Por Redacción Marcha
Ayer se movilizaron las y los trabajadores recicladores urbanos, frente a la Legislatura de la CABA, para manifestar su oposición al proyecto del gobierno porteño que mientras contamina el ambiente, limitará las fuentes de trabajo y favorecerá enormes negociados. También las organizaciones ambientalistas se oponen a este proyecto.
Ante el incumplimiento de las metas establecidas para la reducción progresiva del volumen de residuos urbanos que la Ciudad entierra en rellenos sanitarios, el oficialismo impulsa la modificación de la ley de Basura Cero que permita la instalación de millonarias plantas para incinerar residuos.
Otra vez, a quemar la basura. La administración de Larreta insiste en la combustión controlada de los residuos urbanos como solución al colapso de los rellenos sanitarios del CEAMSE. Para esto legislatura tratará hoy una modificación a la ley de Basura Cero que en su artículo 7 prohíbe expresamente la combustión de residuos. Un amplio abanico de ONGs expresaron su rechazo a la medida y denunciaron el impacto ambiental que tendría la instalación de las plantas de incieración. En una primera etapa el gobierno plantea la instalación de tres plantas, distribuidas entre la provincia y la Ciudad hasta llegar a siete en total para los próximos años.
En medio del debate por los tarifazos y el autoabastecimiento energético, la administración de Larreta esgrime que a través de las nuevas tecnologías de la incineración controlada de residuos generará energía eléctrica para la red de distribución. Los especialistas en la materia denuncian, sin embargo, que esta tecnología necesita de materiales reciclables para garantizar la combustión, y que además de tener un elevado costo tiene un severo impacto en el medio ambiente. La Ong Greeanpeace señala en su comunicado que la incineración de residuos atenta contra la separación de origen y que también la disposición final de los residuos del proceso requiere de rellenos sanitarios.
La iniciativa tampoco fue bien recibida por las cooperativas de recuperadores urbanos, cuyo trabajo depende exclusivamente de la separación de residuos secos para su recuperación, además del enorme costo que tienen. “Sólo la instalación de una planta equivale a 10 años del presupuesto de reciclado de la ciudad” desincentivando el reciclado y quitando trabajo a más de 6000 recicladores que trabajan en la Ciudad, denunció la Federación de Cartoneros en un comunicado.
La Ley de Basura Cero establece una reducción progresiva de la generación de basura destinada a los rellenos sanitarios hasta el año 2020 prohibiendo “la disposición final de materiales tanto reciclabes como aprovechables”. En las modificaciones propuestas en comisión, el proyecto posterga todos los compromisos, estableciendo una reducción del 50 por ciento destinada a los rellenos para 2021, y un 80 por ciento recién para 2030.
Las ONGs denuncian que la instalación de estas plantas resulta violatoria de diversos convenios internacionales a los que adhiere Argentina, contra la combustión y la liberación de toxinas dañinas para la salud. Si bien es cierto que en diferentes países del mundo existen estas plantas la tendencia mundial se orienta a eliminarlas. En enero de 2017 la Comisión Europea prohibió la apertura de nuevas plantas y convocó a cerrar las existentes. Sin posibilidad de extender sus negocios en los países más industrializados éstas empresas buscan instalarse principalmente en América Latina y Asia, siendo Argentina, una vez más, la prueba piloto para la Región.