Por Laura Salomé Canteros
Mujeres privadas de su libertad en la Unidad 31 de Ezeiza fueron desalojadas violentamente o conviven con genocidas condenados. Para repudiar esta medida se realizó un escrache al Servicio Penitenciario Federal en el que se exigió además el cese de la violencia institucional.
Con irrupciones violentas y la inclusión de personal masculino, alrededor de cuarenta mujeres privadas de su libertad fueron desalojadas en mayo pasado de la Unidad 31 de Ezeiza y trasladadas hacia el Complejo Penitenciario IV de la misma localidad para dar espacio y mejores condiciones de detención a los genocidas de la última dictadura cívico militar condenados que estaban en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. La medida fue ordenada por el Director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emiliano Blanco en cumplimiento de la Resolución nro. 557.
Convocados por la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste, la agrupación H.I.J.O.S. Oeste y el Movimiento Asambleas del Pueblo y para repudiar la medida, familiares de víctimas de violencia institucional y de personas privadas de su libertad, activistas e integrantes de agrupaciones de Derechos Humanos, del movimiento antirrepresivo y anarquistas marcharon desde Plaza Miserere hacia la sede central del SPF donde realizaron un escrache y radio abierta que denunció la política de continuidad de los privilegios a genocidas en detrimento de las condiciones de alojamiento de embarazadas y mujeres madres presas.
En primera persona
Quienes marcharon desde Plaza Miserere, al llegar a la sede el Servicio Penitenciario Federal realizaron la lectura de una carta que representó la voz de una de las tantas mujeres privadas de su libertad alojadas en la planta de madres de la Unidad 31 de Ezeiza, la misma que da espacio –y mejores condiciones de detención- a los genocidas condenados. En la misma, se dio cuenta del apoyo para con el escrache realizado el viernes pasado de forma de reforzar la concepción de que la política de represión extra e intramuros de las prisiones es de continuidad y complicidad.
“No tengo palabras de agradecimiento por toda la labor que hacen por nosotras y por nuestros hijos/as que son lo que más nos importa, felicidades por estar ahí. (…) Me gustaría darle las gracias al papa de “la China” (Cuellar) que está en cada lucha; “la China”, una compañera asesinada como muchas otras por el Servicio Penitenciario Federal (…), cuando se supone que las cárceles son los lugares más seguros pero sin embargo es donde constantemente mueren compañeras producto de las torturas”, relató la carta.
Florencia “la China” Cuellar fue presuntamente asesinada por integrantes del SPF el 23 de diciembre de 2012 en el Complejo Penitenciario IV de mujeres de Ezeiza. Su padre, Alfredo, quien está llevando adelante la lucha en búsqueda del esclarecimiento de la muerte de Florencia, en mayo de 2013 fue privado de su libertad y torturado; desde entonces, vive amenazado cual luchador de los derechos humanos que pretende dar fin a las violencias que cada día acontecen en las prisiones. Supo contagiar el espíritu de solidaridad del movimiento antirrepresivo que traspasó de un lado a otro de los muros y el viernes marchó acompañado de ex compañeras de su hija. “Queremos compartir (con Alfredo) todo su dolor y respeto hacia la falta de justicia para su hija, para que saque fuerzas para emprender el camino y porque sabemos que desde arriba ella está viendo el gran papá que tiene” culminaba la carta.
Petitorio ciudadano
Desde Yo no Fui y Limando Rejas entre otros, colectivos que fomentan la educación popular para personas en contextos de encierro, están llevando adelante un petitorio de firmas online para concientizar a la ciudadanía sobre la vulneración de derechos que generó sobre las mujeres privadas de su libertad el desalojo de la Unidad 31 de Ezeiza para el traslado de genocidas condenados de la última dictadura cívico militar que se encontraban en Marcos Paz y exigir que esta dependencia penitenciaria vuelva a ser exclusivamente de mujeres, niños y niñas.
Mediante el texto del petitorio se exige la pronta remoción de los detenidos varones trasladados a la Unidad 31 de Ezeiza y del personal penitenciario masculino; la investigación de los hechos de violencia sucedidos en el marco de los traslados, que involucraron denuncias de tortura, de crueldad en las penas y de tratos degradantes e inspecciones vejatorias; el compromiso de la Dirección del Servicio Penitenciario Federal de no producir más traslados, que en los hechos implican un desmantelamiento progresivo de la cárcel de mujeres de Ezeiza para ser ocupada por procesados y condenados varones por delitos de lesa humanidad u otros; garantizar a las mujeres trasladadas las condiciones de detención que les permitan mantener los vínculos familiares y avanzar en el régimen de progresividad de la pena, trabajo, estudio y el acceso a otras actividades; el compromiso de los Ministerios Públicos y del Poder Judicial y de todas las agencias del sistema de administración de justicia para la denuncia, investigación y sanción de estos hechos.
Se resalta además que la medida adoptada por la Dirección del SPF, “demuestra la máxima selectividad del sistema penal que avanza (…) respecto de mujeres que suelen ser criminalizadas por delitos menores, para favorecer a presos por delitos gravísimos contra la humanidad, cuyos privilegios se han traducido en años de impunidad que ahora se prorrogan en un tratamiento diferencial en el efectivo cumplimiento de la pena privativa de su libertad”.
Con la continuidad de las complicidades penitenciarias con los poderes represivos como denuncia, el petitorio exige frenar el “proceso de deshumanización” en las cárceles y que estos militares no sigan usurpando uno de los establecimientos menos pobres infraestructuralmente del país, destinado por Decreto Presidencial (N° 596/99) a mujeres, niños y niñas. Advierten además que “… la sobrepoblación carcelaria y las pésimas condiciones de detención que ostentan las cárceles (…) son factores que (…) deben ser abordados mediante estrategias de desprisionalización, así como con políticas decididas de sanción y reducción de la violencia (…) contra y entre las personas privadas de su libertad y sus familias”.
La Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria presentaron un hábeas corpus a raíz de esta resolución penitenciaria, del cual también tomaron conocimiento la Procuración contra la Violencia Institucional (PROCUVIN) y la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias; no obstante el mismo fue rechazado por el Juzgado Federal 2, Secretaría 5 de Lomas de Zamora y actualmente se encuentra recurrido en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
Conocé tus derechos
En el marco del proyecto de promoción de derechos en cárceles federales de Argentina, la Procuración Penitenciaria de la Nación realizó una convocatoria a distintos artistas plásticos que voluntariamente y de forma gratuita trabajaron en la elaboración de ilustraciones de postales alusivas para que personas privadas de su libertad reclamen entre otros, sus derechos al libre desarrollo y reconocimiento de su identidad de género u orientación sexual; a adecuadas instalaciones para madres y sus hijos/as; al arresto domiciliario para mujeres embarazadas o con niños/as menores de cinco años; al acceso a la salud de las mujeres y a la adecuada atención médica; a la libertad anticipada; a la alimentación, educación, la comunicación y la visita; a buenas condiciones de habitabilidad; al trabajo, a la petición y respuesta, al descanso nocturno y a no recibir excesivas sanciones disciplinarias.
Visitá la serie postal “Conocé tus derechos”.