de pago y ley de aplicación. La posibilidad de usar jurisdicción francesa fue una sugerencia del Frente Renovador que el proyecto oficial aceptó, lo que demuestra las escasas diferencias que separan a ambas fuerzas políticas. Estos cambios son a elección de los bonistas, por lo que no hay imposición alguna. De hecho, la posibilidad de cobrar con mayor celeridad ya ha generado interés en fondos de inversión extranjeros como Fintech, Quantum o Hyman Capital, así como el representante de bonistas italianos, Nicola Stock.
El mismo Griesa no pudo responder a los holdouts, y no declaró al país en desacato (figura jurídica que sería completamente novedosa).
Es que los bonistas afectados son agentes de finanzas igual que la empresa que dirige Paul Singer. El gobierno, sin muchas sutilezas, parece haber bregado por una nueva distinción defensiva: habría un neoliberalismo bueno –representado por los especuladores que aceptan cobrar– y un neoliberalismo malo –representado por los especuladores que quieren cobrar más–. Esta distinción es un retroceso político para el propio kirchnerismo, que ya ni en lo discursivo puede despegarse por completo del neoliberalismo. Las intenciones del gobierno, según el ministro de Economía, Axel Kicillof, es “demostrarle a Paul Singer, a los legisladores norteamericanos y al mundo entero que la Argentina tiene voluntad de pago”.
Y claro que ante semejante voluntad inquebrantable de pago, la oposición patronal encuentra problemas para oponerse. Por eso la diputada Elisa Carrió tuvo que retirarse del Congreso: el Frente Renovador propuso un proyecto casi idéntico que sirvió de inspiración. La UCR aprovechó para contrariar alegando “fallas técnicas” nunca bien especificadas. El FA-UNEN votó absteniéndose, rechazando y retirándose. El PRO fue el único que sostuvo que había que pagar cuanto antes, demostrando la irrealidad de sus propuestas: pretender pagar es declarar un default total, porque los fondos del país no son suficientes. El Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) y Unidad Popular (Claudio Lozano) fueron los únicos que denunciaron la ilegalidad de la deuda, y propusieron suspender todos los pagos, y forzar los cambios en lugar de darles a elegir a los especuladores. Estas últimas fueron las demandas populares de 2001, de la consulta que realizó la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) en 2003, del “No al ALCA” en 2005: nunca se demandó pagar. El gobierno, negándose a revisar la deuda, con el envío de este proyecto, logró implicar al Congreso en los fraudes cometidos en los canjes de 2005 y 2010.
La mirada internacional
En el ámbito externo, mientras tanto, el kirchnerismo se anotó una acción mediática que puso contentos a los propios. Logró que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobara promover un marco regulatorio internacional para la reestructuración de deudas soberanas. Es decir, regular la interacción de los Estados con el sistema financiero internacional. Aún está por verse si se tratará de una convención –de mayor peso de obligatoriedad–, directivas o leyes modelo, pero quedó determinada la voluntad de avanzar en jurisprudencia. Esta medida no cambiará en nada la situación actual con los holdouts, pero le genera al gobierno cierto reconocimiento externo frente a la oposición patronal que busca representarlo aislado del mundo.
La votación se saldó por 124 países a favor, que incluyeron el voto del gran agrupamiento del G-77 más China, y a la mayor parte de América Latina. 41 países se abstuvieron (México fue uno de ellos) y 11 votaron en contra, entre los que estaban los principales centros imperialistas del capital financiero: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón. Sitiados por la presión del capital financiero mundial que representan, sus gobiernos permitieron que la propuesta prosperara sin necesidad de involucrarse de modo directo: avanzar sin mancharse.
La representante alterna de Estados Unidos ante el Consejo Económico y Social de la ONU, Terri Robi, alegó que el mecanismo generaba incertidumbre y un mayor costo financiero. Sin embargo, gran parte de los think tanks neoliberales de ese país están alegando a favor de un mecanismo de coordinación financiero que, controlando a los fondos de inversión más arriesgados (los buitres), permita a todo el sistema de finanzas hacer sus jugosos negocios. En marzo de 2000, se entregó ante el Congreso el informe Meltzer, que evaluaba el sistema financiero internacional y el rol de los organismos multilaterales, y abonaba a la idea de que la figura de un prestamista de última instancia generaba un comportamiento de “riesgo moral” que inducía a los países a endeudarse irresponsablemente.
El corolario era que el FMI debía abandonar la función de prestamista de última instancia para pasar a cumplir sólo la de auditor o coordinador. Esta recomendación fue impulsada por la ultraliberal Anne Krueger dentro del organismo y por George Bush desde el gobierno en tiempos del canje. Es lo mismo que hoy reclama Obama: que el FMI sea una suerte de juez (y parte) en un mecanismo similar a una convocatoria de acreedores. La capacidad de control de Estados Unidos en el FMI es mayor que el que tiene en la ONU. Y tal es el límite de su desacuerdo.
El gobierno no deja de insistir que la suya es una cruzada por el pago de la deuda. No hay siquiera un enfrentamiento verbal con el depredador mundo de las finanzas, sino sólo con una minúscula fracción. En esta perspectiva estarían defendiendo el “buen” neoliberalismo, a diferencia de la oposición patronal que sostiene un “mal” neoliberalismo. Pero la salida al problema de la deuda no es ningún neoliberalismo: hay que cortar las amarras que sujetan el país a la dependencia.