Por Redacción Marcha

La muerte en prisión es un crímen de Estado, así lo expresan detenidas y detenidos en las cárceles bonaerenses. El comunicado elaborado por las y los detenidos tiene una serie de demandas destinadas a cuidar su integridad física frente a la amenaza de la pandemia dentro del contexto de encierro.  Tal como expresan, en la Argentina no existe la pena de muerte, asi que es necesario que se resguarden sus derechos elementales. El petitorio fue entregado en medio de grandes medidas de seguridad que intentaron amedrentar a las y los que se acercaron al Ministerio de Justicia, en La Plata. Una situación similar ocurrió frente al Ministerio de Nación en CABA. Sin embargo las y los autoconvocados sostuvieron su presencia hasta que fueron recibidos para entregar el petitorio.

En el comunicado que elaboraron desde el Colectivo y que fue entregado se solicita “el cese de las muertes por goteo que están provocando nuevas formas de crímenes de lesa humanidad, porque el coronavirus ya ingresó a la mayoría de las cárceles bonaerenses”. Expresan que la situación hace que la vida de las, los y les detenides “siempre ha estado en riesgo por la falta de sanidad, el hacinamiento, las torturas sistemáticas que imparten el Servicio Penitenciario Bonaerense sobre nuestras personas avasallando nuestros derechos humanos y los preceptos establecidos por  la Constitucion Nacional”.

Lejos estan las recomendaciones de los organismos internacionales como la ONU respeto al a protección de personas privadas de su libertad ante la amenaza del Covid y tal como el Colectivo afirma, “la muerte es un presagio anunciado para nosotros del cual hacemos responsables al Poder Judicial, por haber negado toda libertad que fuera peticionada conforme a derecho, en especial a las personas con padecimiento de salud grave, mayores de 65 años, mujeres embarazadas a punto de dar a luz, madres con sus hijos  menores de 5 años viviendo en condiciones nauseabundas. Por el contrario hemos recibido represión y traslados arbitrarios, muertes por violencia institucional que exigimos no queden en el olvido”.

Desde el Colectivo de detenidos y detenidas advierten sobre la indiferencia del gobierno provincial y del Poder Judicial, que en lugar de la conmutación de penas o medidas de protección “eligieron armar hospitales de campaña dentro de las unidades. Mentira. Se trata de lugares húmedos e inadecuados para tratar cualquier problemática de salud”.

Se preguntan “¿Quién puede decirnos que las cárceles están preparadas para asistir del virus más letal que asota al mundo entero?  Somos nosotros los propios detenidos que sin cumplir con los elementos básicos debemos asistir a nuestros compañeros infectados, por orden del Servicio Penitenciario Bonaerense”

“Tenemos la convicción junto a nuestros familiares que esto es un crimen de Estado” por eso, por el derecho a la vida esperan una pronta respuesta.

Frente al Ministerio de Justicia las y los familiares autoconvocados expresaron “No existe la pena de muerte en Argentina. Ante la decidia de los tres poderes del Estado hoy decidimos estar aca en representación de sus familiares privados de libertad que están luchando por su vida frente a la presencia del Covid-19”. Hacen un pedido por la inmediata presencia de autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia y DD.HH. y todas las organizaciones de derechos humanos . Por el derecho a la vida, porque hay gran cantidad de afectados por el coronavirus. Porque a las vulneraciones reiteradas de los derechos dentro de los ámbitos carcelarios, se suma una nueva vulneración del elemental derecho a la vida.  “No estamos pidiendo la libertad de todos, sino la libertad de quienes se encuentran en riesgo y que puedan ser asistidos en distintos hospitales. No pedimos la libertad de femicidas o violadores sino la libertad de las mujeres con hijos, de los enfermos terminales, las personas que teniendo la condena cumplida aun siguen detenidas”.

Escuchá el programa radial anticarcelario Aires de Libertad todos los jueves a las 20hs en vivo por radiosemilla.com.ar

Leer mas Nuevas cárceles, viejos problemas

Escucha aca La muerte en prisión es un crimen de Estado

Source

Dr. Andrés Carrasco

A poco de finalizar el período del gobierno de Cambiemos, trabajadores y trabajadoras de la educación de la Provincia de Buenos Aires relatan sus resistencias cotidianas al modelo extractivo de producción industrial agrario contaminante. Una postal de algunas regiones afectadas por el modelo productivo. 

Por Vivian Palmbaum

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires inició el 2019 habilitando la aplicación de la Resolución N° 246, firmada por el ministro Leonardo Sarquis, y permitió extender el área de las fumigaciones con agrotóxicos. Una medida que favorece el negocio por encima del valor de la vida. Así es que desde hace muchos años se vienen gestando iniciativas de organización en cada municipio que lograron limitar el uso de venenos. Esto es posible sólo a través del trabajo colectivo, comunitario y la articulación a nivel regional y federal. Marcha entrevistó a Yamila Vega docente de San Andrés de Giles e integrante de la Red Federal de Docentes por la Vida.

Fumigando Buenos Aires

Yamila Vega es docente y vive en San Andrés de Giles, “gracias al impulso del colectivo Ambiente Saludable, docentes y vecinos que habían sido fumigados en proximidades de la escuelas y en sus casas lograron que en 2017 se realizara  la primera Audiencia Pública en la localidad para debatir e impulsar una nueva ordenanza, que se materializó meses después” relata.

“Pese a la ordenanza vigente se sigue fumigando en las adyacencias de las escuelas rurales. Los que más sufren las consecuencias son las y los habitantes del medio rural, porque no hay ninguna ordenanza que los proteja” expresó Vega sobre la situación de la salud en espacios rurales, y agregó  “lo que se consiguió fue un registro para que aquellos productores que tengan agroecología se puedan anotar y no les fumiguen a 100 mts., aunque sabemos que la deriva es incontrolable, entonces la ordenanza no los protege”.

A partir de este diagnóstico, la respuesta fue organizada “nosotros y nosotras desde la Red conociendo esta realidad lo que tratamos de generar son capacitaciones, charlas y a través del boca en boca fomentamos el uso del Protocolo de actuación y denuncia para escuelas fumigadas. Por suerte a partir de este año los gremios docentes están teniendo en cuenta el Protocolo y también lo tomó CTERA”.

Pero sólo con el Protocolo no alcanza, “la idea es trabajar,  comenzar a reunirnos con los gremios para avanzar en el uso del protocolo, porque la realidad es que la mayoría de las y los docentes lo desconocen o a veces como no baja directamente de la Dirección General de Escuelas no saben muy bien si usarlo o no cuando están fumigando”. Además explicó que ante un caso de fumigación en horas de clases se está vulnerando el derecho a la salud de los niños y  niñas, contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional y además ampara a las y los docentes   la Ley Nacional de Educación.

En los barrios de Pergamino, uno de los núcleos sojeros más fuertes de la llamada Pampa Húmeda, sus habitantes también están sufriendo estragos por la contaminación por fumigaciones. La situación hizo necesario que una vez más las mujeres se pusieran al frente de la lucha y se organizaran como Madres de Barrios Fumigados de Pergamino, así vienen llevando adelante movilizaciones y presentaciones judiciales para detener a la maquinaria de enfermar y matar con complicidades oficiales. En otros municipios también se organizan para resistir al envenenamiento.

Proyecto educativo contra el envenenamiento 

Yamila Vega como trabajadora de la educación también expresó varias de las preocupaciones de la Red. Por un lado, “una preocupación constante de la Red es que las fumigaciones entren en la ART, que nos la pasen como un accidente de trabajo y que los análisis bacteriológicos que se hacen sobre el agua en las escuelas también contengan análisis de agrotóxicos para poder detectarlos”.

Por otra parte, relató que las empresas del agro-negocio con la complicidad del Estado se entromete en las políticas educativas a través del fomento de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, sobre todo en las escuelas agrarias como la que yo trabajo.

Se ofrecen capacitaciones con puntaje para docentes en Buenas Prácticas, ya sea en “feedlot, o cria intensiva de ganado, cultivos, ya que en esas escuelas se trabajan estos contenidos y se potencia distintas actividades como las olimpíadas de pulverización o la agroescuela para las escuelas agrarias.

Las “Buenas Prácticas” en agricultura es una iniciativa implementada por el gobierno nacional para soslayar los efectos de los agrotóxicos, en consonancia con el discurso de las corporaciones, los terratenientes, pooles de siembra y otros que defienden sus intereses.  Desde las organizaciones que se oponen las denominan: “Buenas Prácticas Asesinas”.

Red Federal con marca Zabaloy

Entre 2015 y 2016 Ana Zabaloy se comienza a organizar la Red y cuenta Vera “al principio solo formábamos parte las y los docentes de la provincia de Buenos Aires. La Red se “inauguró” durante el 8° Encuentro de pueblos fumigados, que se realizó en San Andrés de Giles en agosto de 2017. Luego, acompañamos a Mariela Leiva en el juicio que de Entre Ríos, y partir de allí la Red comenzó a convertirse en “federal”, formando parte de ella docentes, vecinos, comunicadores y profesionales de una amplia franja del país, zonas afectadas no solamente por el modelo del agronegocio, en el cual se vierten millones de litros de venenos, sino también zonas afectadas por la megaminería y el fracking”.

Mariela Leiva fue tristemente conocida porque denunció que mientras estaba dando clases en la escuela rural de Colonia Santa Anita, Entre Ríos, una avioneta pasó fumigando a pocos metros de la escuela e intoxicó a los y las estudiantes.La justicia con un fallo inédito sentenció a los responsables con la condena de un año y medio de prisión por considerarlos penalmente responsables de lesiones leves culposas y contaminación ambiental culposa.

La Red nace, tal como lo relata Vega “frente a la necesidad de contención y coordinación de actividades tendientes no solo a la realización de las denuncias sino también para promover proyectos educativos críticos respecto del modelo extractivista al que estamos sometidos, generar conciencia y brindar información a las comunidades rurales, acompañar a quien lo necesite (familias, estudiantes, docentes)”. En Buenos Aires, igual que en otras provincias, cada región tiene distintas ordenanzas vigentes.

Ana Zabaloy es reconocida por el gran trabajo para impulsar la Red “ante la necesidad de terminar con el aislamiento que sufrimos las y los trabajadores de la educación al momento de realizar las denuncias.  Sufrió en carne propia los efectos de las pulverizaciones con agrotóxicos ya que falleció hace pocos meses. Al momento de realizar las denuncias pertinentes no contó con el apoyo de gremios, ni de las instituciones educativas, ni del gobierno municipal, tal como sucede con la mayoría de las y los docentes que denuncian las fumigaciones en las adyacencias de las escuelas.

Hace pocos días se realizó el 1º Encuentro de la Red Federal de Docentes por la Vida, con una gran asistencia, donde se abordaron las principales problemáticas de las diferentes regiones del país y  además se consensuó una propuesta colectiva que es “empezar a mostrar el otro modelo, el único modelo posible, que es la agroecología, sobre todo a través de proyectos educativos.

Notas relacionadas:

En Santa Fe, enfrentar el modelo productivo agro- contaminante (I)

Una Resolución para el riego con veneno

Source

En la provincia de Buenos Aires, una mujer de 34 años y madre de un niño está en grave estado por las consecuencias de un aborto inseguro. Es en el territorio de los declarados antiderechos, María Eugenia Vidal y Esteban Bullrich (PRO). Los costos de votar contra el aborto legal, seguro y gratuito.

Elizabeth* llegó ayer por la noche a la guardia de un Hospital de la zona norte del Conurbano, que depende de la provincia de Buenos Aires, por las consecuencias en su salud que le provocó un aborto inseguro. Allí las y los profesionales médicos le realizaron una histerectomía de urgencia. Perdió su útero y corre riesgo su vida. Tiene 34 años y es madre de un niño y fue trasladada en las últimas horas a un centro de salud de mayor complejidad.

De acuerdo a datos oficiales, por año 50 mil mujeres y personas gestantes son internadas en hospitales públicos porque abortaron de manera insegura en la clandestinidad. Se calculan 29 mil abortos por mes, 985 por día y 41 por hora. Una de estas interrupciones voluntarias de embarazos fue la de Elizabeth, a la que el Estado le dio la espalda y hoy corre riesgo su vida.

Desde la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, publicaron un comunicado al enterarse de la situación: “En el día de hoy tomamos conocimiento de la situación de una mujer que consultó en grave estado de salud a un Hospital provincial”, relatan, “se encuentra internada peleando por su vida”. Y apuntan de forma directa a la máxima autoridad de la provincia, María Eugenia Vidal (PRO), quien se pronunció en contra del derecho al aborto seguro: “la clandestinidad es esto gobernadora, es lo que está viviendo esta mujer y su familia”.

Tras el rechazo del Senado al articulado de la media sanción de Diputados de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito también publicó una declaración en la que responsabiliza al Poder Ejecutivo Nacional y a lxs 40 senadoras y senadores, integrantes del Poder Legislativo por “cada muerta y cada presa por abortar”, ya que se “abstuvieron o votaron en contra de nuestro derecho a la vida, a la salud y al reconocimiento de nuestra dignidad”. Desde la Campaña sostuvieron: “Poco les importamos las olvidadas: las que abortamos con riesgos, las que vamos presas y vivimos clandestinas de por vida”.

Para la Campaña, el Senado rechazó “la demanda popular de aborto legal, seguro y gratuito en un proceso democrático de construcción legislativa en el que además ninguna propuesta alternativa a la problemática ha resultado”. Además advirtieron, en relación al resultado de la votación del 9 de agosto pasado: “No hay ganadores cuando las mujeres y personas gestantes de nuestro territorio siguen abortando en clandestinidad. La reflexión es profunda: ante la oportunidad de cambiar se ha elegido conservar el statu quo penal de 1921 y sostener una norma que discrimina porque condena a solo una parte de la población”.

Para la Red… estamos frente a “los costos de votar en contra del aborto legal, seguro y gratuito” y finalizan en el comunicado preguntando: “¿Todavía queda alguna duda de que la clandestinidad pone en riesgo la salud de las mujeres y personas gestantes? ¿Todavía queda alguna duda de que tenemos que dar una respuesta desde el sistema de salud?”.
*Elegimos este nombre para resguardar la identidad de la víctima

Source

En la mañana de ayer,  una explosión de gas en la Escuela Nº 49 de Moreno se cobró las vidas de la vicedirectora y un auxiliar. La escuela ya había elevado reclamos que jamás fueron atendidos. De haber sucedido minutos más tarde la tragedia hubiese alcanzado a niñas  niños asistentes a la escuela. ¿Cuanto cuesta la desidia? ¿Cuánto valen las vidas en el conurbano? ¿Cuánto abandono pueden soportar nuestros cuerpos?

El precio de la desidia

Sandra, vicedirectora, y Rúben, auxiliar, llegan antes a la escuela. Preparan las instalaciones y en general son los encargados de preparar el desayuno que va a abrigar el estómago de cientos de chicos y chicas. Recorren el barrio San Carlos por sus calles de tierra -que se vuelven barro cuando las lluvias no cesan-. Las mismas calles que recorren los casi 500 estudiantes que asisten a la Escuela 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. Las mismas calles que los políticos recorren solo en época de campaña, para sacarse una foto y volver a casa antes de enfrentarse con la realidad.

Sandra y Rúben ya no están. Se los llevó la desidia del gobierno. La escuela elevó 6 expedientes en el último año. Lamentablemente, al igual que cientos de escuelas a lo largo y ancho de la Provincia de Buenos Aires, las inversiones en infraestructura nunca llegaron. Sandra y Rúben sufrieron por última vez la violencia del abandono. Una explosión tras un escape de gas terminó con sus vidas antes que prepararan el desayuno. En el dolor de la tragedia hay que alegrarse de que la explosión se haya adelantado. De haber ocurrido minutos más tarde, se hubiese encontrado también con la llegada de los y las estudiantes.  

La respuesta

Una vez más, la respuesta popular llegó antes que la del gobierno. Ante la tragedia, cientos de vecinos y vecinas se movilizaron hacia el Consejo Escolar de Moreno exigiendo respuestas, mientras que el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires,  SUTEBA, declaró paro de 24hs. Al anochecer también la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, y Ademys llamaron a paralizar tareas.

SUTEBA en un comunicado expresó que la “educación pública está de luto”, por el fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodriguez, al tiempo que expresaron que “es la muestra palpable de la negligencia y el abandono que sufre la educación pública en nuestro país”. Responsabilizan de la desidia a la gestión de María Eugenia Vidal por ”el ajuste y la subejecución de los presupuestos que la gestión lleva adelante en la Provincia de Buenos Aires, en sintonía con el Gobierno Nacional”. Denuncian que la gobernadora  ya conocía el estado de emergencia educativa de la localidad y que desde diciembre 2015 las obras están paradas.

Con un paro nacional docente aún fresco, dado que hasta ayer se cumplió una medida gremial a nivel nacional de CTERA, hoy la falta de políticas públicas se cobró dos vidas y podrían haber sido muchas más.  Hasta el día anterior los medios hegemónicos se ocuparon de demonizar los reclamos docentes, tal como se demoniza cualquier protesta social, mientras se hace la vista gorda frente a los actos de corrupción con las partidas presupuestarias o se realiza el ranking de la corrupción con auspicio judicial. Se estigmatiza cualquier reclamo mientras el ajuste feroz lo soportan los sectores de menores recursos y se habilita la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior. Ayer nos estalló en la cara las políticas públicas del gobierno de Cambiemos y su entronizada gobernadora.

El abandono como política de estado

El gobierno. Ese que sale a rivalizar con docentes y gremios. El que sale a deslegitimar reclamos. El que afirma, en su vocera la gobernadora Vidal,  que ningún pibe y ninguna piba de la Escuela 49 de Moreno, y de cualquier escuela con calle de barro, va a ingresar a la universidad. Ese que condena a la escuela pública. Ese que condena a estudiantes, trabajadores y trabajadoras. Ese que instala la idea que la educación pública no es de calidad. Ese que demoniza a los y las trabajadoras de la educación pública. Ese gobierno, tendrá que salir a dar respuestas.

La escuela 49 resistía por la fuerza de sus trabajadores y trabajadoras. Vecinos y vecinas de la institución señalan que era el mismo cuerpo docente el que realizaba las tareas de mantenimiento, reparaciones  y pintura. Durante el paro de 48hs pronunciado esta semana, fueron las y los mismos docentes quienes intentaron arreglar la fuga de gas, dado que ya advertían que era insostenible. En la triste espera de que las cosas no sucedan, tuvieron que ser los mismos docentes quienes se den maña en realizar todos los arreglos que el estado no realizó.

Los reclamos eran constantes, tanto por parte de la vicedirectora y del cuerpo docente como de los mismos padres y madres de estudiantes. Una de las madres, integrante de la cooperadora, señaló “La vicedirectora vive por esta escuela. Es la mamá de la escuela, la mamá de los chicos, nuestra mamá. Reclamamos, juntamos firmas por todos lados y nada. ¿Tiene que pasar esto para que nos escuchen?, ¿Ahora cómo vamos a hacer para volver a mandar a nuestrxs hijxs a la escuela?”

“No fue una bomba. Desde que comenzó el año tenían problemas con el gas, hasta suspendieron por varias semanas el servicio de comedor” expresó en medio de gran conmoción la hermana de la vicedirectora. No fue una bomba la que nos hizo estallar en la cara las políticas públicas de Cambiemos.

El Consejo Escolar de Moreno, órgano que garantiza que se cumplan las políticas públicas educativas en cada zona, se encuentra intervenido desde octubre 2017 por el gobierno provincial. El miércoles, Sebastián Nasif, su interventor, anunció que se habían realizado las mejoras de gas en las instituciones de la  zona.

Lo sucedido en la escuela 49 de Moreno es la consecuencia fatal de una política que viene sufriendo la educación pública en la gestión cambiemita. Hace pocos días el ex director de Educación Técnico Profesional de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Marchesini, presentó su renuncia denunciando la sistemática subejecución de partidas presupuestarias destinadas a educación. La subejecución del presupuesto se hace sentir en todos los niveles de la educación: desde jardines hasta universidades, pasando por la implementación de la ley de educación sexual integral.

Tal como venimos asistiendo, las políticas públicas que aplica la gestión Cambiemos repercuten en la disminución del presupuesto destinado a garantizar derechos como la educación. Chubut y Neuquén son los ejemplos más recientes donde la resistencia de las y los trabajadores,  frente a las mismas políticas públicas que se aplican en la provincia de Buenos Aires, logró que los gobernantes tengan que modificar su rumbo. http://www.marcha.org.ar/chubut-una-crisis-que-se-profundiza-por-las-insuficientes-respuestas-del-gobierno/

La desidia y el abandono en la educación pública siempre llevan a tragedia. En este caso, se cobró la vida de dos trabajadores. Sin embargo, desidia es subejecutar presupuesto, desidia es cerrar paritarias por debajo de los niveles de inflación, desidia es recortar las viandas de niños y niñas, desidia es que quienes tienen que estar planificando y dando clases tengan que estar arreglando un caño. María Eugenia Vidal ilustraba que ningún niño o niña que nace en la pobreza termina en la universidad. Esa sentencia hoy está destinada a volverse un destino.  La desidia condena a la educación pública.

Source

La asociación civil “El Transformador” reclama que se haga efectiva la ley de expropiación de La Casona de Haedo, que vence en septiembre próximo. Entrevista a Aldana Sardelli, trabajadora de la organización social. Distintas actividades se vienen realizando para poder sostener el espacio.

Desde 2003 en la Casona de Haedo (Pdo. de Morón) funciona la Asociación Civil El Transformador. Un espacio que surge como resultado de la construcción de distintas organizaciones sociales. Entrevistamos sobre el conflicto a Aldana Sardelli, integrante y vocera de El Transformador.

¿Cómo empezó a funcionar El Transformador en La Casona de Haedo?

La Casona, donde estamos desde hace más de 15 años, fue declarada monumento histórico provincial y no se puede demoler. Eso lo lograron los vecinos y vecinas en 1998, y es algo que tenemos a favor. En ese momento ellos también presentaron un proyecto de expropiación, pero se cayó. Después, en 2003 empieza a funcionar acá El Transformador.

El dueño original de esta casa había sido Manuel Fresco, el gobernador de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue hablar con su hijo Manuel, en plena crisis del 2002-2003, y de palabra nos cedió La Casona. Desde entonces empezamos las actividades.

¿Por qué presentaron un proyecto de expropiación?

Otra parte de la familia Fresco empezó un juicio de desalojo para volver a tener La Casona. En ese momento presentamos el proyecto de expropiación, que finalmente se aprueba en 2013. Lo que hizo este proyecto fue congelar el juicio de desalojo que nos hacía la familia.

La ley de expropiación, que presentamos y que fue aprobada, dice que la Provincia tiene que pagar a la familia el valor fiscal de la Casona. Por tratarse de un monumento histórico, y por las actividades que nosotros hacemos ahí, la Provincia debe cedérsela al municipio de Morón y éste, a su vez, darla en comodato a nuestra organización.

¿Están preocupados y preocupadas porque vence el plazo de expropiación?

En septiembre se vence el plazo de la ley y queremos conseguir una prórroga, que todavía sigue en tratativas, porque siempre está presente la amenaza de desalojo.

Si bien un desalojo es algo que no sucede de un día para otro, porque hace muchos años que estamos acá, hacemos muchas actividades y trabajamos con pibes y pibas. La idea es no llegar a esa instancia, sino extender el plazo de la ley o buscar la forma legal de seguir en la Casona.

¿Por qué nunca se ejecutó la Ley de Expropiación?

Cuando se aprobó la ley de expropiación faltaba que se apruebe el presupuesto (que la haga posible). Eso es lo que nunca sucedió, y entonces jamás hubo plata para pagarle a la familia Fresco su valor fiscal, porque el presupuesto nunca fue aprobado.

¿Qué acciones legales tomaron para exigir el cumplimiento?

Desde El Transformador hicimos judicialmente todo lo que debíamos hacer, en el sentido que la ley fue presentada a tiempo y conseguimos que sea aprobada. Desde nuestro lado no hay otra acción legal, más que esperar hasta septiembre que la provincia pague o no esa ley.

En caso que no se consiga el presupuesto ya estamos hablando con las y los diputados para averiguar cómo hacer una prórroga de la ley. Además, si es posible continuar haciendo otras acciones legales para mantener el estado de expropiación.

¿Cómo respondieron el municipio de Morón y la gobernadora Vidal al pedido que le hicieron?

Ya presentamos una carta al municipio de Morón pero hasta ahora no tuvimos respuesta de parte del intendente Tagliaferro. Tampoco de la gobernadora Vidal  obtuvimos respuesta al pedido de una entrevista.

En la provincia, la ley de expropiación ya cumplió todo su recorrido y ahora está en la parte asuntos municipales. Desgraciadamente, esa área no tiene atención al público en la ciudad de La Plata y tampoco tienen ese expediente en nuestro municipio. Pero estamos cumpliendo todo el camino legal y agotando las instancias de pedidos de reunión con el municipio y la provincia exigiendo el cumplimiento de la ley.

¿Comenzaron una campaña para visibilizar la necesidad?

Si, estamos lanzando diferentes flyers y video-minutos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, para explicar la expropiación y lo que hacemos en la Casona. También salimos por el barrio a volantear con una carta, para decir a los vecinos lo que nos está pasando.

Además estamos haciendo varios eventos con motivo de la expropiación. Por ejemplo, el domingo 29 de julio tocó Leo Masliah a beneficio de nuestra organización.

En pocos días será un nuevo aniversario de El Transformador ¿Qué actividades tienen programadas?

El 18 de agosto cumplimos 16 años en la Casona y vamos a hacer un festival en la calle. Ahí también vamos a informar cuál es el estado de la expropiación y de qué trata la ley 14. 551, porque a veces cuesta que la gente entienda.

La Casona después de tantos años ha logrado ser muy reconocida en zona oeste. ¿Por qué?

Si, llevamos muchos años de laburo. Convertimos a la Casona en un símbolo de la zona oeste, porque es muy conocido el trabajo que hacemos desde hace muchos años.

Tenemos espacios de niñez, talleres culturales, agroecología, biblioteca y conviven otras organizaciones. A la Casona le damos vida muchas organizaciones y eso nos da más fuerza, con mucha gente activando para bancarla.

¿Cuáles son esas organizaciones que funcionan en La Casona?

En la Casona no está solamente El Transformador. También la habitamos muchas organizaciones. Están H.I.J.O.S. Zona Oeste, El Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Nacional. Además, funciona un colectivo de educación popular llamado Sembrando Rebeldías y otro llamado Socorristas en Red, que trabaja el tema del aborto,

También están las Caracolas Feministas trabajando violencia de género y los Varones Desobedientes, un grupo que se replantean las masculinidades. Es muy importante que este tipo de organizaciones podamos seguir trabajando en el barrio.

Historia transformadora

La importancia del espacio se debe a la función social de contención que cumplen. Desde hace más de una década El Transformador tiene un centro de día en La Casona (y otro en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora) donde trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Los trabajadores y trabajadoras de infancia laburan con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es proteger los derechos vulnerados de las y los pibes que están en situación de riesgo, por eso se hace indispensable que la expropiación se vuelva un hecho que le de amparo a esa gran tarea cotidiana. Además en el espacio se realizan muchas y variadas actividades culturales.

El inmueble perteneció al gobernador bonaerense Manuel Fresco y su hijo la cedió para que se lleven a cabo actividades comunitarias y culturales.

Gracias a la sanción de la Ley de Expropiación 14551, se evitó el desalojo que otra parte de la familia Fresco pretendía. Se dictaminó la obligación de la Provincia de pagar el valor de la casa a los herederos y darla en comodato a El Transformador.

Sin embargo, la ley aún no ha sido aplicada y en septiembre se cumple el plazo para hacerla efectiva. Desde El Transformador y las organizaciones que habitan la Casona reclaman por su expropiación, para que no corra peligro el centro comunitario.

Nota relacionada: Por la expropiación definitiva de La Casona de Haedo

Source

Una investigación periodística develó un entramado de lavado de activos y robo de identidad en el partido que encabeza María Eugenia Vidal. Beneficiarios y beneficiarias de planes sociales, jubilaciones y pensiones aparecen como aportantes de la campaña de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires. El oficialismo se escuda en que la ley de financiamiento es antigua y permite maniobras poco transparentes.

El apoyo popular al gobierno nacional

El apoyo popular que tanto buscó el gobierno cambiemita por fin se hizo luz. A pesar de las constantes medidas que el gobierno nacional y no tan popular viene tomando desde su asunción en desmedro de las clases bajas, estas aparecieron cuando más lo necesitaba.

Resulta que para la campaña legislativa 2017, donde se presentaron Esteban Bullrich como senador y Graciela Ocaña como diputada por la coalición Cambiemos por el Provincia de Buenos Aires, hubo 4800 portantes individuales, entre ellos y ellas muchos habitantes de villas y barrios de emergencia de la provincia, que generosamente donaron un total de 42 millones de pesos.

La investigación

El periodista Juan Amorín tuvo la ocurrencia de ponerse a observar la lista de aportantes a las elecciones legislativas 2017 de la lista de la coalición Cambiemos. Lejos de asombrarse con onerosos montos de CEOs, multinacionales y miembros de la sociedad rural, se encontró con 100 páginas de aportantes individuales. Al cruzar esta lista con las listas de beneficiarios de los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen, descubrió que unas 200 personas que trabajan en estas cooperativas aportaron individualmente entre $300 y $1500. Una muestra de confianza de los sectores más relegados para apoyar a los candidatos cambiemitas.

A partir de esta pequeña primera investigación, se socializó la lista de aportantes para que todo el que cuente con internet pueda buscarse. Al día de hoy se registran más de 10 millones de búsquedas y se encontró que al menos 1 de cada 4 aportantes a la campaña es beneficiario o beneficiaria de algún plan social, jubilación o pensión y desconoce haber aportado un peso. Como si eso fuera poco, el 99% también aparece como afiliado al PRO.

En un hecho totalmente aislado, en septiembre pasado un decreto del presidente daba al jefe de gabinete Marcos Peña el control sobre todos los datos personales de las bases de Anses. Es decir, semanas antes de presentar la declaración jurada de aportantes, el jefe de gabinete tomó control de los mismos nombres que terminaron apareciendo en la lista.

Pero eso no es todo. A esta investigación se le sumó la lista de aportantes de la campaña de Maria Eugenia Vidal a gobernadora de la provincia en 2015, donde aparecen candidatos a todos los escalafones de gobierno de distintas localidades. En este caso son los mismos candidatos, desde concejales a consejeros escolares, los que salieron a desmentir ser aportantes a las campañas y se sumaron a las denuncias realizadas.

Hecha la trampa, hecha la ley

En la última conferencia de prensa, Mauricio Macri fue consultado por este caso. El presidente de la Nación y máximo responsable del PRO comentó la imperiosa necesidad de redactar una ley que prohíba los aportes a campañas electorales en efectivo, promocionando el sistema bancario que permite conocer los datos del aportante. El presidente hizo foco en que la actual ley de financiamiento es anticuada y permite maniobras de corrupción y lavado de dinero, al permitir aportes en efectivo de dudosa transparencia.

Hecha la trampa, hecha la ley, el 90% de los aportes al PRO de la última elección fueron por medio de efectivo y solo el 10% restante lo hizo en modo bancarizado. Un gobierno que sin dudas aprende sobre la marcha y predica con el ejemplo.

“Frente a esto doy la cara como hice siempre en cada dificultad de la vida y de la gestión. Mi conducta estuvo basada siempre en la honestidad. Frente a estas denuncias, sobre aportes falsos, he tomado tres decisiones concretas” anunció la paladín de la justicia María Eugenia Vidal.

La primera medida fue pedir una auditoria sobre la rendición de fondos. En segundo lugar, Vidal pidió la renuncia de María Fernanda Inza, tesorera del PRO y flamante contadora del gobierno provincial. Por último, se manifestó a favor de la nueva ley de financiamiento. Es decir, la culpa básicamente la tienen la tesorera y la ley por ser anticuada y permitir maniobras corrompibles, pero quien firmó la declaración jurada y es penalmente responsable es María Eugenia Vidal.

La actual gobernadora de la Provincia de Buenos Aires se enfrenta a una denuncia que puede inhabilitarla entre 6 meses y 10 años para ejercer cargos públicos. Sin embargo, Mariu no se presentará sola ante la justicia. Jorge Macri, intendente de Vicente López, fue señalado por sus mismos compañeros de partido, involucrados en esta contienda, como responsable principal de la recaudación de fondos para la campaña. El primo del presidente también enfrenta la denuncia por lavado de activos y robo de identidad. De todos modos, su réplica no se hizo esperar y enfrentó la situación con envestidura dando una respuesta implacable: “Hubo gente que aportó y después se olvidó”.

¿Y si esta semana te toca a vos?

Es posible chequear los aportantes por apellido y nombre o número de documento en el sistema que generó La Alameda.  En caso de aparecer en las listas como aportante sin haber aportado dinero ni datos personales, se puede sumar la denuncia en la misma página o denunciar en El Destape Web, medio que comenzó con esta denuncia.

Source

Con paro y movilización se realizó una medida de protesta el pasado 29 de junio en la Provincia de Buenos Aires. 78 hospitales de toda la provincia estuvieron llevando adelante esta medida gremial que además movilizó a las y los trabajadores de la salud a La Plata y que frente al Congreso Nacional instaló una Carpa para darle visibilidad a la protesta.

Las y los trabajadores de la salud de los hospitales públicos bonaerenses nucleados en la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), rechazaron la propuesta de aumento salarial del 15 por ciento en tres cuotas planteada por el gobierno bonaerense y realizaron un paro el viernes 29 de junio. Con la medida de fuerza no solo se visibilizó el rechazo a la oferta salarial de la gobernadora Vidal, sino las difíciles condiciones que atraviesa la atención de salud en la Provincia de Buenos Aires, con políticas de ajuste sobre los principales servicios. En medio de un importante operativo policial se consiguió instalar una Carpa de Salud frente al Congreso Nacional.

Bonaerense

Tal como lo revelan las fuentes oficiales, la Provincia de Buenos Aires está integrada por una superficie de 307.571 km2 (11.06% del total del país). El censo poblacional del 2010 constató una población de 15.625.084 habitantes, con una densidad poblacional de 50.8 habitantes/ km2. Es decir que es el territorio de mayor población del país, seguida por Córdoba y Santa Fé con algo más de tres millones cada una. El acceso al derecho a la salud pública y gratuita se encuentra en franco deterioro, tal como lo revelan desde la asociación gremial, que nuclea a las y los trabajadores de la salud en la provincia. La situación también se replica en otras provincias y en la CABA, con dificultades en el acceso a los servicios básicos.

Emmanuel Alvarez, médico del Hospital Narciso López de Lanus e integrante del Consejo Directivo Provincial de CICOP y del M.P. La Dignidad, dio algunas precisiones sobre la medida de fuerza, sobre las condiciones de la atención en salud en la provincia y las acciones de las y los usuarios del sistema público de salud.

-¿Cuáles son las preocupaciones de las y los profesionales de la salud en la provincia?

-Desde la CICOP estamos viendo un programa de ajuste para las grandes mayorías, con una política publica de salud donde prima el bajo presupuesto y una forma de manejar el sistema, a través de los hospitales, que se parece más a una franquicia o a una filial de Mac Donnald´s en lugar de un estado que tiene que estar presente con políticas públicas. Nosotros venimos planteando la defensa del sistema público a través de salarios dignos para los trabajadores y las trabajadoras de la salud de la provincia, obras de infraestructura, que puedan cambiar la grave situación en la que se encuentran los hospitales, la defensa de nuestro sistema jubilatorio, además la necesidad de mayor pase a planta permanente de trabajadores y trabajadoras de la salud con recursos humanos que están a disposición para cubrir las necesidades que tiene la población bonaerense.

El Ajuste

El Dr. Alvarez además consignó que no solo se trata de reclamos sectoriales sino que  “también impulsamos que se frene el Ajuste que se refleja en el deterioro en las condiciones de vida. El empobrecimiento, el hambre, la miseria y  los problemas de vivienda hace que necesariamente los problemas de salud se agraven y el sistema de salud no está en condiciones de poder garantizar esos derechos, frente a tantas necesidades”.

Toda esta política del gobierno afecta a toda la población que no es solamente la gente que no tiene obras sociales, es decir que hay entre un 30 y un 40% de la población que usa el sistema público,  que no tiene obra social y que fue aumentando estos últimos años con la política de despidos del macrismo, por lo cual los hospitales están cada vez más colapsados por la gran cantidad de camas que se necesitan para poder atender las necesidades de la población.

Estas políticas de Ajuste en la salud pública afectan en la falta de insumos, en la falta de atención, en la mala cantidad de atención, en las guardias, en el vaciamiento que hay en los distintos servicios, en las dificultades que hay para acceder a las cirugías programadas. Toda una serie de servicios se van deteriorando y cerrando, que sobre todo afectan a la población con patologías crónicas, que son las enfermedades que hoy en día más sufre la población.

Usuarias, usuarios, pacientes…

Las situaciones más visibles como el Hospital Posadas y el Hospital El Cruce pusieron en evidencia la intención de ajustar la salud pública, con la consiguiente privatización de la salud que hasta ahora se hacía cargo el Estado, y permitía garantizar no solo el acceso sino la calidad del servicio. La movilización de usuarias, usuarios, y público en general logró revertir por ejemplo la medida sobre el Hospital El Cruce, de Florencio Varela o en el caso del Hospital Posadas la movilización y la solidaridad visibilizó las políticas públicas que se ejecutan, a la vez que los funcionarios livianamente afirman lo contrario, sin tener en cuenta a las personas que afectan.

¿Cuáles son las acciones de las personas frene al deterioro del sistema?

La población en general es activa frente a esta problemática. El tema es que generalmente uno atiende a la salud cuando se enferma, que no es la mayoría del tiempo, con lo cual uno se entera cómo funciona el sistema de salud cuando lo necesita, no antes. Hay quejas y formas de protestar para que se garanticen derechos en los hospitales y centros de salud. También es mucho lo que se hace desde las organizaciones sociales, comunitarias y de vecinos, donde muchas veces se plantan en los distritos frente a las direcciones de salud, se plantan para plantear una agenda de salud en función de las problemáticas que tiene cada lugar. Si bien esto no es la mayoría, se está viendo en los últimos meses en lugares como Moreno, o distritos de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, como por ejemplo Lanús, San Vicente, Guernica, entre otros. En varios distritos además está habiendo una articulación entre los gremios y organizaciones sociales, políticas y comunitarias, tal como sucedió en el Hospital Posadas o con el Hospital El Cruce de Florencio Varela, donde la población va a encontrando maneras creativas de manifestarse.

La salud no parece ser percibida como un derecho más, tal como lo revela el Dr. Alvarez “la salud solo es percibida cuando uno se enferma”. Una perversión en la que nos mete el sistema de consumo, donde se ha desdibujado la necesidad del cuidado de sí mismo y las y los otros en función de no necesitar del sistema. Así la salud aparece ligada al sistema de consumo, que se han encargado de moldear las corporaciones, la industria farmacológica junto con la biotecnología en función del negocio. El derecho a la salud parece más cercano a la enfermedad que a la salud, que solo parece un estado a recobrar.

Source

En la provincia de Buenos Aires se pretende avanzar sobre los bosques nativos generando una legislación que habilita su utilización para fines privados. Charlamos con Noel Miranda, integrante de las Asambleas socio-ambientales bonaerenses que movilizarán el miércoles 7 en La Plata.

Las asambleas socioambientales de la región bonaerense convocaron a una movilización frente a la Legislatura provincial el 7 de diciembre, en la calle 7 de la ciudad de La Plata porque allí se está tratando la Ley de bosques que pretende avanzar sobre los bosques nativos generando una legislación que habilita su utilización para fines privados que implicaría la desaparición de muchos de ellos.

El Proyecto de Ley se llama A1/15-16 y permitiría a las empresas privadas avanzar con diferentes emprendimientos inmobiliarios, por ejemplo, el caso de Techint que quiere hacer un nuevo barrio privado llamado “Nueva Costa del Plata” sobre la costa de Quilmes y Avellaneda.

Marcha dialogó con Noel Miranda, de las Asambleas socio-ambientales bonaerenses.

– ¿De qué se trata este Proyecto de Ley que está tratando la Legislatura de la provincia de Buenos Aires?

-Este es uno de los tantos proyectos que pondrían en jaque a los pocos bosques nativos que quedan en la provincia, sólo queda el 4% de la superficie de la Provincia de Buenos Aires habitada por bosques nativos. A lo largo de estos años las asambleas socioambientales fuimos viendo cómo el organismo que debería velar por la protección de esos ecosistemas ha ido cambiando su mapa en función de estos emprendimientos inmobiliarios.

Es así que llegamos a hoy, el proyecto finalmente no se trató, se va a tratar el próximo miércoles 7 de diciembre cuando como activistas socioambientales tenemos el compromiso de convocar al menos al doble de personas que éramos hoy, a la mayor cantidad de gente que pueda asistir, que esto repercuta en las redes sociales, llamando a los diputados, pidiéndoles que no voten a favor de esta ley mal llamada “de protección de bosques nativos”, porque lo que hace es ceder en bandeja a diferentes emprendimientos privados estos ecosistemas que cumplen una función elemental para las zonas urbanas y además tienen un valor intrínseco desde su flora y su fauna.

Funcionan como purificadores de aire, retienen las crecidas del río, las precipitaciones y esto se trata en un contexto en el que se está debatiendo también la Ley de humedales, son dos ecosistemas que en la naturaleza funcionan en conjunto. Hay una pugna muy importante de lobbies económicos en detrimento del bien común.

-Mencionaste esta dualidad, por un lado esta Ley de bosques nativos y paralelamente la Ley de humedales, ¿cuáles son los cuestionamientos centrales que las asambleas socioambientales de la provincia de Buenos Aires hacen a estas dos leyes?

Particularmente la Ley provincial de bosques nativos se contradice con la Ley nacional de bosques nativos. La provincia de Buenos Aires es la única que todavía no tiene ordenamiento territorial de sus bosques. Lo que dice la ley nacional es que hasta que no exista ese ordenamiento territorial, es decir, hasta que el organismo correspondiente diga qué es bosque nativo y qué no, no se pueden aprobar emprendimientos privados ni públicos, no se puede acceder a esos ecosistemas bajo ningún punto de vista si no existe ese ordenamiento territorial.

Sin embargo, las asambleas estamos viendo cómo a lo largo de los años se le cedieron terrenos a estos emprendimientos privados y eso se contradice con la ley nacional. En el caso de la Ley de humedales, es una buena ley y por eso no se quiere aprobar, a diferencia de la Ley de bosques nativos que es una mala ley para el bien común y sí se intenta aprobar.

En el caso de los humedales, la intención es protegerlos a través de esta ley, por eso los lobbies económicos están presionando para que no salga. En el caso de la Ley de bosques nativos sí quieren que salga porque beneficia a los lobbies económicos.

En ambos casos vemos cómo las empresas privadas son quienes definen el territorio. Estamos en disputa con estas empresas por el territorio, esto no se trata de salvar pajaritos ni árboles, más allá de que tengan un valor en sí mismos, sino que se está dando una batalla por el territorio, por el espacio público y porque estos espacios cumplen una función, por ejemplo, para que no nos volvamos a inundar. En la ciudad de La Plata sufrimos la inundación del 2013, la del 2 y 3 de abril, con cientos de muertos y no queremos que eso vuelva a suceder y los humedales son fundamentales para eso.

En el caso de que se desarrollen en Quilmes estos emprendimientos, en una dura inundación se llegaría hasta 2 metros del nivel del río, con precipitaciones extraordinarias en un contexto de cambio climático a nivel mundial, donde las lluvias son más frecuentes e intensas, por eso se hace fundamental proteger este tipo de ecosistemas. Además, es el compromiso que tomó la Argentina en la última COP 21 sobre el cambio climático y esta Ley de bosques nativos no lo estaría cumpliendo.

– ¿Cuál es la convocatoria para el miércoles?

La convocatoria es para el próximo miércoles 7/12 al mediodía en la Legislatura de la ciudad de La Plata, en la calle 7 entre 53 y 54. Vamos a hacer una intervención para explicar, como lo venimos haciendo desde hace 2 años, por qué esta es una ley que viene del gobierno anterior, y que el bloque de Vidal ahora apoya sin ningún tipo de queja, lo cual es bastante llamativo.

Quienes no puedan venir, pueden compartir en Facebook, vamos a estar difundiendo a través de la página que se llama Encuentro socioambiental y la Red socioambiental regional y desde allí cada asamblea de la provincia va a ir subiendo los videos para que la gente vea lo que pasó hoy y lo pueda difundir. Es importante poner en común los contactos de las y los diputados y exigirles de la manera que sea que no voten esta ley porque vamos a terminar inundándonos.

Source

Entrevista a Fernando Menéndez de SUTEBA La Plata, en relación al paro docente en la provincia de Buenos Aires.

A pesar de las amenazas y de los descuentos, la semana pasada docentes de la provincia hicieron paro. En una entrevista con el programa radial La Revancha por FM La Tribu, Fernando Menéndez, secretario de promoción social de Suteba La Plata, comentó acerca de la situación docente, con el agregado del nuevo proyecto de María Eugenia Vidal para implementar un observatorio analítico que controle lo que expresan “los distintos actores de la comunidad educativa” a través de las redes sociales.

-¿Qué información tienen al respecto del nuevo proyecto del gobierno de Vidal?

-No mucha, solo lo que circula por los medios. Recién ahora estamos desayunándonos con la noticia. Se habla de un observatorio analítico, así lo llaman, que va a tratar las problemáticas educativas, lo que se expresa en las redes por lo que ellos llaman los “actores de la comunidad”. Para eso invierten $1.600.000 aproximadamente, lo cual resulta indignante con el déficit presupuestario en la educación pública.

-Teniendo en cuenta que este mismo mes miles de docentes y auxiliares en provincia cobraron su sueldo con descuentos por ir a medidas de paro, ¿por qué crees que Vidal decide impulsar este proyecto?

-Porque vienen a atacar nuestras condiciones de trabajo y de vida. Necesitan entonces recortar nuestros derechos y descontar las medidas de fuerza van en esa dirección, en tratar de disciplinar al movimiento de trabajadores y trabajadoras docentes. Esto no solo está vinculado al observatorio analítico. Quien se acerque a cualquier escuela en provincia de Buenos Aires se va a encontrar con miles de problemas de infraestructura. Entonces, que arranque por ahí para poner la plata en vez de ir a espiar lo que se dice en las redes sociales. Hay tanto por hacer, y realmente no es este el horizonte que busca este gobierno: nos hablan de calidad en la educación pero en realidad hacen todo lo contrario, sacarnos nuestros derechos e ir hacia la baja en todos los aspectos para disciplinarnos, y así bajar nuestras condiciones de vida

-En este contexto, ustedes, como seccionales opositoras a la conducción provincial del Suteba, anunciaron que no van a comenzar las clases, con un paro de 48hs. ¿Esto podría llegar a extenderse al sindicato en general?

-En términos generales no se puede anticipar, porque la conducción provincial y nacional de Ctera, vinculada a la lista celeste de Roberto Baradel como referente máximo, decide todo entre cuatro paredes. Sí hay una cierta presión desde los lugares de trabajo para recomponer, en principio, las condiciones en las que se cerraron nuestras paritarias, que fueron por lo menos 20 puntos debajo de lo que está estimado para la inflación anual. Hay un clima de descontento en el movimiento, había gente que tenía expectativas por lo que iba venir, y cuando esas expectativas se tornan en todo lo contrario, estas personas se vuelven más predispuestas a comenzar los procesos de lucha. En ese sentido las seccionales opositoras marcamos un camino tratando de jugar en las calles lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, que no solo tiene que ver con lo salarial, sino también con una gran falta de asignación de cargos (4 mil en nuestro distrito), con problemas de infraestructura y reducción de los comedores.

-¿Reconocen ustedes en las escuelas a esta gente que confió en el macrismo pero ya a los siete meses encuentra que los resultados no son los esperados?

-Sí, empezamos a sentir el descontento en nuestros lugares de trabajo, en todas nuestras escuelas. Cada vez somos más docentes los que participamos, protagonizando distintas acciones para defender tantas cosas que tardaría todo el programa en nombrar. Creo que al principio, como todo gobierno que gana una elección, tuvo un momento de cierto acompañamiento tanto de los docentes como de otros sectores, pero de a poco empieza a emigrar hacia los espacios que estamos generando para fomentar la participación. Nosotros tratamos de que todos los reclamos que hacemos sean sentidos en cada una de las escuelas, donde la participación y la decisión la tomen cada una de las compañeras y compañeros.

Audio Completo: http://www.larevanchaprograma.com.ar/falta-presupuesto-para-salarios-pero-no-para-espionaje/

Source

La candidatura de Aníbal Fernández pone al descubierto la crisis de reprensentatividad y el fin del ciclo político encarnado por el kirchnerismo.

Si observamos la definición de “ciclo”, podremos ver que es una especie de período determinado por características particulares. Este finaliza cuando los principales vectores, que le dan vida a ese tiempo, se agotan, terminan o vuelven a su punto de inicio. Y esto es, a grandes rasgos, lo que le está sucediendo al gobierno nacional: se termina el mandato actual y no hay recambio consensuado. Así las piezas se van reacomodando para una nueva fase, que seguramente será distinta de la actual.

En ese sentido, hay una búsqueda permanente para encontrar herederos fieles a los principios de la gestión iniciada en 2003. Y entonces desde hace algunos meses viene creciendo una especie de acuerdo, tanto dentro del FpV como por fuera de este, para que Aníbal Fernández, actual Jefe de Gabinete, se establezca como una referencia, interpretando tanto al actual gobierno nacional, como a otros sectores de la política argentina.

Casi en paralelo al nacimiento de la consigna “El candidato es el proyecto”, se viene gestando la idea de hacer jugar un nombre fuerte que pueda recuperar parte de la referencia generada por las gestiones kirchneristas. Es evidente que producir una frase con el objetivo de cubrir el vacío existente en la representatividad política deja en claro que los candidatos oficialistas no conforman a nadie, sólo a sus propios sectores internos. Estos son los casos de Máximo Kirchner, Jorge Taiana, Sergio Urribarri, Florencio Randazzo, Daniel Scioli, Patricio Mussi, Chino Navarro, Diego Bossio, Sergio Berni y ahora el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández. Es necesario aclarar que en el lanzamiento de este último, hasta hubo un pedido por parte de la presidenta en la que les proponía “humildad” en las candidaturas. Así es que entre los primeros resultados, algunos nombres se fueron bajando. La lista de postulantes que se autopromovían, se redujo considerablemente, pero lo cierto es que no todos los candidatos se bajarán.

Quienes hoy corren con el “Caballo del comisario” son Randazzo, Scioli y Fernández, y el resto de los candidatos queda expuesto a obedecer la orden de la presidenta. Sin embargo, la falta de conducción hacia adelante nos muestra la diversidad de pretensiones que tiene el “proyecto” a su interior, que se manifiesta en la falta de referencias claras. Si bien hoy ese universo se encuentra convulsionado, se sabe que la capacidad de recambio es una virtud que tiene el sistema y que garantiza su reproducción.

La formación de consenso

La formulación de un determinado consenso es necesaria, en el sentido de recuperar algo entre medio de la fuerte crisis de representatividad política post gestión kirchnerista. Si bien existe el de la polarización política “por arriba” Scioli-Macri en el plano nacional, desde la Rosada ven como imprescindible crear “su figura” para la competencia en el distrito más importante del país, la provincia de Buenos Aires.

Así es que virtudes como la capacidad para adecuarse a las distintas situaciones coyunturales, poseer respuesta casi inmediata y ser portador de una verborragia vehemente, casi temeraria, son atributos no muy comunes en el terreno de la política. Entonces con esas cualidades y como principal espadachín cotidiano del gobierno, Aníbal Fernández supo cosechar adherencias para erigirse como el referente catalizador de las demandas políticas provenientes de la actual gestión nacional, y de sectores económicos beneficiados por la década ganada. Sin embargo, la diáspora que se observa en el oficialismo y que Cristina Fernández intenta controlar con estos movimientos, mostró un acto de lanzamiento del “Anibalismo”, donde los apoyos fueron los gobernadores y funcionarios del gobierno, pero sin intendentes visibles y de peso, teniendo en cuenta que la candidatura es por la provincia de Buenos Aires.

El Ciclo cierra sobre sus propios comienzos

El año 2003 comenzó caracterizado por la debilidad política de la fuerza que iba a conducir el gobierno. Para poder gobernar el país hizo falta, entonces, acordar con todos los sectores posibles. Uno de esos actores principales era el Partido Justicialista (PJ). Hacer de gobernadores, intendentes, fuerzas de seguridad, y al duhaldismo mismo, aliados, fue una tarea clave que cumplió al dedillo el quilmeño Aníbal. A lo largo de la década estos deberes fueron mermando, hasta que el final del ciclo político empezó a notarse cada vez más. Es ahí donde lo nombraron Secretario General de la Presidencia, cargo que ostentara en el otrora gobierno nacional de Eduardo Duhalde. Luego, en otro movimiento de piezas, asumió como Jefe de Gabinete de Ministros, y ahora como candidato por la Provincia. Es decir, que este ciclo comenzó con un Aníbal protagonista en el armado político de la gestión y cierra nuevamente con el mismo personaje como uno de los actores principales.

Currículum

Fue Intendente de Quilmes en el período 1991-1995. Logró la candidatura mientras era Secretario Administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires, por un acuerdo superestructural del peronismo bonaerense. En su gestión privatizó la Dirección General de Servicios Sanitarios, hecho que luego fue investigado. Las sospechas de corrupción hicieron que se lo citara a declarar ante los tribunales. Sin embargo, aun siendo intendente, se escondió y estuvo prófugo de la justicia hasta que “por arriba” pudieron arreglar el “asunto”. Como tantos otros hechos de corrupción que se cometen en las distintas gestiones de gobierno, este quedó impune.

En el período en que la gobernación estuvo a cargo de Carlos Ruckauf, fue ministro de Trabajo de la Provincia. Dentro de sus acciones destacadas estuvo la de reprimir a las organizaciones sociales, hasta el límite de encarcelar a varios militantes populares del Movimiento Teresa Rodríguez. En 2002, ya con Eduardo Duhalde como presidente de la Nación, fue Secretario General de la Presidencia. Y fue también uno de los alfiles necesarios para la formación del consenso previo a la represión del Puente Pueyrredón, donde las balas del Estado terminaron con las vidas de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, hirieron a más de cuarenta manifestantes y encarcelaron a cientos de personas. El mismo día de la brutal represión, fue el encargado de dar la versión del gobierno sobre los hechos. Hizo su aparición por la televisión, diciendo que los “piqueteros se mataron entre sí”, versión que se cayó inmediatamente ante los registros tomados por los trabajadores de prensa que acompañaron la trágica jornada. Este acontecimiento terminó con el gobierno de Duhalde y coloca a Aníbal Fernández como uno de los responsables políticos de los asesinatos y la represión de aquel 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón de la Ciudad de Avellaneda.

Un fin de ciclo político, no económico

Hoy, con estos diplomas encima de parte de su candidato a la Provincia, se termina el ciclo kirchnerista tal cual lo conocimos; un ciclo en el que la transversalidad, la defensa de los derechos humanos, la adecuación de los medios de comunicación y las políticas sociales fueron sus principales banderas. Y se abre un nuevo momento, donde vuelven a tomar protagonismo en la superestructura política los viejos y tradicionales “caudillos” peronistas, con base bonaerense, y que ponen el acento en la necesidad de mayor control social a través de las fuerzas de seguridad y el privilegio de la extracción y el saqueo por parte de los sectores patronales y empresariales.

Es que el fin de ciclo al que hacemos alusión es de carácter político, porque las referencias directrices de este período no pueden continuar en la administración política del Estado. Sin embargo, no pasa lo mismo en el sentido económico, donde el ciclo de acumulación de las grandes corporaciones continúa y ve un futuro promisorio para sus negocios en el período venidero.

Source