Por Francisco J Cantamutto. La ley de pago “soberano” propuso la creación de una Comisión investigadora de la deuda. La poca atención sobre el asunto y los riesgos. El pago serial de la decisión política que consolida una deuda ilegítima.
Hace casi un mes de la aprobación de la ley 26.984, que el Gobierno nacional propuso llamar de pago “soberano”. El flagrante oxímoron de ceder recursos pagando a favor de los acreedores y llamar a esto una decisión soberana no podría ser mayor. Entonces nos preguntamos, ¿qué tiene de decisión autodeterminada el pagar tal y como todo el sistema financiero internacional requiere? Casi como pretender que se le paga a la mafia “porque uno quiere”. La voluntad del gobierno de pagar a como dé lugar –convertir a Argentina en una pagadora serial, según sus propios términos- no ceja ni siquiera ante la prueba de la realidad de que no hay forma de contentar al conjunto del capital financiero.
La ley declara de interés público las reestructuraciones de deuda que el gobierno hizo en 2005 y 2010 (artículo 1). De esta forma, se validó en el Congreso Nacional la acción del Poder Ejecutivo en favor de los acreedores. La facultad constitucional del Congreso de decidir sobre el endeudamiento fue delegada al Poder Ejecutivo durante la dictadura, y afianzada durante el menemismo, que habilitó además al ministerio de Economía a iniciar el proceso de endeudamiento más cruento que vivió el país. El kirchnerismo siguió aprovechando estas facultades, y ahora intenta incriminar al Poder Legislativo, cuando no lo hizo partícipe en ningún momento previo. Digámoslo con claridad: los canjes del gobierno kirchnerista revalidaron una deuda ilegal e ilegítima y ahora, después de realizado el desfalco, comprometen al Congreso en el mismo.
El segundo artículo de la ley señala que la misma “tiene por objeto implementar instrumentos legales que permitan el cobro de los servicios correspondientes al cien por ciento de los Títulos emitidos”. La semana pasada, el gobierno depositó 161 millones de dólares en el Nación Fideicomisos para pagarle a los acreedores. De esta manera, “la República Argentina ratifica una vez más su compromiso inquebrantable de cumplir todas sus obligaciones respecto de los bonistas y contribuir mediante las medidas que estén a su alcance a preservar su derecho a cobrar las sumas que les corresponden bajo los títulos de deuda” afirmó la agencia oficial Télam. Es decir, como hemos insistido, el gobierno está empeñado en una cruzada por pagar a como dé lugar.
En este contexto es que la misma ley, en su artículo 12, crea la “Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación, que estará compuesta por ocho Senadores y ocho Diputados, designados por los Presidentes de las respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas”. La misma “tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanje, blindajes, los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones, emitiendo opinión fundada respecto del efecto de los montos, tasas y plazos pactados en cada caso, y sobre las irregularidades que pudiera detectar”.
La creación de esta comisión ha pasado prácticamente desapercibida en los grandes medios, que no le dieron más que menciones laterales, ni ha sido enfatizada por el gobierno o la oposición. Sin embargo, hay allí un nudo importante de desatar. La investigación de la deuda ha sido una demanda popular desde la salida de la dictadura a esta parte, una demanda desoída por todos los gobiernos. La creación de esta comisión bien podría entenderse como una conquista, pero incluso la falta de publicidad del propio gobierno –habituado a tomar demandas populares y distorsionarlas a su favor- hace sospechar que esto no sea así.
La investigación de la deuda tiene sus antecedentes
Hubo un breve intento durante el gobierno de Alfonsín, que llegó a determinar la inexistencia de registros y el desvío de fondos a usos no autorizados, pero no logró más avances. La investigación más completa y detallada fue la que hizo Alejandro Olmos, que le permitió iniciar un juicio que finalmente ganó en el año 2000, cuando el juez federal Ballesteros dictaminó sobre la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda. El hijo de Olmos, Alejandro Olmos Gaona, la dio continuidad a la investigación de los sucesivos canjes, que desde el regreso de la democracia a esta parte no han hecho sino renovar una y otra vez aquella deuda. El investigador, que asesoró a Ecuador en su auditoría de deuda en 2008, entiende que en el caso argentino no menos del 90% de la deuda sería ilegal. Esto es sólo una parte del problema, puesto que la ilegitimidad de la deuda es total: ningún tramo de la misma fue contraído con el consenso del pueblo o en su favor.
Esta profunda ilegalidad, de la que pocas sospechas caben, es la que se pretende investigar, pero, he aquí el truco, se lo hace mientras se declarara la deuda de interés público y garantizan sus pagos. Esto es el colmo: pretender dar estatus legal a un probado ilícito. Más o menos como decir que todo lo robado hasta aquí ahora ya no es robo. La diferencia con la comisión de auditoría ecuatoriana es que en aquel caso se suspendieron todos los pagos hasta que hubiera veredicto: el orden de los factores sí altera el producto. ¿Qué pasaría con los pagos realizados en el marco de esta ley si la comisión creada por la misma ley determinara esta ilicitud? ¿Se les va a pedir a los acreedores que devuelvan el dinero? ¿Se le va a recriminar al Citibank y a Soros que no se portaron bien cobrando?
Parece evidente que el Gobierno nacional no espera una investigación real como resultado de esta comisión. Para asegurarse de ello, en lugar de convocar peritos e investigadores reconocidos en la materia (como Olmos o Héctor Giuliano, por dar dos ejemplos) o asesores de la experiencia ecuatoriana, que garantizaran la fiabilidad de la investigación, compuso la comisión con diputados y senadores de acuerdo a las proporciones de los bloques. Pero hete aquí que el bloque mayoritario compuesto por el oficialismo, se ha pronunciado una y otra vez por el pago de la deuda. La oposición patronal –UCR en sus variantes, PRO, Frente Renovador- que reúne los otros grandes contingentes, han estado insistiendo sin demora en la necesidad de los pagos de deuda. ¿Qué se puede esperar de una comisión compuesta por mayorías dispuestas a pagar? El Frente de Izquierda, Unidad Popular, Libres del Sur y Proyecto Sur componen una minoría de legisladores, que, con sus diferencias, insisten en la ilegalidad e ilegitimidad de la deuda: pero a sus reclamos hacen oídos el arco del oficialismo y la supuesta oposición.
El plazo perentorio de 180 días para presentar el informe final de la comisión apura los trámites para evitar una investigación profunda, completa y real. Por motivos como esto es que no se puede esperar mucho de la comisión, e incluso compone un riesgo para quienes venimos peleando por quitar el peso de la deuda del país. Diálogo 2000 –que fue promotora de la consulta popular de 2003- ha cuestionado esta comisión con argumentos similares. Resulta necesario suspender los pagos y constituir una comisión de investigación creíble.