Por Sebastián Alonso
Luego de un largo proceso de lucha de las organizaciones de la diversidad sexual, el pasado jueves se aprobó en la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires la ley que crea un cupo mínimo del 1% de trabajadorxs del sector público de la provincia para que sea ocupado por personas trans y travestis mayores de 18 años.
En comunicación con Marcha, la activista trans Diana Sacayán, hizo un análisis de la situación laboral del colectivo y nos comentó cómo fue el proceso de creación de lo que fue el proyecto de ley del cupo laboral trans y travesti y las posibilidades que la reciente aprobación generará en el cotidiano de este colectivo.
-¿Cómo surgió la iniciativa del proyecto de ley?
La importancia que tiene para nuestro colectivo una ley así es que tenemos una población que tiene problemas serios para insertarse en el mercado laboral. Venimos trabajando en gestión hace muchos años en relación al acceso al empleo para el colectivo trans, por ejemplo en experiencias cooperativas. La primera fue la de Lohana Berkins, la cooperativa Nadia Echazú, que luego que se replicó en distintas partes del país.
Ya en 2011, nos encontramos para armar un diagnóstico en cuanto al acceso al empleo. A partir de esto, con el Ministerio de Trabajo, y de la mano de la Secretaría de Empleo, que en ese momento el secretario era Enrique Deibe, se pudo diagramar de una manera conjunta con el INADI que se firme un convenio entre el Ministerio de Trabajo y el INADI para promover el empleo para este colectivo. Lo que se armó fue un área. Fueron Sebastian Zoroastro y Dario Arias, quienes tomaron la posta para iniciar el trabajo de complejizar las experiencias de las personas trans en relación a la economía popular.
También logramos la creación de seguros de capacitaciones de empleo y se abrieron cupos de otros programas con los que cuenta la Secretaría de Empleo para que las personas trans adhieran. Por otro lado, en Matanza, creamos el proyecto Cristina Kirchner de formación profesional laboral para personas trans. Terminamos con eso y ahora estamos con otro proyecto de entrenamiento para el trabajo. A partir de esto, pusimos en discusión la creación de políticas públicas. Es momento de complejizar el trabajo de las organizaciones en la experiencia de promover políticas públicas
-¿Quiénes participaron de la redacción de la Ley?
El proyecto de ley lo elaboró la organización Conurbanos por la Diversidad, y el Movimiento Antidiscriminatorio de Libración (MAL) en conjunto con Emiliano Litardi, que también fue redactor de la Ley de Identidad de Género. La impulsaron las dos organizaciones junto a la diputada Karina Nazábal (Frente para la Victoria).
-¿Cómo fue el proceso hasta su aprobación?
El proyecto fue aprobado en diciembre del año pasado en Diputados con un fuerte lobby que estuvimos haciendo junto con el equipo de la diputada Nazábal y las organizaciones. Así logramos que el año pasado tenga la aprobación de la Cámara de Diputados, o sea media sanción. Hace unos dos meses estuvimos con la comisión Igualdad y Trato del Senado y estuvimos hablando con los senadores.
Esta comisión la giró a la comisión de Derechos Humanos, presidida por Mónica Macha, quién le dio impulso al debate en el Senado para que una vez por todas sea tratada. También hicimos una campaña con fotos de famosas/os con el cartel de “yo apoyo la ley de cupo laboral trans”.
-¿De qué manera impactará la implementación en la vida de las personas trans?
Esta ley es un paso más adelante porque pone en discusión el derecho al trabajo genuino, que es un derecho universal. Establece que el 1% de los cupos estatales de la Provincia sean ocupados por personas trans. Es importantísimo sobre todo cuando de la otra vereda tenemos un discurso tan reglamentario en materia de prostitución.
Para nosotras la prostitución es una de las formas más injustas de la esclavitud. Nosotras somos abolicionistas y adherimos y afirmamos los tratados internacionales y la legislación argentina. El modo de trabajar la prostitución es haciendo políticas públicas. Estos tratados se comprometen a crear y utilizar las herramientas del Estado para brindar oportunidad de inserción social y laboral a las personas en situación de prostitución.
Esta ley es una respuesta al discurso ridículo sobre la prostitución como trabajo. Sobre todo cuando pone en duda nuestro rol de víctima, teniendo en cuenta que el promedio de vida de una persona trans es de 32 años, y que la mayoría vive de la prostitución y tiene altos grados de deserción escolar. Solemos encontrar que la única subsistencia es la prostitución. Es por eso que tenemos una enorme felicidad porque no pensábamos poder llegar a este momento tan importante.