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Por Francisco Cantamutto. Se vence esta semana el plazo para arreglar con los fondos buitres sin caer en default técnico. El aparente alivio del fallo de Griesa y la falta de solución de fondo.
Argentina atraviesa los días en suspenso por el derrotero de la deuda externa. Tras la desestimación de la Corte Suprema de Estados Unidos, quedó firme el fallo del juez Thomas Griesa a favor del fondo buitre MNL Elliott. Este fondo, que adquirió los bonos impagos a precios de remate, se especializa en litigar en tribunales internacionales contra los países emisores. En una oportunidad anterior, lograron que el Congo tuviera que pagarles, tras años de sistemática persecución jurídica a los gobernantes del país. El fondo cuenta con asesoramiento de más de un centenar de abogados, contadores y periodistas, especializados en detectar fallas de los arreglos para litigar y obtener el cobro total de los bonos. Actualmente, cuenta con US$ 1.700 millones en bonos argentinos, parte del 7% de bonos que no ingresó en los canjes de 2005, 2010 y 2013.
Dado que el fallo reconoce los derechos del fondo buitre, se habilitó al juez para bloquear activos argentinos en el exterior, como reaseguro del potencial pago. En este sentido, el juez trabó un pago a bonistas que sí entraron a previos canjes. El gobierno argentino depositó en el Banco de Nueva York los fondos correspondientes para el pago, pero estos quedaron trabados precautoriamente. Esto hizo que otras aves de rapiña del sistema financiero (Bank of New York Mellon, Euro Bondholders, Euroclear y Clearstream) reclamaran al juez distinguiendo entre bonos. Argentina quedaba así nuevamente en la posibilidad de un default técnico, del que la presidenta Cristina Fernández alegó que habría que cambiar el nombre porque el país paga. Es que si los fondos no llegan a los acreedores, el pago no está completo, y Argentina vuelve a estar en cesación de pagos.
El fallo obliga a Argentina a arreglar con MNL Elliott, para lo cual el juez dispuso la intermediación legal de un mediador, Daniel Pollack. La delegación argentina se ha reunido 5 veces con él en los 10 días que lleva la negociación, sin llegar a mayores acuerdos. La propuesta argentina ha sido el ingreso con las condiciones de los canjes previos, a lo que MNL Elliott se ha negado, por reclamar un pago mayor. Al no aceptar este arreglo, la negociación está trabada.
La delegación argentina insiste en que el juez dicte un “stay”, que se trata de un plazo dilatorio para lograr el arreglo. El gobierno apuesta a esta extensión del plazo hasta fin de año, cuando vence la cláusula de Derechos Sobre Futuras Ofertas (RUFO, según sus siglas en inglés). El problema que genera esta cláusula es que, si bien su redacción es algo ambigua, determinaría el derecho de los bonistas que entraron a los canjes previos a reclamar por un tratamiento similar en caso de mejorarse la oferta. Es decir, MNL Elliott no acepta las condiciones del canje, si Argentina le mejora la oferta, la misma podría hacerse extensiva al 93% de los bonistas que ya canjearon sus títulos, abriendo la puerta para demandas por cifras que van desde los US$ 120.000 millones hasta US$ 500.000 millones, lo que produciría una explosión de la deuda, incapacitando al gobierno de cualquier pago. El fondo buitre alega que esta interpretación de la RUFO es excesiva, y por lo tanto, se le puede ofrecer algo mejor. El gobierno insiste que esta oferta no puede ser realizada, y le pide al fondo buitre que haga una oferta de su parte, pues en tal caso no sería iniciativa del gobierno y la cláusula RUFO no aplicaría. El fondo buitre se niega a hacer la oferta.
En estos días, el juez Griesa falló a favor de habilitar los pagos a los bonistas del canje, destrabando los fondos depositados por la Argentina. Sin embargo, MNL Elliott apeló, señalando la imposibilidad de distinguir entre bonos cobrables y bonos en mora, y por lo tanto, la necesidad de sostener el embargo hasta que haya arreglo. Mientras esta decisión se resuelve, el país ganó algo de aire. Sin embargo, en este fin de mes, se vence el plazo para evitar el default, y no está claro que la decisión esté resuelta para entonces.
El país está así atrapado entre la falta de voluntad de MNL Elliott de negociar y el riesgo de caer en un abismo de juicios por deudas imposibles de pagar. El gobierno ha cosechado múltiples apoyos de gobiernos de la región, la Organización de los Estados Americanos, e incluso del parlamento inglés, gracias a la iniciativa de Jubileo 2000 contra el pago de la deuda. Es decir, el argumento oficial de su demostrada voluntad de pago (“pagadores seriales”) logra concitar apoyos de gobiernos y organismos altamente involucrados con el negocio financiero y los intereses imperialistas. El justificativo se completa bajo la idea de que el reclamo de MNL Elliott pone en jaque cualquier futuro canje de deuda, algo que es un problema real y actual en Europa.
Al interior del país, las posiciones de todo el arco político de mayor presencia en los medios masivos de comunicación giran en torno al monto a pagar. Algunos sectores critican los modos del gobierno, que aparentemente no habría sido lo suficientemente sumiso que desearían. El gobierno, sin embargo, a pesar de su discurso fogoso, no dejó de pagar en ningún momento, y –como hemos explicado largamente- ha permitido que el sector se embolse de ingentes ganancias. El lema de “Patria o buitres” suena muy bien, pero se aleja mucho de la realidad de lo que ha sido la política oficial del kirchnerismo, comprometido en los pagos en efectivo a lo largo de una década. Se trata de la única política de gobierno que ha cosechado unánimes apoyos en toda la burguesía con presencia en el país. Es decir, aunque el lema resulta apropiado para señalar la disyuntiva, más provechoso sería que el gobierno lo cumpla.
Ninguno de estos sectores aporta una solución real al problema de la deuda. No se trata de discutir cuánto pagar y con qué modales aceptar la subordinación, sino de discutir por qué es necesario pagar. Hemos señalado repetidas veces la ilegalidad, ilegitimidad y carácter usurario de la deuda, algo que está probado en los tribunales argentinos y cuenta con legislación internacional que lo avala. El gobierno ha convencido a gran parte de los sectores progresistas de que los canjes han sido un éxito, alegando una quita que no existió: los pagos totales de deuda, considerando intereses y premios por crecimiento, anulan toda quita. El gobierno se ha negado a seguir el camino de Ecuador de investigación y auditoría de la deuda, lo que probaría su carácter fraudulento, y provocaría una quita real.
La falta de acceso a los mercados de crédito o el encarecimiento del financiamiento impactarían sobre los capitales concentrados que lo necesitan; pero que bien podrían utilizar sus ingentes ganancias para compensar. Si no lo quieren hacer, pues debemos discutir sobre sus ganancias (y no las de los/as trabajadores/as). Es necesario salirse de los lemas vaciados de contenido real y avanzar a una solución de fondo. La cesación de pagos no es un problema sino una oportunidad para repudiar lo que no se debe pagar.