Por Redacción Marcha con producción de Mariángeles Guerrero desde Bogotá.

“El cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente”, dijo Iván Cepeda ante un público eufórico que lo aplaudió ante cada frase que pronunció. El candidato del Pacto Histórico salió al escenario del Royal Center, en Bogotá, luego de que se diera a conocer el último informe de la Registraduría Nacional que lo ubicó con el 48,70% de los votos a menos de un punto de su contrincante el abogado de extrema derecha, Abelardo de la Espirella (Defensores de la Patria), que consiguió el 49,65%. Justamente por ese margen estrecho, que es inédito y que estuvo acompañado por una participación histórica, anunció que aún no reconocerán los resultados, sino que esperarán al escrutinio definitivo.

“El preconteo que se ha realizado, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni es vinculante. Reconocemos el resultado, pero debemos decir que nuestros equipos están procediendo a intimar 33 mil mesas en todo el país -un 25% del total de las mesas del país, unos 5 millones de votos-, una por una deberá ser objeto del escrutinio”, sostuvo ante una masa que esperó que finalizara el discurso para salir caminando hacia el Corferias, el puesto de votación más grande del país en defensa de los votos ante un proceso que puede demorar hasta una semana.

La militancia, sin embargo, no fue sola, autoconvocadxs movilizadxs también atravesaron Bogotá de manera pacífica para mostrar su apoyo a Cepeda y acompañar el conteo final, al poco tiempo desconcentraron para evitar que la concentración sea utilizada como excusa que pudiera obstaculizar el conteo, pero hasta entrada la noche persistían en las calles. Desde el Pacto Histórico convocaron a abogadxs para verificar el proceso.

Durante toda la jornada circularon en redes sociales videos y fotos de cientos de personas de las zonas rurales movilizándose en canoas, camiones y caminando durante horas para poder llegar a los centros de votación ante una elección en la que se “juega la vida”, en palabras del presidente, Gustavo Petro, y en un escenario que estuvo atravesado desde el 31 de mayo pasado por la tensión en lo que también puede significar un cambio de signo político hacia la extrema derecha en uno de los países más importantes de la región sudamericana.  

En ese contexto, Cepeda se dirigió ante la militancia y pidió a sus equipos de abogados y colaboradores a que estén “atentos al escrutinio de cada una de las mesas sus actas y sus resultados” porque una vez que se produzca el resultado final del escrutinio se hayan hecho las verificaciones correspondientes, entonces, reconocerán el resultado oficial. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban desde abajo.

El candidato del Pacto, además, destacó la participación del 63.59% del padrón -un número inédito en un país en donde la votación no es obligatoria-, criticó la injerencia extranjera y saludó a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Estamos ante el pueblo para decirle que somos una fuerza indiscutible en Colombia”, sostuvo, teniendo en cuenta que la fuerza política del Pacto Histórico se impuso en las elecciones legislativas del 8 de marzo y para dejar como mensaje a sus contrincantes que no permitirán que retrocedan las conquistas sociales conseguidas. 

“Somos una fuerza resistente que somos capaces de sobrevivir en las peores condiciones si es necesario”, dijo y, a continuación, llamó al diálogo y a buscar un “acuerdo nacional” que permita “resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”.

“Vamos al escrutinio, a la movilización social, a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia”, cerró.  

Por qué Colombia aún no tiene presidente electo 

Aunque varios medios de comunicación dieron como ganador a De la Espirella en la noche de este domingo, lo cierto es que los resultados aún no están. En tanto, pasadas casi cuatro horas desde el cierre de las mesas, el candidato de la extrema derecha apadrinado por el estadounidense Donald Trump tampoco se pronunció. Tampoco lo hicieron las autoridades electorales, que sólo se limitaron a dar a conocer los datos del preconteo, hasta el mismo registrador, Hernán Penagos, reconoció que se trata de información “no vinculante”.

Además, hay otro dato clave: en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2022, el preconteo arrojó para el Pacto Histórico 2.302.847 votos en el Senado; y luego el escrutinio oficial elevó esa cifra a 2.830.902 votos, es decir, una diferencia de 528.105 votos.

1. Porque el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante 

No es el escrutinio definitivo. Según la misma Registraduría en su página web, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, los boletines expedidos por la Registraduría Nacional durante el preconteo “no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”. 

Allí, explican que “los porcentajes se calculan y muestran con reducción a 2 dígitos a la derecha del separador decimal (término matemático: truncamiento a 2 decimales). 

El preconteo ocurre en varias etapas: primero, los jurados cierran la mesa de votación y abren la urna. Luego cuentan los votos, los clasifican y registran la información en las actas correspondientes. Después, esos datos son transmitidos para su consolidación. Con esa información, la Registraduría publica boletines que muestran el avance de la votación, el porcentaje de mesas informadas y los votos obtenidos por cada opción.

Este proceso permite que ciudadanos, campañas, medios de comunicación y autoridades sigan la evolución de los resultados durante la tarde y noche electoral.

Los datos que muestran son: porcentaje de mesas informadas, votos obtenidos por cada fórmula presidencial, porcentaje de votación de cada candidatura, votos en blanco, nulos, no marcados y el avance general del preconteo. 

El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial de revisión y consolidación de los resultados. Allí se verifican actas, formularios, reclamaciones y documentos electorales.

2. Porque aún faltan escrutar los votos de la colombianidad en el exterior.

El voto en el exterior y las alertas de la Misión Internacional 

Para el sistema electoral colombiano, la participación electoral de los votos en el exterior opera con un control institucional débil, pero puede resultar determinante en una contienda ajustada y persistente a una falta de fiscalización entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. 

“Los votos del pueblo colombiano en el exterior deben ser los primeros en escrutarse, sin excusas”, advierte

El trabajo de la comisión se apoya en cuatro funciones: observación en el terreno, registro de las respuestas institucionales, análisis del contexto e identificación de los problemas estructurales.

En el plano judicial, el contexto incluye la denuncia penal presentada por el senador y candidato Iván Cepeda ante la Fiscalía General y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con la financiación del paramilitarismo.

Por otra parte, la Misión Internacional registró las siguientes alertas: designación desequilibrada de jurados en algunos Consulados, riesgo de voto múltiple por el carácter semanal de los comicios y mesas con compartimentos atípicos señalados en la primera vuelta. También marcó la inscripción atípica de jurados, presuntamente turistas, que viajaron al Mundial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la acreditación de la misión designada por el Pacto Histórico y otorgó solo tres cupos para la instalación, a la cual asisten 700 personas. En la capacitación impartida por el CNE, la misión consultó por metodología de escrutinio y conservó las respuestas como evidencia documental. De ella se desprende que el propio CNE reconoce que no cuenta con una herramienta tecnológica propia para escrutar. El conteo se realiza de forma manual sobre decenas de miles de mesas y no existe un protocolo unificado. Otro aspecto señalado es que el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante.

“Una parte sustancial de la operación electoral está a cargo de una empresa privada, lo que plantea exigencias de transparencia y auditabilidad de software que la observación debe poder verificar. El escrutinio, fase más decisiva y a la vez la menos observada, carece de protocolo unificado. Se realiza manualmente y sin transparencia plena de cara a la ciudadanía”, refirió.

3. Porque desde la campaña de Iván Cepeda se está denunciando la existencia de actas sin firmar. 

La firma del jurado en el tarjetón o boleta sirve como medida de control. La preocupación ciudadana radica en que, si un tarjetón carece de ella, pueda ser declarado nulo posteriormente, aunque la Registraduría aclaró que este error de los jurados no anula el voto del ciudadano, la falta de esas firmas puede poner en dudas un acto electoral que se juega voto a voto.

Esas mesas deberán ser revisadas, según el pedido que hizo Cepeda. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La campaña hacia la segunda vuelta de Iván Cepeda y Aida Quilcué (Pacto Histórico) tuvo movilización, música, artistas, mujeres de la economía social, ambientalistas, travestis y un amplio arco social en las calles. También una mayor presencia del senador y candidato presidencial en las redes sociales, en entrevistas con influencers y actos en cada región de Colombia. Muchas personas salieron de forma autoconvocada con carteles, volantes y stickers a hablar con los vecinos y buscar los votos que faltan para que hoy Cepeda sea el nuevo presidente de Colombia. Detrás de la movilización popular, un objetivo: que Colombia dé vuelta de forma definitiva la página de la violencia y camine hacia la paz. 

En el barrio Ciudad Hunza (localidad de Suba, norte de Bogotá), se sostiene una trama comunitaria de radio, arte, ollas populares y trabajo de las recicladoras urbanas. Sus calles empinadas están pintadas con consignas contra la violencia de género. Allí, Ángel Jaime León, comunicador popular y militante, asegura que la firma del Acuerdo de Paz de 2016 no fue solo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado. “Fue un acuerdo de la sociedad colombiana”, resalta.

Ese acuerdo requiere transformaciones estructurales sobre todo en lo que respecta a la tierra, la política y el sistema electoral. La paz no es solo quitar fusiles, es generar las condiciones para la vida digna. Es dar tierra a las familias campesinas, es cuidar los páramos que brindan agua, es reconocer el trabajo invisible de las que cuidan a sus familias y territorios. La paz requiere un compromiso político. Y en esa apuesta se posiciona la fórmula del Pacto Histórico, las propuestas de Cepeda-Quilcué para la Colombia de los próximos años.

Ambos candidatos comparten una herida: vivieron en carne propia el asesinato de familiares por la persecución política. 

Manuel Cepeda Vargas era legislador electo por la Unión Patriótica cuando lo asesinaron grupos paramilitares y el Estado colombiano en 1994. Iván era entonces profesor de filosofía en la Universidad Javeriana de Bogotá e iba hacia su trabajo cuando encontró el auto en el que viajaba su padre con un disparo en el parabrisas. “Le pido al presidente (Ernesto) Samper, a quienes tienen que ver con la Justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no quede este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país”, dijo el joven Cepeda ese día frente a las cámaras de televisión.

En 2008, la Minga Indígena realizó una movilización histórica para reclamar por los derechos de las comunidades originarias en Colombia. A fines de ese año, en una emboscada militar, asesinaron a Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena del Cauca, Aida Quilcué. Las fuerzas oficiales lo presentaron como un “falso positivo”: un supuesto combatiente de las fuerzas armadas insurgentes caído en combate. Quilcué advirtió que no iban a callarla y continuó exigiendo mejores condiciones de vida para sus comunidades. 

Cepeda debió exiliarse y, a su retorno, fundó el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado (Movice). Fue uno de los partícipes de las conversaciones por el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Su rol fue dialogar con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a ese pacto entre las organizaciones armadas y el gobierno. Así se llegó a un punto de partida: lo que dicen los papeles y que debe convertirse en realidad. El gobierno colombiano incumplió por acción o por omisión. Entre 2016 y 2026, 489 firmantes del acuerdo fueron asesinados según el Consejo Nacional de Reincorporación.

Albeiro Suárez mira de frente a la cámara y sonríe. Tiene una remera blanca, con una rosa y el nombre del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), fuerza política con la que las FARC se propusieron retomar la lucha mediante las urnas. “Necesitamos que en vez de que nos estigmaticen, nos apoyen, que vengan al territorio y se den cuenta de que aquí no estamos construyendo trincheras ni fusiles, estamos construyendo paz”, asegura el hombre de 47 años. El ex combatiente de las FARC era líder de su comunidad, una referencia para otros firmantes del acuerdo que, como él, buscaban reinsertarse en la sociedad mediante el trabajo campesino en el departamento Meta (este de Colombia).

A Albeiro lo mataron el 16 de octubre de 2020, dejando a su comunidad sin su líder y expuesta a ser víctima de otros crímenes. Albeiro había dejado los fusiles y apostaba a otra vida para él y para sus compañeros. Lo asesinaron mientras hacía diligencias para mejorar las condiciones de vida en el campamento de firmantes que empezaba a florecer con casas de nylon y organización colectiva para empezar a cultivar cacao.

Aída Avella se para en el escenario en el cierre de campaña de Iván Cepeda en Bogotá. Mira al público con los ojos cargados de emoción. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, canta con voz poderosa. Y asegura algo que sintetiza la necesidad de paz y, una vez más, que la paz no se hace sola, sino con decisión política. “En este gobierno (el de Gustavo Petro) a nadie le arrancaron los ojos por pensar diferente”. Es la misma voz potente que, en 1996, gritaba a los medios tras sobrevivir a un atentado: “Hagan algo, este es el precio de la oposición. Nos quieren matar porque somos de la UP”. 

La aseveración sobre los ojos que hace Avella refiere a la persecución estatal de las personas que participaron del estallido social de 2021 en el gobierno de Iván Duque. Miles de personas salieron a las calles en diferentes ciudades en abril de ese año, en oposición a una reforma tributaria que pesaba sobre los alimentos. Fue una manifestación popular cobardemente reprimida por el gobierno. El Instituto de Desarrollo para la Paz (Indepaz) indica que, entre el 28 de abril y el 28 de junio de ese año hubo 75 asesinatos, 83 personas tuvieron lesiones oculares y 28 fueron víctimas de violencia sexual; hubo 1.832 detenciones arbitrarias y otros 1.468 casos de violencia física.

En las afueras de un shopping en Kennedy, al sur de Bogotá, muchos rechazan el volante de Cepeda-Quilcué, muchos otros lo reciben. La polarización política está en el aire en una zona de la ciudad donde en primera vuelta ganó Abelardo de la Espriella con el 80 por ciento de los votos. Pero los que piden los volantes y saludan con un grito en favor de Cepesa son jóvenes: no superan los 35 años, son varones, son mujeres. Son, generacionalmente, los protagonistas de aquel estallido.

Mauricio Grajal y Jenny Moreno Socha son jóvenes que estuvieron en el epicentro del estallido, en Cali, en 2021. A partir de aquellos días, generaron junto a otras personas la Juntanza Popular por la Transformación Social. Ambos comentan que, antes del estallido, las y los jóvenes no tenían representación, que muchas y muchos de los que salieron a manifestarse pertenecían a sectores populares y no participaban de ninguna organización. Marcan que la derecha velozmente señaló a quienes participaron de aquellas protestas como grupos financiados por la guerrilla. Para sostener la memoria y la verdad de aquellos días, escribieron un libro en el que relatan la experiencia.

Grajal relata que aquella experiencia fue para él transformadora cultural y socialmente. En ese entonces tenía 19 años.  “Me permitió participar en espacios en los que no había pensado estar. Encontramos el camino de qué hacer y para qué hacer. No soy formado en la universidad, pero a través de la organización pude acceder a capacitaciones para exponer las barreras estructurales que tienen los jóvenes”, relata.

Y agrega: “Un gobierno como el de Iván Cepeda es clave para sostener ese camino, el de los jóvenes que quieren transformar el territorio en el que viven”. 

Moreno Soacha agrega que el significado del estallido fue la expresión de que a los jóvenes les importa la política. Y que vivieron la experiencia de estar en la primera línea de las manifestaciones a ser lideresas y líderes sociales, de fortalecer la identidad en el territorio y de entender lo colectivo. “El joven que salió en 2021 salió con digna rabia y hoy es más consciente”, asegura. Ella tenía 28 años en esa época y salió a las calles por solidaridad con otros jóvenes.

Ambos dejan planteada una pregunta que ayuda a entender lo que se juega hoy en las urnas. “¿Cómo le fue a la oposición en este gobierno? ¿Tiene la oposición las mismas posibilidades de ser oposición en un gobierno de derecha o de izquierda? ¿Quién quiere la paz y quién la violencia en Colombia?”.

La campaña de Abelardo de la Espriella responde esa pregunta: el candidato anunció que “destripará” a quienes piensen diferente. Prometió hacer cumplir la ley, que quien bloquee una avenida durante una protesta recibirá un castigo. Promesa que, en el oído argentino resuenan conocidas, vivenciadas, resistidas. Prometió también reincorporar el extractivismo como política de Estado en un país donde la concentración de la tierra expone la desigualdad que vive Colombia y que es otro elemento que impide la paz. Precisamente, la derecha que hoy apoyará a este candidato fue la misma que bloqueó en el Congreso las reformas necesarias para cumplir el acuerdo.

Cepeda, por su parte, promete ante todo garantías para quienes no voten por él y reparación para las víctimas de la violencia estatal.

Colombia está llena de muertes, dice alguien. Colombia está llena de desaparecidos y desaparecidas cuyas familias aún buscan y esperan, como Las Madres de los Falsos Positivos (MAFAPO) a quienes Iván Cepeda acompañó en el largo camino de buscar paz y justicia. Colombia llora a los falsos positivos, víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que el Ejército Nacional hizo pasar por guerrilleros para justificar los asesinatos. Sobre esa herida hay dos propuestas: destripar al opositor, como amenaza De la Espriella, o el diálogo, como convoca Cepeda; continuar agrediendo a quien piensa diferente o continuar la búsqueda de la verdad y la justicia sobre el accionar de los grupos armados, el paramilitarismo y el Estado.

Sobre esa herida hay dos alternativas y la última palabra la tendrán los votos de este domingo.

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Por Mariángeles Guerrero desde Colombia | 

El calor agobia a Bucaramanga, en el norte de Colombia. Sobre la cordillera se alza esta ciudad, capital del departamento Santander, con sus edificios modernos y el verde de sus plazas. Sobre las dos de la tarde, la lluvia quiebra con fuerza el sopor y, después del aguacero, una pequeña brisa hace flamear las banderas en la Puerta del Sol, punto emblemático de encuentro. Desde allí, se caminarán cuatro kilómetros hacia la sede de la Universidad de Santander. En ese lugar, el candidato presidencial Iván Cepeda hablará a las organizaciones socioambientales que llegaron desde distintos puntos del país para acompañar la movilización por el agua y los páramos.

La marcha es por los páramos, por el agua, por la vida. Y es, explícitamente, a favor de la candidatura de Iván Cepeda y de Aida Quilcué a la presidencia de Colombia. La bandera azul, amarilla y roja se mezcla con pancartas con consignas y carteles con los rostros de los candidatos. Faltan pocos días para la segunda vuelta presidencial que opone dos proyectos de país: el de Cepeda-Quilqué y el de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo, ex ministro del gobierno de Iván Duque.

El Comité por el Agua y el Páramo de Santurbán calcula que entre 15.000 y 20.000 personas participan de la marcha. Es la primera vez que este colectivo se posiciona abiertamente en favor de un candidato: Iván Cepeda. Mayerly López es una de sus integrantes y explica: “Esta marcha se da en medio de una coyuntura electoral donde hay dos opciones totalmente antagónicas para la protección del agua y de Santurbán”. La protección del agua y del páramo es lo que ha movilizado los 17 años del Comité.

La entrevistada comenta la conclusión colectiva que dio pie al apoyo: “No podemos quedarnos callados ni ser indiferentes porque si Abelardo de la Espriella llega a la presidencia, no va a haber garantías en la protección de Santurbán”.

El páramo de Santurbán es uno de los 37 páramos colombianos. Son ecosistemas de alta montaña tropical, fuente de agua dulce y de importancia ecosistémica debido a su fauna y a su flora. Allí destaca el frailejón, una planta de hojas velludas y gruesas que tiene la capacidad de retener agua en el suelo a través de la captación de la humedad de las neblinas.

Por estas cualidades, el páramo de Santurbán le brinda agua a más de dos millones de personas del área metropolitana de Cúcuta y de Bucaramanga en forma directa, explica López. Pero esas aguas viajan al sur, al río Magdalena Medio, el más importante de Colombia en términos de caudal. El 70 por ciento de las y los colombianos beben agua que nace en alta montaña, según la activista.

“El páramo es un ecosistema con una importancia hídrica muy grande para el país, estratégico para la mitigación del cambio climático por su capacidad de recepción de dióxido de carbono. Allí viven familias campesinas que también estarían en riesgo”, apunta.

Pero Santurbán no es solamente un bioma de gran importancia ambiental. Es también un símbolo de la movilización popular ante el extractivismo. En la zona, la minera canadiense Aris Mining busca explotar oro a través del proyecto Soto Norte, pese a las manifestaciones de los colectivos socioambientales y de las comunidades que allí habitan. 

Compromiso con la vida

De la Espriella no solo se manifestó a favor de la megaminería sino también del fracking (o fractura hidráulica), una forma no convencional de extracción de gas y petróleo del subsuelo que en Argentina ya mostró sus impactos socioambientales negativos en el yacimiento Vaca Muerta.

Por su parte, Iván Cepeda planteó en su campaña el compromiso con la protección del agua. Ese compromiso fue reafirmado tras la marcha en Bucaramanga. Minutos después de su finalización, el candidato por el Pacto Histórico afirmó: “Creemos en una patria que protege la vida, que cuida sus páramos, sus ríos, sus selvas, sus bosques y su biodiversidad, que defiendas la fauna, que defiende la flora, que defiende a cada una de las especies que hay en nuestro territorio, de las cuales somos guardianes ante la humanidad”.

Y añadió: “El desarrollo económico no puede construirse destruyendo la naturaleza ni sacrificando los territorios y las comunidades. El agua es lo fundamental, es la fuente y el sustento de la vida”. En ese sentido, se comprometió a impulsar mecanismos de gestión comunitaria del agua. Y consideró: “No es incompatible proteger la naturaleza, garantizar la economía y el bienestar de las comunidades. Hacen parte de una política integral del gobierno en los territorios que transforman los territorios en comunidades de vida y no en cementerio de desechos industriales o de excavación de las grandes empresas mineras”.

Luego aseguró: “En mi gobierno no habrá fracking. Vamos a trabajar porque nuestra economía deje de estar centrada exclusivamente en la explotación de combustibles fósiles, pero haremos la transición necesaria para que quienes viven de la minería y quienes viven de la explotación del petróleo puedan tener una vida digna y hagan la transición de la mejor forma posible”.

Tras su discurso, firmó un pacto con el Comité, que incluye nueve puntos sobre la protección del agua y los páramos. El testimonio de López muestra que el compromiso de Cepeda respecto a la lucha socioambiental no es un asunto de campaña electoral. “Tiene una trayectoria acompañando la lucha de Santurbán, coadyuvando en acciones jurídicas de incidencia y de movilización”, relata. 

Ejemplifica: “Hemos hecho innumerables reuniones de incidencia política en donde él ha participado y ha sentado posición en defensa de Santurbán. Incluso ha venido a marchar en algunas oportunidades cuando hemos convocado a movilizaciones. Conocemos su compromiso desde hace años en esta lucha”.

Por otro lado, la activista advierte un aspecto clave, relativo a las garantías de la oposición en un gobierno de ultraderecha en Colombia. “Con Abelardo (de la Espriella) no solo están en riesgo los ecosistemas, sino también la vida de los defensores y las defensores ambientales y de las personas que pensamos distinto a esa mirada extractivista del planeta y de nuestra naturaleza, porque él mismo ha dicho que hay que destripar a quienes piensan diferente”, señala.

Y expresa: “Valoramos que (Cepeda) haya firmado ese documento y que haya participado de esta movilización, que haya reconocido la importancia de los movimientos sociales y sobre todo de lo que implica la protección de Santurbán para el nororiente colombiano”. El candidato de la izquierda también se comprometió explícitamente a la protección de las y los defensores ambientales.

Colombia sin fracking

La Alianza Colombia Libre de Fracking nuclea a 150 organizaciones comunitarias, de mujeres, campesinos, pescadores y académicos a nivel nacional. Nació hace diez años, cuando se dio viabilidad a la extracción de petróleo mediante yacimientos no convencionales. Las y los activistas contra el fracking se contactaron con pares de países donde ya había experiencias de esta forma de extractivismo: Argentina y Estados Unidos. Y detectaron una problemática común: la falta de acceso a la información y los bajos niveles de transparencia de estos proyectos. 

En 2019, el Consejo de Estado Colombiano estableció una moratoria para el fracking atendiendo al principio precautorio en materia ambiental. Este principio indica la prevención ante la posible afectación ambiental de un determinado proyecto. Pero el gobierno de Iván Duque, impulsando el fracking, hizo caso omiso. “Así que en Colombia aparece algo que es el comité de expertos independientes, que de expertos tenía poco y de independientes nada, para dar viabilidad al fracking, no mencionado como fracking sino como Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII)”, indica Yuvelis Morales, integrante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

Las georreferencias para posibles proyectos indicaron que el sitio para la explotación era la zona del Magdalena Medio. El punto cero señalado fue Puerto Wilches, de donde es oriunda Morales. “Esa es la región en la que se empezó con la extracción de petróleo y gas convencional en Colombia hace más de un siglo y es la misma región en la que la gente no tiene acceso al agua potable, en la que los niveles de violencia, estigmatización y asesinatos son cada vez más frecuentes y van en aumento”, detalla.

Para la activista, el municipio debería contar con condiciones básicas de vida digna y saneamiento, pero la realidad dista de esa expectativa. “La lucha contra el fracking mostró que se sacrifica la vida de la gente, la fauna, la flora y la biodiversidad y que el agua termina siendo el gran elemento de disputa”, agrega.

Mientras la derecha latinoamericana busca profundizar el extractivismo petrolero, las comunidades están un paso adelante en buscar alternativas. En abril pasado se llevó a cabo la Primera Conferencia Mundial para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. 

“Fue una iniciativa de las organizaciones de base territorial realizada por el gobierno colombiano. Pero sin las organizaciones no hubiese sido una realidad, porque en Colombia las comunidades y los movimientos comunitarios están haciendo transición energética con energías comunitarias y con propuestas concretas abordadas desde y para los territorios”, asegura. Y menciona como ejemplos a las Reservas campesinas de Santander y a la organización Ríos Vivos (que promueve la energía solar y la educación ambiental).

La activista explica que estas experiencias requieren inversión estatal y que el gobierno de Gustavo Petro tuvo avances en ese sentido. Pero lo que no se ha logrado es una ley que prohíba el fracking o la megaminería en el páramo de Santurbán. “Aunque hubo voluntad política, no hubo voluntad legislativa. En el Congreso se siguen oponiendo los partidos de derecha que han hecho del ambiente en Colombia un negocio”, refiere.

La lucha ambiental requiere paz (y viceversa)

Morales indica que las luchas ambientales tienen mucho que ver con la necesidad de la paz territorial. En un país marcado por la violencia política contra disidentes, opositores y opositoras, defender un territorio conlleva riesgos. La activista comenta: “Los territorios siempre han estado en disputa por las industrias extractivistas y estas muchas veces son apoyadas por los grupos armados ilegales. Cuando alguien en Puerto Wilches dice ‘no al fracking’, al siguiente día o la misma tarde le pasan una amenaza, un comunicado, un panfleto en el que se atenta en contra de su vida”.

Para ella la paz no es solamente la ausencia de algo, sino tener agua limpia, saneamiento básico, acceso a la salud y a la educación. “La gente necesita vivir en territorios en los que se pueda vivir y cuando uno empieza a exigir estos derechos e inmediatamente es amenazado, se da cuenta de que el territorio en Colombia es una zona de disputa. Y que cuando se pierde la pelea, los territorios terminan siendo zonas de sacrificio”, concluye.

Oneida Suárez también es defensora ambiental e integra la Alianza Colombia Libre de Fracking. Desplazada por el conflicto armado, hace décadas llegó a El Carmen de Chucurí, en Santander. Allí la lucha es contra una mina de carbón a cielo abierto que también afecta fuentes de agua. Se trata de una zona campesina que nutre a ciudades como Bogotá con plátano, yuca y cítricos. La mina es operada por la firma Colcco S.A. En 2023, el gobierno colombiano frenó los permisos a la minera por inconsistencias en la información técnica que había brindado.

Oneida comenta la lucha durante los gobiernos de derecha en Colombia: “Hemos tenido una lucha muy reñida porque no se garantizaban los derechos de las defensoras y defensores de derechos humanos y la política ambiental solamente favorecía a las empresas”.

Y compara: “En este gobierno se ha generado una política ambiental nueva hacia la transición energética, hacia un modelo económico para la vida. Ahora vemos amenazado este proyecto por una persona que representa a la ultraderecha y que con mentiras y engaños quiere generar una expectativa en torno a la explotación de carbón, petróleo y oro”.

Expresa que la marcha es la respuesta de un pueblo que ha venido levantándose hace más de diez años en contra de la megaminería y el fracking. “Es una respuesta muy sentida, es una respuesta unánime de los procesos sociales, de los sindicatos, de los estudiantes, de las mujeres, de todas las voces. Queremos revertir este resultado (de la primera vuelta) que amenaza nuestros territorios. Es importante que vean que estamos presentes y parados en nuestra defensa territorial”.

Oneira marcha junto a su hijo Jorge David Tolosa, de 19 años. Es uno de los muchos y muchas jóvenes que alzan sus pancartas con los rostros de Iván Cepeda y de Aida Quilcué, junto a otros carteles que dicen “Agua sí, oro no”.

“Mi madre ha luchado por el territorio y yo quiero luchar también porque viví y crecí en el campo. Sé lo que es tener una naciente de agua, el cultivo al lado de la casa, comer de lo que produce la tierra. Quiero que mis hijos y mis siguientes generaciones también vivan lo mismo y puedan tener agua limpia para tomar”, dice el joven. 

“La gente que vive en el campo es desplazada de su territorio debido a los impactos que trae la minería. Son concesiones de miles y miles de hectáreas que le va quitando terreno a la gente, que ya no puede tener sus cultivos porque la contaminación se los daña”, denuncia. 

La lucha no termina cuando anochece y la marcha concluye. Tampoco termina con la firma del pacto entre las organizaciones y un candidato que participó de las movilizaciones y que mañana puede ser presidente de Colombia. Así lo expresa López: “Tenemos una consigna y es que Santurbán se defiende, gobierne quien gobierne. Vamos a seguir haciendo veeduría, ese es nuestro trabajo; haciendo el control y las exigencias para que Santurbán se proteja de manera integral, para que se le cierren definitivamente las puertas a las multinacionales”.

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Por Carla Perelló, desde São Paulo y Mariángeles Guerrero, desde Buenos Aires | Foto: Julianite Calcagno (Archivo Marcha -2022)

El 2026 es un año clave para América Latina y el Caribe y, también, para Brasil: en el ese país, el presidente y exsindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato y, así, intentar darle una estocada a la expresión local de la ultraderecha que encarna la familia Bolsonaro. Sin embargo, esa tarea no parece ser sencilla a cuatro meses de las elecciones. En el orden interno, el bolsonarismo se reorganiza en el Congreso Nacional con el centrão –conjunto sin ideología definida– como principal aliado para presionar al Ejecutivo; y en el exterior se articula con el gobierno de Estados Unidos. Lula sortea obstáculos dentro y fuera del país.

Desde fines de abril la batalla entre el partido de Gobierno y la oposición es incesante y, en ese contexto, los medios de comunicación no se quedaron atrás: declaran la muerte y la sobrevivencia del presidente, así como filtran audios vinculando a hechos de corrupción al precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro, que irrumpió en medio de un escenario tenso para todas las partes.

“Creo que podemos leer lo que pasa en el Congreso como un gran desafío que tendremos para enfrentar a la extrema derecha, que se alinea con el centrão que paraliza el Congreso y roba los recursos del Ejecutivo. Tenemos un desafío gigante que es cambiar la cara de la política eligiendo senadores y diputados que tengan compromiso con la democracia y con la justicia”, analizó ante Marcha Noticias la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton.

Para poner un poco de contexto: desde fines de abril el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de la disputa electoral. Primero, el centrão -que tiene en sus filas a partidos con gran capilaridad territorial en la oposición y, otros, que son parte de la base política del gobierno- se articuló con la extrema derecha bolsonarista para rechazar la postulación de Jorge Messias para ser ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también rechazaron el veto y dejaron firme la ley de dosimetría para reducir las penas de bolsonaristas condenados por el intento de golpe del 8 de enero, inclusive al propio Jair Bolsonaro –condenado a 27 años de prisión. Luego, el Gobierno obtuvo su revancha con la aprobación en Diputados de una reforma laboral que reduce de seis a cinco días y de 44 a 40 horas máximas de trabajo, pero la discusión ahora en el Senado está en vilo.

Luego de que los medios declararan la muerte política de Lula por el rechazo al ministro que había indicado el STF –algo que algunos medios catalogaron como un “quiebre institucional”, porque no había pasado en 132 años-, el mandatario renació de entre las cenizas con un viaje a Estados Unidos en el que se reunió con Donald Trump y, tras una reunión de tres horas, le sacó una sonrisa para la foto. Los medios no sólo destacaron las maniobras, sino que hasta se sorprendieron de que haya impuesto la agenda: quita de tarifas a los productos brasileños y ampliación del comercio, fin de las guerras en la región y en Irán y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las banderas del mandatario en la arena internacional.

Afuera quedó, por ejemplo, la agenda de Seguridad Nacional con un Estados Unidos que impone a los presidentes aliados de la región que el combate contra el crimen organizado sea bajo la doctrina de la “guerra contra el terrorismo”, como hicieron hasta ahora Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; o Santiago Peña, en Paraguay. Pero no demoró en llegar: Flávio Bolsonaro también viajó a Estados Unidos y logró que el país del norte declarase como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, dos organizaciones criminales con origen en Brasil, lo que se lee como un primer paso en la interferencia de las elecciones desde el exterior.

Aunque los títulos de la prensa local fueron rimbombantes, desde el progresismo, analistas y periodistas que se mueven en las entrañas del poder en Brasilia no subestimaron esos movimientos. Es que las escenas en el Parlamento trajeron a la memoria el golpe a Dilma Roussef (2016) y la tentativa de romper el orden constitucional del 8 de enero contra Lula, acciones que obtuvieron -sobre todo en el primer hecho- la venia de una élite política y económica -el centrão-, que busca mantener un statu quo que la beneficie. Un margen de maniobra que obtiene por generar amplias articulaciones: así como se articula con la extrema derecha, algunos de los partidos de este grupo como Unión Brasil y Progresistas también son parte de la base del gobierno de Lula.

En esa línea, para Hilton -que confirmó a este medio que será candidata para renovar su banca- “la correlación de fuerzas todavía está muy difícil” de cara al 4 de octubre, cuando serán las elecciones. Según su análisis las trabas se encuentran en que el Gobierno “tiene dificultades para popularizar grandes logros” como la caída del desempleo a marcas históricas (6,1% según datos oficiales en el primer trimestre de 2026). Por eso el desafío será “dar vuelta el tablero, salir a la calle, a las redes, usar todos los espacios posibles para transmitir estas conquistas”, sostuvo.

Del otro lado, a su entender, las debilidades están en las contradicciones que muestran. “Tenemos que poder exponer y explotar esas contradicciones que aparecen”, dijo Hilton. Entre ellas, el hecho de levantar la bandera contra la corrupción y, al final, ser protagonista de unos de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Es el caso del Banco Máster, en el que se investiga al banquero Daniel Vorcaro en lo que podría ser uno de los mayores fraudes en la historia del país contra el Sistema Financiero Nacional, con sospechas de emisión de títulos de crédito falsos.

La trama fue develada en noviembre y, hasta ahora, son varios los nombres políticos que parecen estar involucrados, pero ninguno como el senador del PL Flávio Bolsonaro, cuya imagen de cara a las presidenciales iba in crescendo hasta que el medio Intercept filtró una serie de audios, mensajes y documentos que muestran la cercanía con Vorcaro -a quien llama de “hermano”-, al pedirle 134 millones de reales para financiar la película “Dark Horse” sobre Bolsonaro padre, condenado a 27 años y tres meses por liderar la organización criminal que intentó el golpe de Estado de 2023.

Además, se sospecha que parte de esos fondos fueron destinados a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del clan, destituido de su banca de diputados tras haberse autoexiliado a Estados Unidos. Desde entonces, los medios comenzaron a apuntar sobre el “desgaste” de Flávio. Globo, por ejemplo, dio a conocer que un reconocido banco solicitó una encuesta para sondear el impacto y así decidir a quién dará el apoyo.

Aún así, “no podemos subestimar la capacidad con la que el fascismo se reorganiza”, sostuvo Hilton al momento de exponer en el encuentro internacional antifascista “La salida es por la izquierda”, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo en San Pablo el 16 de mayo pasado. En ese sentido, la diputada afirmó que serán las mujeres el actor clave en estos comicios: “Somos nosotras la resistencia y el cordón sanitario en las comunidades, en las fábricas, en el Parlamento, porque la urgencia y la prisa nuestras es mucha. Estamos atrasadas en muchas luchas para la constitución de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, por eso tenemos este claro compromiso”, dijo.

En el mismo encuentro compartió su balance de situación el ex secretario de relaciones internacionales del PT y actual director de la Fundación Perseu Abramo, Valter Pomar. Durante su exposición en la mesa que compartió con Hilton, aportó una mirada desde el orden internacional: “No vivimos una crisis de la democracia y de las instituciones, sino del modo de producción y reproducción capitalista, por eso tenemos que colocarnos en un escalón radical mucho más alto. Nos contentamos con una plataforma progresista, vamos hasta la página 2 del libro y así no conseguimos ni cambiar el mundo ni derrotar a la extrema derecha”, manifestó.

Eso, dijo ante Marcha Noticias, fue algo de lo que sucedió durante este tercer gobierno de Lula, por lo que avizora un triunfo electoral “ajustado” cuyo desafío estará en buscar los votos en la clase trabajadora, las mujeres, negros y periferias. “Volvimos al gobierno, hubo mejoras, pero no recuperación de todas las pérdidas que la población viene teniendo desde 2015, que no sólo fueron materiales, sino culturales, políticas y simbólicas”, sostuvo. 

El “principal error” dijo, “es que la mediación entre el pueblo y el gobierno -o la izquierda- está en manos de medios de comunicación controlados por la derecha y no hicimos nada para cambiarlo”. El segundo, sostuvo, “fue creer que despacito llegamos lejos: deberíamos haber triplicado la inversión pública para tener un resultado social, económico y político mejor”.

A su entender, “la internacional fascista sabe que las batallas decisivas están siendo en nuestra región, la derecha brasileña también tiene claro eso”, apuntó. Planteó que “la única manera de cambiar el lugar de América Latina en el mundo es cambiando la naturaleza social de nuestros países de la región: acabar con la deuda externa, acabar de verdad con la desigualdad, tener una democracia popular de verdad y no una democracia institucional liberal, un nuevo tipo de desarrollo y una política de integración regional con una manera efectiva de combatir al imperialismo”.

En esa línea, su propuesta es que las izquierdas latinoamericanas y caribeñas deben “disputar el futuro, ser portadores de la esperanza” y no limitarse a ofrecer alternativas para la sobrevivencia cotidiana. “Organizar la rabia y defender la alegría”, insistió, debe ser el motor político.

El desafío de los partidos políticos de izquierda 

En el encuentro de organizaciones en San Pablo Andreas Behn, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. expresó: “Queremos construir mecanismos contra el avance de la extrema derecha. Estamos convencidos de que solamente puede ser combatida a través de propuestas progresistas”.

¿Qué implica hoy una agenda de izquierda? En palabras de Behn, es aquella que se compromete con la justicia social, contra todo tipo de injusticia y discriminación, contra el racismo, el sexismo y en favor de minorías y migrantes. Puntualizó: “Si lo queremos definir, se basa en los derechos humanos, en la dignidad humana”. Por ello, propusieron encontrarse para pensar alternativas. El futuro en un contexto de crisis humanitaria y de guerras en donde “La salida por la izquierda” se volvió más que un simple lema, sino un llamado urgente.

“Sabemos a dónde lleva el fascismo. En Alemania lo sabemos muy bien. También lo vemos en Argentina y Brasil donde Bolsonaro no avanzó mucho, pero sabemos que su agenda es la destrucción de los derechos humanos”, analizó. Agregó que, en el contexto actual, los desafíos son muy grandes porque se observa a una extrema derecha que avanza a través de elecciones, pero con propuestas antidemocráticas, como el uso de fake news y de mentiras en los medios de comunicación. “Esto funciona porque no hay un cuestionamiento y hay mucha gente abierta a esas noticias falsas porque está en una situación muy difícil socialmente. Ya que no hay o es difícil para ellos escuchar respuestas que sirvan, las propuestas que llaman al odio y a la división de la gente, funcionan. Ven en ese discurso algo que los representa porque tienen rabia por la situación social creada por el neoliberalismo”.

En este aspecto, puso la lupa sobre la comunicación política. “Las fuerzas progresistas o interesadas en los derechos humanos tenemos mensajes más complicados porque sabemos que las soluciones no son tan fáciles, ni están claras. Entonces es mucho más difícil comunicar propuestas reales en lugar de proponer mentiras”. En cambio, propuso cambiar el estilo, pasar a mensajes cortos y tener un discurso más adaptado. “Tenemos que ver dónde realmente están los problemas de la gente. Esos problemas muchas veces son mucho más concretos: falta de dinero, impuestos altos, alquileres altos, inflación. Como fuerzas de izquierda tenemos que desarrollar medidas concretas para estas cuestiones”, dijo. Y subrayó la importancia de la escucha.

Además, marcó que, tanto en la jornada de San Pablo como en otra similar realizada en Berlín (en marzo del año pasado), se invitó prioritariamente a los partidos políticos de izquierda. “Eso no quiere decir que pensemos que son los actores más importantes. Fue una decisión pragmática porque vimos que el poder de articulación entre los partidos de izquierda es más bajo que entre los movimientos”, explicó.

Esa apuesta se da en un contexto crítico en términos de representación partidaria. La elección de Javier Milei, con un discurso anti-estado y antipartidos, del propio Bolsonaro; la tibia oposición argentina y el juego político del centrão en Brasil son síntomas de una crisis institucional que no es nueva en la región. Ante eso, ¿cómo pueden los partidos de izquierda estar a la vanguardia en la lucha contra la extrema derecha? Behn consideró que ese contexto crítico es producto de la deslegitimación que la extrema derecha realiza respecto a cómo funciona la democracia y reconoció que “tampoco funciona de la mejor manera o de la manera que quisiéramos, aunque al menos es democrático y no es dictatorial”.

En esa línea, hizo énfasis en la tarea para los partidos de izquierda: “Desarmar ese discurso en contra de los partidos, en contra de la política en general. Y convencer a la gente de que, si va para el lado de la extrema derecha, va a perder los pocos derechos que todavía tienen”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macías es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

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Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Gabriel Becerra es el secretario general de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano; ambas fuerzas integran el Pacto Histórico que este domingo propone a Iván Cepeda y Aida Quilqué para continuar el proyecto iniciado por Gustavo Petro. Desde 2022, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá en representación del Pacto Histórico.

En 2020 fue uno de los fundadores y coordinador del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, integra la Comisión primera constitucional, la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y la Comisión de paz. 

Su partido de origen, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado por la persecución política. Surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes en 1984. Ese acuerdo abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías a través de las urnas. Para 1986, era la tercera fuerza a nivel nacional. 

Sin embargo, tras el ascenso de la UP en la política institucional, sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y campesinos.

Entre 1984 y 2002, la UP fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. 6.200 personas fueron asesinadas en ese contexto. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad estatal en esos hechos. El 30 de enero de 2023, declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la UP.

Uno de los dirigentes asesinados, en 1994, fue Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Marcha Noticias, Becerra manifiesta: “El proyecto político de la UP fue truncado por la violencia. El Pacto Histórico es la oportunidad y la materialización, tanto en los espacios que hemos conquistado en el Congreso de la República como en la presidencia, de la continuidad de ese proyecto político que no pudieron desaparecer y que hoy vive en las realizaciones del pueblo colombiano a través del Pacto Histórico”.

En ese sentido, marca que los avances generados por el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia como “un listado largo de realizaciones que muy poco se nombran, sobre todo en los medios masivos, pero que son reales e importantes”. Sin embargo, en vistas a un segundo gobierno señala la necesidad de avanzar en ese camino para poder romper con un pasado de exclusiones y de violencia.

—¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Colombia?

—La paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles y de la violencia. En 2016 se logró el Acuerdo de Paz y ese acuerdo sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Pero lamentablemente la derecha logró, tanto en un plebiscito que se realizó como en el gobierno posterior de Iván Duque, colocar muchos obstáculos y frustrar en una parte la implementación ágil de ese acuerdo necesario para construir la paz. Que, repito, no depende solamente del desarme ni del cese de la violencia física. Para construir la paz en Colombia se necesita un proceso de cumplimiento de los acuerdos, empezando por el que se firmó en el 2016 y de avance de una serie de reformas y de transformaciones que le quiten la base a a cualquier aplicación de violencia a través de la lucha política o a través de los fenómenos de la criminalidad no política, para que de esta manera se pueda construir una paz con garantías de justicia social, de cese de la violación de derechos humanos y sobre todo cambios en la vida política, económica y social de Colombia.

La paz es la materialización de un proceso democrático en Colombia que no ha sido posible y que esperamos concretar para que sea la mejor herencia a las nuevas generaciones.

–¿Cuáles son los desafíos más importantes ante la intención de retorno del uribismo en la figura de Paloma Valencia y ante la emergencia de un discurso similar al de Javier Milei en Argentina, representado en Colombia por Abelardo de la Espriella?

—El desafío es construir un modelo de sociedad distinta a la que propone este émulo de la extrema derecha global, de Milei, de Nayib Bukele o del partido Vox. Esa es la gran disputa de la sociedad colombiana en este momento: si logra mantenerse y consolidarse en el gobierno un proyecto centrado en la vida, en la defensa de la naturaleza, en los derechos sociales, en el respeto a las libertades individuales, en la lucha contra la guerra o si en Colombia la extrema derecha logra recuperar espacio y ser gobierno. El desafío es tener la capacidad de argumentar, de movilizar y de garantizar la fuerza popular, la fuerza política, la fuerza electoral necesaria para impedir que los vientos de la ultraderecha fascista que recorren algunos países de América Latina y del mundo sean triunfadores en nuestro país. Es derrotar al fascismo y construir una democracia basada en la lucha contra las desigualdades porque no puede haber democracia sin igualdad social.

—¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los avances más significativos del gobierno de Gustavo Petro?

—En primer lugar, hay que ubicarlo como el primer gobierno realmente distinto a las élites políticas tradicionales que gobernaron el país desde la independencia durante 200 años.

Este primer gobierno tenía el desafío de iniciar las bases de una transformación en la sociedad colombiana muy marcada por la idea de democratizar la sociedad. Democratizarla en la economía, en la política, en lo social. Y ha iniciado ese proceso de transformaciones. Pero todavía falta bastante para consolidar un proceso de transformación. Nosotros triunfamos en unas elecciones hace cuatro años, yo creo que vamos a volver a triunfar ahora. Pero tener el gobierno no es tener el poder. El poder en una sociedad está condicionado por factores económicos, culturales, comunicativos, ideológicos, factores sociales que todavía en la sociedad colombiana tienen un peso significativo. No hay que menospreciar el peso de sectores conservadores y de la derecha en el país. Aún en medio de estas limitaciones el presidente Petro con un programa de reformas avanzó en temas importantes. Uno de ellos es la reforma agraria. Colombia tiene un nivel de concentración de la tierra muy elevado y eso ha derivado en los problemas de la violencia. El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 80 por ciento de la tierra productiva en Colombia. Eso no es normal en una sociedad democrática. En el campo de la entrega de tierra vamos en unas 750.000 hectáreas, llegando casi al millón. Son cifras importantes, si las compara con lo que hizo el gobierno Iván Duque, que solamente distribuyó 17.000 hectáreas. En el campo agrícola hay otros resultados, como el crecimiento del aporte del campo en la economía nacional, y el desarrollo rural. Todo esto es muy importante cuando se trata de cambiar la matriz económica del país, que ha estado ligada al extractivismo, a servicios y a sectores de la economía no productiva. Nosotros queremos hacer una economía productiva. En el campo de los derechos sociales, hemos recuperado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Al desempleo lo recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito: 8.8. A la inflación la recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito, 5.4. El crecimiento de la economía, aunque no ha sido desbordante, está en un promedio casi del 3 por ciento. En las circunstancias internacionales actuales no es malo. La política social ha pretendido reducir la pobreza extrema. Garantizamos la gratuidad al 98 por ciento de los estudiantes de la universidad pública. Logramos aumentar el plan de asistencia social al adulto mayor. Aprobamos la reforma pensional y la reforma laboral, que recuperaron derechos que se le quitaron a los trabajadores durante los gobiernos de derecha. Y hemos fijado una postura sobre la política exterior colombiana muy distinta a la que clásicamente han tenido las élites colombianas. 

—¿Cuando alude a la política exterior se refiere a la relación, por ejemplo, con Estados Unidos?

—Me refiero a la política exterior que tiene que ver con Estados Unidos y en general con toda la comunidad de naciones y de organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos y en el caso de otras naciones lo que hemos recuperado es una autonomía y un criterio soberano en las decisiones que no tienen que ver con romper relaciones, pero sí con reclamar y ejercer una postura propia en temas como el conflicto en Palestina y las amenazas de la guerra general, la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse de naciones enteras como Groenlandia o México o el trato que se le ha querido dar a los migrantes. El gobierno de Colombia no ha aceptado cierto tipo de tratos, ha pedido que haya respeto a la dignidad de nuestros compatriotas en el exterior. Se opone a la ruptura de la legalidad internacional en situaciones como el bombardeo y la detención ilegal del presidente Maduro en Venezuela. Rechazamos los bombardeos contra personas en alta mar aún si esas personas están haciendo actividades ilegales porque bombardearlas y causarles la muerte no respeta el derecho internacional público. En los foros económicos y en los foros ambientales hemos defendido la postura propia de lucha contra el calentamiento global, la exigencia de una postura que proteja esta casa grande de la amenaza de calentamiento global que nos permita avanzar en una transición energética y en los temas económicos y políticos. Nos ubicamos en el campo del multilateralismo y de unas relaciones Norte-Sur que no sean de sometimiento.

—¿Cuáles son las posibilidades de un futuro gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué para avanzar en las transformaciones necesarias?

—Nuestra economía logró mantenerse. Pero es una economía que está presa de una concepción neoliberal. Nosotros pensamos cambiar esa orientación económica. El presidente Petro ha iniciado con algunas decisiones, pero hay que tomar muchas otras para fortalecer el carácter productivo de la economía colombiana, fortaleciendo la reforma agraria, la revolución agraria y también avanzando en otros sectores. Si superamos la violencia y construimos la paz, Colombia tiene un potencial turístico muy grande que ya en este gobierno ha crecido pero que puede aumentar. Tenemos posibilidades de desarrollos económicos, además del campo agrícola, en otros campos relacionados con la ciencia y con la tecnología, si somos juiciosos y fortalecemos la inversión en el conocimiento y en la cultura. Por otro lado, tenemos dificultades en las finanzas públicas porque recibimos un Estado muy endeudado. Le ha tocado al presidente Petro asumir esas deudas. Pero si hay una reactivación y un fortalecimiento de la economía, las finanzas públicas pueden mejorar porque podríamos garantizar reformas fiscales y tributarias que nos permitieran recuperar recursos para el Estado a través de criterios distintos para los que evaden el pago de impuestos puedan pagar y también extendiendo una política fiscal a sectores que hoy no pagan ningún impuesto. Existen todas las condiciones para, en un viraje de la economía, tener desarrollos materiales de equidad y de igualdad social posibles. Esa es la raíz con la que estamos comprometidos. Tenemos las condiciones para avanzar pese a que los vientos globales no son tranquilos. Tenemos capacidad para tener una economía más productiva que nos ayude a tener más riqueza, equitativamente distribuida, y de esa manera garantizar una transformación en beneficio de las mayorías. Queremos un crecimiento económico en beneficio de la mayoría, no un crecimiento económico que beneficia a las élites de siempre. 

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Por Redacción Marcha

La izquierda, aglutinada en el Pacto Histórico, someterá por primera vez la continuidad de su proyecto de gobierno al escrutinio popular. Poniendo además en tensión el concepto de cambio o de alternancia que pretende regir los comicios regionales de los últimos tiempos.

Con una campaña de los movimientos, autogestiva y con escaso financiamiento central, quienes protagonizarán la escena son Iván Cepeda al frente, ya que en Colombia la reelección por períodos consecutivos no está permitida; acompañado en la fórmula por Aida Quilcué, actual senadora nacional y lideresa indígena en la región del Cauca.

En la vereda opuesta al Pacto Histórico estarán las expresiones de la vieja derecha que buscan distanciarse del lastre uribista, al menos en cuanto a imagen, porque en lo real sigue representando una amenaza para los pueblos bajo los mismos principios con los que durante años se gobernó Colombia. 

Tal y como viene ocurriendo en distintas elecciones en la región, el espectro derechista se divide en una candidatura más identificable a las élites políticas clásicas, por un lado, y la imagen renovada de discursos más radicales que son vendidos como nuevos, por otro. 

En el primer caso encontramos a Paloma Valencia, una candidata asociada al uribismo y que ganó fuerza tras la interna de la derecha. Si bien ha intentado mostrarse como una renovación y lejana al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, el propio se ha encargado en endosar públicamente su apoyo en distintas ocasiones. 

Valencia representa la reedición del Plan Colombia y su falsa promesa de seguridad democrática a punta de militarización de los territorios. La entrega de soberanía a los Estados Unidos y la concentración de las riquezas en pocas y las mismas manos: la élite político empresarial. 

Más rimbombante y ocupando el rol de “outsider”, en una suerte de cosplay a Nayib Bukele, tanto en lo estético como en lo discursivo, aparece la figura de Abelardo de la Espriella. En términos sociales y culturales, pareciera haber sabido representar de mejor manera a la base social del uribismo que la propia Valencia, aunque no del todo a su núcleo más duro. 

En sintonía con otras elecciones en nuestra región, De la Espriella se presenta en diálogo con figuras como Kast, Bolsonaro, Kaiser, Milei, con un perfil que destaca una impronta manodurista, antiderechos y que sobreactúa las formas de la masculinidad hegemónica. 

Si bien en esta contienda se presentan 11 fórmulas presidenciales, la elección se disputa entre estas tres candidaturas Eso sí, se trata de dos proyectos de país antagónicos. El triunfo de Iván Cepeda implicaría para Colombia continuar y profundizar el camino marcado por la gestión de Gustavo Petro, y para Nuestra América representa el resguardo de soberanía en un territorio clave en tiempos de doctrina “Donroe”.

Una elección con la historia de resistencia de los pueblos

En medio de campañas electorales donde las deepfake son protagonistas regionales, los pueblos una vez más asoman su genealogía para defender lo que se hizo y el derecho a exigir lo que falta. Estas elecciones llegan en un contexto regional donde la intervención imperial también se da a través de recursos técnicos y materiales para las campañas, plataformas millonarias de extrema derecha para desestabilizar la soberanía popular.

Hondurasgate, así se hizo pública por el Diario Red la filtración de audios entre los cuales se escucha al ex presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, decirle al actual mandatario Nasry Asfura que se estaba montando una célula que operaría desde Estados Unidos para desplegar una campaña de desestabilización contra los gobiernos de México y Colombia. Vale recordar que Hernández estuvo preso en Nueva York por estar involucrado en una causa de narcotráfico y que, antes de la última elección presidencial en la que se impuso Asfura, el elegido de Trump, Washington le concedió el indulto. Estas redes de la ultraderecha podrían llegar hasta Argentina dado que, según Hernández, Javier Milei habría aportado 350 mil dólares para esta célula. 

El denominado Proyecto Júpiter fue revelado por una investigación de Señal Investigativa y Revista RAYA. Se trata de una estrategia de acción psicológica ligada a quien fuera asesor de comunicación de Álvaro Uribe Vélez, Jaime Bermúdez Merizalde, con el objetivo de influir en las elecciones. El plan consistía en incidir en trabajadores de empresas ubicadas en el Valle del Cauca con talleres durante la jornada laboral para promover indignación hacia Gustavo Petro, miedo a perder el trabajo e indignación.

A medida que se acercan los días la valoración de Iván Cepeda se sostiene encabezando la intención de voto. Sin embargo, las encuestas también generan ruido y están en el foco del debate público frente a resultados muy dispares no sólo entre distintas casas encuestadoras, sino que también entre entregas de las mismas. La atención ahora está puesta en las instituciones electorales que en la elección de 2022 perdieron aproximadamente 600 mil votos, tal como denunció el Pacto Histórico.

Asimismo las últimas estrategias conviven con el golpismo y la concentración de recursos tradicionales. La fortuna de la familia de Paloma Valencia se hizo a fuerza de explotación en la minería de oro. Su abuelo, Guillermo León Valencia fue presidente entre 19662-1966 por el Partido Conservador. Atacó y persiguió al comunismo, apoyó la intervención de EE.UU. tanto militar como económica, facilitó la portación de armas y fue en este período en que se originaron las FARC y el ELN, y particularmente las organizaciones paramilitares. 

Los Valencia fueron esclavistas del Cauca. Paloma es la creadora de la idea de dividir la región en una zona para las comunidades indígenas y otra para los “ciudadanos de bien”. Pero Aída Quilcué fue la primera mujer en ser elegida Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), cargo que ejerció hasta 2009. Ella es símbolo de la resistencia que llega a las urnas: en las elecciones legislativas de 2022, obtuvo una curul en el Senado de la República por la Circunscripción Especial Indígena bajo el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Y hoy es además esperanza de pueblo.

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Radicalizar un gobierno de izquierdas

El 20 de febrero, Iván Cepeda asistió al noticiero central de Caracol, el canal privado de televisión con mayor audiencia en Colombia y uno de los principales distribuidores de contenidos en español a nivel global, para visibilizar sus propuestas de campaña. Paciente, el senador respondió de forma positiva a cada pregunta venenosa de periodistas militantes de la extrema derecha; aún cuando le preguntaron qué significaba “radicalizar”.

“Habrá cambios y profundización de la propuesta esencial del gobierno de (Gustavo) Petro”, aseguró entonces Cepeda. “Es que la política social, y me refiero a que terminar con la pobreza y la desigualdad no son cargas sino una inversión para el desarrollo del país, no la vamos a cambiar, la vamos a radicalizar”, agregó luego. Y delineó a comienzo del año electoral los pilares de su gestión si llega a la presidencia: reformas agraria, previsional, a la salud y la educación; desarrollo y cuidado territorial, reforma a la justicia y por qué no una asamblea constituyente. Un llamado al diálogo de quien dedicó su vida a los DDHH.

Cepeda lee sus discursos porque lo que dice forma parte de acuerdos colectivos. Una definición que honra el sentido del Pacto Histórico, una herramienta de coalición de espacios políticos y sociales de las izquierdas y el progresismo colombiano y que convoca a distintas regiones y territorios del país, así como a la multiplicidad de pueblos, culturas e identidades. 

Estos años de gobierno del Pacto Histórico allanaron el camino hacia una mayor justicia social y también un cambio en las lógicas productivas. En un mundo de genocidios televisados y restauración conservadora la izquierda avanza hacia la paz en Colombia. Lo hace como expresión de luchas históricas de las y los trabajadores, del campesinado, de la ancestralidad indígena, afrodescendientes, de estudiantes y artistas. Es decir, al ritmo del poder popular. 

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Cuba atraviesa un momento crítico marcado, en primer lugar, por el corte del suministro de petróleo que sostenía buena parte de su sistema energético, una situación directamente vinculada a la política exterior del gobierno de Donald Trump. A través de sanciones, presiones e intervenciones en la región —particularmente sobre Venezuela—, la administración estadounidense promovió un reordenamiento geopolítico orientado al control de recursos estratégicos, cuyo impacto golpea de lleno a la isla. La interrupción de ese flujo energético no es un hecho aislado, sino una consecuencia concreta de esa estrategia, que se suma al recrudecimiento del bloqueo histórico impuesto por Estados Unidos.

Este escenario profundizó una crisis estructural que ya estaba tensionada por el impacto persistente de la caída del turismo tras la pandemia —una de las principales fuentes de ingresos de la isla—. En los últimos días, la situación se volvió aún más urgente con apagones totales que dejaron a amplias zonas del país sin electricidad durante horas, afectando la vida cotidiana, el funcionamiento de hospitales y la producción de alimentos. Con la llegada del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda energética se intensifica, el escenario plantea desafíos inmediatos para el sostenimiento de servicios esenciales.

Pero esta no es solo una historia de crisis. Es también —y sobre todo— una historia de solidaridad.

Una tradición internacionalista basada en el cuidado de la vida

Durante más de seis décadas, Cuba ha construido una política internacionalista que pone en el centro el cuidado colectivo. En contextos donde el mercado no llega o llega excluyendo, la isla ha enviado lo más valioso: conocimiento, trabajo y compromiso.

Desde 1963, más de 600.000 profesionales de la salud cubanos han trabajado en 165 países, con una presencia sostenida en América Latina, África y el Caribe. Han estado en territorios atravesados por la pobreza estructural, conflictos armados y emergencias sanitarias, muchas veces en condiciones adversas.

En la pandemia de COVID-19, brigadas médicas cubanas llegaron a decenas de países, incluso a regiones donde los sistemas de salud colapsaban. También intervinieron en crisis como el ébola en África y en escenarios de catástrofes naturales.

La “Operación Milagro”, por su parte, permitió realizar millones de cirugías oftalmológicas gratuitas, devolviendo la vista —y con ella autonomía y dignidad— a personas históricamente excluidas.

Alfabetizar como práctica de justicia social y emancipación

Otro de los pilares de la solidaridad cubana es la educación. El método de alfabetización “Yo, sí puedo”, desarrollado desde una perspectiva pedagógica popular, permitió que millones de personas aprendieran a leer y escribir en sus propios territorios y lenguas.

Su enfoque parte de lo cotidiano, de lo que cada persona ya conoce, y se adapta a contextos diversos: comunidades rurales, pueblos originarios y personas con discapacidad. En América Latina, este método contribuyó a que países como Bolivia y Venezuela fueran reconocidos por la erradicación del analfabetismo.

La alfabetización, en este sentido, no es solo una política educativa: es una herramienta de autonomía, participación y dignidad.

El internacionalismo cubano como práctica sostenida de cooperación entre pueblos

La solidaridad cubana no se limita a intervenciones puntuales, sino que constituye una política sostenida en el tiempo, basada en la cooperación entre pueblos y no en la lógica de la ayuda condicionada. A lo largo de décadas, Cuba ha formado gratuitamente a miles de estudiantes de América Latina, África y Asia, especialmente en áreas estratégicas como la medicina, generando capacidades locales que luego se traducen en sistemas de salud más accesibles en sus países de origen.

Este internacionalismo también se expresa en la capacidad de respuesta ante emergencias. Brigadas especializadas han intervenido en huracanes, terremotos y crisis sanitarias en distintos continentes, muchas veces siendo las primeras en llegar a territorios donde otras asistencias no arriban. Esa presencia no se limita a la atención inmediata, sino que suele incluir procesos de acompañamiento y reconstrucción.

A su vez, Cuba ha compartido desarrollos científicos, tecnológicos y organizativos: desde vacunas y tratamientos médicos hasta modelos de atención primaria y experiencias comunitarias en salud y prevención. En todos los casos, se trata de una práctica que prioriza el fortalecimiento de capacidades locales y la construcción de vínculos duraderos, antes que la dependencia o el endeudamiento.

Una crisis que impacta de lleno en la vida cotidiana

La actual crisis no se expresa solo en indicadores económicos, sino en las condiciones concretas de vida. Los apagones prolongados afectan la conservación de alimentos, el acceso al agua, la conectividad y el funcionamiento de servicios básicos. En los hogares, implican reorganizar rutinas enteras en función de la disponibilidad intermitente de energía.

En el sistema de salud, la falta de electricidad y combustible tensiona el funcionamiento de hospitales, equipos médicos y cadenas de frío necesarias para medicamentos y vacunas. En paralelo, las dificultades para el transporte impactan en el acceso a centros de atención, al trabajo y a la producción.

También se ve afectada la vida comunitaria: desde escuelas que deben adaptar sus horarios hasta espacios productivos que reducen su actividad. La crisis energética, en este sentido, no es un fenómeno aislado, sino un factor que atraviesa todas las dimensiones de la vida social.

El convoy internacional: solidaridad sin fronteras frente a la asfixia económica

En este contexto, se organizó una respuesta internacional que busca no solo aliviar la emergencia, sino también disputar el sentido político del aislamiento. Un convoy impulsado por una coalición de movimientos sociales, sindicales, organizaciones humanitarias y referentes públicos de distintos países se prepara para llegar a La Habana con más de 20 toneladas de ayuda.

La iniciativa incluye alimentos, medicamentos, insumos de higiene, equipamiento médico y, de manera clave, sistemas de energía solar —paneles y generadores— destinados a sostener hospitales y servicios esenciales en medio de la crisis eléctrica. La articulación con redes internacionales y activistas también pone en agenda la relación entre soberanía energética y justicia global.

El convoy no es solo una acción humanitaria: es también una intervención política que busca visibilizar el impacto del bloqueo y afirmar que la cooperación internacional puede construirse desde abajo, entre organizaciones y pueblos, sin condicionamientos.

Redes de solidaridad desde Argentina: energía para sostener la vida

En Argentina, también se activan redes de apoyo concretas. La Casa de la Amistad Argentino-Cubana impulsa una colecta solidaria para la compra de paneles solares, una herramienta clave en el actual contexto de crisis energética.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del alias 191017385501730301010032 a nombre de Casa de Amistad Arg Cubana (CUIL 30-70127094-7), aportando a una iniciativa que busca sostener servicios esenciales desde una lógica de cooperación entre pueblos.

Una responsabilidad colectiva frente a la crisis: Si Cuba fue capaz de sostener la vida en tantos territorios cuando más se la necesitaba, la pregunta que se abre hoy es qué significa sostener a Cuba.

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Un reducido grupo de corporaciones controla entre el 70 % y el 80 % del comercio mundial de granos y aceites de semillas, según un nuevo informe publicado por el Grupo ETC. El estudio advierte que esta creciente concentración del poder corporativo en la cadena alimentaria industrial podría agravar los riesgos para la seguridad alimentaria global ante futuras crisis.

El documento, titulado Codicia y oligopolios: especulación con las materias primas agrícolas, sostiene que un pequeño número de empresas comercializadoras ocupa una posición cada vez más dominante en el sistema alimentario global, controlando enormes volúmenes de alimentos comercializados y ejerciendo una influencia significativa sobre los mercados internacionales.

Entre los principales actores del comercio mundial de materias primas agrícolas figuran compañías como Cargill, COFCO, Bunge, Archer Daniels Midland y Louis Dreyfus Company. De acuerdo con la investigación, estas firmas concentran entre el 70 % y el 80 % del comercio global de granos y aceites de semillas.

El informe se publica en un contexto marcado por tensiones geopolíticas y volatilidad en las cadenas de suministro. “Sabemos desde hace tiempo que la cadena alimentaria industrial global es extremadamente vulnerable y, con la renovada y creciente violencia en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz afectando ya los envíos de fertilizantes y arroz, así como los precios de los granos, cada vez más personas están tomando conciencia de esta realidad”, señaló Taarini Chopra, investigadora del Grupo ETC. “Con impactos climáticos crecientes, inestabilidad y guerras, un sistema dominado por unos pocos comerciantes amplifica estas debilidades existentes y multiplica los riesgos para la seguridad alimentaria global”.

El estudio también subraya la magnitud de la infraestructura logística que controlan estas empresas. “La capacidad total de almacenamiento de solo tres empresas -ADM, Bunge y COFCO- equivale aproximadamente a la cantidad de trigo que Estados Unidos, el Reino Unido y Turquía consumen juntos en un año”, afirmó Marcos Filardi, del Grupo ETC.

Además de su tamaño, el informe alerta sobre la falta de transparencia que rodea a estos actores. “No hay transparencia: estas empresas no tienen la obligación de revelar cuántas existencias tienen, qué tipo de productos almacenan ni dónde se encuentran”, añadió Chopra. “Eso significa que, si entramos en una crisis alimentaria regional o incluso en la próxima crisis global, estos grandes comerciantes de granos tienen el poder de acaparar y retener cantidades enormes de alimentos mientras esperan que suban los precios”.

Datos clave del informe

El documento reúne varios indicadores que ilustran el peso económico y financiero de estos conglomerados:

• 3.310: es el número total de empresas subsidiarias operadas por los cinco mayores comerciantes de materias primas agrícolas. Según el informe, estas estructuras corporativas complejas les permiten operar con instrumentos financieros, seguros e inversiones de forma similar a los bancos, pero sin la misma supervisión regulatoria.
• 730 mil millones de dólares: fue el ingreso combinado en 2023 de los ocho principales comerciantes agrícolas del mundo, una cifra cercana al valor total de todas las exportaciones de Canadá ese mismo año.
• 8.200 millones de dólares: fue el valor de la megafusión entre Bunge y Viterra, concretada en julio de 2025 y que dio origen a uno de los mayores actores globales del comercio de materias primas agrícolas.
• 80 %: es la participación adquirida por Saudi Agricultural and Livestock Investment Company en la comercializadora agrícola Olam Agri a comienzos de 2025. El informe también recuerda que una empresa estatal de los Emiratos Árabes Unidos compró el 45 % de Louis Dreyfus Company en 2020.

El informe también destaca el creciente uso de datos y sistemas de análisis basados en inteligencia artificial por parte de estas compañías. Según el documento, los grandes traders poseen plataformas que monitorean cultivos y cadenas de suministro en tiempo real, lo que les permite anticipar movimientos del mercado y obtener ventajas estratégicas que ni siquiera están disponibles para gobiernos o instituciones multilaterales.

Recomendaciones a los gobiernos

Ante este escenario, el Grupo ETC insta a los gobiernos a fortalecer la regulación del comercio global de alimentos. Entre otras medidas, propone combatir la especulación y el lucro excesivo en los mercados de materias primas, cerrar vacíos regulatorios que permiten que los grandes comerciantes operen como “instituciones financieras en la sombra” y exigir mayor transparencia sobre las reservas de granos y los movimientos de productos alimentarios en el comercio internacional.

El informe completo puede ser descargado en la web del Grupo ETC. 

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