Por Laura Salomé Canteros. El 28 de septiembre es el día de acción por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, región en la que siete países aun lo penalizan en todas sus formas. Sin importar riesgo en la salud ni violencias, en El Salvador, 17 mujeres han sido condenadas a entre 30 y 40 años de prisión por decidir sobre sus propios cuerpos.
“Las 17” abortaron y fueron presas. Porque en El Salvador la decisión autonómica de interrumpir una gestación se paga con la cárcel para las mujeres. De hecho, hasta la sola sospecha las puede llevar a perder su libertad, eufemismo utópico, para quienes no gozaron ni de derechos sobre sus cuerpos ni de garantías para el acceso a la salud integral.
Desde abril de este año, la campaña internacional por la liberación de “Las 17” exige a la Asamblea Legislativa de El Salvador el indulto de mujeres, que en diferentes circunstancias, sufrieron complicaciones obstétricas y perdieron el embarazo y que fueron acusadas por homicidio agravado, exponiendo el carácter absurdo de legislaciones conservadoras que no respetan Derechos Sexuales y Reproductivos ni Tratados Internacionales.
“´Las 17´ son mujeres que han vivido y viven en situación de pobreza. La mayoría tuvieron problemas obstétricos en algún momento del proceso de gestación, sufrieron pérdidas del embarazo o experimentaron partos sin asistencia sanitaria ni médica. Llegaron desangrándose en busca de ayuda a establecimientos públicos de salud y, desde allí, las denunciaron, las procesaron y condenaron por homicidio agravado, obligándolas a transitar del hospital a la cárcel” relatan las integrantes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico.
“La realidad de ´Las 17´ es el reflejo de la violación de los derechos reproductivos de las mujeres, pone en evidencia que nuestro país no ha respondido positivamente a numerosas recomendaciones de Organismos Internacionales sobre la necesidad de revisar la legislación penal en materia de aborto, así como la necesidad de superar la violencia de Estado que significa encarcelar a mujeres desde las salas de emergencia hospitalaria” agregan. “Ninguna de ´Las 17´ ha sido condenada mediante pruebas directas (…). Muchos de sus expedientes muestran errores judiciales al debido proceso y peritajes forenses plagados de interpretaciones y discriminaciones” concluyen.
En 1998 una reforma al Código Procesal Penal de El Salvador endureció las penas que castigan el aborto prohibiéndolo en todas sus formas, tipificación a la que además se le puede agregar la de homicidio agravado con privaciones de libertad de entre 30 y 50 años. Según las agrupaciones que están activando por la libertad de “Las 17”, hay en el país más de 100 mujeres en las mismas condiciones, muchas sin sentencia firme y con claros argumentos discriminatorios.
Las mujeres no somos mártires
El caso de “Beatriz” fue paradigmático. Desde todos los países del mundo se reclamó la realización del aborto a esta mujer, una humilde campesina de 22 años, a quien en abril pasado la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador rechazó su solicitud de aborto, obligándola a continuar con una gestación que la podría haber matado a pesar de haber comunicado que padece lupus, una enfermedad renal y que el feto era anencefálico.
Por más de 80 días la exposición de su historia, la violenta judicialización, el abuso del poder del Estado -y sus poderes machofascistas- y la revictimización cayeron sobre “Beatriz”, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a su favor permitiendo que se le practicara una cesárea, operación que permitió que las y los efectores de salud que intervinieron no fueran procesados. Es por esto que, en mayo pasado, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU determinó que la penalización absoluta del aborto en El Salvador viola los derechos humanos de las mujeres y le exigió a ese Estado que revisara y reformara las leyes extremas de criminalización.
Pero El Salvador no es el único país con legislación conservadora y restrictiva en América Latina y el Caribe. Otros seis países penalizan en todas sus formas –y no reconocen- el derecho de las mujeres a un aborto libre, seguro y gratuito. Chile, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam también persiguen, judicializan y criminalizan no solo a las mujeres que deciden en clandestinidad la interrupción de sus embarazos sino también a aquellas para las que el aborto es una práctica para salvar sus vidas o porque las gestaciones son producto de la violencia sexual.
Cuestionar el poder de las estadísticas
Según cifras del Instituto Alan Guttmacher; la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Grupo de Información en Reproducción Elegida, seis mil mujeres mueren al año debido a complicaciones de abortos en América Latina y el Caribe. La cifra anual de abortos que se practican en Brasil, Colombia, México, Perú y República Dominicana asciende a 2.8 millones y en toda la región llega a más de cuatro millones.
Si bien las estadísticas permiten otorgar a las y los integrantes de gobiernos, de los poderes representativos de las prácticas democráticas, y a quienes tienen entre sus responsabilidades la generación de políticas públicas de salud tener un panorama global; así sea una sola la mujer la que decidiera la interrupción voluntaria de su embarazo y en esa decisión se reivindicara un acto político, no debería ser ni perseguida, ni señalada y/o criminalizada por los Estados que, por el contrario, deberían legalmente reconocer su derecho y reglamentarlo ante el sistema de salud.
Pero el poder y la hegemonía machistas reaccionan obstruyendo accesos o retrasando la efectividad de las políticas de salud para las mujeres; quienes integran los gobiernos y los parlamentos permanecen inmutables en clara omisión de sus responsabilidades institucionales y no tratan leyes de amplio consenso social. Las corporaciones médica y judicial se debaten entre el dilema de la persecución penal, la falsa moral y la tiranía.
Ante esto y la proximidad de un nuevo 28 de septiembre, el aborto, sigue constituyendo una de las deudas de las democracias latinoamericanas para con las mujeres.