Miguel Ángel Beltrán esposado y siendo trasladado por la policía colombiana
Por Tomás Astelarra*. En 2009, el sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán fue apresado en México y extraditado como supuesto terrorista de las FARC. A un año de su liberación, la historia.
El 22 de mayo de 2009, el sociólogo colombiano Miguel Ángel Beltrán Villegas se dirigió con su mujer y un abogado al Instituto Nacional de Migración de México. El trámite de una visa académica para permanecer haciendo un proyecto posdoctoral de investigación en el Centro de Estudios Latinoamericanos dela Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se había atrasado por alguna cuestión burocrática que no llegaba a entender.
Bogotano de nacimiento, Beltrán cuenta con un denso curriculum: licenciado en Ciencias dela Educación de la Universidad Distrital, Sociología en la Universidad Nacional, becario y master en Ciencias Sociales en el FLACSO, doctor en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM, docente en las universidades del Cauca y Antioquia y profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, donde coordinaba el área de teorías sociológicas y el grupo de investigación “América Latina: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social”. Los trabajos de Beltrán se centran en debates contemporáneos, en especial los conflictos sociales y la historia política de Colombia y América Latina. Desde hacía algunos años venía denunciado la estrategia de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez como una escalada más en la historia de abusos a las libertades políticas en su país.
Al llegar a Migraciones, los funcionarios le aclaran que hay ciertos inconvenientes en el trámite y lo invitan a pasar a una oficina. Cuando su mujer y su abogado escuchan los gritos, los gendarmes del destacamento los tranquilizan diciendo que no pasa nada, que se trata de un funcionario que se ha vuelto loco y que ya ha sido retirado del edificio.
A puertas cerradas, Beltrán estaba siendo capturado a la fuerza en un proceso que no sólo violó su integridad física y sus derechos más básicos sino también los tratados internacionales en materia de extradición y derechos humanos.
Pocas horas después, los cables de las agencias de noticias anunciaban con júbilo la captura de alias Jaime Cienfuegos, miembro del comité internacional de las FARC. En los noticieros Uribe agradecía a las autoridades mexicanas y particularmente al presidente Felipe Calderón por la captura del académico, a quien calificó de ser “uno de los terroristas más peligrosos”.
El caso tomó resonancia no sólo por la reconocida trayectoria humana y académica de Beltrán, sino por la participación de otro gobierno latinoamericano en la política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe, dentro del marco de la lucha global contra el “terrorismo”.
“En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como falsos positivos; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de instigación al terrorismo por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes: se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiples violencias del Estado”, escribiría Beltrán desde la cárcel, en una carta abierta a la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU). Finalmente, en junio de 2011 fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad.
Falsos Positivos
Al mando de un gobierno que encabeza las estadísticas internacionales de terrorismo de Estado y crisis humanitaria, con probadas vinculaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico, Alvaro Úribe también se ha destacado por el arresto masivo de personas supuestamente vinculadas al terrorismo que luego se demuestra que son inocentes.
“El presidente Uribe ha decidido vincular cerca de un 1,5 millón de personas a lo que llama la red de informantes, que nadie sabe cómo opera, que no tiene control civil y que proporciona informaciones a las fuerzas armadas y la fiscalía que se han utilizado para hacer detenciones masivas de personas acusadas de colaborar con la guerrilla. Los estudios dela Defensoría del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos han demostrado que más del 95% de los casos han sido fallidos. Pero estas detenciones arbitrarias hacen que mucha gente sea estigmatizada en las regiones, y la gran mayoría son desplazados o asesinados”, denunció en su momento Marco Romero, director dela Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Cohdes).
Según las Naciones Unidas, durante cada día de los primeros cuatro años del gobierno de Uribe, ocho personas fueron asesinadas y cinco detenidas arbitrariamente. El total de asesinatos (11.292) es mayor al total de víctimas de los 17 años de dictadura de Pinochet en Chile. Un informe de la Comisión Colombiana de Juristas determinó que el 62% de los casos habría sido responsabilidad del Estado por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares y el 12% por acción directa de sus funcionarios. Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, durante el gobierno de Uribe hubo 8000 detenciones masivas y arbitrarias. Acusados de “rebelión” han ido a parar a la cárcel el corresponsal de Telesur en Cartagena, Freddy Muñoz, la poetisa Angie Cepeda, o Nicolás Castro, un estudiante de Bellas Artes de 23 años acusado de organizar el grupo de Facebook “Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Alvaro Uribe”.
En 2003, en la población cafetera de Quinchía fueron capturadas 117 personas acusadas de ser auxiliadores dela guerrilla. Entre los detenidos estaba el alcalde en ejercicio, el alcalde electo, concejales, comerciantes, campesinos, el tonto del pueblo, y hasta un anciano de 76 años, ciego de nacimiento, sindicado como jefe de explosivos de la guerrilla. Los montajes incluyeron el estallido de una bomba adjudicada a las FARC en la zona norte de Bogotá, poco antes de la reelección de Uribe, y las ejecuciones extrajudiciales de 19 jóvenes de bajos recursos de la región de Soacha (conurbano bogotano) para luego presentarlos como supuestos “terroristas”. Todas estas acciones fueron reconocidas por el general del ejército, Mario Montoya, poco antes de su renuncia.
Mientras tanto, la Ley de Justicia y Paz redujo a menos de ocho años de cárcel la condena de los grupos paramilitares acusados de ser responsables de las miles de fosas comunes halladas en Colombia, a la vez que la justicia del país liberó a 48 de los 49 militares procesados por los crímenes de Soacha.
En el peor de los casos, una sistemática estrategia de lucha contra movimientos sociales y opiniones contrarias. En el mejor, apenas un error estadístico de la política de Seguridad Democrática que Álvaro Uribe Vélez viene exportando a toda Latinoamérica desde que dejó la presidencia.
* Escritor. Vivió en Colombia, donde se desempeñó como periodista.