Por Maru Waldhüter y Mares Infante (desde Cali)

Fotos: Medios Libres Cali

Las primeras horas del pasado lunes 10 agosto un sismo de 7,4 puntos en la escala de Richter sacudió Colombia. Según el Servicio Geológico Colombiano es el terremoto más grande de la última década. El último informe da cuenta de 265 personas fallecidas, 496 desaparecidas y 3494 heridas.

Aunque el terremoto se originó a unos 100 kilómetros de profundidad en la placa de Nazca y tuvo su epicentro en el oeste colombiano en San José del Palmar, Chocó. La extensión del movimiento sísmico alcanzó ciudades como Pereira, Manizales, Quibdó, Cali e incluso Bogotá. Los reportes se actualizan con el paso de las horas al ritmo de la acción solidaria de miles de personas voluntarias en las diferentes regiones.

Improvisación y show mediático

La organización popular respondió antes que la gestión del Gobierno nacional. De inmediato, rescatistas voluntarios se hicieron presentes con lo que tenían a mano para remover escombros, se organizaron rápidamente puntos de acopio de productos de higiene, alimentos, insumos médicos y veterinarios, porque el rescate de los animales no quedó de lado.

Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia y una de las más afectadas por el terremoto. Tal como sucedió en 2021 durante el estallido social, la ciudad volvió a demostrar su capacidad de autogestión solidaria ante situaciones críticas. “Cali no deja de sorprender en el ejercicio solidario. La gente que se queda sin nada, sin familia, sin casa, sin techo y no está sentada llorando sus penas que son dolorosas, sino que está arraigada a la vida trae palas, cinceles, tarros, ayudando. El llamado solidario ha sido increíble y se ha visto en todos lados y sentidos posibles. Solidaridad a los animalitos, a los niños, con las misiones médicas, la comida. Cali es increíble en el ejercicio solidario”, sostiene una integrante de Medios Libres Cali, que por razones de seguridad, prefiere no publicar su nombre.

Desde el lunes el trabajo es constante, día y noche. La prioridad es encontrar y rescatar personas, animales, prevenir situaciones de peligro mayor, o acompañar a quiénes necesitan albergue. El temor a las réplicas hizo que la primera noche después del terremoto para muchas personas implique dormir en otros lugares o pasar la noche vestidos. La ciudad se encuentra completamente afectada y algunas edificaciones colapsaron en el transcurso de los días. El llamado a colaborar no está orientado solo a las zonas más afectadas. “Todas las cuadras de la ciudad tienen alguna situación. Hay vecinos a quienes no se les derrumbó la casa, pero se les cayó el techo, o algunas paredes. Podríamos decir que el 60 o 70 por ciento de la ciudad tiene situaciones y complicaciones a distinto grado, y pues el llamado es también a atender al vecino, a la vecina y no necesariamente dirigirse a zonas de mayor afectación que, en general, ya están atendidas”, comenta la activista.

Solo el pueblo salva al pueblo y la comunidad de Cali lo sabe.

La organización popular respondió antes que la gestión del Gobierno nacional.

“Cali necesita silencio”. Ese fue el mensaje que se difundió en redes sociales y pancartas a lo largo de la ciudad. Los puños cerrados y en alto de los equipos de rescate daban la señal para guardar silencio y escuchar debajo de los escombros. “La estrategia del silencio ha sido muy importante gracias a las brigadas de sonidistas y de grupos que trabajan con temas audiovisuales que han realizado una estrategia de acompañamiento con equipos especializados para lograr encontrar vida. Cali es una ciudad que se caracteriza por ser bulliciosa y hoy nos está costando muchísimo el ejercicio de la bulla. Celebramos la alegría, pero hoy la alegría debe celebrarse en silencio por la vida. Nuestros compañeros sonidistas están haciendo y dando todo, en especial en horas de la madrugada, cuando la ciudad está más tranquila. Están escuchando vida, latidos, respiraciones y por eso el llamado de insistente al silencio”, destaca la integrante de Medios Libres Cali.

Improvisación y show mediático

La agenda de gestión anunciada por el Presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió sus funciones tres días antes del terremoto, ahora está marcada por la magnitud de la tragedia que asola a Colombia. Sin embargo, en medio del contexto se hizo tiempo para firmar el reconocimiento de soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y autorizó operaciones militares de Estados Unidos en el país para combatir el narcotráfico.

Entre falta de experiencia en la gestión pública y la improvisación, una de las primeras medidas del gobierno fue imponer el toque de queda y la militarización de los territorios. En este sentido, la organización de derechos humanos Temblores realizó un llamado público al presidente de Colombia. En el comunicado resaltan la preocupación de una medida como el toque de queda y la restricción de la movilidad en un momento de emergencia nacional. “Ante un desastre de esta magnitud, la prioridad de las autoridades debe ser facilitar las labores de rescate, la atención humanitaria, el acceso a servicios esenciales y las redes ciudadanas de solidaridad y cuidado. Las medidas adoptadas no pueden convertirse en obstáculos para quienes buscan a sus familiares, prestan ayuda o acompañan a las comunidades afectadas”, señala Alejandro Lanz Sánchez director de la ONG de derechos humanos Temblores a LatFem.

“Cali necesita silencio. Cali es una ciudad que se caracteriza por ser bulliciosa. Nuestros compañeros sonidistas están haciendo y dando todo. Están escuchando vida, latidos, respiraciones y por eso el llamado de insistente al silencio”, destaca la integrante de Medios Libres Cali.

“En Cali, los gobiernos no se han hecho presentes sino para hacer show, básicamente. Las comunidades muy valientemente han sacado al alcalde desde varios lugares, puesto que no se reciben las ayudas, pero llega haciendo show mediático, parafernalia y eso ha ofendido mucho a la comunidad”, dicen desde Medios Libres Cali y agregan: “Hemos visto zonas de mucha falta de apoyo, donde ha habido muy mala comunicación, los boletines de parte de la alcaldía y de la gobernación han sido completamente escasos, inciertos, vacíos de información, de humanidad y también de justicia y dignidad frente a las personas que están sufriendo este desastre”.

En buena medida el desorden de la gestión a nivel nacional se debe a que el actual presidente De la Espriella se negó a hacer el trabajo de empalme de gestión con el gobierno saliente. Ante un escenario tan crítico como el actual, el gobierno carece de información precisa para reaccionar con eficiencia y celeridad por no haber aceptado hacer un trabajo de transición ordenado. Otro obstáculo señalado por la oposición fue la decisión del mandatario de gestionar desde diferentes regiones y no desde la sede del gobierno central en Bogotá, además de haber trasladado la gestión al Palacio de Cancillería en lugar de la Casa de Nariño.

El miércoles el mandatario decretó la emergencia económica que le permitirá emitir decretos con fuerza de ley y agilizar gestiones destinadas a atender el desastre nacional dictado el lunes. Entre los anuncios del mandatario, De la Espriella sostuvo que impulsará “medidas de reactivación económica” pero no ofreció detalles.

La ayuda humanitaria internacional de los países alineados

Después de dos días, el Gobierno colombiano confirmó la llegada de una parte de la ayuda humanitaria internacional. Los gobiernos de diferentes países como México, China, o El Salvador hicieron pública su decisión de poner a disposición de Colombia la ayuda humanitaria y el trabajo de rescatistas especializados. Sin embargo, las gestiones de De la Espriella no fueron claras y demoraron lo que debiera haber sido una respuesta de acción urgente. “Esperamos que el Gobierno colombiano dé a conocer de inmediato el nombre del funcionario y su enlace oficial para coordinar la asistencia internacional, a favor de los damnificados del terremoto”, publicó el embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang. México también puso a disposición equipos especializados pero según informó la presidenta Claudia Sheinbaum, la administración de De la Espriella pide otras certificaciones al ejército mexicano para ingresar al país.

Finalmente, luego de varias horas de mala gestión y una polémica comunicación sobre la ayuda internacional, el canciller Omar Bula, sostuvo que no se excluyó a ningún país por razones ideológicas y el reciente director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres confirmó que llegarán a Colombia unidades de rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador.

En este contexto, el Presidente colombiano se hizo tiempo para firmar el reconocimiento de soberanía de Israel sobre los Altos del Golán y autorizó operaciones militares de Estados Unidos en el país para combatir el narcotráfico.

Alejandro Lanz Sánchez aseguró que desde Temblores le pidieron al presidente De la Espriella que instrumente las medidas necesarias para darle curso a la llegada de ayuda humanitaria internacional, así como también a los grupos de rescate especializados. Para no demorar las tareas, el grupo conocido como los Topos Aztecas de México llegaron a Cali como voluntarios para prestar colaboración en los rescates debido a su experiencia para abrirse paso en edificaciones colapsadas.

Desde Medios Libre Cali rechazan la forma en al que el presidente gestionó la llegada de ayuda internacional: “Queremos manifestarnos en contra de toda la situación que está planteando el presidente De la Espriella y su política de terror, donde solo está dejando entrar al imperialismo de todo el norte global a nuestro país. Una política que sabemos es militarista, capitalista y devastadora. Queremos a Latinoamérica apoyando como siempre lo hemos hecho en nuestro país”.

El calor no da tregua en las tareas de rescate, pero ahora la población de Cali espera que no llueva y se complique más aún el escenario. Saben que las primeras 72 horas son claves, sin embargo los equipos de voluntarios no se desalientan y continuarán con las diferentes acciones que fueron desplegando en estos días. “Necesitamos organizarnos mejor para que las ayudas lleguen a donde deben llegar, para que no se dañen alimentos, o no generar caos en las vías, pero celebramos con profundidad la resistencia, la solidaridad y la rebeldía caleña que se ha parado durísimo en el ejercicio de salvar vidas, que es lo importante en este momento”, sostienen desde Medios Libre Cali.

Nota originalmente publicada en LatFem

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Por Silvana Castro* | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal

Hoy estamos acá reunidos porque, a 50 años de los acontecimientos, los que sobrevivimos creemos que la memoria no es una pieza de museo, sino un acto de justicia urgente. Especialmente hoy, en un presente hostil, marcado por discursos negacionistas que pretenden borrar la historia, relativizar el terrorismo de Estado y sembrar la duda sobre el dolor de las víctimas. Frente a ese intento sistemático de vaciar el pasado, nuestras palabras son trincheras de verdad. Cada palabra que busca justificar los crímenes de la dictadura nos vuelve a poner en peligro.

Yo fui testigo de los apagones. Vivía en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, con mis hermanos y mi papá, que era empleado de la fábrica. Los apagones de julio de 1976 fueron el comienzo de una cacería feroz. Hoy lo sabemos con total certeza y con pruebas judiciales contundentes: la empresa Ledesma no solo se benefició económicamente durante el gobierno militar, sino que fue cómplice activa. Aportó sus camiones y camionetas para trasladar a los secuestrados, la nafta para la logística del horror, sus propios edificios y, lo más perverso, proporcionó las listas negras con los nombres de los trabajadores, delegados y gremialistas para que fueran detenidos y desaparecidos.

En medio de ese infierno, yo era una estudiante secundaria de la Escuela Normal de Libertador General San Martín. Tenía 16 años y cursaba tercer año. Mi hermana Gabriela tenía 18. Las dos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Teníamos, en realidad, muy poca conciencia de la dimensión real de lo que estaba sucediendo. Éramos adolescentes que creíamos en un mundo más justo.

Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches; ni siquiera habíamos terminado de ordenar el caos cuando volvían a entrar. Los apagones se sucedían cuando llegaba la noche. Irrumpían en los domicilios que estaban determinados, tenían una lista; personas en general de civil, armados, muchos venían pateando la puerta, gritando y buscando generar terror. Tiempo después, volvieron a allanar mi casa y me detuvieron. Me llevaron a 50 kilómetros de Ledesma, a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde funcionó como centro clandestino de detención la Comisaría Número 9. Allí se torturó, se violó, se picaneó. En ese lugar estuvo secuestrado Víctor Jesús Segura, quien sigue desaparecido. Mi hermana Gabriela logró escapar a Buenos Aires con su pareja, Eduardo Oviedo Morales, de 21 años. Luego, creyendo que era seguro, cometieron el error de volver al pueblo. Una mañana, Eduardo salió a trabajar y nunca llegó. Se hicieron las denuncias y nunca reconocieron que lo habian secuestrado, al tiempo se pudo constatar que lo tuvieron detenido en el comando radioeléctrico de San Salvador. Continúa desaparecido.

En mi Escuela Normal se vivió la fragmentación de toda la sociedad: una parte de la comunidad educativa fue víctima de la dictadura, otra parte ignoraba por completo lo que estaba pasando, y otra parte sabía lo que ocurría y guardó silencio. Para complementar este panorama sobre el disciplinamiento en la escuela, es fundamental entender que la persecución física fue acompañada por un desmantelamiento pedagógico sistemático. La dictadura impuso una reforma curricular diseñada para suprimir el pensamiento crítico y garantizar el control ideológico. Se eliminaron materias clave como “Estudio de la Realidad Social Argentina” y se las reemplazó por asignaturas como “Formación Moral y Cívica”, enfocadas en inculcar valores de obediencia, jerarquía y un patriotismo nacionalista y católico. Al mismo tiempo, se censuraron contenidos científicos y literarios enteros —prohibiendo autores, teorías sociológicas e incluso conceptos matemáticos, tildados de “subversivos”— y se introdujo un estricto régimen de conducta que regulaba desde la vestimenta y el largo del pelo hasta la prohibición absoluta de asambleas o debates. La influencia de esta reforma en la educación fue devastadora: transformó a la escuela secundaria, que históricamente había sido un espacio de socialización, cuestionamiento y crecimiento intelectual, en un aparato burocrático y represivo basado en el miedo y el silenciamiento, dejando una huella de autoritarismo y vaciamiento cultural que tomó décadas desarmar. La gente de mi promo recuerdan por ejemplo las clases del cura Aurelio Martienez.

Mi historia, la de mi hermana, la de Eduardo y la de los chicos y chicas de Ledesma que fueron estudiantes de la escuela Normal, no fue un hecho aislado. Fue parte de un plan sistemático que se ensañó contra la juventud. Cuando recordamos el horror que sufrieron los estudiantes secundarios, la historia oficial o las grandes narrativas suelen mirar a las grandes capitales. Todos conocemos la trágica Noche de los Lápices en La Plata. Pero hoy quiero hablar de los otros lápices. Los lápices de nuestros pueblos, los que escribían en las escuelas normales, técnicas y nacionales de nuestras provincias.

Las estadísticas oficiales de la CONADEP revelan una verdad contundente e indiscutible que los negacionistas pretenden camuflar: el 21% del total de las personas detenidas-desaparecidas en nuestro país eran estudiantes. De ese universo, cerca de 250 eran adolescentes, chicos y chicas que tenían entre 13 y 18 años cuando el Estado terrorista los arrancó de sus aulas o de sus casas. Si abrimos el mapa, los registros históricos demuestran que más de la mitad de esos secuestros de estudiantes secundarios ocurrieron en el lugares pequeños y alejados de la capital, lejos de los grandes focos urbanos de Buenos Aires o La Plata.

Para la dictadura militar, y para las empresas civiles que la financiaron y la apuntalaron, un estudiante secundario organizado era un enemigo peligroso. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran el primer espacio de libertad, el lugar donde aprendíamos a discutir, a organizarnos, a exigir el derechos, a pedir mejoras edilicias, a pensar el país. La dictadura entendió que para disciplinar a una sociedad, había que cortar de raíz esa rebeldía.

En las provincias la persecución tuvo características todavía más crueles por el peso del control social. En los pueblos chicos,como en Ledesma, todos nos conocíamos. El silencio de los que sabían y callaron se sentía en la vereda de enfrente. En los pueblos, muchas veces, las estructuras feudales o las grandes empresas —como el ingenio Ledesma en Jujuy, controlaban la vida del pueblo de día y señalaban las casas de los estudiantes de noche.

Ahí radica el peso de ese 21% de tizas y guardapolvos ausentes. Miles de chicos y chicas fueron secuestrados en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur y en nuestro norte. El aparato represivo no distinguió geografías, pero en el interior, la desprotección era absoluta. Los centros clandestinos funcionaban en las comisarías del pueblo, a la vuelta de nuestras plazas, en los regimientos locales. Los secuestraban con sus guardapolvos puestos, frente a sus compañeros, dejando bancos vacíos que los rectores y profesores intentaban llenar con burocracia y olvido.

Hoy, a medio siglo de la barbarie, el dolor sigue abierto porque la reparación no llega. Muchos de los juicios a los responsables, tanto militares como a los civiles y empresarios que señalaron a nuestros compañeros y compañeras y obreros, siguen sin resolverse. Están trabados en un laberinto de impunidad, de apelaciones eternas y dilaciones biológicas que perpetúan la injusticia. Los responsables se mueren viejos en sus camas, sin condena firme, mientras nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros compañeros. Exigir que esos juicios concluyan ya no es un reclamo técnico de los abogados; es una necesidad ética y moral de toda la sociedad argentina. No hay democracia sana sobre los cimientos de la impunidad.

Los estudiantes detenidos-desaparecidos no eran héroes de bronce; eran chicos comunes. Se enamoraban, rendían materias, se rateaban, organizaban peñas, armaban carrozas para la fiesta de los estudiantes y militaban con la inocencia y la fuerza que solo se tiene a los 16 años. No podemos permitir que el negacionismo actual los convierta en cifras, ni que justifique su desaparición bajo la teoría de los dos demonios. No hubo dos demonios: hubo un Estado terrorista y empresas cómplices masacrando a sus propios hijos.

Por eso sigo hablando. Por eso los que sobrevivimos no nos callamos. Recordar a los estudiantes secundarios de todo el país, y especialmente a los de nuestros pueblos, es volver a levantar esas tizas. Es decirles a las nuevas generaciones que la participación política no es un delito, que organizarse vale la pena y que la memoria es el único escudo que tenemos para que el horror no vuelva a repetirse.

A 50 años de los apagones, a 50 años de la impunidad, nosotros seguimos buscando donde están y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables.

*militante de DDHH. Víctima de la represión del Apagón de Ledesma. Estudiante de la Escuela Normal.

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Por Jenny Durán | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal (archivo)

Mucho antes de julio de 1976, Jujuy ya era un territorio ordenado en función del azúcar. Las haciendas que darían origen al ingenio Ledesma se fundaron en 1830, y la de San Pedro en 1844; hacia mediados del siglo XIX el cultivo de caña ya era una actividad de peso central en la región del Valle de San Francisco. Ese despegue no fue un desarrollo espontáneo: coincidió con la derrota de los caudillos provinciales y con el respaldo de las oligarquías azucareras del noroeste al gobierno porteño, liberal y con fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña, que reemplazó a España como potencia hegemónica sin cambiar demasiado el reparto de la tierra ni de la mano de obra. La historiografía lo definió como un nuevo pacto colonial, esta vez con capital inglés detrás de las elites locales.

La construcción de ese poder terrateniente tuvo dos víctimas históricas específicas: las comunidades indígenas del Chaco salteño-jujeño y los gauchos criollos desplazados de tierras que pasaron a manos de los ingenios. Los propios ingenios —Ledesma y La Esperanza— organizaban cada diciembre expediciones conocidas como “buscadoras de indios”, enviadas a reclutar por la fuerza o el engaño a trabajadores originarios para la zafra, de los que la industria dependía casi por completo en los meses de cosecha. El salario indígena, además, funcionaba como una trampa contable: se le descontaban al trabajador la comida y un ahorro forzoso de los últimos tres meses de tarea, retenido hasta la liquidación final de zafra, mientras un informe de la época —citado en investigaciones sobre el período— describía al establecimiento como mezquino en los pagos y exigente en las condiciones de trabajo. Ese mismo patrón de apropiación de tierra y fuerza de trabajo, que en otras economías de plantación de América se aplicó tras la abolición de la esclavitud, es el que —señalan los estudios sobre el capitalismo azucarero regional— cimentó la fortuna de los grandes ingenios del noroeste.

Un pueblo con nombre de libertador, gobernado por la empresa

La localidad que hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín nació y creció a la sombra del ingenio: sus calles, sus servicios, buena parte de su economía y hasta su identidad quedaron atadas durante décadas a la voluntad de la compañía. El contraste no es menor. El pueblo tiene el nombre del héroe que liberó a medio continente del dominio colonial, pero fue moldeado como un territorio gobernado por un poder privado casi sin contrapesos: la empresa fijaba salarios, empleaba a buena parte del pueblo y, llegado 1976, terminó decidiendo también quién era “sospechoso” y quién no. La violencia que atraviesa del siglo XIX a hoy en los ingenios también refiere al mito del “Familiar”. El relato sobre un ser carnívoro mitad hombre, mitad animal,  construído por los propios patrones, fue sin más ni menos que el terror disciplinante de una sociedad cerrada que carecía de derechos laborales y todo tipo de derechos. El poder sin límites del latifundista, que controlaba la vida material y simbólica, cupaba al Familiar cuando un revoltoso desaparecía misteriosamente. 

La noche que apagaron el pueblo para secuestrarlo

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar vivieron una serie de cortes de luz organizados para facilitar razzias masivas. Aquella madrugada del 20 se apagaron las luces de Libertador y Calilegua durante siete días, mientras se secuestraba a unas 400 personas. Según el relato reconstruido por organizaciones de derechos humanos a partir de juicios y testimonios, los directivos de la familia Blaquier entregaron a las fuerzas represivas las listas negras del personal considerado conflictivo y pusieron a disposición los camiones de la empresa para trasladar a los secuestrados. En los operativos participaron, además del Ejército y la policía, Gendarmería y otra empresa de la zona, la minera Aguilar, que también aportó listas de “revoltosos” a detener.

Ese entramado es el que lleva a los organismos jujeños a discutir la idea de una dictadura que simplemente “contó con la colaboración” empresarial. Para las hijas e hijos de las víctimas, la secuencia fue la inversa: la compañía identificó a sus propios trabajadores y militantes sindicales como un obstáculo para su modelo de producción, confeccionó las listas, puso los vehículos y la logística, y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo hecho a medida de esos intereses empresarios. La causa judicial abierta en 2012 fue, de hecho, una de las primeras en el país en juzgar directamente la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, y no una imputación por complicidad genérica.

De las alrededor de 400 personas secuestradas en esos días, entre 34 y 55 continúan desaparecidas según las distintas fuentes documentales y judiciales. Entre ellas hubo estudiantes secundarios: 16 exalumnos de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín permanecen desaparecidos, un dato que explica por qué ese edificio escolar se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la memoria local.

Medio siglo de impunidad biológica

La justicia tardó 36 años en procesar a los responsables civiles. Recién en 2012 fueron procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, su administrador durante la dictadura, acusados de haber aportado vehículos y nóminas para la privación ilegal de la libertad de decenas de personas. La causa, sin embargo, quedó frenada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados. Blaquier murió en 2023 sin haber sido juzgado; organismos de derechos humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificaron su muerte como una impunidad producto de graves demoras judiciales. Ese fenómeno —empresarios que mueren de viejos antes de sentarse ante un tribunal— tiene incluso nombre propio entre los organismos de derechos humanos: “impunidad biológica”. La causa contra Lemos, hoy nonagenario, sigue sin fecha de juicio oral.

El mismo discurso, otro siglo

Cincuenta años después del Apagón, Ledesma sigue siendo el empleador más importante de la región —de su nómina depende, según estimaciones periodísticas, buena parte de las cerca de 7.000 familias vinculadas directa o indirectamente a la planta— y sigue protagonizando conflictos laborales que, para trabajadores y dirigentes gremiales, repiten una lógica de vieja data: la empresa decide, el pueblo absorbe el costo. Solo en 2025 el grupo Ledesma despidió a más de 300 trabajadores en distintas etapas del año, entre ellos un tramo de 235 despidos que llevó al sindicato azucarero SOEAIL a lanzar un plan de lucha por la reincorporación. Delegados denunciaron además persecución sindical y una liquidación de sueldos recortada en pleno conflicto. En la Legislatura provincial, distintos bloques políticos cuestionaron ese doble discurso de una compañía que exporta con normalidad mientras despide sin causa a cientos de empleados.

Para las organizaciones de memoria, esa continuidad no es casual: es la misma matriz de poder —económico, político y territorial— la que en 1976 identificó a los trabajadores organizados como una amenaza a eliminar y la que hoy, con otras herramientas, sigue disciplinando a su fuerza laboral y evitando cualquier condena penal por su rol en el terrorismo de Estado.

Una agenda de memoria que vuelve a un lugar clave

La conmemoración de este año tiene un hecho inédito: después de una década de restricciones para el ingreso, las actividades centrales del 50° aniversario regresan al interior de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín. Este jueves, a las 9 de la mañana, un homenaje a los 16 ex alumnos desaparecidos tendrá la presencia de sus compañeras y compañeros que también fueron víctimas de la represión, organizaciones sociales sindicales y de derechos humanos.

La agenda conmemorativa incluyó además una vigilia el domingo en el monolito de acceso a Libertador, sobre la Ruta Nacional 34; la restauración y el bordado de pañuelos en la plaza central en el marco de la consigna nacional “Flores en los Pañuelos”; una muestra fotográfica aportada por referentes de San Pedro de Jujuy; y un conversatorio virtual sobre el rol de mujeres, madres e hijas sobrevivientes en la construcción de la memoria. El jueves por la tarde se realizará, además, la 43ª edición de la Marcha del Apagón, que une Calilegua y Libertador Gral. San Martín. La agrupación H.I.J.O.S. suma este año piezas audiovisuales breves que reconstruyen, en la fecha exacta de cada desaparición, la historia de vida de las víctimas jujeñas. El 23 de julio también se marchará en conmemoración del Apagón en Caba, acompañando a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, de todos los jueves, a las 15 hs. 

Las marchas de las Madres de Jujuy, los juicios, los testimonios, las investigaciones de los propios sobrevivientes siguen construyendo la memoria, sobre un proceso que empezó con los secuestros de la Triple A en 1974, se profundizó con el golpe de 1976 y todavía hoy —a medio siglo y con buena parte de sus responsables civiles jamás condenados— sigue esperando justicia.

Fuentes: Huella del Sur- Marcha.org.ar– Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy, de Ian Rutledge –

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Por Mónica Santino

Nadie se salva solo. La frase volvió a recorrer la Argentina de la mano de El Eternauta, pero mucho antes de convertirse nuevamente en un fenómeno cultural ya habitaba nuestra historia. Tal vez porque las mayores conquistas de este país siempre fueron colectivas. La Independencia de 1816, las luchas obreras, la recuperación democrática, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, el matrimonio igualitario, la identidad de género, la marea verde. Ninguna de esas victorias tuvo un héroe único. Todas fueron posibles porque miles decidieron caminar en la misma dirección.
Por eso la Selección Argentina conmueve tanto.
No solamente porque juega bien al fútbol. No solamente porque disputó tres finales en los últimos cuatro mundiales. Ni siquiera porque volvió a instalar al país entre las grandes potencias deportivas del planeta.
Conmueve porque representa algo que la Argentina reconoce como propio: la potencia de construir entre muchos.

El subcampeonato mundial no disminuye ese legado. Por el contrario, lo vuelve todavía más evidente. Si millones de personas salieron otra vez a las calles sin una copa para levantar, entonces el verdadero triunfo estaba ocurriendo en otro lugar.
Lo que celebraba nuestro pueblo no era únicamente un resultado. Celebraba una manera de estar juntos, juntas, juntes.
Como ex futbolista, directora técnica y militante feminista, encuentro allí la enseñanza más importante que deja la Scaloneta. Mucho más profunda que cualquier medalla.
Durante décadas el fútbol nos contó la historia del héroe individual. Del diez que resolvía solo. Del salvador. Del distinto.
Sin embargo, este equipo eligió otro camino.
Lionel Messi, a sus 39 años, ya no representa únicamente al mejor futbolista de la historia. Representa una forma distinta de ejercer el liderazgo. La autoridad que no necesita imponerse. El prestigio que no humilla. El capitán que comprende que su grandeza crece cuando hace mejores a quienes lo rodean.
Lo mismo puede decirse de Lionel Scaloni. En tiempos donde el liderazgo suele confundirse con el personalismo, construyó exactamente lo contrario. Formó un cuerpo técnico que piensa colectivamente, un grupo donde el protagonismo circula, donde nadie parece indispensable y, justamente por eso, todos lo son.

Durante este Mundial vimos futbolistas disputar partidos lesionados, correr hasta el límite de sus posibilidades, aceptar salir cuando era necesario, ocupar lugares secundarios sin convertir esa decisión en un conflicto de egos.
No fue solamente sacrificio. Fue confianza. Fue pertenencia. Fue la certeza de que el objetivo común siempre estaba por encima del reconocimiento individual.
Quienes venimos de los feminismos populares reconocemos inmediatamente esa escena. No aprendimos esa verdad mirando fútbol. La aprendimos organizando la vida.
En los barrios populares, en los comedores, en las cooperativas, en las canchas donde el fútbol femenino encontró lugar mucho antes de que existieran contratos o cámaras de televisión, entendimos que la más talentosa tampoco puede sola.
Aprendimos que una compañera brillante nunca reemplaza a la organización. Que una red vale más que una estrella cuando aparecen las dificultades. Que el liderazgo no consiste en ocupar todo el espacio sino en abrirlo para las demás. Que el cuidado no es solamente una práctica afectiva: es una estrategia política.
Quizá por eso la Scaloneta emociona tanto.
Porque, sin proponérselo, hizo visible frente a millones algo que las mujeres vienen construyendo hace décadas casi siempre lejos del reconocimiento público: que el éxito colectivo no disminuye el brillo individual. Lo potencia.
Messi no deja de ser Messi porque sus compañeros corran con él. Es todavía más grande porque elige ser parte antes que excepción.
Esa enseñanza excede al fútbol, habla de una forma de imaginar la sociedad.
También por eso la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, sostenida por los jugadores, produjo una emoción tan intensa. No porque el fútbol reemplace a la política exterior ni porque resuelva conflictos diplomáticos que llevan más de un siglo.

Hace otra cosa: construye comunidad que se organiza a partir del reconocimiento de cada persona que la constituye.
Las causas nacionales necesitan argumentos jurídicos e históricos, pero también necesitan símbolos compartidos. Necesitan cuerpos que las representen. Necesitan emociones que vuelvan a reunir a un pueblo alrededor de una historia común.
El fútbol tiene esa capacidad extraordinaria. Consigue que una bandera vuelva a ser una conversación colectiva. Consigue que una causa vuelva a sentirse propia. Consigue que millones de personas, diferentes en casi todo, compartan por un instante la misma emoción.
Quizá sea uno de los pocos lugares donde todavía nadie se pregunta a quién vota la persona que tiene al lado cuando la abraza. Durante algunas horas desaparecen las diferencias sociales, religiosas, generacionales o partidarias.
Queda solamente la certeza de pertenecer. Y esa experiencia no es menor.
En una época atravesada por discursos que promueven el individualismo extremo, la competencia permanente y la idea de que cada quien debe salvarse por su cuenta, la Selección Argentina ofrece exactamente la imagen contraria. Nos recuerda que nadie llega lejos sin los demás.
Que el talento necesita organización. Que el liderazgo puede ejercerse sin autoritarismo. Que el prestigio puede ponerse al servicio del grupo. Que cooperar no es un gesto ingenuo sino una enorme inteligencia colectiva. Hay quienes dirán que es solamente fútbol.
Tal vez olviden que, en Argentina, el fútbol nunca fue solamente fútbol. Es una de las pocas experiencias capaces de reunir en una misma calle a quienes difícilmente se encontrarían en otro escenario. Allí donde tantas veces la política llega fragmentada, el fútbol todavía consigue producir un “nosotros”.
No reemplaza a la política. Le recuerda cuál es, quizás, su tarea más difícil y más hermosa: construir comunidad.

Por eso creo que el mayor legado de la Scaloneta no son las tres finales disputadas en cuatro mundiales, por extraordinario que ese recorrido resulte. Su legado más profundo es haber vuelto deseable la cooperación. Haber demostrado que el éxito puede construirse compartiendo. Haber convertido la solidaridad en una fortaleza competitiva. Haber hecho del liderazgo una práctica de confianza y no de vanidad. Y haber recordado, en tiempos donde pareciera imponerse el “sálvese quien pueda”, que la felicidad más intensa sigue siendo aquella que se vive con otros.
Quizá esa sea la verdadera victoria de esta Selección: no enseñarnos cómo se gana una Copa del Mundo, sino recordarnos que los pueblos alcanzan sus mejores versiones cuando deciden jugar en equipo.
Porque la alegría, cuando de verdad transforma, siempre ocurre entre muchos.

Esta nota fue publicada originalmente en Latfem.

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Muchas de nosotras entramos tarde al mundial, descreídas de la capacidad de darnos una alegría que desde el imperio las masculinidades hegemónicas podían darnos. Agobiadas por un contexto económico que apenas nos deja respirar y sonreír.

En la previa, nos sentimos orgullosas por la visibilidad de las Madres Buscadoras en México, del debate sobre la apropiación fascista de los símbolos nacionales a partir de la camiseta de Colombia y de la trivia sobre fútbol y política que nos interpeló. Porque sí, lo politizamos todo.

Con el correr de los días, vimos niñeces, jóvenes y personas mayores emerger desde los rinconcitos de esta tierra, del barro y del barrio, con la sonrisa hacia el sol patrio. Fue lo que nos contamos entre nosotras: el cartonero cantando canciones de aliento en las calles del Conurbano bonaerense mientras revolvía la basura, juventudes cantando “abuela lalalalala” abrazando a una jubilada, en el tren que vende empanadas porque la jubilación no alcanza ni para pagar el gas que ni abriga.

A la par, quienes leemos críticamente la creación de contenido en las redes sociales. Comenzamos a preocuparnos por una tendencia que se denunció, intentamos frenar con diálogo, pero que sin embargo prendió sobre el prejuicio que ya existía. Que si somos racistas, que si somos sionistas, que si nos manifestamos lo suficiente por el genocidio en Palestina. Se sumaron amigues, compas de militancia de años, internacionalistas, dirigentes de partidos de izquierdas, artistas que se ponen remeras del EZLN para cantar ante multitudes.

Mientras, llegó el partido contra Inglaterra. Y no, no lo pueden entender. No saben lo que significa para quienes nos criamos con el dolor del terrorismo de Estado en el corazón. Que jugadores de fútbol criados en las mismas escuelas públicas que nosotras levanten un trapo ideado por el ingenio y la creatividad popular es una representación digna. Es lo que nos enseñaron Madres y Abuelas cuando transformaron la Plaza de Mayo en una cancha y es lo que hicimos con los pañuelos verdes cuando los transformamos en un símbolo que recorrió el mundo a la par de nuestra rebeldía.

Confundir al pueblo con sus gobernantes, olvidar las luchas, sus padecimientos materiales y sucumbir ante una operación que pretendió poner a una Selección de fútbol conformada por plebeyos a la altura o por encima de la responsabilidad histórica de los imperios saqueadores de los recursos en nuestra región es el mayor éxito de la cultura del fascismo.

Este Mundial también dejó una enseñanza para nuestra región: leer lo que ocurre desde el Sur y no desde las categorías que impone el poder. Cada vez que aceptamos esas miradas, terminamos reproduciendo fronteras, rivalidades y prejuicios que nos alejan de quienes comparten nuestras mismas heridas históricas. La solidaridad entre los pueblos exige reconocer esas trampas, no alinearse con quienes nos han saqueado y defender la posibilidad de encontrarnos en la memoria, la resistencia y la alegría popular.

Nos vieron sonreír en las calles y nos odiaron. Nos vieron abrazar a todo el mundo y nos criticaron alentando la desinformación. Nos vieron perder en la cancha como luchamos día a día para comer y dar de comer y se burlaron. Miles de personas que se juntaron en la Ciudad de Buenos Aires para aprovechar el ratito de felicidad con lxs otrxs fueron ferozmente reprimidas tras cada partido (inclusive en la final) y lo invisibilizaron. Se pusieron del lado del conquistador y de eso no se vuelve. Pero acá estamos, estallando en mil pedazos por el fascismo interno y externo. Ni olvido ni perdón: seguiremos sosteniendo popularmente las banderas de la liberación. Porque las mareas descansan, pero siempre vuelven.

Con hambre, sin llegar a fin de mes, con deudas y desamor acá estamos: apuntando la sonrisa desordenada al sol, que a veces ni siquiera se digna en abrazarnos. Guardar silencio no es lo mismo que callar. Orgullosa de la rebeldía de esta tierra.

La alegría popular es antifascista.

Foto: Dronera / Lucía Hernández

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Por Belén Altamirano/ Fotos de Prensa CEPA

Mientras la tierra todavía tiembla, comienza una carrera contra el tiempo. Cada minuto puede significar una vida rescatada. Entre quienes eligen enfrentar la incertidumbre y el riesgo existe una convicción que guía cada decisión: “una vida hace la diferencia”.

En Venezuela, esa frase dejó de ser una consigna para convertirse en una urgencia. El 24 de junio, dos terremotos consecutivos golpearon el norte y centro-norte del país, con especial impacto en La Guaira, Caracas y otras zonas densamente pobladas. La emergencia encontró a comunidades enteras entre edificios colapsados, hospitales tensionados, familias desplazadas y barrios organizándose para sostener lo inmediato: buscar sobrevivientes, asistir a personas heridas, conseguir agua, comida, medicamentos y un lugar seguro donde pasar la noche.

Esa certeza sostiene el trabajo de los equipos de rescate, que avanzan entre los escombros sin perder la esperanza de encontrar a alguien con vida o, en su defecto, traer algo de paz a las familias que hoy no encuentran consuelo ante la tragedia. En ese escenario, la respuesta humanitaria deja de ser una opción para convertirse en un compromiso con la vida.

Pero antes de la llegada de los equipos especializados, la primera respuesta estuvo —como ocurre en tantas catástrofes— en manos de la propia población venezolana. Vecinas y vecinos removieron escombros con sus manos, organizaron ollas, abrieron casas, acompañaron duelos y sostuvieron búsquedas en medio de réplicas, miedo e incertidumbre. Esa trama comunitaria es el punto de partida de cualquier reconstrucción posible.

Con ese espíritu, el 3 de julio de 2026 un contingente integrado por 60 socorristas y profesionales de la salud del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA) Argentina emprendió una misión de asistencia humanitaria con destino a la República Bolivariana de Venezuela.

Junto al equipo de CEPA Argentina viajaron voluntarias y voluntarios pertenecientes a distintas filiales de la organización desplegadas a lo largo del país, integrantes de la Brigada CER, el Grupo Fénix Unit Rescue y médicos pertenecientes a la Asociación de Médicos Venezolanos en Argentina, quienes sumaron sus conocimientos, experiencia y compromiso para fortalecer la respuesta humanitaria ante la emergencia.

La misión partió a bordo de una aeronave facilitada por la ONG Solidaire, gracias al compromiso y la colaboración de Enrique Piñeiro, haciendo posible el traslado del contingente hacia la zona de emergencia.

Su llegada se inscribe en una respuesta internacional más amplia, pero también en una historia regional de solidaridad entre pueblos. En situaciones de desastre, la cooperación se expresa en la capacidad de reconocer que una tragedia ocurrida del otro lado de una frontera afecta a toda la región. Venezuela no necesita ser mirada únicamente desde la disputa política, sino desde la vida concreta de sus comunidades, de sus familias y de quienes hoy intentan reconstruir lo perdido.

En esta etapa, los equipos desarrollan tareas de búsqueda y rescate, apoyo sanitario y asistencia humanitaria, bajo protocolos y estándares internacionales para operaciones en estructuras colapsadas y respuesta a desastres. Su labor se integra al trabajo coordinado con las autoridades y las organizaciones intervinientes, priorizando la protección de la vida y el acompañamiento a las comunidades afectadas.

En los territorios golpeados, la emergencia no termina cuando se apagan las cámaras ni cuando finaliza la etapa más intensa de búsqueda. Después llegan los días de duelo, los refugios provisorios, el riesgo sanitario, la necesidad de reconstruir viviendas, escuelas, centros de salud, redes de cuidado y espacios comunitarios. Para muchas familias venezolanas, la pregunta ya no es solamente cómo sobrevivir al terremoto, sino cómo volver a habitar un territorio marcado por la pérdida.

Una misión humanitaria comienza mucho antes de llegar al lugar de la emergencia. Se construye durante años de capacitación, entrenamiento y participación en distintos operativos donde la comunidad necesita una respuesta. En CEPA Argentina, la fuerza del equipo nace de la diversidad de sus integrantes: una médica, un electricista, un rescatista, profesionales de distintas áreas, voluntarias y voluntarios con vocación de servicio, todos aportando sus conocimientos para un mismo objetivo: proteger la vida.

Cada integrante representa una parte fundamental de una organización que entiende que la respuesta ante una emergencia no depende de una sola disciplina, sino de la capacidad de trabajar de manera conjunta. Por eso, durante todo el año, sus voluntarias y voluntarios se preparan, se capacitan y participan en distintos dispositivos de asistencia, fortaleciendo una herramienta que se activa cada vez que una persona, una comunidad o un pueblo necesita ayuda.

Sin embargo, en Venezuela la escena más potente no está solo en quienes llegan desde afuera, sino en quienes ya estaban allí. Madres, jóvenes, trabajadores de la salud, bomberos, rescatistas locales, organizaciones comunitarias y familias enteras fueron parte de una respuesta marcada por la urgencia y la solidaridad. En cada barrio afectado, la organización popular apareció como una forma concreta de cuidado colectivo.

En la gestión del riesgo de desastres existe una premisa tan simple como profunda: el primer respondiente es el vecino. Es quien escucha el estruendo, quien aparta los primeros escombros, quien contiene, organiza y auxilia cuando todavía no han llegado los recursos especializados. Esa primera respuesta, nacida del compromiso con el otro, suele ser decisiva para salvar vidas.

En Venezuela, esa premisa se volvió imagen: manos levantando piedras, personas llamando por nombres propios entre los restos de edificios, comunidades improvisando centros de acopio, familias esperando noticias y equipos locales e internacionales trabajando sobre una misma prioridad. La catástrofe dejó al descubierto la fragilidad de las infraestructuras, pero también la fuerza de los vínculos comunitarios.

Hace más de dos siglos, Simón Bolívar imaginó una América Latina unida por un destino compartido. Aquel ideal de integración encontró obstáculos políticos y nunca llegó a consolidarse plenamente. Sin embargo, las emergencias recuerdan que existe una forma de unidad que trasciende gobiernos y fronteras.

Cada vez que un equipo humanitario cruza un límite geográfico para asistir a otro pueblo; cada vez que el conocimiento, la experiencia y la solidaridad se ponen al servicio de quienes más lo necesitan; cada vez que una comunidad se organiza para cuidar a quienes quedaron más expuestos, ese ideal encuentra una nueva expresión.

Los terremotos no distinguen nacionalidades, credos ni ideologías. Frente a ellos, la cooperación deja de ser un concepto político para convertirse en una necesidad profundamente humana. Allí, el socorrista, el profesional de la salud, el voluntario y cada ciudadano que decide ayudar representan una misma convicción: proteger la vida.

Quizás por eso, hablar hoy de Venezuela exige correr el eje de la polarización y mirar la emergencia desde quienes la atraviesan en primera persona. No se trata de negar los conflictos ni las responsabilidades estatales, sino de recordar que, en medio de una tragedia, el centro debe estar en las personas afectadas: en sus nombres, sus historias, sus pérdidas y su derecho a recibir asistencia digna, oportuna y sostenida.

Quizás el ideal bolivariano no encuentre hoy su expresión más auténtica en los discursos ni en los tratados, sino en aquellas acciones que ponen en el centro un principio esencial: la vida del otro también nos interpela.

En una América Latina atravesada por tensiones, por nuevos proyectos de fragmentación y por miradas que muchas veces priorizan el individualismo por sobre la construcción colectiva, la solidaridad entre pueblos aparece como una decisión profundamente política. Porque elegir acompañar, cooperar y tender una mano más allá de una frontera no es solamente un gesto humanitario; es también una forma de entender el mundo.

Frente a la indiferencia, quienes llegan para asistir no preguntan de qué país nació quien necesita ayuda. Reconocen, antes que nada, a una persona. Y allí, en esa acción concreta, quizás encuentre una nueva expresión aquel viejo anhelo de una América Latina capaz de reconocerse como comunidad.

Venezuela enfrenta ahora una etapa larga: la de buscar, sanar, alojar, reconstruir y acompañar. La ayuda internacional puede ser decisiva, pero la reconstrucción también dependerá de escuchar a las comunidades afectadas, fortalecer las redes locales y sostener la asistencia cuando la emergencia deje de ocupar los titulares.

Porque cuando todo parece derrumbarse, entre los escombros de una tragedia emerge también aquello que define a los pueblos: la capacidad de organizarse, acompañarse y sostenerse mutuamente.

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Por Mariángeles Guerrero

En Colombia se tensiona la transición de gobiernos entre Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), camino al próximo 7 de agosto, cuando el mandatario electo tome posesión del cargo. El lunes pasado, Petro ratificó su postura sobre la injerencia israelí y estadounidense a través de X y sobre el fraude en las elecciones del 21 de junio. De la Espriella, por su parte, anunció que su retiro del empalme de gobierno, instancia que es obligatoria. “Se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”, dijo el actual mandatario. En tanto, desde el Pacto Histórico convocaron a la desobediencia civil pacífica. El integrante de la Cámara de Representantes, Alirio Uribe, explica: “La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece la Constitución”.

De la Espriella argumenta que no es posible sentarse a negociar con un gobierno al que acusa de “golpista”. Pidió a las Fuerzas Armadas que desobedezcan cualquier orden de Petro que atente contra la democracia.

Petro indicó que “el empalme es ante el pueblo, es una entrega pública del gobierno que termina el 6 de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo y obedezco al pueblo, a nadie más”. Y agregó: “Soy un demócrata y respeto la constitución que como M19 ayudamos a hacer. Es la constitución de la Paz”.

Cepeda: “Se está configurando un gobierno paramilitar”

Este miércoles el senador y ex candidato a la presidencia, Iván Cepeda, alertó sobre la conformación de un “gobierno paramilitar” que pone en riesgo la vida de opositores a la presidencia entrante. Denunció la intención de crear “bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad”, integrados por civiles; la recreación del órgano represivo Escuadrón Móvil Antidisturbios (anunciado por quien será el ministro de Defensa, Jorge Mora) y la construcción de megacárceles privadas.

Ante esa situación, solicitó a la Defensoría del Pueblo de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que “observen con especial atención el desarrollo de esta nueva etapa que comienza” en el país.

Agregó: “Como lo hemos hecho siempre, estaremos al lado del pueblo colombiano, de su resistencia activa, y de su desobediencia civil”.

Un llamado a la desobediencia civil: enfrentar al fascismo con la democracia

En los últimos días Cepeda hizo un llamamiento a la desobediencia civil pacífica ante el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Justificó su convocatoria en la necesidad de que el candidato electo renuncie a su ciudadanía estadounidense, que implica una jura de lealtad al país del norte. También pidió que se investigue si el futuro mandatario es colaborador de la DEA o de la CIA. Este reclamo se suma a la denuncia penal ya efectuada por Cepeda ante la Fiscalía General de Colombia y La Haya por presunto financiamiento de De la Espriella a grupos paramilitares.

“De la Espriella tiene ciudadanía estadounidense. El juramento de ciudadanía de Estados Unidos establece una obligación de lealtad exclusiva al orden constitucional de ese país cuando exista un conflicto con otros órdenes constitucionales”, alertó Cepeda.

Señaló que el presidente electo sostuvo un estrecho vínculo con el narcoparamilitar Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’, informante de las agencias federales de Estados Unidos. Uno de los cómplices de alias ‘Boliche’ es el socio de De la Espriella, Daniel Peñarredonda Gómez. “Las autoridades estadounidenses deben aclarar si el señor De la Espriella ha sido o es agente o colaborador de la DEA, de la CIA o de cualquier otra agencia de seguridad de los Estados Unidos”, reclamó.

Además, refirió que De la Espriella, sin haberlo consultado con el Congreso de la República ni con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, anunció que “anexará” a Colombia al llamado “Escudo de las Américas”. Se trata de una alianza de “seguridad geopolítica”, lanzada este año por Estados Unidos. Hasta el momento participan Argentina, Ecuador, El Salvador, Panamá y Paraguay.

También llamó la atención sobre la persecución del influencer Beto Coral, hoy preso político en Estados Unidos, por su apoyo al Pacto Histórico. Y agregó: “De la Espriella ha enviado listados de decenas de compatriotas para que sean investigados por el Departamento de Justicia de EEUU, burlando abiertamente el imperio de la ley y de los tribunales colombianos en la potestad de investigar y juzgar a compatriotas que él considera arbitrariamente sus enemigos”. Y pidió un pronunciamiento “claro y contundente” de las cortes colombianas en defensa de la soberanía judicial.

En marzo pasado, el New York Times informó que el presidente Gustavo Petro estaba siendo investigado por el Poder Judicial en Brooklyn, Nueva York. Al respecto, Cepeda también pidió explicaciones sobre la intromisión de un país extranjero en la vida política y soberana de Colombia. También exigió que cese toda persecución contra Petro y que Estados Unidos evite judicializar a opositores colombianos.

“Si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”, anunció. 

Y agregó: “Llamo e invito a los millones de electores que depositaron en mí su confianza a que hagan lo propio y a que, si no se cumple lo que enuncio, desconozcan pacíficamente cualquier orden de alguien que no responde a la condición de guardián de nuestra constitución política”.

“Cuando la ley, las instituciones o la autoridad entran en conflicto con la conciencia moral, el ciudadano no solo tiene el derecho, sino el deber de resistir pacíficamente, negándose a colaborar con la injusticia, el oprobio y la opresión”, manifestó. 

Qué implica la desobediencia civil

El filósofo estadounidense, Henry Thoreau, escribió en 1849 el ensayo “La desobediencia civil”, donde explica que un gobierno solo puede avanzar hasta donde los hombres se lo permiten. “Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a resistirse al gobierno y negarle lealtad cuando su tiranía o su ineficacia sean desmesurados e insoportables”, expresa en el libro. Pero ¿cómo se materializa eso en el contexto colombiano, tras las elecciones más ajustadas de su historia? Alirio Uribe, abogado, legislador y referente del Pacto Histórico brinda una reflexión al respecto, en diálogo con Marcha Noticias.

—¿En qué aspecto del ordenamiento jurídico colombiano se sustenta la figura de la desobediencia civil?

—La figura de la desobediencia civil hace parte de las libertades políticas que establece el artículo 40 y otros artículos de la Constitución en el sentido de que la oposición se puede ejercer de manera abierta y democrática frente a un gobierno que pone en riesgo el ideario de nuestro sector político, por el que votaron la mitad de los colombianos. A nivel nacional sucedió un empate técnico electoral. A nivel nacional la diferencia fue 70.000 votos, con la suma de los votos internacionales fueron 250.000 votos, menos del 1 por ciento. Por eso se aceptó la victoria del señor Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia e Iván Cepeda asume la jefatura de la oposición. La Constitución también establece que la persona que queda segunda en la elección presidencial pasa a ser senador y la vicepresidenta pasa a ser representante a la Cámara. Esa figura existe para garantizar que estas personas puedan ejercer el derecho a la oposición frente al ganador.

—En la práctica, para la ciudadanía, ¿qué implica esa desobediencia civil?

—Venimos de un gobierno progresista que va a entregar el gobierno el próximo 7 de agosto. Veníamos con un énfasis en reformas sociales, en temas ambientales, en temas que hacen parte del acuerdo programático. Los anuncios que ha hecho el señor Abelardo de la Espriella generan temor frente a las prácticas que puedan venir en el nuevo gobierno. Ha referido que va a destripar a la oposición, que va a acabar con las expresiones de izquierda. Ha dicho que va a desmontar el Estado, que va a cerrar ministerios e instituciones. Son cosas que van en contra de lo que se ha venido trabajando. Obviamente son el nuevo gobierno y van a tomar medidas. Lo que vamos a hacer como Pacto Histórico y como Frente Amplio por la Vida va a ser oponernos a políticas que sean regresivas. Lo que sea importante para el bien del país se va a apoyar. Pero nosotros implementamos gratuidad en la educación para los sectores más desfavorecidos, también temas en salud primaria y otras cosas que creemos que se deben defender. Eso hace parte del juego democrático.

—En la última semana, circularon imágenes de una reunión entre Cepeda y Petro, con el fin de mostrar unidad entre los mayores referentes del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida. ¿Cuál será la misión de esos liderazgos en los próximos años?

—Los de Petro y Cepeda son dos perfiles muy importantes. El presidente Petro es un líder nacional e internacional en los temas que ha venido planteando, como la paz y el cambio climático. Es una persona que tiene toda la vocería y la representación de nuestro movimiento político. Obviamente, va a seguir jugando un rol en términos de liderazgo a nivel nacional e internacional. Iván Cepeda es la persona que acaba de sacar 12.700.000 votos, va a estar liderando la bancada más grande del Congreso en un rol de oposición. Es obvio que como líderes de este proyecto político van a tener muchos diálogos y diferentes roles en un escenario de política de oposición.

—¿Cuál es el norte de esa política de oposición? 

—Se van a defender los logros y avances que se han obtenido durante este gobierno. Y se va a tratar de que no se materialicen muchos de los riesgos que avizoramos en el futuro gobierno. En esa línea hay muchos temas que tienen que ver con políticas sociales, con temas laborales, pensionales, de salud, ambientales. Por supuesto todo esto será objeto de un gran debate. El gobierno de De la Espriella va a traer una agenda neoliberal de reducción del Estado y nosotros vamos a reaccionar a esa agenda regresiva que ellos quieren imponer. La Colombia de hoy es una Colombia diferente. El nivel de conciencia de la gente ha cambiado. El espíritu de participación de la gente en los escenarios políticos ha cambiado. Yo creo que vamos a tener momentos interesantes y esperamos que los riesgos que avizoramos del próximo gobierno no se materialicen. Es un reto para todos los latinoamericanos defender la soberanía nacional y la autodeterminación de los pueblos. 

—¿En qué punto de inflexión notó usted ese cambio en la conciencia colombiana?

—La gente asocia más la política al tema de la canasta familiar, a la educación, a los servicios públicos. La gente ha hecho ahora, de una manera más clara, una asimilación de la importancia de la participación política. La última votación fue un récord histórico respecto a años anteriores. El debate público no era banal, no era acerca de cómo se viste el presidente o la presidenta o cómo se comportan, sino que era un debate político muy ligado a los grandes temas del país. En ese sentido, creo que  uno de los legados más fuertes del gobierno de Gustavo Petro fue elevar el nivel de conciencia de la gente y el nivel de participación.

Tras las elecciones de marzo, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida cuentan con la bancada más numerosa en el Congreso. El oficialismo que asumirá el 7 de agosto, en cambio, tendrá una representación muy minoritaria, de apenas siete congresistas.

El 22 de junio, cuando aún no estaba cerrado el escrutinio, Cepeda convocó al diálogo para generar un acuerdo nacional que contemple a las dos partes de Colombia que votaron por proyectos políticos antagónicos. Horas antes, De la Espriella amenazaba a Cepeda y a Petro aconsejándoles que “hagan las valijas”. 

Para Uribe, “la propuesta del acuerdo nacional es bastante seria e importante. Uno de los problemas que tiene el país es que no nos ponemos de acuerdo en una hoja de ruta. En una polarización tan fuerte y en casi un empate electoral como el del 21 de junio, sería una oportunidad para que se tendieran puentes, para ponernos de acuerdo en muchos temas estructurales, de tal manera que hubiese una mayor gobernabilidad en el país. Esa es la aspiración. No sabemos si eso se va a dar; es posible que se dé de manera parcial”.

Y añade: “Sería provechoso que no entremos en una confrontación muy fuerte, que no haya estallido social prácticamente permanente y que de alguna manera se pueda hacer esa gobernabilidad de manera positiva”.

La injerencia estadounidense

Un informe elaborado por Natalia Munevar, una de las responsables de la Misión de Observación Internacional de las elecciones por el Pacto Histórico, reveló inconsistencias en el voto colombiano en el exterior e intromisión extranjera a través de la puesta a disposición de recursos económicos.

Uno de los datos difundidos revela, por ejemplo, que cinco puestos de votación en Estados Unidos tuvieron una participación superior al 100 por ciento del censo: Miami–West Palm Beach (109,6%), Atlanta–Charlotte (110,7%), Houston–Dallas (103,5%), Newark–Dover (113,3%), San Francisco–Denver (125,4%). “Matemáticamente imposible sin manipulación del censo o inflación de votos”, señala el relevamiento.

Otro aspecto mencionado son las denuncias documentadas por el apoyo abierto de Donald Trump a De la Espriella, los aportes del empresario estadounidense Dan Newlin (US$1,9 M en publicidad Google), la manipulación algorítmica atribuida a BlackCube desde Los Ángeles y el uso de inteligencia artificial y bots para general desinformación.

Alirio Uribe también hizo parte del seguimiento de la transparencia electoral y de la recepción de la Misión de Observadores Internacionales del Pacto Histórico. Sobre la denuncia de Cepeda acerca de la doble nacionalidad de De la Espriella, señala: “No es inconstitucional tener doble nacionalidad, lo permite la Constitución de Colombia. Pero el juramento que se hace en el momento en que se asume la nacionalidad en los Estados Unidos es incluso tomar las armas en representación de ese país y jurar lealtad a su soberanía. Él como presidente de los colombianos, debe tener esa lealtad hacia Colombia”.

Al respecto, aclara que se han hecho acciones de tutela, acciones populares que tendrán un trámite largo en el Poder Judicial. Hasta el momento, dos fallos en primera instancia señalaron que no es inconstitucional la doble nacionalidad. Seguirá luego el camino de la segunda instancia, que lleva unos dos meses, y luego de la Corte Constitucional, que puede llevar algunos meses más hasta tener un pronunciamiento definitivo.

Pero la nacionalidad denunciada no es cualquier nacionalidad. En un contexto de injerencia estadounidense en la región resulta, al menos, una señal de alarma. “El propio Donald Trump ha dicho públicamente a través de sus redes sociales que Abelardo de la Espriella ganó gracias a la intervención de Estados Unidos en la campaña. Sabemos que se pagaron campañas de desinformación, de contrainformación, de difamación, de odio y de mentiras frente a nuestro candidato. Es lo que llaman ahora una guerra cognitiva de mover muchísima pauta para la manipulación de los electores”, describe.

Inclusive, por primera vez la embajada de Estados Unidos, tanto en primera como en segunda vuelta, llevó a Colombia delegaciones de aproximadamente 100 personas. “No venían realmente a observar, sino a supervisar las elecciones”, cuestiona. Y agrega: “Todos queremos tener buenas relaciones con los Estados Unidos, pero relaciones soberanas y no de sometimiento ni de imposición”. 

Respecto al panorama latinoamericano, la injerencia político-electoral ya pasó por Venezuela, Honduras, Argentina, Colombia e incluso ya se pronostica en Brasil, que votará en octubre. El precandidato Flávio Bolsonaro acaba de ofrecer a Donald Trump ventajas a empresas yanquis en el marco de su carrera presidencial. 

“Estados Unidos tiene injerencia regional en varias zonas de América Latina y del Caribe. Es un tema que tiene que ver con la violación del derecho internacional, al igual que lo ocurrido con el genocidio en Gaza. Todo está inscrito en dinámica”, advierte Uribe.

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Por Redacción Marcha con producción de Mariángeles Guerrero desde Bogotá.

“El cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente”, dijo Iván Cepeda ante un público eufórico que lo aplaudió ante cada frase que pronunció. El candidato del Pacto Histórico salió al escenario del Royal Center, en Bogotá, luego de que se diera a conocer el último informe de la Registraduría Nacional que lo ubicó con el 48,70% de los votos a menos de un punto de su contrincante el abogado de extrema derecha, Abelardo de la Espirella (Defensores de la Patria), que consiguió el 49,65%. Justamente por ese margen estrecho, que es inédito y que estuvo acompañado por una participación histórica, anunció que aún no reconocerán los resultados, sino que esperarán al escrutinio definitivo.

“El preconteo que se ha realizado, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni es vinculante. Reconocemos el resultado, pero debemos decir que nuestros equipos están procediendo a intimar 33 mil mesas en todo el país -un 25% del total de las mesas del país, unos 5 millones de votos-, una por una deberá ser objeto del escrutinio”, sostuvo ante una masa que esperó que finalizara el discurso para salir caminando hacia el Corferias, el puesto de votación más grande del país en defensa de los votos ante un proceso que puede demorar hasta una semana.

La militancia, sin embargo, no fue sola, autoconvocadxs movilizadxs también atravesaron Bogotá de manera pacífica para mostrar su apoyo a Cepeda y acompañar el conteo final, al poco tiempo desconcentraron para evitar que la concentración sea utilizada como excusa que pudiera obstaculizar el conteo, pero hasta entrada la noche persistían en las calles. Desde el Pacto Histórico convocaron a abogadxs para verificar el proceso.

Durante toda la jornada circularon en redes sociales videos y fotos de cientos de personas de las zonas rurales movilizándose en canoas, camiones y caminando durante horas para poder llegar a los centros de votación ante una elección en la que se “juega la vida”, en palabras del presidente, Gustavo Petro, y en un escenario que estuvo atravesado desde el 31 de mayo pasado por la tensión en lo que también puede significar un cambio de signo político hacia la extrema derecha en uno de los países más importantes de la región sudamericana.  

En ese contexto, Cepeda se dirigió ante la militancia y pidió a sus equipos de abogados y colaboradores a que estén “atentos al escrutinio de cada una de las mesas sus actas y sus resultados” porque una vez que se produzca el resultado final del escrutinio se hayan hecho las verificaciones correspondientes, entonces, reconocerán el resultado oficial. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban desde abajo.

El candidato del Pacto, además, destacó la participación del 63.59% del padrón -un número inédito en un país en donde la votación no es obligatoria-, criticó la injerencia extranjera y saludó a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Estamos ante el pueblo para decirle que somos una fuerza indiscutible en Colombia”, sostuvo, teniendo en cuenta que la fuerza política del Pacto Histórico se impuso en las elecciones legislativas del 8 de marzo y para dejar como mensaje a sus contrincantes que no permitirán que retrocedan las conquistas sociales conseguidas. 

“Somos una fuerza resistente que somos capaces de sobrevivir en las peores condiciones si es necesario”, dijo y, a continuación, llamó al diálogo y a buscar un “acuerdo nacional” que permita “resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”.

“Vamos al escrutinio, a la movilización social, a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia”, cerró.  

Por qué Colombia aún no tiene presidente electo 

Aunque varios medios de comunicación dieron como ganador a De la Espirella en la noche de este domingo, lo cierto es que los resultados aún no están. En tanto, pasadas casi cuatro horas desde el cierre de las mesas, el candidato de la extrema derecha apadrinado por el estadounidense Donald Trump tampoco se pronunció. Tampoco lo hicieron las autoridades electorales, que sólo se limitaron a dar a conocer los datos del preconteo, hasta el mismo registrador, Hernán Penagos, reconoció que se trata de información “no vinculante”.

Además, hay otro dato clave: en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2022, el preconteo arrojó para el Pacto Histórico 2.302.847 votos en el Senado; y luego el escrutinio oficial elevó esa cifra a 2.830.902 votos, es decir, una diferencia de 528.105 votos.

1. Porque el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante 

No es el escrutinio definitivo. Según la misma Registraduría en su página web, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, los boletines expedidos por la Registraduría Nacional durante el preconteo “no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”. 

Allí, explican que “los porcentajes se calculan y muestran con reducción a 2 dígitos a la derecha del separador decimal (término matemático: truncamiento a 2 decimales). 

El preconteo ocurre en varias etapas: primero, los jurados cierran la mesa de votación y abren la urna. Luego cuentan los votos, los clasifican y registran la información en las actas correspondientes. Después, esos datos son transmitidos para su consolidación. Con esa información, la Registraduría publica boletines que muestran el avance de la votación, el porcentaje de mesas informadas y los votos obtenidos por cada opción.

Este proceso permite que ciudadanos, campañas, medios de comunicación y autoridades sigan la evolución de los resultados durante la tarde y noche electoral.

Los datos que muestran son: porcentaje de mesas informadas, votos obtenidos por cada fórmula presidencial, porcentaje de votación de cada candidatura, votos en blanco, nulos, no marcados y el avance general del preconteo. 

El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial de revisión y consolidación de los resultados. Allí se verifican actas, formularios, reclamaciones y documentos electorales.

2. Porque aún faltan escrutar los votos de la colombianidad en el exterior.

El voto en el exterior y las alertas de la Misión Internacional 

Para el sistema electoral colombiano, la participación electoral de los votos en el exterior opera con un control institucional débil, pero puede resultar determinante en una contienda ajustada y persistente a una falta de fiscalización entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. 

“Los votos del pueblo colombiano en el exterior deben ser los primeros en escrutarse, sin excusas”, advierte

El trabajo de la comisión se apoya en cuatro funciones: observación en el terreno, registro de las respuestas institucionales, análisis del contexto e identificación de los problemas estructurales.

En el plano judicial, el contexto incluye la denuncia penal presentada por el senador y candidato Iván Cepeda ante la Fiscalía General y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con la financiación del paramilitarismo.

Por otra parte, la Misión Internacional registró las siguientes alertas: designación desequilibrada de jurados en algunos Consulados, riesgo de voto múltiple por el carácter semanal de los comicios y mesas con compartimentos atípicos señalados en la primera vuelta. También marcó la inscripción atípica de jurados, presuntamente turistas, que viajaron al Mundial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la acreditación de la misión designada por el Pacto Histórico y otorgó solo tres cupos para la instalación, a la cual asisten 700 personas. En la capacitación impartida por el CNE, la misión consultó por metodología de escrutinio y conservó las respuestas como evidencia documental. De ella se desprende que el propio CNE reconoce que no cuenta con una herramienta tecnológica propia para escrutar. El conteo se realiza de forma manual sobre decenas de miles de mesas y no existe un protocolo unificado. Otro aspecto señalado es que el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante.

“Una parte sustancial de la operación electoral está a cargo de una empresa privada, lo que plantea exigencias de transparencia y auditabilidad de software que la observación debe poder verificar. El escrutinio, fase más decisiva y a la vez la menos observada, carece de protocolo unificado. Se realiza manualmente y sin transparencia plena de cara a la ciudadanía”, refirió.

3. Porque desde la campaña de Iván Cepeda se está denunciando la existencia de actas sin firmar. 

La firma del jurado en el tarjetón o boleta sirve como medida de control. La preocupación ciudadana radica en que, si un tarjetón carece de ella, pueda ser declarado nulo posteriormente, aunque la Registraduría aclaró que este error de los jurados no anula el voto del ciudadano, la falta de esas firmas puede poner en dudas un acto electoral que se juega voto a voto.

Esas mesas deberán ser revisadas, según el pedido que hizo Cepeda. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La campaña hacia la segunda vuelta de Iván Cepeda y Aida Quilcué (Pacto Histórico) tuvo movilización, música, artistas, mujeres de la economía social, ambientalistas, travestis y un amplio arco social en las calles. También una mayor presencia del senador y candidato presidencial en las redes sociales, en entrevistas con influencers y actos en cada región de Colombia. Muchas personas salieron de forma autoconvocada con carteles, volantes y stickers a hablar con los vecinos y buscar los votos que faltan para que hoy Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Detrás de la movilización popular, un objetivo: que Colombia dé vuelta de forma definitiva la página de la violencia y camine hacia la paz. 

En el barrio Ciudad Hunza (localidad de Suba, norte de Bogotá), se sostiene una trama comunitaria de radio, arte, ollas populares y trabajo de las recicladoras urbanas. Sus calles empinadas están pintadas con consignas contra la violencia de género. Allí, Ángel Jaime León, comunicador popular y militante, asegura que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. “Fue un acuerdo de la sociedad colombiana”, resalta.

Ese acuerdo requiere transformaciones estructurales sobre todo en lo que respecta a la tierra, la política y el sistema electoral. La paz no es solo quitar fusiles, es generar las condiciones para la vida digna. Es dar tierra a las familias campesinas, es cuidar los páramos que brindan agua, es reconocer el trabajo invisible de las que cuidan a sus familias y territorios. La paz requiere un compromiso político. Y en esa apuesta se posiciona la fórmula del Pacto Histórico, las propuestas de Cepeda-Quilcué para la Colombia de los próximos años.

Ambos candidatos comparten una herida: vivieron en carne propia el asesinato de familiares por la persecución política. 

Manuel Cepeda Vargas era legislador electo por la Unión Patriótica cuando lo asesinaron grupos paramilitares y el Estado colombiano en 1994. Iván era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá e iba hacia su trabajo cuando encontró el auto en el que viajaba su padre con un disparo en el parabrisas. “Le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la Justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, dijo el joven Cepeda ese día frente a las cámaras de televisión.

En 2008, la Minga Indígena realizó una movilización histórica para reclamar por los derechos de las comunidades originarias en Colombia. A fines de ese año, en una emboscada militar, asesinaron a Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del Cauca, Aida Quilcué. Las fuerzas oficiales lo presentaron como un “falso positivo”: un supuesto combatiente de las fuerzas armadas insurgentes caído en combate. Quilcué advirtió que no iban a callarla y continuó exigiendo mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Cepeda debió exiliarse y, a su retorno, fundó el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice). Fue uno de los partícipes de las conversaciones por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rol fue dialogar con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a ese pacto entre las organizaciones armadas y el gobierno. Así se llegó a un punto de partida: lo que dicen los papeles y que debe convertirse en realidad. El gobierno colombiano incumplió por acción o por omisión. Entre 2016 y 2026, 489 firmantes del acuerdo fueron asesinados según el Consejo Nacional de Reincorporación.

Albeiro Suárez mira de frente a la cámara y sonríe. Tiene una remera blanca, con una rosa y el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fuerza política con la que las FARC se propusieron retomar la lucha mediante las urnas. “Necesitamos que en vez de que nos estigmaticen, nos apoyen, que vengan al territorio y se den cuenta de que aquí no estamos construyendo trincheras ni fusiles, estamos construyendo paz”, asegura el hombre de 47 años. El ex combatiente de las FARC era líder de su comunidad, una referencia para otros firmantes del acuerdo que, como él, buscaban reinsertarse en la sociedad mediante el trabajo campesino en el departamento Meta (este de Colombia).

A Albeiro lo mataron el 16 de octubre de 2020, dejando a su comunidad sin su líder y expuesta a ser víctima de otros crímenes. Albeiro había dejado los fusiles y apostaba a otra vida para él y para sus compañeros. Lo asesinaron mientras hacía diligencias para mejorar las condiciones de vida en el campamento de firmantes que empezaba a florecer con casas de nylon y organización colectiva para empezar a cultivar cacao.

Aída Avella se para en el escenario en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá. Mira al público con los ojos cargados de emoción. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, canta con voz poderosa. Y asegura algo que sintetiza la necesidad de paz y, una vez más, que la paz no se hace sola, sino con decisión política. “En este gobierno (el de Gustavo Petro) a nadie le arrancaron los ojos por pensar diferente”. Es la misma voz potente que, en 1996, gritaba a los medios tras sobrevivir a un atentado: “Hagan algo, este es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP”. 

La aseveración sobre los ojos que hace Avella refiere a la persecución estatal de las personas que participaron del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en abril de ese año, en oposición a una reforma tributaria que pesaba sobre los alimentos. Fue una manifestación popular cobardemente reprimida por el gobierno. El Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) indica que, entre el 28 de abril y el 28 de junio de ese año hubo 75 asesinatos, 83 personas tuvieron lesiones oculares y 28 fueron víctimas de violencia sexual; hubo 1.832 detenciones arbitrarias y otros 1.468 casos de violencia física.

En las afueras de un shopping en Kennedy, al sur de Bogotá, muchos rechazan el volante de Cepeda-Quilcué, muchos otros lo reciben. La polarización política está en el aire en una zona de la ciudad donde en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella con el 80 por ciento de los votos. Pero los que piden los volantes y saludan con un grito en favor de Cepesa son jóvenes: no superan los 35 años, son varones, son mujeres. Son, generacionalmente, los protagonistas de aquel estallido.

Mauricio Grajal y Jenny Moreno Socha son jóvenes que estuvieron en el epicentro del estallido, en Cali, en 2021. A partir de aquellos días, generaron junto a otras personas la Juntanza Popular por la Transformación Social. Ambos comentan que, antes del estallido, las y los jóvenes no tenían representación, que muchas y muchos de los que salieron a manifestarse pertenecían a sectores populares y no participaban de ninguna organización. Marcan que la derecha velozmente señaló a quienes participaron de aquellas protestas como grupos financiados por la guerrilla. Para sostener la memoria y la verdad de aquellos días, escribieron un libro en el que relatan la experiencia.

Grajal relata que aquella experiencia fue para él transformadora cultural y socialmente. En ese entonces tenía 19 años.  “Me permitió participar en espacios en los que no había pensado estar. Encontramos el camino de qué hacer y para qué hacer. No soy formado en la universidad, pero a través de la organización pude acceder a capacitaciones para exponer las barreras estructurales que tienen los jóvenes”, relata.

Y agrega: “Un gobierno como el de Iván Cepeda es clave para sostener ese camino, el de los jóvenes que quieren transformar el territorio en el que viven”. 

Moreno Soacha agrega que el significado del estallido fue la expresión de que a los jóvenes les importa la política. Y que vivieron la experiencia de estar en la primera línea de las manifestaciones a ser lideresas y líderes sociales, de fortalecer la identidad en el territorio y de entender lo colectivo. “El joven que salió en 2021 salió con digna rabia y hoy es más consciente”, asegura. Ella tenía 28 años en esa época y salió a las calles por solidaridad con otros jóvenes.

Ambos dejan planteada una pregunta que ayuda a entender lo que se juega hoy en las urnas. “¿Cómo le fue a la oposición en este gobierno? ¿Tiene la oposición las mismas posibilidades de ser oposición en un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Quién quiere la paz y quién la violencia en Colombia?”.

La campaña de Abelardo de la Espriella responde esa pregunta: el candidato anunció que “destripará” a quienes piensen diferente. Prometió hacer cumplir la ley, que quien bloquee una avenida durante una protesta recibirá un castigo. Promesa que, en el oído argentino resuenan conocidas, vivenciadas, resistidas. Prometió también reincorporar el extractivismo como política de Estado en un país donde la concentración de la tierra expone la desigualdad que vive Colombia y que es otro elemento que impide la paz. Precisamente, la derecha que hoy apoyará a este candidato fue la misma que bloqueó en el Congreso las reformas necesarias para cumplir el acuerdo.

Cepeda, por su parte, promete ante todo garantías para quienes no voten por él y reparación para las víctimas de la violencia estatal.

Colombia está llena de muertes, dice alguien. Colombia está llena de desaparecidos y desaparecidas cuyas familias aún buscan y esperan, como Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) a quienes Iván Cepeda acompañó en el largo camino de buscar paz y justicia. Colombia llora a los falsos positivos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional hizo pasar por guerrilleros para justificar los asesinatos. Sobre esa herida hay dos propuestas: destripar al opositor, como amenaza De la Espriella, o el diálogo, como convoca Cepeda; continuar agrediendo a quien piensa diferente o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el accionar de los grupos armados, el paramilitarismo y el Estado.

Sobre esa herida hay dos alternativas y la última palabra la tendrán los votos de este domingo.

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Por Mariángeles Guerrero desde Colombia | 

El calor agobia a Bucaramanga, en el norte de Colombia. Sobre la cordillera se alza esta ciudad, capital del departamento Santander, con sus edificios modernos y el verde de sus plazas. Sobre las dos de la tarde, la lluvia quiebra con fuerza el sopor y, después del aguacero, una pequeña brisa hace flamear las banderas en la Puerta del Sol, punto emblemático de encuentro. Desde allí, se caminarán cuatro kilómetros hacia la sede de la Universidad de Santander. En ese lugar, el candidato presidencial Iván Cepeda hablará a las organizaciones socioambientales que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar la movilización por el agua y los páramos.

La marcha es por los páramos, por el agua, por la vida. Y es, explícitamente, a favor de la candidatura de Iván Cepeda y de Aida Quilcué a la presidencia de Colombia. La bandera azul, amarilla y roja se mezcla con pancartas con consignas y carteles con los rostros de los candidatos. Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial que opone dos proyectos de país: el de Cepeda-Quilqué y el de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ex ministro del gobierno de Iván Duque.

El Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán calcula que entre 15.000 y 20.000 personas participan de la marcha. Es la primera vez que este colectivo se posiciona abiertamente en favor de un candidato: Iván Cepeda. Mayerly López es una de sus integrantes y explica: “Esta marcha se da en medio de una coyuntura electoral donde hay dos opciones totalmente antagónicas para la protección del agua y de Santurbán”. La protección del agua y del páramo es lo que ha movilizado los 17 años del Comité.

La entrevistada comenta la conclusión colectiva que dio pie al apoyo: “No podemos quedarnos callados ni ser indiferentes porque si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia, no va a haber garantías en la protección de Santurbán”.

El páramo de Santurbán es uno de los 37 páramos colombianos. Son ecosistemas de alta montaña tropical, fuente de agua dulce y de importancia ecosistémica debido a su fauna y a su flora. Allí destaca el frailejón, una planta de hojas velludas y gruesas que tiene la capacidad de retener agua en el suelo a través de la captación de la humedad de las neblinas.

Por estas cualidades, el páramo de Santurbán le brinda agua a más de dos millones de personas del área metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga en forma directa, explica López. Pero esas aguas viajan al sur, al río Magdalena Medio, el más importante de Colombia en términos de caudal. El 70 por ciento de las y los colombianos beben agua que nace en alta montaña, según la activista.

“El páramo es un ecosistema con una importancia hídrica muy grande para el país, estratégico para la mitigación del cambio climático por su capacidad de recepción de dióxido de carbono. Allí viven familias campesinas que también estarían en riesgo”, apunta.

Pero Santurbán no es solamente un bioma de gran importancia ambiental. Es también un símbolo de la movilización popular ante el extractivismo. En la zona, la minera canadiense Aris Mining busca explotar oro a través del proyecto Soto Norte, pese a las manifestaciones de los colectivos socioambientales y de las comunidades que allí habitan. 

Compromiso con la vida

De la Espriella no solo se manifestó a favor de la megaminería sino también del fracking (o fractura hidráulica), una forma no convencional de extracción de gas y petróleo del subsuelo que en Argentina ya mostró sus impactos socioambientales negativos en el yacimiento Vaca Muerta.

Por su parte, Iván Cepeda planteó en su campaña el compromiso con la protección del agua. Ese compromiso fue reafirmado tras la marcha en Bucaramanga. Minutos después de su finalización, el candidato por el Pacto Histórico afirmó: “Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus ríos, sus selvas, sus bosques y su biodiversidad, que defiendas la fauna, que defiende la flora, que defiende a cada una de las especies que hay en nuestro territorio, de las cuales somos guardianes ante la humanidad”.

Y añadió: “El desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios y las comunidades. El agua es lo fundamental, es la fuente y el sustento de la vida”. En ese sentido, se comprometió a impulsar mecanismos de gestión comunitaria del agua. Y consideró: “No es incompatible proteger la naturaleza, garantizar la economía y el bienestar de las comunidades. Hacen parte de una política integral del gobierno en los territorios que transforman los territorios en comunidades de vida y no en cementerio de desechos industriales o de excavación de las grandes empresas mineras”.

Luego aseguró: “En mi gobierno no habrá fracking. Vamos a trabajar porque nuestra economía deje de estar centrada exclusivamente en la explotación de combustibles fósiles, pero haremos la transición necesaria para que quienes viven de la minería y quienes viven de la explotación del petróleo puedan tener una vida digna y hagan la transición de la mejor forma posible”.

Tras su discurso, firmó un pacto con el Comité, que incluye nueve puntos sobre la protección del agua y los páramos. El testimonio de López muestra que el compromiso de Cepeda respecto a la lucha socioambiental no es un asunto de campaña electoral. “Tiene una trayectoria acompañando la lucha de Santurbán, coadyuvando en acciones jurídicas de incidencia y de movilización”, relata. 

Ejemplifica: “Hemos hecho innumerables reuniones de incidencia política en donde él ha participado y ha sentado posición en defensa de Santurbán. Incluso ha venido a marchar en algunas oportunidades cuando hemos convocado a movilizaciones. Conocemos su compromiso desde hace años en esta lucha”.

Por otro lado, la activista advierte un aspecto clave, relativo a las garantías de la oposición en un gobierno de ultraderecha en Colombia. “Con Abelardo (de la Espriella) no solo están en riesgo los ecosistemas, sino también la vida de los defensores y las defensores ambientales y de las personas que pensamos distinto a esa mirada extractivista del planeta y de nuestra naturaleza, porque él mismo ha dicho que hay que destripar a quienes piensan diferente”, señala.

Y expresa: “Valoramos que (Cepeda) haya firmado ese documento y que haya participado de esta movilización, que haya reconocido la importancia de los movimientos sociales y sobre todo de lo que implica la protección de Santurbán para el nororiente colombiano”. El candidato de la izquierda también se comprometió explícitamente a la protección de las y los defensores ambientales.

Colombia sin fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking nuclea a 150 organizaciones comunitarias, de mujeres, campesinos, pescadores y académicos a nivel nacional. Nació hace diez años, cuando se dio viabilidad a la extracción de petróleo mediante yacimientos no convencionales. Las y los activistas contra el fracking se contactaron con pares de países donde ya había experiencias de esta forma de extractivismo: Argentina y Estados Unidos. Y detectaron una problemática común: la falta de acceso a la información y los bajos niveles de transparencia de estos proyectos. 

En 2019, el Consejo de Estado Colombiano estableció una moratoria para el fracking atendiendo al principio precautorio en materia ambiental. Este principio indica la prevención ante la posible afectación ambiental de un determinado proyecto. Pero el gobierno de Iván Duque, impulsando el fracking, hizo caso omiso. “Así que en Colombia aparece algo que es el comité de expertos independientes, que de expertos tenía poco y de independientes nada, para dar viabilidad al fracking, no mencionado como fracking sino como Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII)”, indica Yuvelis Morales, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Las georreferencias para posibles proyectos indicaron que el sitio para la explotación era la zona del Magdalena Medio. El punto cero señalado fue Puerto Wilches, de donde es oriunda Morales. “Esa es la región en la que se empezó con la extracción de petróleo y gas convencional en Colombia hace más de un siglo y es la misma región en la que la gente no tiene acceso al agua potable, en la que los niveles de violencia, estigmatización y asesinatos son cada vez más frecuentes y van en aumento”, detalla.

Para la activista, el municipio debería contar con condiciones básicas de vida digna y saneamiento, pero la realidad dista de esa expectativa. “La lucha contra el fracking mostró que se sacrifica la vida de la gente, la fauna, la flora y la biodiversidad y que el agua termina siendo el gran elemento de disputa”, agrega.

Mientras la derecha latinoamericana busca profundizar el extractivismo petrolero, las comunidades están un paso adelante en buscar alternativas. En abril pasado se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. 

“Fue una iniciativa de las organizaciones de base territorial realizada por el gobierno colombiano. Pero sin las organizaciones no hubiese sido una realidad, porque en Colombia las comunidades y los movimientos comunitarios están haciendo transición energética con energías comunitarias y con propuestas concretas abordadas desde y para los territorios”, asegura. Y menciona como ejemplos a las Reservas campesinas de Santander y a la organización Ríos Vivos (que promueve la energía solar y la educación ambiental).

La activista explica que estas experiencias requieren inversión estatal y que el gobierno de Gustavo Petro tuvo avances en ese sentido. Pero lo que no se ha logrado es una ley que prohíba el fracking o la megaminería en el páramo de Santurbán. “Aunque hubo voluntad política, no hubo voluntad legislativa. En el Congreso se siguen oponiendo los partidos de derecha que han hecho del ambiente en Colombia un negocio”, refiere.

La lucha ambiental requiere paz (y viceversa)

Morales indica que las luchas ambientales tienen mucho que ver con la necesidad de la paz territorial. En un país marcado por la violencia política contra disidentes, opositores y opositoras, defender un territorio conlleva riesgos. La activista comenta: “Los territorios siempre han estado en disputa por las industrias extractivistas y estas muchas veces son apoyadas por los grupos armados ilegales. Cuando alguien en Puerto Wilches dice ‘no al fracking’, al siguiente día o la misma tarde le pasan una amenaza, un comunicado, un panfleto en el que se atenta en contra de su vida”.

Para ella la paz no es solamente la ausencia de algo, sino tener agua limpia, saneamiento básico, acceso a la salud y a la educación. “La gente necesita vivir en territorios en los que se pueda vivir y cuando uno empieza a exigir estos derechos e inmediatamente es amenazado, se da cuenta de que el territorio en Colombia es una zona de disputa. Y que cuando se pierde la pelea, los territorios terminan siendo zonas de sacrificio”, concluye.

Oneida Suárez también es defensora ambiental e integra la Alianza Colombia Libre de Fracking. Desplazada por el conflicto armado, hace décadas llegó a El Carmen de Chucurí, en Santander. Allí la lucha es contra una mina de carbón a cielo abierto que también afecta fuentes de agua. Se trata de una zona campesina que nutre a ciudades como Bogotá con plátano, yuca y cítricos. La mina es operada por la firma Colcco S.A. En 2023, el gobierno colombiano frenó los permisos a la minera por inconsistencias en la información técnica que había brindado.

Oneida comenta la lucha durante los gobiernos de derecha en Colombia: “Hemos tenido una lucha muy reñida porque no se garantizaban los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y la política ambiental solamente favorecía a las empresas”.

Y compara: “En este gobierno se ha generado una política ambiental nueva hacia la transición energética, hacia un modelo económico para la vida. Ahora vemos amenazado este proyecto por una persona que representa a la ultraderecha y que con mentiras y engaños quiere generar una expectativa en torno a la explotación de carbón, petróleo y oro”.

Expresa que la marcha es la respuesta de un pueblo que ha venido levantándose hace más de diez años en contra de la megaminería y el fracking. “Es una respuesta muy sentida, es una respuesta unánime de los procesos sociales, de los sindicatos, de los estudiantes, de las mujeres, de todas las voces. Queremos revertir este resultado (de la primera vuelta) que amenaza nuestros territorios. Es importante que vean que estamos presentes y parados en nuestra defensa territorial”.

Oneira marcha junto a su hijo Jorge David Tolosa, de 19 años. Es uno de los muchos y muchas jóvenes que alzan sus pancartas con los rostros de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, junto a otros carteles que dicen “Agua sí, oro no”.

“Mi madre ha luchado por el territorio y yo quiero luchar también porque viví y crecí en el campo. Sé lo que es tener una naciente de agua, el cultivo al lado de la casa, comer de lo que produce la tierra. Quiero que mis hijos y mis siguientes generaciones también vivan lo mismo y puedan tener agua limpia para tomar”, dice el joven. 

“La gente que vive en el campo es desplazada de su territorio debido a los impactos que trae la minería. Son concesiones de miles y miles de hectáreas que le va quitando terreno a la gente, que ya no puede tener sus cultivos porque la contaminación se los daña”, denuncia. 

La lucha no termina cuando anochece y la marcha concluye. Tampoco termina con la firma del pacto entre las organizaciones y un candidato que participó de las movilizaciones y que mañana puede ser presidente de Colombia. Así lo expresa López: “Tenemos una consigna y es que Santurbán se defiende, gobierne quien gobierne. Vamos a seguir haciendo veeduría, ese es nuestro trabajo; haciendo el control y las exigencias para que Santurbán se proteja de manera integral, para que se le cierren definitivamente las puertas a las multinacionales”.

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