Por Laura Salomé Canteros @laurasalome
Ante la condena y la revictimización de “Belén” en Tucumán, la necesidad de reformar una norma penal que poco se aplica pero que en mucho vulnera. Las corporaciones médica y judicial se debaten entre la persecución penal, la falsa moral y la tiranía ante la omisión de responsabilidades institucionales de parte del poder legislativo nacional.
En abril de 2014 la campaña internacional por la liberación de “Las 17” exigió a la Asamblea Legislativa de El Salvador el indulto de mujeres, que en diferentes circunstancias, sufrieron complicaciones obstétricas y perdieron el embarazo y que fueron acusadas por homicidio agravado, exponiendo el carácter absurdo de legislaciones conservadoras que no respetan Derechos Sexuales y Reproductivos ni Tratados Internacionales.
Un mes antes, en marzo de 2014, “Belén”, una joven de 27 años víctima de un aborto espontáneo llegó al hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán y fue denunciada por integrantes del sistema médico y policial, y, culpada por un fiscal fue condenada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” por la Sala Criminal III de Tucumán integrada por Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas luego de dos años de privación de su libertad.
En su historia, al igual que en la de “Las 17”, es imposible no pensar en cuánto “Belén” ya ha sido revictimizada. Por el sistema médico, por el poder judicial, por el discurso de los medios hegemónicos y por una sociedad machista y heteropatriarcal que se cree con derecho en acción de amos y señores erigidos en decisores sobre la vida de una mujer.
Una alianza criminal que bien podría completarse con las y los diputados nacionales que incumplen con sus responsabilidades institucionales y omiten legislar sobre la despenalización y legalización del derecho al aborto consolidando a la Argentina como un Estado que sostiene tipos penales que criminalizan solo a las mujeres, un Estado que no amplía garantías sino uno que incumple derechos.
#LibertadParaBelén, un grito por el aborto legal
“Belén” no es la única. Hay al menos otras cuatro mujeres que están acusadas y/o procesadas por aborto (en Córdoba y Tierra del Fuego) u homicidio agravado por el vínculo tras partos en los que dieron a luz a fetos muertos (en Jujuy y San Juan); las dos primeras, procesadas pero libres a la espera del juicio oral y de las dos segundas la de San Juan está privada de su libertad y la de Jujuy se encuentra libre pero estuvo nueve meses detenida en una comisaría.
No todas han sido señaladas por las y los profesionales de la salud pero sí han sido transformadas en delincuentes por el poder judicial y la aplicación de una norma penal que debe ser derogada ya que es ineficaz, innecesaria y que recae selectivamente sobre las mujeres y niñas de bajos recursos que acceden al sistema público de salud porque corren peligro sus vidas. ¿Qué no era el derecho una herramienta que debe acompañar las prácticas sociales en lugar de lapidarse en una práctica punitiva sin más cual dinosaurio en un museo?
En las dos semanas en que se nacionalizó, a fuerza del feminismo activista, la historia de vulneración de derechos de “Belén” en Tucumán, el repudio a la penalización del derecho al aborto fue (casi) unánime. Sorprendió el apoyo de miles de usuarias en twitter que el jueves pasado al mediodía transformaron la etiqueta #LibertadParaBelén en tendencia en esa red social durante 8 horas, lo que instó a los medios hegemónicos a tomar la agenda social y “ver de qué se trataba”.
El estallido promete recién comenzar. Al acompañamiento en las redes sociales y los medios alternativos, las mujeres organizadas hicieron causa política la excarcelación de la joven y hoy, día de lectura de los fundamentos de la sentencia condenatoria en Tucumán, habrá concentraciones frente a los edificios tribunales de esa provincia y de la Ciudad de Buenos Aires. A la vez, en Paraná habrá una actividad artística callejera.
Ni muertas ni presas
Por su parte, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, articulación de alcance nacional, anunció mediante una declaración que exige “la despenalización y legalización del derecho al aborto” a la vez que exige “que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise en Casación la condena y deje sin efecto la sentencia ya que la investigación es producto de la violación del secreto médico”.
Exige además “a la Ministra de Salud de la provincia que inicie el sumario administrativo para determinar la responsabilidad de las y los efectores de salud en este caso”; y a “la Oficina de la Mujer y la Oficina de Derechos Humanos de la Corte Suprema capacite a sus funcionarios/as y magistrados/as de para que no haya más ´presas por aborto´”.
Cabe recordar que el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo redactado por la Campaña se presentará nuevamente ante el Poder Legislativo Nacional en las próximas semanas, y es instrumento legal que propone la despenalización y la legalización del aborto por decisión de la mujer; para lo que es necesaria la derogación del artículo 85 del Código Penal que sanciona las acciones de quienes deciden interrumpir sus embarazos y el diseño, implementación y monitoreo de políticas de salud pública y privada e integral que contengan y den solución a la realización de aproximadamente 500 mil abortos al año.
La punición, innecesaria
La punición y la pena privativa de la libertad son, y deben ser, la última herramienta que un Estado dispone a través de leyes e instituciones para con su ciudadanía. Si a eso le sumamos que los feminismos, durante décadas, vienen advirtiendo sobre la existencia de una norma que penaliza legalmente y criminaliza socialmente solo las acciones de la mitad de esa ciudadanía, eso lo convierte, además, en un actor que legitima la discriminación por razones de género.
El Estado argentino le debe a las mujeres y la sociedad toda la despenalización y la legalización del aborto. Para eso, quienes dicen representar a la ciudadanía tienen que hacer lugar a esas demandas y dejar de lado falsas polémicas y lugares comunes como el que “es un tema polémico o que divide”, o que “la sociedad no está madura para debatir sobre el aborto”, o que “no es el momento político”, o aduciendo que “es año de elecciones”.
Y porque los derechos no se mendigan sino que se conquistan, el movimiento de mujeres y feminista seguirá en las calles reclamando. Porque si le preguntan por qué hay que luchar, responde por las que mueren, por las pobres y por las que van presas también. Porque a las que hay que defender, muchas veces, no pueden hacerlo. Como “Belén”.