Por Vivian Palmbaum* / @vivi_pal
Con el inicio de la actual gestión de gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires comenzaron graves dificultades para el sector de los productores familiares quienes generan los alimentos que consumimos diariamente.
Las y los pequeños productores hortícolas, florícolas, chancheros, tamberos y trabajadores de la tierra se hallan en graves dificultades por la aplicación de las nuevas políticas económicas que los dejan en una difícil situación que amenaza con agravarse. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) expuso al nuevo gobierno su situación, junto con propuestas que viabilicen el trabajo para este sector pero no obtuvo respuesta alguna.
Entrevistamos a Rosalía Pellegrini, miembro de la UTT.
El sector de la llamada Agricultura Familiar representa un eslabón esencial en la cadena de producción de alimentos. Rosalía lo expresa de manera muy sencilla: “Somos la verdura que se come todos los días, las economías regionales, la miel en sus tostadas, el lechón de fin de año, el tambo que provee leche y masa a grandes cadenas; somos alimento y trabajo. No somos soja, no somos exportaciones ni somos el empresariado. Somos las manos que se meten en la tierra y plantan y cosechan verdura; que aprietan la ubre y sacan leche; que pialan al chancho y lo faenan; somos las familias que vivimos en la tierra que trabajamos”.
-¿Cuál es la problemática del sector con la nueva coyuntura política?
La aplicación de las nuevas políticas económicas se iniciaron con una importante devaluación que impactó directamente en nuestro sector, que requiere insumos (como semillas y fertilizantes, entre otros) que se pagan en dólares, porque siguen estando dentro del modelo de agronegocio, donde los insumos los controlan las diez empresas que manejan el mercado mundial. Esto equivale a decir que la devaluación ha empobrecido un 40% al sector, que produce exclusivamente para el mercado interno, que compra en dólares y vende en pesos. Al mismo tiempo, estas medidas económicas tuvieron un fuerte impacto en el la población en general, que comienza a restringirse en el consumo de verduras y frutas.
-¿Cómo impacta concretamente esto en la producción familiar?
Hoy se está tirando verdura y fruta a lo loco, el tomate ni la lechuga están valiendo. Se está pagando al productor 30 kgs de lechuga a $20, y es tan irrisorio que al camión ya no le interesa ir a buscar esa verdura; y el productor tiene que tirarla. A estas condiciones de precariedad se le suman las inclemencias climáticas, como los vientos huracanados que destruyen los nylon que protegen los invernáculos y que son costos adicionales que no es posible que soporten los productores.
En contexto
Mayormente son los camiones los que pasan por las quintas a negociar y recoger la mercadería que llega al Mercado Central. El precio final que pagan los consumidores por los productos está integrado por la cadena de intermediarios: el camionero, el Mercado, el que baja el cajón, el puesto que lo recibe y la distribución: el supermercado, la verdulería o un mayorista.
El grueso de productores de la Unión de Trabajadores de la Tierra no son dueños de la tierra que producen, la alquilan a costos muy elevados, sometidos a las arbitrariedades del cambio de las condiciones de arriendo y subas injustificadas de los valores porque no hay contrato. Viven y trabajan la tierra en condiciones muy precarias. La producción implica mucha mano de obra y, entonces, tiene que trabajar toda la familia porque se les hace imposible poder pagarle a otra persona.
En ese sentido, Rosalía afirma: “En lo que es el cinturón hortícola el Estado –la ventanilla del Estado que solía atendernos, que era la Secretaría de Agricultura Familiar– no da ninguna respuesta, no atiende ni siquiera el teléfono, no tiene entidad en lo que es Buenos Aires; está todo desarmado, están echando a los trabajadores, los técnicos que trabajaban con nosotros y nos daban una mano en el asesoramiento por los cultivos para las plagas y con el proyecto de agroecología; esos técnicos nos dicen hoy que no tienen recursos y que no saben si van a cobrar porque se están quedando sin trabajo”.
-¿Cuáles son las consecuencias de la ausencia del Estado para el sector?
Ante la emergencia del sector hortícola hay quintas que están cerrando. Se están vendiendo las quintas enteras: el alquiler con toda la producción arriba. Esto quiere decir que las quintas se venden con la producción a punto de cosecharse y las familias no tienen a dónde ir, quedan tiradas. Ante esto no encontramos ninguna respuesta, con lo cual estamos planteando una medida próxima de lucha, un corte de ruta, donde vamos a plantear el desabastecimiento. Ya hemos hecho un comunicado y no tuvimos ninguna respuesta, entonces la única medida será la lucha.
“Familias sin tierra, jornadas de trabajo extensas y en condiciones precarias, problemas en la comercialización de nuestras producciones que nos hacen recibir a veces el 1000% menos de lo que usted paga en la verdulería, falta de maquinarias para la producción, problemas crónicos en la salud por el uso de agrotóxicos, caminos rurales destruidos… son algunas de las problemáticas que diariamente sufrimos”, se expresa en el comunicado de la organización.
Pero además presentaron propuestas concretas al nuevo gobierno. Algunas de ellas son: el Procrear Rural, para acceso a la tierra para vivir y producir mediante créditos blandos; la creación de Colonias Agrícolas en tierras ociosas del Estado; la creación de Áreas de Reserva de Agricultura Familiar periurbana para contemplar normativas que fomenten la producción animal; un programa para la horticultura de transición hacia la agroecología; programa de mercados de proximidad y ferias para garantizar un precio justo para el productor y el consumidor; la implementación de precios sostén y precio tope para regular la especulación en las producciones.
También, la UTT enumera entre las más importantes conquistas de los últimos años haber logrado para el sector, a fuerza de organización y lucha, la creación de una Secretaría de Agricultura Familiar con presupuesto y delegaciones regionales con trabajadores que caminan el territorio; el Monotributo Social Agropecuario y el Registro Nacional de la Agricultura Familiar, que permite acceder a los trabajadores a derechos como una obra social, la jubilación y estar regulados en su trabajo. Esto último tiene como requisito ineludible el cumplimiento y asignación presupuestaria a la Ley de Reparación Histórica 27.118 de Agricultura Familiar.
Una situación de desamparo para las agriculturas familiares que amenaza nuestra soberanía alimentaria por ausencia de políticas públicas, que parecen deliberadas. Producciones ahogadas entre el fuego cruzado de la política económica, la ausencia de contención y el estrangulamiento al que lo someten los intermediarios ¿Quiénes se verían beneficiados? Porque cuando unos pierden siempre hay otros que se benefician. Tal parece una ecuación que atraviesa la lógica del nuevo gobierno que se empeña en favorecer a las corporaciones al mismo tiempo que abandona a los sectores populares.
*O.S.y P. Los Pibes, Fm Riachuelo