Por Francisco J. Cantamutto
Tras un mes, aparecieron los detalles de la operación estrella de endeudamiento del flamante gobierno. Atrasando 15 años.
Con apenas una semana en el gobierno, el equipo de Macri nos dejó en claro el rumbo elegido: el Estado al servicio del mercado. No se trata de Estado o mercado, sino del sentido de la intervención. Las reformas de apertura o desregulación implican una gigantesca maquinaria de redistribución: por caso, nada más que por efecto de la devaluación, las ganancias de las acopiadoras de granos se incrementaron en más de $18.000 millones. En cambio, a los laburantes, se les patearon las paritarias a partir de febrero, desestimando los pedidos de un doble aguinaldo de emergencia, cuyo costo para el Estado era muy inferior a los impuestos que dejó de cobrar a estos sectores.
Y en el centro de esta maquinaria redistributiva se sentaron varios viejos políticos ligados al poder financiero: Alfonso Prat Gay (ministerio de Economía) y Federico Sturzenegger (Banco Central). Se trata de viejos cuadros de la banca internacional, cuyos dichos tienden a espantar tanto que sus propios asesores les sugieren callar. Al momento de poner en marcha el ajuste devaluatorio y la quita de las trabas a los movimientos de capitales, Prat Gay habló de un Blindaje obtenido por un acuerdo con la banca extranjera. Se trataba de un préstamo fresco para incrementar las reservas del Banco Central, con viejos conocidos del país, la verdadera oligarquía del sistema financiero mundial: JP Morgan, Citibank, HSBC, Deutsche Bank y Goldman Sachs. Estos bancos tienen historia en el país. Por ejemplo, el HSBC tiene antecedentes ligados al lavado de dinero; aunque merced del nuevo gobierno logró colocar a su abogada frente a la Unidad de Información Financiera, encargada de esta investigación. Otros, como el Citibank y el Deutsche fueron quienes acercaron a la presidenta Fernández la propuesta de reabrir el canje de 2005 para poder obtener ganancias siderales con el canje: reabierto en 2010, los bancos tuvieron años comprando bonos al 20% de su valor, reconocidos en el canje con un recorte muy menor. Todos ellos son parte del modelo de valorización financiera que, con vaivenes, ha regido la lógica del país desde la dictadura a esta parte.
¿Cuál es la novedad? Ahora sabemos los términos del acuerdo anunciado por Prat Gay. Gracias a las resoluciones conjuntas 5/15 y 35/15, publicadas el 6 de enero, se sustituyó deuda intra-Estado por bonos negociables en el mercado secundario. Esto significa un crecimiento de la deuda pública con acreedores privados, por títulos nominados en dólares. El Banco Central entregará los nuevos bonos a los bancos, para que estos le presten dólares para reforzar las reservas. Los bancos a su vez podrán revenderlos en el mercado secundario. Esto significa una serie de cambios importantes respecto de la política de manejo de deuda previa, en un giro que el propio kirchnerismo había iniciado.
El famoso “desendeudamiento”, mejor explicado por la ex presidenta como comportamiento de “pagador serial”, consistía en pagar toda la deuda posible en la medida en que existieran recursos disponibles. De esa forma, en el criterio oficial, se mejoraba el perfil crediticio del país, permitiendo regresar al mercado de capitales en mejores condiciones financieras. Esta política costó al pueblo argentino más de 190.000 millones de dólares en la década kirchnerista, según las cifras anunciadas en los discursos. Todo por lograr volver al crédito con mejores condiciones. En el camino, como hemos insistido en este espacio, se omitió cualquier discusión sobre investigar la deuda, declarada ilegal, ilegítima y usurera por el juez federal Ballesteros.
Sin embargo, el sistema financiero internacional no estuvo dispuesto a conceder demasiado: siempre que la víctima estuviera dispuesta, obtendría todas las ganancias posibles. De este lado de las fronteras, se dijo que se buscaba hacer a los acreedores “socios del crecimiento”, lo que en buen criollo significa cederles una parte de todo lo que se crezca. El capital, que es voraz por naturaleza, aprovechó la oportunidad. La aparición de los “fondos buitres” obedece parcialmente a este comportamiento habilitante del gobierno: no haber renunciado a la jurisdicción extranjera en la materia, no haber investigado y abjurado de la deuda, haber comprometido pagos incluso a acreedores espurios –como fueron los que se presentaron al canje de 2010-, mostrar que estaba dispuesto a modificar la ley para pagar –la vuelta atrás de la ley cerrojo para el pago de 2010. A partir de 2014, el gobierno accedió a otras demandas del capital extranjero: la compensación a la vaciadora REPSOL, los pagos a las ex privatizadas por los juicios en el CIADI del Banco Mundial, el arreglo con el Club de París, entre otros. Claros gestos de anuencia a las demandas del capital global.
Los tres candidatos mayoritarios –Massa, Scioli y Macri- estuvieron de acuerdo desde la campaña con que se trataba de una reluciente oportunidad de volver a los mercados de crédito. Tanto así, que Massa y Scioli se han mostrado dispuestos a colaborar con el Gerente de la nación para conseguir nuevos fondos, acompañándolo en el foro de Davos, por ejemplo. La estrategia de Macri es radicalizar este giro, sin mayores titubeos. Por eso, dio un reverso al logro del gobierno previo: el “pago serial” consistía en abonar a acreedores incrementando la deuda intra-Estado en pesos, y ahora se pretende volver a iniciar el ciclo de endeudamiento con acreedores privados en moneda extranjera.
Los BONAR 2022, 2025 y 2027 habían sido entregados por el Tesoro nacional al Banco Central a cambio de dólares, que el Tesoro utilizó para cancelar la deuda con el FMI en 2006 y pagar a acreedores privados en 2010. Es decir, el Banco Central le prestaba al Tesoro para que éste cancele deuda con privados y organismos internacionales. Esas letras pagaban un interés irrisorio (medio punto porcentual), y eran muy fácilmente renovables a su vencimiento, pues era una negociación entre dependencias estatales. Ahora, esas letras se canjearon por unas nuevas que son transferibles, es decir, que el Banco Central puede quitar de sus arcas. Esto es justo lo que va a hacer: entregárselas a los mencionados bancos, a cambio de 13.697 millones de dólares. Para hacerlo atractivo, los nuevos bonos pagarán tasas en torno al 7,8% anual, devengando un interés total de 9.141 millones de dólares (ver detalle aquí).
El retorno a los mercados de crédito internacional, añorado por el kirchnerismo, está volviéndose realidad. Como regalo de salida para habilitar esta política, la comisión parlamentaria encargada de investigar la deuda cumplió su período de funcionamiento sin haberse pronunciado en el respecto. No investigó nada, según denunció el diputado Claudio Lozano, integrante de la misma. Por eso Macri puede dar inicio a un nuevo ciclo de deuda externa de la peor manera: incrementando la deuda con voraces entidades financieras, pagando elevadísimas tasas de interés, simplemente para aumentar los dólares de respaldo, es decir, sin una aplicación productiva. Deuda por la deuda misma.