Francisco J. Cantamutto. Trascendió en estos días que el ex ministro de economía, Hernán Lorenzino, se encuentra negociando el pago de la deuda con el Club de París. La friolera es de más de 16.000 millones de dólares a cambio de que EE. UU. deje de votar en contra en el FMI. ¿Vale la pena endeudarse para tener este beneplácito?
Luego de los recambios de gabinete post elección, el anodino ex ministro de economía logró su cometido de “cortar esto” e irse. El destino: Europa. La misión: liderar una comisión para renegociar deudas remanentes en aquel continente. En pocos meses, Lorenzino ya tiene avances en las tratativas, que parecen traerles un regalo de año nuevo a los gobiernos de los países industrializados.
El Club de París es un agrupamiento informal de países con saldos excedentes de capital, que prestan a países periféricos a cambios de subordinación política. Se trata de un selecto grupo de gobiernos poderosos que determinan sus políticas de modo coordinado para tratar al resto del mundo, atando sus condicionamientos a esquemas de sistemático endeudamiento.
La Argentina tiene dos grandes deudas con este Club. La primera proviene de una deuda tomada por la dictadura militar durante su gobierno de facto, fondos que -según diversas investigaciones- no habrían llegado nunca. Al margen de esto, queda en cuestión el reconocimiento de una deuda contraída por un gobierno sin facultades constitucionales y democráticas para hacerlo. La segunda parte tiene que ver con el gobierno de España, miembro del Club. España formó parte del préstamo que Argentina negoció en diciembre de 2000, prometiendo US$ 1.000 millones. Se trató del famoso Blindaje financiero, que supuestamente cubriría las necesidades de recursos en caso de que el país las necesitase. Y de hecho, las necesitaba.
Es conocida la historia posterior: crisis y cesación de pagos (default), en medio del estallido social y la represión. El gobierno de Kirchner, en el marco de su política de “desendeudamiento”, ha procurado arreglar este saldo desde que completó el canje de deuda en 2005. Luego de renegociar con los bonistas, en el contexto de disponibilidad de recursos de aquel entonces, el gobierno buscó saldar deudas pendientes con otros acreedores. El afamado pago de casi US$ 10.000 millones a principios de 2006 al FMI fue parte de esta política. Luego de ello, el gobierno de España fue uno de los primeros en ser tentado con un arreglo.
El gobierno intentó, ante las demoras de arreglo con el Club de París, un acuerdo bilateral con España, que poseía un tramo de deuda que había sido pactado originalmente por fuera del Club. Aunque se logró arreglar con el gobierno español (primero en junio de 2006 y luego en marzo de 2007), los gobiernos de Japón y EEUU, bajo la presión de los holdouts, evitaron que este acuerdo fuera operativo: era necesario arreglar con todo el Club de París, y no por separado. Los gobiernos agrupados en esta organización representan el grupo de los países acreedores a nivel mundial, y funcionando como cartel, evitan la posibilidad de que uno de sus gobiernos ceda ante los pedidos de un deudor común.
El gobierno realizó entonces dos grandes ofertas al Club. La primera era una reestructuración sin quita pero con aplazo en los pagos, anunciada por primera vez en enero de 2007. Aunque esta propuesta no generaba mayores problemas en términos financieros, la condición estatutaria del Club para poder negociar con un país deudor es que éste logre un acuerdo primero con el FMI. Dado que Argentina había cancelado sus deudas con el organismo y el gobierno no se encontraba en posición de ceder ante las demandas del mismo, este acuerdo era casi imposible de lograr. Los países del Club presionaban, además, por lograr algún arreglo con los holdouts
El gobierno, aún con recursos para cancelar deuda, insistió en sus términos. Intentó convencer al Club de París de aceptar la auditoría de la OCDE o del BID en lugar del FMI, sin éxito. Al mismo tiempo, apuntó a cambios en el FMI, apoyando a Strauss Kahn para dirigir el organismo. Una vez elegido director, en Septiembre de 2007, éste apoyó tibiamente a Argentina.
Ante las dificultades para sortear el arreglo con el Club de París, y a la vista de que las reservas de libre disponibilidad eran suficientes, Cristina Fernández de Kirchner anunció en septiembre de 2008 la segunda propuesta de pago: la cancelación con reservas como se hizo con el FMI. Dos grandes escollos surgieron a partir de la propuesta. Por un lado, la dificultad interna, ligada a la definición técnica que da el decreto correspondiente para el uso de estas reservas: pago a organismos internacionales; el Club no clasificaba como este tipo de entidades. Por otro lado, a nivel externo, el monto a pagar en cuestión: aunque se había acordado que la cifra era US$ 6.300 millones, ante el anuncio de pago adelantado, el Club anunció que en realidad se trataban de US$ 7.900 millones, iniciando así una nueva demora para negociar el monto en cuestión.
El estallido de la crisis internacional en 2008 generó un escenario de pocas expectativas respecto de esta negociación. Sin embargo, en estos días, Lorenzino reanimó el avispero. Además de reconocer la deuda de origen espurio, el ahora embajador está prometiendo un interés del 7% anual y el reconocimiento de US$ 10.400 millones de intereses caídos. Es decir, más de US$ 16.000 millones: más de 250% de lo reclamado, una auténtica estafa. Además, se exige que el FMI audite el INDEC: se busca reacomodar el índice de precios al que ajustan los bonos en pesos. Si el gobierno accede a todo esto, Estados Unidos podría dejar de bloquear a la Argentina ante el FMI.
Es decir, el gobierno avanza en la política de reconocer deudas ilegales e ilegítimas, prometiendo pagos ingentes sin claros beneficios a cambio. Pagar sin recibir nada: un auténtico sinsentido. Un paso más en esta política de negociación con los grandes capitales extranjeros, de los que el acuerdo YPF-Chevron y los arreglos en el CIADI parecen haber sido sólo los primeros pasos.