Por Agustin Bontempo. El acuerdo tácito de las gestiones de Ciudad y Nación en el desalojo del barrio Papa Francisco. Los medios de la corpo y del oficialismo acompañaron la decisión política. Cuando se dan la mano los funcionarios, los de abajo la pagan una vez más.
Ya es de público conocimiento lo acontecido en el barrio Papa Francisco, ubicado en la zona de Villa Lugano. Lo que no es tan conocido es el trasfondo político. Los intereses del gobierno de la ciudad de Buenos Aires así como también del gobierno nacional. Tampoco es un dato menor el rol que cumplieron los medios masivos para justificar lo que fue, a todas luces, una infundada represión y posterior desalojo.
Las gestiones de los gobiernos de Nación y Ciudad se pusieron de acuerdo para reprimir. Medios oficialistas y opositores se pusieron de acuerdo para encubrir. La mesa está servida.
Hagamos un recorrido. La ciudad de Buenos Aires cuenta con un déficit habitacional estremecedor. El %26 de las viviendas formales en la capital porteña están en desuso. Es decir, de cada 100 viviendas, 26 están vacías. Esto no ocurre casualmente, sino que es producto de la concentración empresaria del negocio inmobiliario, la inexistencia de una ley de alquileres que este destinada a los sectores populares, mucho menos créditos accesibles.
Partiendo de esta base, antes que pensar en los “ocupas” o en los villeros que no cuentan con vivienda digna, habría que pensar concretamente cuál es el delito.
El Artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. Para ello: “Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con situaciones especiales de escasos recursos”. Con este antecedente, en el año 1998 se aprueba la Ley 148, que da encuadre legal a la necesidad de urbanización de las villas. Sin embargo, ambas reglamentaciones, así como la Ley 1770/05 de urbanización de Villa 20, lindera a Papa Francisco, no se cumplen. Por lo tanto, pensar que el delito es de los trabajadores y trabajadoras, de los niños y ancianos que luchan por un derecho constitucional, es objetivamente equivocado.
Por el contrario, en los últimos años, tanto los legisladores del kirchnerismo como los del Pro, acordaron leyes como la de IRSA (detenida por la lucha popular) o el Plan Maestro de la Comuna 8. Asimismo, hubo acuerdos en diversas políticas que claramente no avanzaban en darle solución al problema habitacional en la Ciudad, siendo la ausencia del Estado en los barrios el estandarte por excelencia.
De esta manera llegamos al mes de marzo de este año, cuando los terrenos de Pola y Cruz fueron tomados por la necesidad de la dignidad. Manipulación mediática por medio, estos meses fueron de estigma y resistencia. Hubo avasallamientos y lucha. Pero finalmente, el sábado 23 de agosto quedará en la historia como una marca imborrable.
Era la madrugada de la jornada y las fuerzas represivas del Estado (Policía Metropolitana, Policía Federal Argentina y Gendarmería) se disponían a llevar adelante un desalojo sin mezquinar en represión. Como en años de Cacciatore en el gobierno porteño durante la dictadura, las topadoras volvieron a los barrios. Esta vez de la mano de la democracia del Pro y de todo el equipo de seguridad de la Nación, encabezado por el Secretario de Seguridad Sergio Berni, que entre sus dichos xenófobos y su accionar en los conflictos obreros como en Lear, se va acomodando como una de las figuras más violentas del momento.
Hay una lamentable diferencia entre aquellos sombríos años y estos. Durante la gestión dictatorial, los vecinos eran avisados con 72 hs previas que se avecinaba el desalojo, para al menos juntar sus cosas. Hoy ni eso. Los vecinos fueron sorprendidos, reprimidos, expulsados. Y esto sin valorizar ni justificar, ayer como hoy, una práctica tan aberrante como aterradora por parte del Estado cuando decide que su política habitacional consiste en el desalojo. El resultado sigue siendo similar: sus casas derribadas, sus cosas quemadas. Jorge “Topadora” Dominguez, el gobernante porteño de Carlos Menem, debe desbordar de orgullo.
Las excusas
El caso de Melina López fue el punto decisivo. Hacía varias semanas que los vecinos venían denunciando que la zona estaba liberada, beneficiando la posibilidad de que se comentan hechos delictivos. Sin embargo, las autoridades siempre hicieron oídos sordos hasta que sucedió.
De este caso, Sergio Berni manifestó la necesidad del desalojo ya que en el barrio había delincuentes. Resulta extraño pensar en 800 familias de delincuentes. Más extraño resulta pensar que era más fácil desalojarlas que buscar a estos delincuentes. Pero todo cierra cuando pensamos en las personas que impulsaron la represión y los acuerdos entre sí.
También se habla de los casos de infecciones por contaminación que había en el barrio. Este es el argumento preferido de los medios. Había que desalojar por su salud. Sin embargo, profesionales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dieron cuenta de que el saneamiento de dichos terrenos se podía efectuar en simultáneo con un proceso de urbanización del barrio.
Y con todo esto puesto en escena, los micrófonos se pusieron al servicio de la “gente”. Que ahora habría menos delitos, que todo sería más seguro, que la zona estaría más limpia. Una particular coincidencia de los opinológos ocasionales en los grandes medios de desinformación.
¿Hacia dónde vamos?
La represión, que existía ya en el interior del país pero no en la zona metropolitana, ya no se puede ocultar. Ya no hay excusas cuando no se alcanzan acuerdos para avanzar en leyes como la 3343/09 de Villa 31, 1770/05 de Villa 20 o la 403/00 de Villa 1-11-14, mientras rápidamente se resuelve conjuntamente desalojar un barrio.
Cuando personas que solo tenían sus casas de chapa y hoy, en el mejor de los casos, no tienen nada o en el peor, tienen heridas de bala de goma o palos, no hay grises. Se está a favor o en contra. Se repudia o se es cómplice. Se reprime o se resiste.
La crisis habitacional se acentúa, así como también la falta de políticas en vivienda. Se achica y se subejecuta el presupuesto para villas. Y además, se las reprime.
De aquí en adelante tenemos que repudiar estos hechos. No estamos en dictadura, no queremos más topadoras en nuestros barrios. Se están violando derechos humanos indispensables y la solución es la Urbanización de todas las villas.
El día de mañana, cuando un pibe salga y mate sin piedad, no nos olvidemos de todo lo impiadoso de esta situación. Tal vez así, podamos realmente entender el flagelo de la “inseguridad”.