“Tenemos la obligación —en honor a todos, todas y todes quienes nos precedieron y nos trajeron hasta aquí— de resistir, seguir adelante y transmitir esa responsabilidad a quienes vengan después de nosotros, hasta que seamos verdaderamente libres”. Sueli Carneiro

Puedo decir con certeza que a mis 34 años entendí lo que significa construir a viva voz, desde la colectividad.

Este año cumplí 34 años, al igual que la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, la RMAAD.

Las dos nacimos en 1992. Yo, en enero; ella, un 25 de julio, cuando yo apenas llevaba seis meses en este mundo complejo. Así que, sin saberlo, crecimos a la par: mientras yo aprendía a dar mis primeros pasos en el, unas mujeres poderosas, bravas y aguerridas (a las que hoy tengo la dicha de conocer y de llamar compañeras) estaban abriendo un espacio para narrarse y construir desde lo afro, desde la negritud.

Ellas sin saberlo, estaban construyéndome un lugar donde algún día me iba a reconocer y aunque nuestros caminos tomaron un tiempo en cruzarse, quiero pensar que llegaron cuando más lo necesitaba. Desde pequeñx me enseñaron a dudar de mí. Me dijeron que mi “color” era malo. Crecí pensando que estaba mal ser quien era, ese “color y ese cabello” habían sido motivo de burlas y exclusión de múltiples formas. Aprendí por fuera de la teoría sobre racismo, sobre violencia por me cruzo mi cuerpa.

Llegué buscando entender quién era, y sobre todo buscaba reconciliación con mi identidad como une persona negrx . La migración me hizo desconectarme de mis raíces nicaragüenses. Y como la vida es un pañuelo, un día conocí a Lídice, una compa nicaragüense que me dijo: “mirá, está la Red de Mujeres Afro, inscribite”. Así, sin más, empezó todo.

Integrarme a la RMAAD me significó llegar, por fin, a un espacio afrocentrado. Un espacio de aprendizaje y de auto reconocimiento. Ahí entendí que no era solo yo: que había muchas más como yo, con cabellos grandes, rizados, libres. Referentas, pensadoras, ancestras, mayoras, y que, así como sus cabellos, también eran libres sus voces. Mujeres que no temen hablar, que se toman la palabra, que van abriendo brecha para las que venimos detrás.

Verme en ellas fue como aprender a caminar por primera vez. A mirarme con cariño, fue entender que eso que durante tantos años me enseñaron a despreciar, no estaba mal que no había nada malo conmigo. Que crecí creyéndome sola y, sin saberlo, tenía una Red entera esperando que me sumara.

El año pasado fue sumamente especial. Viajé a Brasilia, a mi primera asamblea de la RMAAD, y fui a la segunda marcha de las Mujeres Negras. Mientras recorríamos la avenida, sin darme cuenta, se me salían las lágrimas de alegría. Era la emoción de sentirme en casa. Conocía a unas pocas y, aun así entre miles de mujeres negras marchando, entendí que ese lugar también era mío.

Hoy que la Red cumple 34 años, lo digo con todo el corazón: larga vida a la Red. Larga vida a seguir disputando espacios, a seguir construyendo pensamiento negro, afrocentrado y feminista, a seguir impulsando los cambios necesarios para nuestro anhelado buen vivir.

Gracias, RMAAD, por permitirme seguir creciendo con todas. Gracias por enseñarme reconocerme y a luchar a viva voz junto a ustedes. Feliz cumpleaños querida Red, sigamos ennegreciendo los feminismos.

Source

Por Silvana Castro* | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal

Hoy estamos acá reunidos porque, a 50 años de los acontecimientos, los que sobrevivimos creemos que la memoria no es una pieza de museo, sino un acto de justicia urgente. Especialmente hoy, en un presente hostil, marcado por discursos negacionistas que pretenden borrar la historia, relativizar el terrorismo de Estado y sembrar la duda sobre el dolor de las víctimas. Frente a ese intento sistemático de vaciar el pasado, nuestras palabras son trincheras de verdad. Cada palabra que busca justificar los crímenes de la dictadura nos vuelve a poner en peligro.

Yo fui testigo de los apagones. Vivía en el pueblo de Ledesma, en Jujuy, con mis hermanos y mi papá, que era empleado de la fábrica. Los apagones de julio de 1976 fueron el comienzo de una cacería feroz. Hoy lo sabemos con total certeza y con pruebas judiciales contundentes: la empresa Ledesma no solo se benefició económicamente durante el gobierno militar, sino que fue cómplice activa. Aportó sus camiones y camionetas para trasladar a los secuestrados, la nafta para la logística del horror, sus propios edificios y, lo más perverso, proporcionó las listas negras con los nombres de los trabajadores, delegados y gremialistas para que fueran detenidos y desaparecidos.

En medio de ese infierno, yo era una estudiante secundaria de la Escuela Normal de Libertador General San Martín. Tenía 16 años y cursaba tercer año. Mi hermana Gabriela tenía 18. Las dos militábamos en el Partido Socialista de los Trabajadores. Teníamos, en realidad, muy poca conciencia de la dimensión real de lo que estaba sucediendo. Éramos adolescentes que creíamos en un mundo más justo.

Durante los apagones del terror, entraron a mi casa tres noches; ni siquiera habíamos terminado de ordenar el caos cuando volvían a entrar. Los apagones se sucedían cuando llegaba la noche. Irrumpían en los domicilios que estaban determinados, tenían una lista; personas en general de civil, armados, muchos venían pateando la puerta, gritando y buscando generar terror. Tiempo después, volvieron a allanar mi casa y me detuvieron. Me llevaron a 50 kilómetros de Ledesma, a la ciudad de San Pedro de Jujuy, donde funcionó como centro clandestino de detención la Comisaría Número 9. Allí se torturó, se violó, se picaneó. En ese lugar estuvo secuestrado Víctor Jesús Segura, quien sigue desaparecido. Mi hermana Gabriela logró escapar a Buenos Aires con su pareja, Eduardo Oviedo Morales, de 21 años. Luego, creyendo que era seguro, cometieron el error de volver al pueblo. Una mañana, Eduardo salió a trabajar y nunca llegó. Se hicieron las denuncias y nunca reconocieron que lo habian secuestrado, al tiempo se pudo constatar que lo tuvieron detenido en el comando radioeléctrico de San Salvador. Continúa desaparecido.

En mi Escuela Normal se vivió la fragmentación de toda la sociedad: una parte de la comunidad educativa fue víctima de la dictadura, otra parte ignoraba por completo lo que estaba pasando, y otra parte sabía lo que ocurría y guardó silencio. Para complementar este panorama sobre el disciplinamiento en la escuela, es fundamental entender que la persecución física fue acompañada por un desmantelamiento pedagógico sistemático. La dictadura impuso una reforma curricular diseñada para suprimir el pensamiento crítico y garantizar el control ideológico. Se eliminaron materias clave como “Estudio de la Realidad Social Argentina” y se las reemplazó por asignaturas como “Formación Moral y Cívica”, enfocadas en inculcar valores de obediencia, jerarquía y un patriotismo nacionalista y católico. Al mismo tiempo, se censuraron contenidos científicos y literarios enteros —prohibiendo autores, teorías sociológicas e incluso conceptos matemáticos, tildados de “subversivos”— y se introdujo un estricto régimen de conducta que regulaba desde la vestimenta y el largo del pelo hasta la prohibición absoluta de asambleas o debates. La influencia de esta reforma en la educación fue devastadora: transformó a la escuela secundaria, que históricamente había sido un espacio de socialización, cuestionamiento y crecimiento intelectual, en un aparato burocrático y represivo basado en el miedo y el silenciamiento, dejando una huella de autoritarismo y vaciamiento cultural que tomó décadas desarmar. La gente de mi promo recuerdan por ejemplo las clases del cura Aurelio Martienez.

Mi historia, la de mi hermana, la de Eduardo y la de los chicos y chicas de Ledesma que fueron estudiantes de la escuela Normal, no fue un hecho aislado. Fue parte de un plan sistemático que se ensañó contra la juventud. Cuando recordamos el horror que sufrieron los estudiantes secundarios, la historia oficial o las grandes narrativas suelen mirar a las grandes capitales. Todos conocemos la trágica Noche de los Lápices en La Plata. Pero hoy quiero hablar de los otros lápices. Los lápices de nuestros pueblos, los que escribían en las escuelas normales, técnicas y nacionales de nuestras provincias.

Las estadísticas oficiales de la CONADEP revelan una verdad contundente e indiscutible que los negacionistas pretenden camuflar: el 21% del total de las personas detenidas-desaparecidas en nuestro país eran estudiantes. De ese universo, cerca de 250 eran adolescentes, chicos y chicas que tenían entre 13 y 18 años cuando el Estado terrorista los arrancó de sus aulas o de sus casas. Si abrimos el mapa, los registros históricos demuestran que más de la mitad de esos secuestros de estudiantes secundarios ocurrieron en el lugares pequeños y alejados de la capital, lejos de los grandes focos urbanos de Buenos Aires o La Plata.

Para la dictadura militar, y para las empresas civiles que la financiaron y la apuntalaron, un estudiante secundario organizado era un enemigo peligroso. ¿Por qué? Porque los centros de estudiantes eran el primer espacio de libertad, el lugar donde aprendíamos a discutir, a organizarnos, a exigir el derechos, a pedir mejoras edilicias, a pensar el país. La dictadura entendió que para disciplinar a una sociedad, había que cortar de raíz esa rebeldía.

En las provincias la persecución tuvo características todavía más crueles por el peso del control social. En los pueblos chicos,como en Ledesma, todos nos conocíamos. El silencio de los que sabían y callaron se sentía en la vereda de enfrente. En los pueblos, muchas veces, las estructuras feudales o las grandes empresas —como el ingenio Ledesma en Jujuy, controlaban la vida del pueblo de día y señalaban las casas de los estudiantes de noche.

Ahí radica el peso de ese 21% de tizas y guardapolvos ausentes. Miles de chicos y chicas fueron secuestrados en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe, en Mendoza, en el sur y en nuestro norte. El aparato represivo no distinguió geografías, pero en el interior, la desprotección era absoluta. Los centros clandestinos funcionaban en las comisarías del pueblo, a la vuelta de nuestras plazas, en los regimientos locales. Los secuestraban con sus guardapolvos puestos, frente a sus compañeros, dejando bancos vacíos que los rectores y profesores intentaban llenar con burocracia y olvido.

Hoy, a medio siglo de la barbarie, el dolor sigue abierto porque la reparación no llega. Muchos de los juicios a los responsables, tanto militares como a los civiles y empresarios que señalaron a nuestros compañeros y compañeras y obreros, siguen sin resolverse. Están trabados en un laberinto de impunidad, de apelaciones eternas y dilaciones biológicas que perpetúan la injusticia. Los responsables se mueren viejos en sus camas, sin condena firme, mientras nosotros seguimos buscando los cuerpos de nuestros compañeros. Exigir que esos juicios concluyan ya no es un reclamo técnico de los abogados; es una necesidad ética y moral de toda la sociedad argentina. No hay democracia sana sobre los cimientos de la impunidad.

Los estudiantes detenidos-desaparecidos no eran héroes de bronce; eran chicos comunes. Se enamoraban, rendían materias, se rateaban, organizaban peñas, armaban carrozas para la fiesta de los estudiantes y militaban con la inocencia y la fuerza que solo se tiene a los 16 años. No podemos permitir que el negacionismo actual los convierta en cifras, ni que justifique su desaparición bajo la teoría de los dos demonios. No hubo dos demonios: hubo un Estado terrorista y empresas cómplices masacrando a sus propios hijos.

Por eso sigo hablando. Por eso los que sobrevivimos no nos callamos. Recordar a los estudiantes secundarios de todo el país, y especialmente a los de nuestros pueblos, es volver a levantar esas tizas. Es decirles a las nuevas generaciones que la participación política no es un delito, que organizarse vale la pena y que la memoria es el único escudo que tenemos para que el horror no vuelva a repetirse.

A 50 años de los apagones, a 50 años de la impunidad, nosotros seguimos buscando donde están y seguimos exigiendo Juicio y Castigo a los culpables.

*militante de DDHH. Víctima de la represión del Apagón de Ledesma. Estudiante de la Escuela Normal.

Source

Por Jenny Durán | Foto: Colectiva Fotografía a Pedal (archivo)

Mucho antes de julio de 1976, Jujuy ya era un territorio ordenado en función del azúcar. Las haciendas que darían origen al ingenio Ledesma se fundaron en 1830, y la de San Pedro en 1844; hacia mediados del siglo XIX el cultivo de caña ya era una actividad de peso central en la región del Valle de San Francisco. Ese despegue no fue un desarrollo espontáneo: coincidió con la derrota de los caudillos provinciales y con el respaldo de las oligarquías azucareras del noroeste al gobierno porteño, liberal y con fuertes lazos comerciales con Gran Bretaña, que reemplazó a España como potencia hegemónica sin cambiar demasiado el reparto de la tierra ni de la mano de obra. La historiografía lo definió como un nuevo pacto colonial, esta vez con capital inglés detrás de las elites locales.

La construcción de ese poder terrateniente tuvo dos víctimas históricas específicas: las comunidades indígenas del Chaco salteño-jujeño y los gauchos criollos desplazados de tierras que pasaron a manos de los ingenios. Los propios ingenios —Ledesma y La Esperanza— organizaban cada diciembre expediciones conocidas como “buscadoras de indios”, enviadas a reclutar por la fuerza o el engaño a trabajadores originarios para la zafra, de los que la industria dependía casi por completo en los meses de cosecha. El salario indígena, además, funcionaba como una trampa contable: se le descontaban al trabajador la comida y un ahorro forzoso de los últimos tres meses de tarea, retenido hasta la liquidación final de zafra, mientras un informe de la época —citado en investigaciones sobre el período— describía al establecimiento como mezquino en los pagos y exigente en las condiciones de trabajo. Ese mismo patrón de apropiación de tierra y fuerza de trabajo, que en otras economías de plantación de América se aplicó tras la abolición de la esclavitud, es el que —señalan los estudios sobre el capitalismo azucarero regional— cimentó la fortuna de los grandes ingenios del noroeste.

Un pueblo con nombre de libertador, gobernado por la empresa

La localidad que hoy lleva el nombre de Libertador General San Martín nació y creció a la sombra del ingenio: sus calles, sus servicios, buena parte de su economía y hasta su identidad quedaron atadas durante décadas a la voluntad de la compañía. El contraste no es menor. El pueblo tiene el nombre del héroe que liberó a medio continente del dominio colonial, pero fue moldeado como un territorio gobernado por un poder privado casi sin contrapesos: la empresa fijaba salarios, empleaba a buena parte del pueblo y, llegado 1976, terminó decidiendo también quién era “sospechoso” y quién no. La violencia que atraviesa del siglo XIX a hoy en los ingenios también refiere al mito del “Familiar”. El relato sobre un ser carnívoro mitad hombre, mitad animal,  construído por los propios patrones, fue sin más ni menos que el terror disciplinante de una sociedad cerrada que carecía de derechos laborales y todo tipo de derechos. El poder sin límites del latifundista, que controlaba la vida material y simbólica, cupaba al Familiar cuando un revoltoso desaparecía misteriosamente. 

La noche que apagaron el pueblo para secuestrarlo

Entre el 20 y el 27 de julio de 1976, Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar vivieron una serie de cortes de luz organizados para facilitar razzias masivas. Aquella madrugada del 20 se apagaron las luces de Libertador y Calilegua durante siete días, mientras se secuestraba a unas 400 personas. Según el relato reconstruido por organizaciones de derechos humanos a partir de juicios y testimonios, los directivos de la familia Blaquier entregaron a las fuerzas represivas las listas negras del personal considerado conflictivo y pusieron a disposición los camiones de la empresa para trasladar a los secuestrados. En los operativos participaron, además del Ejército y la policía, Gendarmería y otra empresa de la zona, la minera Aguilar, que también aportó listas de “revoltosos” a detener.

Ese entramado es el que lleva a los organismos jujeños a discutir la idea de una dictadura que simplemente “contó con la colaboración” empresarial. Para las hijas e hijos de las víctimas, la secuencia fue la inversa: la compañía identificó a sus propios trabajadores y militantes sindicales como un obstáculo para su modelo de producción, confeccionó las listas, puso los vehículos y la logística, y las fuerzas armadas ejecutaron un operativo hecho a medida de esos intereses empresarios. La causa judicial abierta en 2012 fue, de hecho, una de las primeras en el país en juzgar directamente la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado, y no una imputación por complicidad genérica.

De las alrededor de 400 personas secuestradas en esos días, entre 34 y 55 continúan desaparecidas según las distintas fuentes documentales y judiciales. Entre ellas hubo estudiantes secundarios: 16 exalumnos de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín permanecen desaparecidos, un dato que explica por qué ese edificio escolar se convirtió con el tiempo en uno de los símbolos más fuertes de la memoria local.

Medio siglo de impunidad biológica

La justicia tardó 36 años en procesar a los responsables civiles. Recién en 2012 fueron procesados Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio, y Alberto Lemos, su administrador durante la dictadura, acusados de haber aportado vehículos y nóminas para la privación ilegal de la libertad de decenas de personas. La causa, sin embargo, quedó frenada durante años en la Cámara Federal de Casación Penal, que en 2015 dictó la falta de mérito para ambos acusados. Blaquier murió en 2023 sin haber sido juzgado; organismos de derechos humanos y la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación calificaron su muerte como una impunidad producto de graves demoras judiciales. Ese fenómeno —empresarios que mueren de viejos antes de sentarse ante un tribunal— tiene incluso nombre propio entre los organismos de derechos humanos: “impunidad biológica”. La causa contra Lemos, hoy nonagenario, sigue sin fecha de juicio oral.

El mismo discurso, otro siglo

Cincuenta años después del Apagón, Ledesma sigue siendo el empleador más importante de la región —de su nómina depende, según estimaciones periodísticas, buena parte de las cerca de 7.000 familias vinculadas directa o indirectamente a la planta— y sigue protagonizando conflictos laborales que, para trabajadores y dirigentes gremiales, repiten una lógica de vieja data: la empresa decide, el pueblo absorbe el costo. Solo en 2025 el grupo Ledesma despidió a más de 300 trabajadores en distintas etapas del año, entre ellos un tramo de 235 despidos que llevó al sindicato azucarero SOEAIL a lanzar un plan de lucha por la reincorporación. Delegados denunciaron además persecución sindical y una liquidación de sueldos recortada en pleno conflicto. En la Legislatura provincial, distintos bloques políticos cuestionaron ese doble discurso de una compañía que exporta con normalidad mientras despide sin causa a cientos de empleados.

Para las organizaciones de memoria, esa continuidad no es casual: es la misma matriz de poder —económico, político y territorial— la que en 1976 identificó a los trabajadores organizados como una amenaza a eliminar y la que hoy, con otras herramientas, sigue disciplinando a su fuerza laboral y evitando cualquier condena penal por su rol en el terrorismo de Estado.

Una agenda de memoria que vuelve a un lugar clave

La conmemoración de este año tiene un hecho inédito: después de una década de restricciones para el ingreso, las actividades centrales del 50° aniversario regresan al interior de la Escuela Normal de Libertador Gral. San Martín. Este jueves, a las 9 de la mañana, un homenaje a los 16 ex alumnos desaparecidos tendrá la presencia de sus compañeras y compañeros que también fueron víctimas de la represión, organizaciones sociales sindicales y de derechos humanos.

La agenda conmemorativa incluyó además una vigilia el domingo en el monolito de acceso a Libertador, sobre la Ruta Nacional 34; la restauración y el bordado de pañuelos en la plaza central en el marco de la consigna nacional “Flores en los Pañuelos”; una muestra fotográfica aportada por referentes de San Pedro de Jujuy; y un conversatorio virtual sobre el rol de mujeres, madres e hijas sobrevivientes en la construcción de la memoria. El jueves por la tarde se realizará, además, la 43ª edición de la Marcha del Apagón, que une Calilegua y Libertador Gral. San Martín. La agrupación H.I.J.O.S. suma este año piezas audiovisuales breves que reconstruyen, en la fecha exacta de cada desaparición, la historia de vida de las víctimas jujeñas. El 23 de julio también se marchará en conmemoración del Apagón en Caba, acompañando a las rondas de las Madres de Plaza de Mayo, de todos los jueves, a las 15 hs. 

Las marchas de las Madres de Jujuy, los juicios, los testimonios, las investigaciones de los propios sobrevivientes siguen construyendo la memoria, sobre un proceso que empezó con los secuestros de la Triple A en 1974, se profundizó con el golpe de 1976 y todavía hoy —a medio siglo y con buena parte de sus responsables civiles jamás condenados— sigue esperando justicia.

Fuentes: Huella del Sur- Marcha.org.ar– Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy, de Ian Rutledge –

Source

Muchas de nosotras entramos tarde al mundial, descreídas de la capacidad de darnos una alegría que desde el imperio las masculinidades hegemónicas podían darnos. Agobiadas por un contexto económico que apenas nos deja respirar y sonreír.

En la previa, nos sentimos orgullosas por la visibilidad de las Madres Buscadoras en México, del debate sobre la apropiación fascista de los símbolos nacionales a partir de la camiseta de Colombia y de la trivia sobre fútbol y política que nos interpeló. Porque sí, lo politizamos todo.

Con el correr de los días, vimos niñeces, jóvenes y personas mayores emerger desde los rinconcitos de esta tierra, del barro y del barrio, con la sonrisa hacia el sol patrio. Fue lo que nos contamos entre nosotras: el cartonero cantando canciones de aliento en las calles del Conurbano bonaerense mientras revolvía la basura, juventudes cantando “abuela lalalalala” abrazando a una jubilada, en el tren que vende empanadas porque la jubilación no alcanza ni para pagar el gas que ni abriga.

A la par, quienes leemos críticamente la creación de contenido en las redes sociales. Comenzamos a preocuparnos por una tendencia que se denunció, intentamos frenar con diálogo, pero que sin embargo prendió sobre el prejuicio que ya existía. Que si somos racistas, que si somos sionistas, que si nos manifestamos lo suficiente por el genocidio en Palestina. Se sumaron amigues, compas de militancia de años, internacionalistas, dirigentes de partidos de izquierdas, artistas que se ponen remeras del EZLN para cantar ante multitudes.

Mientras, llegó el partido contra Inglaterra. Y no, no lo pueden entender. No saben lo que significa para quienes nos criamos con el dolor del terrorismo de Estado en el corazón. Que jugadores de fútbol criados en las mismas escuelas públicas que nosotras levanten un trapo ideado por el ingenio y la creatividad popular es una representación digna. Es lo que nos enseñaron Madres y Abuelas cuando transformaron la Plaza de Mayo en una cancha y es lo que hicimos con los pañuelos verdes cuando los transformamos en un símbolo que recorrió el mundo a la par de nuestra rebeldía.

Confundir al pueblo con sus gobernantes, olvidar las luchas, sus padecimientos materiales y sucumbir ante una operación que pretendió poner a una Selección de fútbol conformada por plebeyos a la altura o por encima de la responsabilidad histórica de los imperios saqueadores de los recursos en nuestra región es el mayor éxito de la cultura del fascismo.

Este Mundial también dejó una enseñanza para nuestra región: leer lo que ocurre desde el Sur y no desde las categorías que impone el poder. Cada vez que aceptamos esas miradas, terminamos reproduciendo fronteras, rivalidades y prejuicios que nos alejan de quienes comparten nuestras mismas heridas históricas. La solidaridad entre los pueblos exige reconocer esas trampas, no alinearse con quienes nos han saqueado y defender la posibilidad de encontrarnos en la memoria, la resistencia y la alegría popular.

Nos vieron sonreír en las calles y nos odiaron. Nos vieron abrazar a todo el mundo y nos criticaron alentando la desinformación. Nos vieron perder en la cancha como luchamos día a día para comer y dar de comer y se burlaron. Miles de personas que se juntaron en la Ciudad de Buenos Aires para aprovechar el ratito de felicidad con lxs otrxs fueron ferozmente reprimidas tras cada partido (inclusive en la final) y lo invisibilizaron. Se pusieron del lado del conquistador y de eso no se vuelve. Pero acá estamos, estallando en mil pedazos por el fascismo interno y externo. Ni olvido ni perdón: seguiremos sosteniendo popularmente las banderas de la liberación. Porque las mareas descansan, pero siempre vuelven.

Con hambre, sin llegar a fin de mes, con deudas y desamor acá estamos: apuntando la sonrisa desordenada al sol, que a veces ni siquiera se digna en abrazarnos. Guardar silencio no es lo mismo que callar. Orgullosa de la rebeldía de esta tierra.

La alegría popular es antifascista.

Foto: Dronera / Lucía Hernández

Source

Por Estefanía Siniscalchi | Foto: Rocío Prim

En el marco del Mes del Orgullo, que se celebra cada junio en todo el mundo en conmemoración a los disturbios acontecidos en Stonewall, Nueva York, en 1969 y que dieron pie a los movimientos por los derechos LGBTTIQNB+, es importante reivindicar las luchas aún vigentes y trabajar en que sea un mes de reflexión y visibilidad, más allá de las estrategias de marketing que suelen teñir a las grandes marcas de color arcoiris.

Hace un mes, en Argentina se celebró el día de la patria trans, más precisamente el 24 de mayo. Y mientras el calendario patrio volvía a poblarse de discursos oficiales sobre la “Nación” y la “libertad”, en Plaza de Mayo otra voz colectiva insistió con una pregunta incómoda: ¿Qué patria hubo históricamente para las travestis y trans en Argentina?

Bajo la consigna, organizaciones y activistas nucleadas en Las Históricas Argentinas realizaron una nueva jornada de lucha para exigir la aprobación de una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans. La convocatoria reunió a sobrevivientes de décadas de persecución policial, exclusión social y violencia institucional, junto a organizaciones feministas, transfeministas y del colectivo LGBTTIQNB+ de todas las edades.

Este día no es solo una fecha conmemorativa: Plaza de Mayo volvió a convertirse en un territorio de memoria política y denuncia. Una memoria que no habla en abstracto, habla de edictos policiales, detenciones arbitrarias, expulsión de hogares, escuelas y trabajos. De vidas marcadas por la clandestinidad forzada y un promedio de vida históricamente reducido por la violencia estructural.

“Memoria, verdad, justicia y una vejez digna”

Así lo sintetizaron desde la organización. Porque el reclamo por Reparación no apunta únicamente al reconocimiento simbólico, sino que exige políticas concretas para quienes sobrevivieron a un sistema que les negó derechos básicos durante décadas.

La demanda por una Ley de Reparación Histórica Travesti Trans lleva más de quince años de construcción colectiva. En ese recorrido quedaron muchas compañeras en el camino, sin acceso a jubilaciones, vivienda, salud ni condiciones materiales para una vejez digna. La democracia argentina, señalaron las activistas, mantiene todavía una deuda profunda con quienes resistieron la persecución estatal incluso después del retorno democrático.

La jornada también tuvo el formato de encuentro popular y cultural. Hubo festival artístico, lecturas, música, clase abierta de baile y olla popular. Porque la organización comunitaria aparece, otra vez, como respuesta frente a la precarización y el abandono. Entre artistas, activistas y referentas históricas, la Plaza se llenó de cuerpos y voces que disputan el sentido mismo de patria. Una inclusiva dónde la diversidad logre los mismos derechos.

Así lo recuerdan los testimonios de Marcela Saibek, Micaela Pérez y Erika Moreno que reconstruyen décadas de persecución, detenciones arbitrarias, exclusión laboral y violencia estatal que aún esperan reconocimiento y reparación porque para el colectivo travesti/trans la violación a sus derechos no terminó con el retorno de la democracia. Esa es la deuda que el Estado debe reconocer y reparar.

“Nos tienen que reparar primero porque nosotras aportamos como todas, pagamos impuestos como todo ser humano. Pero aparte de pagar con el cuerpo, con los golpes y con las cosas que vivimos, teníamos que pagarle a todos por el arreglo. Eso que estamos reclamando es nuestro”, afirma Marcela Ángela Saibek de García Sopeña, integrante de Las Históricas, en referencia a las coimas que les obligaban a pagar.

La organización nació a partir de encuentros entre sobrevivientes que comenzaron a reunirse después de la pandemia para impulsar el reclamo. Lo que empezó como reuniones informales terminó convirtiéndose en un movimiento federal integrado por activistas de distintas provincias. El nombre surgió durante una caminata hacia Casa Rosada para entregar una carta al entonces presidente Alberto Fernández.

“Parecemos Las Históricas Argentinas”, recuerda Marcela entre risas. El nombre quedó para siempre.

Pero detrás de esa anécdota aparece una historia mucho más dura. Las entrevistadas relatan detenciones arbitrarias, violencia policial, expulsión de sus hogares, imposibilidad de acceder al trabajo formal y años enteros de persecución sistemática. “Nosotras estuvimos presas años y no tenemos antecedentes. Los golpes, las violaciones, los garrotazos, todo eso lo sufrimos. Entonces, ¿cómo se entiende?”, se pregunta Marcela.

Para las integrantes del colectivo, la ausencia de registros oficiales constituye una de las pruebas más contundentes de la violencia estatal. Muchas fueron detenidas decenas de veces sin que esas detenciones quedarán asentadas formalmente. Micaela Josefina Pérez, de 62 años, se define como “un testimonio vivo” de aquella época. Sobreviviente de la dictadura, los edictos policiales y la persecución en democracia, recuerda que fue detenida en reiteradas oportunidades y que terminó exiliándose del país en el año 2000.

“Yo me exilié cansada de mis detenciones. Estuve en Devoto varias veces por 15, 20 y 30 días solo por el hecho de ser travesti”, relata. Su historia refleja uno de los argumentos centrales del reclamo: el Estado persiguió a las personas travestis y trans y también les impidió construir una vida laboral que les permitiera acceder a derechos básicos.

“A mí me sacaban de la peluquería. Las dueñas tenían que ir a buscarme a la comisaría. Después de la cuarta o quinta vez me echaban del trabajo. Nos empujaron al mundo de la marginalidad y la prostitución”, recuerda Micaela. La consecuencia de esa exclusión sigue presente hoy. Muchas de las sobrevivientes llegaron a la adultez sin aportes jubilatorios, sin vivienda propia y con graves problemas de salud derivados de décadas de precarización. “No hay tiempo. Nos seguimos muriendo”, advierte Micaela. “Lo único que pedimos es que se dignifique el resto que nos queda por vivir”.

“Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”

Para las activistas, la Reparación Histórica no busca privilegios ni beneficios extraordinarios sino reconocer que existió una política sistemática de exclusión social que dejó secuelas materiales y simbólicas en travestis y trans y que persisten hasta el presente.

Erika Noely Moreno, activista fueguina e integrante de Las Históricas, lo sintetiza con claridad: “La reparación histórica es reconocer el genocidio que nos hicieron. No nos dejaron estudiar, trabajar, comprar una vivienda ni hacer aportes jubilatorios. Ahora necesitamos la reparación porque no nos dejaron construir nada”.

Moreno señala además que el negacionismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para avanzar. “¿Por qué cuesta tanto entenderlo? Porque no se hacen cargo. No se hacen cargo de que nos tiraban agua caliente, de que nos cagaban a tiros, de que nos detenían. Fuimos a buscar los registros y no hay nada”.

Para las entrevistadas, la Ley de Identidad de Género representó un punto de inflexión. Pero remarcan que el reconocimiento legal no alcanzó para reparar décadas de exclusión estructural. “Para nosotras la democracia llegó recién en 2012”, afirma Micaela. “Antes no podíamos caminar tranquilas por la calle”.

En la Plaza de Mayo, la memoria ocupa un lugar central. Cada actividad recuerda a las compañeras que murieron sin haber visto reconocidos sus derechos. “Pensé que estábamos todas muertas”, confiesa Erika al recordar el encuentro con otras sobrevivientes. “Eso también fue lo que me llevó a militar con Las Históricas: que todavía estamos vivas”.

Esa idea atraviesa toda la construcción política del colectivo. Las Históricas se reconocen como memoria viva de una experiencia que durante décadas fue invisibilizada. “Somos pequeños libros abiertos de esa época”, dice Marcela. “Después esto ya no se va a hablar con nosotras. Lo van a tener que ir a buscar a los libros. Por eso es importante que nos escuchen para que no vuelva a pasar”, agrega.

Es que, como repiten cada 24 de mayo, no puede haber una democracia plena mientras quienes sobrevivieron a la persecución estatal sigan esperando que el Estado reconozca el daño que les causó. Uno de los puntos más fuertes de su discurso político es la idea de “supervivencia”. Muchas de sus integrantes remarcan haber sobrevivido a una expectativa de vida históricamente bajísima para el colectivo travesti trans en Argentina.

Desde allí, el reclamo de reparación no aparece solamente como una demanda económica, sino como una política de memoria y justicia frente a una violencia estructural que marcó generaciones enteras.

A través de sus redes, el colectivo también reivindica una dimensión afectiva y cultural de la militancia: la celebración de las identidades travestis y trans, la construcción de comunidad y la transmisión intergeneracional de la memoria. Por eso, su trabajo dialoga con experiencias como el Archivo de la Memoria Trans Argentina y otros espacios dedicados a preservar las historias de vida travestis y trans en el país.

Source

Por Redacción Marcha con producción de Mariángeles Guerrero desde Bogotá.

“El cambio social democrático profundo de la sociedad colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente”, dijo Iván Cepeda ante un público eufórico que lo aplaudió ante cada frase que pronunció. El candidato del Pacto Histórico salió al escenario del Royal Center, en Bogotá, luego de que se diera a conocer el último informe de la Registraduría Nacional que lo ubicó con el 48,70% de los votos a menos de un punto de su contrincante el abogado de extrema derecha, Abelardo de la Espirella (Defensores de la Patria), que consiguió el 49,65%. Justamente por ese margen estrecho, que es inédito y que estuvo acompañado por una participación histórica, anunció que aún no reconocerán los resultados, sino que esperarán al escrutinio definitivo.

“El preconteo que se ha realizado, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni es vinculante. Reconocemos el resultado, pero debemos decir que nuestros equipos están procediendo a intimar 33 mil mesas en todo el país -un 25% del total de las mesas del país, unos 5 millones de votos-, una por una deberá ser objeto del escrutinio”, sostuvo ante una masa que esperó que finalizara el discurso para salir caminando hacia el Corferias, el puesto de votación más grande del país en defensa de los votos ante un proceso que puede demorar hasta una semana.

La militancia, sin embargo, no fue sola, autoconvocadxs movilizadxs también atravesaron Bogotá de manera pacífica para mostrar su apoyo a Cepeda y acompañar el conteo final, al poco tiempo desconcentraron para evitar que la concentración sea utilizada como excusa que pudiera obstaculizar el conteo, pero hasta entrada la noche persistían en las calles. Desde el Pacto Histórico convocaron a abogadxs para verificar el proceso.

Durante toda la jornada circularon en redes sociales videos y fotos de cientos de personas de las zonas rurales movilizándose en canoas, camiones y caminando durante horas para poder llegar a los centros de votación ante una elección en la que se “juega la vida”, en palabras del presidente, Gustavo Petro, y en un escenario que estuvo atravesado desde el 31 de mayo pasado por la tensión en lo que también puede significar un cambio de signo político hacia la extrema derecha en uno de los países más importantes de la región sudamericana.  

En ese contexto, Cepeda se dirigió ante la militancia y pidió a sus equipos de abogados y colaboradores a que estén “atentos al escrutinio de cada una de las mesas sus actas y sus resultados” porque una vez que se produzca el resultado final del escrutinio se hayan hecho las verificaciones correspondientes, entonces, reconocerán el resultado oficial. “Cepeda, amigo, el pueblo está contigo”, cantaban desde abajo.

El candidato del Pacto, además, destacó la participación del 63.59% del padrón -un número inédito en un país en donde la votación no es obligatoria-, criticó la injerencia extranjera y saludó a quienes lo acompañaron durante la campaña. “Estamos ante el pueblo para decirle que somos una fuerza indiscutible en Colombia”, sostuvo, teniendo en cuenta que la fuerza política del Pacto Histórico se impuso en las elecciones legislativas del 8 de marzo y para dejar como mensaje a sus contrincantes que no permitirán que retrocedan las conquistas sociales conseguidas. 

“Somos una fuerza resistente que somos capaces de sobrevivir en las peores condiciones si es necesario”, dijo y, a continuación, llamó al diálogo y a buscar un “acuerdo nacional” que permita “resolver los grandes problemas estructurales e históricos de la sociedad colombiana”.

“Vamos al escrutinio, a la movilización social, a continuar construyendo los grandes cambios y transformaciones que requiere Colombia”, cerró.  

Por qué Colombia aún no tiene presidente electo 

Aunque varios medios de comunicación dieron como ganador a De la Espirella en la noche de este domingo, lo cierto es que los resultados aún no están. En tanto, pasadas casi cuatro horas desde el cierre de las mesas, el candidato de la extrema derecha apadrinado por el estadounidense Donald Trump tampoco se pronunció. Tampoco lo hicieron las autoridades electorales, que sólo se limitaron a dar a conocer los datos del preconteo, hasta el mismo registrador, Hernán Penagos, reconoció que se trata de información “no vinculante”.

Además, hay otro dato clave: en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2022, el preconteo arrojó para el Pacto Histórico 2.302.847 votos en el Senado; y luego el escrutinio oficial elevó esa cifra a 2.830.902 votos, es decir, una diferencia de 528.105 votos.

1. Porque el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante 

No es el escrutinio definitivo. Según la misma Registraduría en su página web, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 2 de la Resolución No. 1706 de 2019 del Consejo Nacional Electoral, los boletines expedidos por la Registraduría Nacional durante el preconteo “no son de carácter vinculante y tienen mero carácter informativo, por lo que no pueden considerarse como documentos electorales que definan una elección”. 

Allí, explican que “los porcentajes se calculan y muestran con reducción a 2 dígitos a la derecha del separador decimal (término matemático: truncamiento a 2 decimales). 

El preconteo ocurre en varias etapas: primero, los jurados cierran la mesa de votación y abren la urna. Luego cuentan los votos, los clasifican y registran la información en las actas correspondientes. Después, esos datos son transmitidos para su consolidación. Con esa información, la Registraduría publica boletines que muestran el avance de la votación, el porcentaje de mesas informadas y los votos obtenidos por cada opción.

Este proceso permite que ciudadanos, campañas, medios de comunicación y autoridades sigan la evolución de los resultados durante la tarde y noche electoral.

Los datos que muestran son: porcentaje de mesas informadas, votos obtenidos por cada fórmula presidencial, porcentaje de votación de cada candidatura, votos en blanco, nulos, no marcados y el avance general del preconteo. 

El escrutinio, en cambio, es el proceso oficial de revisión y consolidación de los resultados. Allí se verifican actas, formularios, reclamaciones y documentos electorales.

2. Porque aún faltan escrutar los votos de la colombianidad en el exterior.

El voto en el exterior y las alertas de la Misión Internacional 

Para el sistema electoral colombiano, la participación electoral de los votos en el exterior opera con un control institucional débil, pero puede resultar determinante en una contienda ajustada y persistente a una falta de fiscalización entre el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría. 

“Los votos del pueblo colombiano en el exterior deben ser los primeros en escrutarse, sin excusas”, advierte

El trabajo de la comisión se apoya en cuatro funciones: observación en el terreno, registro de las respuestas institucionales, análisis del contexto e identificación de los problemas estructurales.

En el plano judicial, el contexto incluye la denuncia penal presentada por el senador y candidato Iván Cepeda ante la Fiscalía General y la Corte Penal Internacional contra De la Espriella por presuntos vínculos con la financiación del paramilitarismo.

Por otra parte, la Misión Internacional registró las siguientes alertas: designación desequilibrada de jurados en algunos Consulados, riesgo de voto múltiple por el carácter semanal de los comicios y mesas con compartimentos atípicos señalados en la primera vuelta. También marcó la inscripción atípica de jurados, presuntamente turistas, que viajaron al Mundial.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la acreditación de la misión designada por el Pacto Histórico y otorgó solo tres cupos para la instalación, a la cual asisten 700 personas. En la capacitación impartida por el CNE, la misión consultó por metodología de escrutinio y conservó las respuestas como evidencia documental. De ella se desprende que el propio CNE reconoce que no cuenta con una herramienta tecnológica propia para escrutar. El conteo se realiza de forma manual sobre decenas de miles de mesas y no existe un protocolo unificado. Otro aspecto señalado es que el preconteo de la Registraduría es informativo y no vinculante.

“Una parte sustancial de la operación electoral está a cargo de una empresa privada, lo que plantea exigencias de transparencia y auditabilidad de software que la observación debe poder verificar. El escrutinio, fase más decisiva y a la vez la menos observada, carece de protocolo unificado. Se realiza manualmente y sin transparencia plena de cara a la ciudadanía”, refirió.

3. Porque desde la campaña de Iván Cepeda se está denunciando la existencia de actas sin firmar. 

La firma del jurado en el tarjetón o boleta sirve como medida de control. La preocupación ciudadana radica en que, si un tarjetón carece de ella, pueda ser declarado nulo posteriormente, aunque la Registraduría aclaró que este error de los jurados no anula el voto del ciudadano, la falta de esas firmas puede poner en dudas un acto electoral que se juega voto a voto.

Esas mesas deberán ser revisadas, según el pedido que hizo Cepeda. 

Source

Por Carla Perelló, desde São Paulo y Mariángeles Guerrero, desde Buenos Aires | Foto: Julianite Calcagno (Archivo Marcha -2022)

El 2026 es un año clave para América Latina y el Caribe y, también, para Brasil: en el ese país, el presidente y exsindicalista, Luiz Inácio Lula da Silva, planea conquistar su cuarto mandato y, así, intentar darle una estocada a la expresión local de la ultraderecha que encarna la familia Bolsonaro. Sin embargo, esa tarea no parece ser sencilla a cuatro meses de las elecciones. En el orden interno, el bolsonarismo se reorganiza en el Congreso Nacional con el centrão –conjunto sin ideología definida– como principal aliado para presionar al Ejecutivo; y en el exterior se articula con el gobierno de Estados Unidos. Lula sortea obstáculos dentro y fuera del país.

Desde fines de abril la batalla entre el partido de Gobierno y la oposición es incesante y, en ese contexto, los medios de comunicación no se quedaron atrás: declaran la muerte y la sobrevivencia del presidente, así como filtran audios vinculando a hechos de corrupción al precandidato presidencial opositor, Flávio Bolsonaro, que irrumpió en medio de un escenario tenso para todas las partes.

“Creo que podemos leer lo que pasa en el Congreso como un gran desafío que tendremos para enfrentar a la extrema derecha, que se alinea con el centrão que paraliza el Congreso y roba los recursos del Ejecutivo. Tenemos un desafío gigante que es cambiar la cara de la política eligiendo senadores y diputados que tengan compromiso con la democracia y con la justicia”, analizó ante Marcha Noticias la diputada federal por el PSOL, Erika Hilton.

Para poner un poco de contexto: desde fines de abril el Congreso Nacional se convirtió en el escenario de la disputa electoral. Primero, el centrão -que tiene en sus filas a partidos con gran capilaridad territorial en la oposición y, otros, que son parte de la base política del gobierno- se articuló con la extrema derecha bolsonarista para rechazar la postulación de Jorge Messias para ser ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), también rechazaron el veto y dejaron firme la ley de dosimetría para reducir las penas de bolsonaristas condenados por el intento de golpe del 8 de enero, inclusive al propio Jair Bolsonaro –condenado a 27 años de prisión. Luego, el Gobierno obtuvo su revancha con la aprobación en Diputados de una reforma laboral que reduce de seis a cinco días y de 44 a 40 horas máximas de trabajo, pero la discusión ahora en el Senado está en vilo.

Luego de que los medios declararan la muerte política de Lula por el rechazo al ministro que había indicado el STF –algo que algunos medios catalogaron como un “quiebre institucional”, porque no había pasado en 132 años-, el mandatario renació de entre las cenizas con un viaje a Estados Unidos en el que se reunió con Donald Trump y, tras una reunión de tres horas, le sacó una sonrisa para la foto. Los medios no sólo destacaron las maniobras, sino que hasta se sorprendieron de que haya impuesto la agenda: quita de tarifas a los productos brasileños y ampliación del comercio, fin de las guerras en la región y en Irán y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una de las banderas del mandatario en la arena internacional.

Afuera quedó, por ejemplo, la agenda de Seguridad Nacional con un Estados Unidos que impone a los presidentes aliados de la región que el combate contra el crimen organizado sea bajo la doctrina de la “guerra contra el terrorismo”, como hicieron hasta ahora Javier Milei, en Argentina; Daniel Noboa, en Ecuador; o Santiago Peña, en Paraguay. Pero no demoró en llegar: Flávio Bolsonaro también viajó a Estados Unidos y logró que el país del norte declarase como organizaciones terroristas al Comando Vermelho y al PCC, dos organizaciones criminales con origen en Brasil, lo que se lee como un primer paso en la interferencia de las elecciones desde el exterior.

Aunque los títulos de la prensa local fueron rimbombantes, desde el progresismo, analistas y periodistas que se mueven en las entrañas del poder en Brasilia no subestimaron esos movimientos. Es que las escenas en el Parlamento trajeron a la memoria el golpe a Dilma Roussef (2016) y la tentativa de romper el orden constitucional del 8 de enero contra Lula, acciones que obtuvieron -sobre todo en el primer hecho- la venia de una élite política y económica -el centrão-, que busca mantener un statu quo que la beneficie. Un margen de maniobra que obtiene por generar amplias articulaciones: así como se articula con la extrema derecha, algunos de los partidos de este grupo como Unión Brasil y Progresistas también son parte de la base del gobierno de Lula.

En esa línea, para Hilton -que confirmó a este medio que será candidata para renovar su banca- “la correlación de fuerzas todavía está muy difícil” de cara al 4 de octubre, cuando serán las elecciones. Según su análisis las trabas se encuentran en que el Gobierno “tiene dificultades para popularizar grandes logros” como la caída del desempleo a marcas históricas (6,1% según datos oficiales en el primer trimestre de 2026). Por eso el desafío será “dar vuelta el tablero, salir a la calle, a las redes, usar todos los espacios posibles para transmitir estas conquistas”, sostuvo.

Del otro lado, a su entender, las debilidades están en las contradicciones que muestran. “Tenemos que poder exponer y explotar esas contradicciones que aparecen”, dijo Hilton. Entre ellas, el hecho de levantar la bandera contra la corrupción y, al final, ser protagonista de unos de los mayores escándalos de corrupción en la historia del país. Es el caso del Banco Máster, en el que se investiga al banquero Daniel Vorcaro en lo que podría ser uno de los mayores fraudes en la historia del país contra el Sistema Financiero Nacional, con sospechas de emisión de títulos de crédito falsos.

La trama fue develada en noviembre y, hasta ahora, son varios los nombres políticos que parecen estar involucrados, pero ninguno como el senador del PL Flávio Bolsonaro, cuya imagen de cara a las presidenciales iba in crescendo hasta que el medio Intercept filtró una serie de audios, mensajes y documentos que muestran la cercanía con Vorcaro -a quien llama de “hermano”-, al pedirle 134 millones de reales para financiar la película “Dark Horse” sobre Bolsonaro padre, condenado a 27 años y tres meses por liderar la organización criminal que intentó el golpe de Estado de 2023.

Además, se sospecha que parte de esos fondos fueron destinados a Eduardo Bolsonaro, otro de los hijos del clan, destituido de su banca de diputados tras haberse autoexiliado a Estados Unidos. Desde entonces, los medios comenzaron a apuntar sobre el “desgaste” de Flávio. Globo, por ejemplo, dio a conocer que un reconocido banco solicitó una encuesta para sondear el impacto y así decidir a quién dará el apoyo.

Aún así, “no podemos subestimar la capacidad con la que el fascismo se reorganiza”, sostuvo Hilton al momento de exponer en el encuentro internacional antifascista “La salida es por la izquierda”, organizada por la Fundación Rosa Luxemburgo en San Pablo el 16 de mayo pasado. En ese sentido, la diputada afirmó que serán las mujeres el actor clave en estos comicios: “Somos nosotras la resistencia y el cordón sanitario en las comunidades, en las fábricas, en el Parlamento, porque la urgencia y la prisa nuestras es mucha. Estamos atrasadas en muchas luchas para la constitución de nuestra dignidad, de nuestros derechos humanos, políticos y sociales, por eso tenemos este claro compromiso”, dijo.

En el mismo encuentro compartió su balance de situación el ex secretario de relaciones internacionales del PT y actual director de la Fundación Perseu Abramo, Valter Pomar. Durante su exposición en la mesa que compartió con Hilton, aportó una mirada desde el orden internacional: “No vivimos una crisis de la democracia y de las instituciones, sino del modo de producción y reproducción capitalista, por eso tenemos que colocarnos en un escalón radical mucho más alto. Nos contentamos con una plataforma progresista, vamos hasta la página 2 del libro y así no conseguimos ni cambiar el mundo ni derrotar a la extrema derecha”, manifestó.

Eso, dijo ante Marcha Noticias, fue algo de lo que sucedió durante este tercer gobierno de Lula, por lo que avizora un triunfo electoral “ajustado” cuyo desafío estará en buscar los votos en la clase trabajadora, las mujeres, negros y periferias. “Volvimos al gobierno, hubo mejoras, pero no recuperación de todas las pérdidas que la población viene teniendo desde 2015, que no sólo fueron materiales, sino culturales, políticas y simbólicas”, sostuvo. 

El “principal error” dijo, “es que la mediación entre el pueblo y el gobierno -o la izquierda- está en manos de medios de comunicación controlados por la derecha y no hicimos nada para cambiarlo”. El segundo, sostuvo, “fue creer que despacito llegamos lejos: deberíamos haber triplicado la inversión pública para tener un resultado social, económico y político mejor”.

A su entender, “la internacional fascista sabe que las batallas decisivas están siendo en nuestra región, la derecha brasileña también tiene claro eso”, apuntó. Planteó que “la única manera de cambiar el lugar de América Latina en el mundo es cambiando la naturaleza social de nuestros países de la región: acabar con la deuda externa, acabar de verdad con la desigualdad, tener una democracia popular de verdad y no una democracia institucional liberal, un nuevo tipo de desarrollo y una política de integración regional con una manera efectiva de combatir al imperialismo”.

En esa línea, su propuesta es que las izquierdas latinoamericanas y caribeñas deben “disputar el futuro, ser portadores de la esperanza” y no limitarse a ofrecer alternativas para la sobrevivencia cotidiana. “Organizar la rabia y defender la alegría”, insistió, debe ser el motor político.

El desafío de los partidos políticos de izquierda 

En el encuentro de organizaciones en San Pablo Andreas Behn, director de la Fundación Rosa Luxemburgo en Brasil. expresó: “Queremos construir mecanismos contra el avance de la extrema derecha. Estamos convencidos de que solamente puede ser combatida a través de propuestas progresistas”.

¿Qué implica hoy una agenda de izquierda? En palabras de Behn, es aquella que se compromete con la justicia social, contra todo tipo de injusticia y discriminación, contra el racismo, el sexismo y en favor de minorías y migrantes. Puntualizó: “Si lo queremos definir, se basa en los derechos humanos, en la dignidad humana”. Por ello, propusieron encontrarse para pensar alternativas. El futuro en un contexto de crisis humanitaria y de guerras en donde “La salida por la izquierda” se volvió más que un simple lema, sino un llamado urgente.

“Sabemos a dónde lleva el fascismo. En Alemania lo sabemos muy bien. También lo vemos en Argentina y Brasil donde Bolsonaro no avanzó mucho, pero sabemos que su agenda es la destrucción de los derechos humanos”, analizó. Agregó que, en el contexto actual, los desafíos son muy grandes porque se observa a una extrema derecha que avanza a través de elecciones, pero con propuestas antidemocráticas, como el uso de fake news y de mentiras en los medios de comunicación. “Esto funciona porque no hay un cuestionamiento y hay mucha gente abierta a esas noticias falsas porque está en una situación muy difícil socialmente. Ya que no hay o es difícil para ellos escuchar respuestas que sirvan, las propuestas que llaman al odio y a la división de la gente, funcionan. Ven en ese discurso algo que los representa porque tienen rabia por la situación social creada por el neoliberalismo”.

En este aspecto, puso la lupa sobre la comunicación política. “Las fuerzas progresistas o interesadas en los derechos humanos tenemos mensajes más complicados porque sabemos que las soluciones no son tan fáciles, ni están claras. Entonces es mucho más difícil comunicar propuestas reales en lugar de proponer mentiras”. En cambio, propuso cambiar el estilo, pasar a mensajes cortos y tener un discurso más adaptado. “Tenemos que ver dónde realmente están los problemas de la gente. Esos problemas muchas veces son mucho más concretos: falta de dinero, impuestos altos, alquileres altos, inflación. Como fuerzas de izquierda tenemos que desarrollar medidas concretas para estas cuestiones”, dijo. Y subrayó la importancia de la escucha.

Además, marcó que, tanto en la jornada de San Pablo como en otra similar realizada en Berlín (en marzo del año pasado), se invitó prioritariamente a los partidos políticos de izquierda. “Eso no quiere decir que pensemos que son los actores más importantes. Fue una decisión pragmática porque vimos que el poder de articulación entre los partidos de izquierda es más bajo que entre los movimientos”, explicó.

Esa apuesta se da en un contexto crítico en términos de representación partidaria. La elección de Javier Milei, con un discurso anti-estado y antipartidos, del propio Bolsonaro; la tibia oposición argentina y el juego político del centrão en Brasil son síntomas de una crisis institucional que no es nueva en la región. Ante eso, ¿cómo pueden los partidos de izquierda estar a la vanguardia en la lucha contra la extrema derecha? Behn consideró que ese contexto crítico es producto de la deslegitimación que la extrema derecha realiza respecto a cómo funciona la democracia y reconoció que “tampoco funciona de la mejor manera o de la manera que quisiéramos, aunque al menos es democrático y no es dictatorial”.

En esa línea, hizo énfasis en la tarea para los partidos de izquierda: “Desarmar ese discurso en contra de los partidos, en contra de la política en general. Y convencer a la gente de que, si va para el lado de la extrema derecha, va a perder los pocos derechos que todavía tienen”.

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

El punto de encuentro es la parroquia del barrio. Allí, seis mesas de plástico con seis tableros de ajedrez están dispuestos sobre la calle, la corta y angosta Carrera 66. El bar, la papelería, la barbería, no saben de la siesta. Un hombre de barba blanca reparte volantes. Más allá, dos compañeros suyos traen leña para calentar el agua: más tarde habrá canelazo, bebida de maracuyá, aguardiente, hierbas y canela. “La gente va a ir llegando a eso de las dos, después de comer”, dice José Cuesta Novoa, concejal de Bogotá, donde se encuentra el barrio La Madelena. 

Entre las calles angostas se alzan edificios de colores, la mayoría de tonos ladrillo que brillan al sol del mediodía. Ciudad Bolívar es la localidad número 19 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicada en el sur de la ciudad y está conformada por más de 300 barrios. Viven allí cerca de un millón de personas. Cuesta Novoa explica que las viviendas son parte de una transformación de los barrios populares de la ciudad en propiedades horizontales: el 70 por ciento de la población de la ciudad vive en este tipo de urbanización.

Siguen los preparativos para el convite. Alguien trae un parlante, otro un micrófono y enseguida suena la salsa y la cumbia. No falta quien toma el micrófono y canta con fervor canciones como La Suegra o El Venado. Y que, claro, invita a bailar a quienes van llegando. Pero el centro de todo es la campaña electoral. El domingo habrá elecciones en Colombia y es clave que la gente conozca las propuestas de la fórmula presidencial de Iván Cepeda y Aida Quilqué: revolución desde los territorios (lo que implica por ejemplo dotar al 80 por ciento de los municipios rurales de agua potable), revolución agraria, educación como derecho, con énfasis en la ruralidad y austeridad en el gobierno.

Lo central, lo que está en el centro, es la alegría, la política, la comunidad. Mary Galindo vive en la vecina localidad de San Cristóbal, en el barrio Ciudad de la Santa Rosa, uno de los más vulnerables de la ciudad. “Estoy aquí porque me gusta la juntanza, promover la solidaridad con nuestros vecinos”, dice a Marcha Noticias.

“Hacemos reuniones comunitarias y canelazos y charlamos, hablamos de las reformas, de lo que el pueblo necesita, de las quejas, de las reclamaciones. Y tratamos de buscar soluciones en lo que está al alcance de nosotras, de las madres comunitarias”, relata.

Las madres comunitarias, explica, son madres que se organizan en las localidades de la ciudad para salvaguardar a los niños y jóvenes con actividades, talleres y ollas comunitarias. “Hacemos muchas cositas así pues para indicarles dónde pueden conseguir cursos, dónde pueden estudiar, porque hay mucha gente que no sabe”, agrega.

También ayudan a conseguir turnos médicos de adultas y adultos mayores. Cuando se le consulta qué opina sobre la política de cuidados iniciada por el gobierno de Gustavo Petro, responde: “Muy buena, excelente. Antes no nos apoyaban, nadie se preocupaba por los cuidadores. Todos preguntan por el enfermo, pero no por la persona que cuida y la persona que cuida muchas veces tiene muchas cargas emocionales, psicológicas y físicas”. El documento Conpes, de Consejo Político, Económico y Social —-principal órgano de planificación del gobierno nacional— aprobó en 2025 el Documento Conpes 4123, que sienta las bases del sistema nacional de cuidados. Señala entre sus objetivos “velar por la garantía del goce efectivo a cuidar en condiciones dignas, así como reconocer y fortalecer las formas colectivas, comunitarias y prácticas de cuidado propias de comunidades campesinas y pueblos étnicos, como pilar del sostenimiento de la vida”.

Cuesta Novoa es además filósofo y autor de cinco libros, entre ellos “Adónde van los desaparecidos”, en el que cuenta su experiencia como sobreviviente a la desaparición forzada por haber pertenecido a la guerrilla M19. Explica que el sistema político colombiano tiene importantes avances en términos de autonomías territoriales y descentralización de la política administrativa y financiera. En Bogotá, el alcalde es Carlos Fernando Galán (del partido Nuevo Liberalismo, que apoya a nivel nacional a Paloma Valencia). El 70 u 80 por ciento del desarrollo de la ciudad corre por cuenta del gobierno local. Pero las decisiones que se toman a nivel nacional impactan en las localidades y los barrios: Ciudad Bolívar no es la excepción.

Señala: “Hemos logrado, a lo largo de los últimos cuatro años, desarrollar una política sistemática y permanente del salario mínimo. Demostrando que, a diferencia de lo que plantean los neoliberales sobre que si se eleva el salario mínimo se eleva la tasa de inflación y la tasa de desempleo, logramos la reducción al 8.8 de la tasa de desempleo. Y la tasa de inflación a lo sumo estará en 5 o 6 por ciento”.

“Una de las cosas que ha dicho con mucha claridad el presidente Petro es ‘si en las mesas de todos los colombianos al momento del almuerzo, del desayuno y de la cena hay más comida que cuando surgió el estallido social de 2021, ya ganamos’. Ahora mismo, en todas las casas y apartamentos de Ciudad Bolívar hay más comida en las mesas. Y eso es una gran revolución, sobre todo porque nuestro gobierno llegó entre otras cosas como resultado del estallido social”, describe. 

En 2021 hubo una serie de manifestaciones contra el entonces presidente Iván Duque por una política fiscal que incrementó los impuestos sobre la comida. El concejal recuerda que entonces había gente comiendo en los basureros y que por eso la gente salió a protestar. Y marca que lo que logró el gobierno de Petro es la seguridad alimentaria.

Pero también apunta a la soberanía alimentaria. Alude al páramo de Sumapaz, localidad de Bogotá, donde se fomento que los campesinos de la región provean de alimentos a la ciudad. Esa iniciativa, indica, fue parte del programa Hambre Cero de Gustavo Petro. 

En Ciudad Bolívar hay una porción importante de los 3,5 millones de pobres que salieron de la pobreza  en Colombia gracias al incremento del salario mínimo vital que está hoy en 2 millones de pesos. “Vivimos ya una experiencia maravillosa de la mano también de Petro (como alcalde) con Bogotá Humana. Fui subsecretario de ese gobierno y logramos sacar 1.4 millones de bogotanos de la pobreza”, comenta.

De cara a las próximas elecciones, señala que el gobierno del Pacto Histórico estuvo siempre bloqueado por los poderes fácticos, las oligarquías financieras, las oligarquías políticas que están incrustadas en los espacios de poder. Pone como ejemplo el aumento, consecutivo al aumento salarial, de las tasas de interés por parte de la Junta Central del Banco de la República.

“Por eso se necesitan cuatro años más. Porque en buena medida muchas de las tareas de reformas sociales quedaron truncadas en el camino”, resume.

Las y los vecinos se acercan y pronto las mesas de ajedrez están llenas. Cuesta Novoa propone un juego: ¿a qué le harán jaque mate el domingo 31 de mayo? No todos responden, pero la mayoría sí: jaque mate a la pobreza, jaque mate a la corrupción, jaque mate a los falsos positivos. La partida continúa.

Entre las y los militantes del Pacto Histórico que reparten volantes en La Madelena está Damaris Torres, emprendedora. Cuenta que se queda volanteando todas las noches hasta las 12 de la noche y que come jengibre y cúrcuma para seguir convenciendo indecisos. Cuando se le pregunta qué la motiva, responde: “Amo a mi país”. La mujer cuenta que tuvo que pagar las carreras universitarias de sus hijas con el mecanismo “gota a gota”, por el que se pide plata a un prestamista pero si no se paga en el horario acordado, se mata al deudor. Pero que apeló a eso porque no quería que sus hijas vivan la misma realidad que ella. 

También está el joven Samuel Sánchez, de 19 años. “El gobierno de Gustavo Petro dignificó el trabajo, a muchos jóvenes y a la educación, y a la fuerza pública les dio un empleo digno. Algo que no se había hecho durante 200 años que había gobernado la derecha acá en Colombia. Durante mucho tiempo los jóvenes no habíamos recibido en educación pública un buen proceso, pero ahora tenemos la matrícula cero”, argumenta. La “matrícula cero” es la política de gratuidad para los estudios superiores que implementó el gobierno. 

Otra mujer que se acerca con su pechera del PH es Fany Leal, médica egresada de la Universidad Nacional de Colombia. Asegura que milita por Iván Cepeda porque quiere que se reforme la Ley 100, que en los años 90 estableció la privatización de la salud. El Estado le pagaba las prestaciones a Empresas Prestadoras de Servicios (EPS), pero estas a su vez tercerizaron en Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS), que eran quienes efectivamente realizaban las atenciones pero luego no recibían los pagos. “Las EPS quebraron a las IPS. Cuando eso ocurrió, yo trabajaba en el sector público y tocaba pedirles a los pacientes la jeringa a las 3 de la mañana para un dolor bien berraco”

Fany Galindo y otros vecinos se sirven vasitos de canelazo calentito. Cuando se le pregunta a la madre cuidadora en qué pensará este domingo cuando vaya a votar, afirma: “En la vida. En el ‘no a la guerra’, porque no eso nunca nos ha llevado a ninguna parte. Ahorita lo que predomina es el amor, la paz, la tranquilidad, la camaradería, la solidaridad entre hermanos. Y que nos apoyemos entre todos, no que vayan a pasar uno por encima del otro como estamos acostumbrados. Todos tenemos que trabajar en comunidad para apoyarnos y salir adelante. Eso es progresismo”. 

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

La llegada a esta elección presidencial en Colombia está marcada por la certeza de que cuatro años no bastan para saldar dos siglos de gobiernos ligados a las élites económicas y políticas del país. Que hace falta otro período de gobierno para avanzar en las transformaciones necesarias para garantizar la paz y la vida digna. Es en ese marco que diversos espacios de los movimientos socioambientales, feministas, sindicales y de lucha por la paz confluyen para apoyar la fórmula presidencial del Pacto Histórico.

Hoy Colombia define la continuidad del proceso iniciado con Gustavo Petro, en la Iván Cepeda y Aida Quilcué; el retorno de la derecha uribista en la figura de Paloma Valencia o una propuesta similar a la de Javier Milei en Argentina, representada por Abelardo de la Espriella.

La construcción de la paz

Camila Macías es integrante de la Corporación Planeta Paz. Este proyecto se creó en 2000 y promueve la paz mediante estrategias de educación y comunicación popular, investigación social crítica, luchas de las mujeres populares y los géneros, y seguridad ambiental territorial. “Es importante tener un marco común de lo que ha significado la lucha en este país por la construcción de la paz. Colombia ha estado atravesado por las violencias, por los genocidios, por los múltiples conflictos en los territorios. La paz no significa simplemente la superación del conflicto armado, para construirla se necesita seguir avanzando en el programa que se inició en estos cuatro años”, señala. 

Y agrega: “Eso significa poder constituir las condiciones políticas, sociales, económicas, ambientales y el reconocimiento de las mujeres, las diversidades sexuales, las poblaciones discriminadas y excluidas para que estos múltiples conflictos que constituyen la sociedad colombiana puedan ser encauzados”.

Para Macías es una apuesta “política y ética” avanzar en el camino iniciado por Gustavo Petro. “Hay que reconocer el trabajo de posicionar temas sociales y ambientales que hace cuatro u ocho años no estaban”, argumenta. 

Marca dos hitos: la firma del Acuerdo de Paz de 2016 y el estallido social de 2019. Y señala que ambos desarman el argumento alrededor de un actor armado en pos de avanzar en discusiones estructurales para el país. Y, en ese contexto, según la activista la política ambiental y de los derechos de las mujeres son elementos centrales. También los programas para los jóvenes, para los adultos mayores y para la educación.

Estas políticas “trasladan esta dinámica del conflicto y de la estigmatización que venía habiendo alrededor de campañas históricas sobre la guerra con grupos armados y lo que se ve es un esfuerzo de avanzar en un movimiento social que pueda cautivar a la población, que pueda cautivar a los jóvenes”. La activista detalla que estas ideas fueron trabajadas con las comunidades, sobre todo en áreas de frontera donde la conflictividad es mayor.

“El no cumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de (el ex presidente) Iván Duque ha generado un aumento acelerado de las agresiones”, aporta. En contraste, el gobierno del Pacto Histórico generó una institucionalidad para acercarse a las comunidades, claves en la construcción de paz; entendiéndolas también como interlocutores válidos para avanzar en los procesos de negociación en algunos territorios.

“Las organizaciones entienden que lograr la paz significa no solamente que ministros o agencias estatales e instituciones nacionales tengan presencia efectiva en los territorios, sino construir realidades locales y no exclusivamente desde los centros del poder político”, concluye.

La reforma agraria: un avance y un camino por hacer

Uno de los elementos centrales para la paz en Colombia tiene que ver con la necesidad de democratizar la tierra. En un país donde el 1 por ciento de los propietarios concentra el 80 por ciento de la tierra, el Acuerdo de Paz de 2016 incluye entre sus ejes la reforma agraria. Cepeda da un paso en ese sentido y habla de “revolución agraria”.

“Para ello se tiene que tener en cuenta sobre todo a los sujetos de la reforma agraria, esa reforma debe ser democrática”, dice Nuri Martínez, de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), espacio que surgió en 1976 y es una de las mayores organizaciones campesinas del país. 

Agrega que el acceso no debe ser solo a la tierra sino también al territorio, al agua, a las semillas, a las herramientas. Y marca la importancia de la reparación a los pueblos, en un país “donde ha predominado la desigualdad, el despojo y el desalojo”.

Y marca la importancia de avanzar hacia la soberanía alimentaria en un país en que el agronegocio hace que alimentos que se pueden producir en Europa hoy se estén importando.

Respecto al apoyo a la fórmula Cepeda-Quilcué, señala: “Este es un desafío muy grande porque no solamente tiene responsabilidades el gobierno sino también el movimiento social. Y una de las responsabilidades del movimiento social es la unidad. Todo esto tiene que ser realizado con una movilización permanente. Aquí nada nos ha sido dado porque otros han sido muy condescendientes. Todo lo hemos ganado a través de la lucha y de quienes hemos dejado en el camino. Los desafíos son muy grandes para este nuevo gobierno”.

El feminismo en la campaña electoral

Paz González integra La Hoguera y la Asociación Colombiana de Comunicación Popular. Destaca que lo que ha encarnado esta campaña es justo la diversidad que tiene en rostros, en grupos sociales que han sido históricamente excluidos. “Ha sido una campaña marcada por el ejercicio de la autogestión, que no cuenta con grandes presupuestos para hacer estrategias de marketing. Por el contrario, ha sido una campaña absolutamente orgánica, donde la autogestión y el ejercicio del compartir y de la juntanza han sido la columna vertebral”, indica.

También expone que “las mujeres que provienen de regiones que han sido históricamente excluidas, las mujeres racializadas, negras, indígenas, empobrecidas, mujeres trans, se han sentido, de alguna forma, representadas e incluidas en este programa político y en este proyecto de país propuesto por Iván Cepeda, y, por supuesto, por su fórmula vicepresidencial, que es una mujer indígena y que sería, en este caso, la primera mujer indígena en cumplir con este rol”.

“Ha sido muy emocionante y bastante retador, pero también valiente salir a las calles y sentir que no es este momento en el que van a silenciar a las mayorías colombianas, que no es este momento en el que va a pasar la ultraderecha fascista y racista”, expresa.

Juliana Hernández, de la organización feminista Artemisas, señala que los problemas de las mujeres en Colombia incluyen la política económica y los problemas de la ciudadanía. Destaca el reconocimiento del Pacto Histórico de que “la autonomía económica no consiste en dar a las mujeres peluquerías ni puestos para vender cosas que no son sostenibles en el tiempo, sino en reconocer que la inserción laboral de las mujeres tiene que ser real”. 

Y que un sistema nacional de cuidados no puede estar planteado desde la visión neoliberal, en el que la mujer tiene que cuidar sola. “Este gobierno, a través del sistema nacional de cuidado y no en palabras, sino en asignación de recursos, permitió que además se pudiera instalar un sistema nacional de cuidado comunitario”, indicó.

Agregó, como un desafío a futuro, la importancia de mejorar las condiciones de vida reales de las mujeres. “No hablamos solamente de derechos sexuales, reduciéndolos al derecho al aborto, porque si no tenemos salud, si no tenemos transporte, tampoco vamos a acceder”.

La mirada del sindicalismo

Desde la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Fabio Arias expresa el apoyo a la fórmula del Pacto Histórico y analiza lo pendiente en un futuro gobierno. Comenta que la lección aprendida en estos cuatro años es que “para avanzar de manera prudente se requiere una mejor correlación de fuerzas en toda la institucionalidad del Estado”. Considera que Cepeda tendrá la obligación de generar un acuerdo nacional. Y que la profundización de las reformas va a ser el resultado de mantener “una fuerte presión social sobre la institucionalidad que tiene Colombia”.

“Ese es el aspecto principal, si logramos consolidar un acuerdo nacional que determine exactamente la profundización de una serie de reformas e incluso la modificación de una cierta institucionalidad en Colombia”, puntualiza. Y apunta al esquema electoral y judicial, cuyas estructuras han sido creadas por el neoliberalismo y la extrema derecha del liberalismo y se vuelven un obstáculo. Es lo que ocurre por ejemplo con la reforma pensional (jubilatoria) impulsada por Petro, que ya fue aprobada por el Congreso pero que está frenada para su revisión por la Corte Constitucional.

“En el mundo del trabajo hay que profundizar la vida democrática de las relaciones laborales, cuestión que no hemos podido cumplir”, indica. Y señala que, en la reforma laboral, quedó pendiente el tema de las libertades sindicales y de la vida democrática de las organizaciones laborales.

Finaliza: “En Colombia el odio al sindicalismo es una cuestión histórica que sigue teniendo unas relaciones mayoritarias en la institucionalidad. Pero hay muchas cosas de tipo realizable, como la reforma pensional o del sistema de salud. Ahí hay un reto significativo y muy determinante para este gobierno”.

El Pacto Histórico, el partido de la unidad

Gloria Flórez es senadora por el Pacto Histórico (electa en 2022), presidenta del partido Colombia Humana y defensora de derechos humanos. Relata los inicios del Pacto como una coalición, lo que llevó a la presidencia a Gustavo Petro y Francia Márquez.

Posteriormente, la coalición pasó a ser un partido, hoy presidido por Petro y Márquez. En septiembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación del nuevo partido, autorizando la fusión del Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y el Partido Comunista Colombiano. En marzo de 2026 aceptó la inclusión de Colombia Humana, que en un principio había sido rechazada.

“Estuvimos trabajando a lo largo de un año en el paso a la unidad de las fuerzas que hoy están unificadas en el Pacto Histórico como movimiento político”, comenta Flórez. En las legislativas de marzo, el PH se presentó ya como partido, con listas con paridad de género. Fueron elegidas y elegidos 67 congresistas.

“El reto de la unificación fue precisamente avanzar en el Congreso, lo logramos; y tener una campaña unificada a la presidencia de la República”, agrega. 

Unificado el partido, se convocó a distintos sectores sociales a una Alianza por la Vida para la campaña presidencial. “La ruta de la unidad ha sido esencial porque ha dado resultados importantes”, como las elecciones legislativas, la candidatura única y la alianza con los movimientos sociales.

La senadora subraya un eje que ha atravesado la campaña de Cepeda: la revolución ética, volver a recuperar en el país la ruta de la moralidad pública. “Petro inició ese camino”, añade. Y marca la necesidad de mantener las reformas sociales que inició, de continuar la apuesta de justicia social para Colombia y de lograr que el país se reindustrialice. “Que avance hacia un modelo productivo donde todas las capas de la sociedad tengan oportunidades, rompiendo con el modelo neoliberal que tanto daño ha causado”, define.

Respecto a la campaña electoral, asegura que hay “una campaña feroz, mediática, pues hay muchísimos recursos invertidos en los grandes medios de comunicación y en la comunicación digital. Y nuestra campaña es una campaña austera, hecha a pie con la gente, con el pueblo”.

Un ejemplo de ello es la iniciativa “Súbete a la Chiva”, un colectivo con escaleras impulsado por la Minga Social y Popular, colectivo indígena cuya referente es Aida Quilcué y que surgió al calor de las movilizaciones de 2008. Ese colectivo viajó más de 45 días recorriendo las localidades de Bogotá y otros departamentos de Colombia, llevando la campaña a diversos colectivos de los distintos territorios. 

Además, ante la tradición de compra de votos y de la posibilidad de fraude, se convocó en las calles a cuidar este los votos del Pacto Histórico.

La diferencia entre Cepeda-Quilcué y los otros candidatos, dice Flórez, es que “tenemos al pueblo de nuestro lado”. Agrega: “La campaña es la continuidad de un proyecto que arrancó ya en el país y no se puede dar marcha atrás, porque sería muy doloroso para el pueblo colombiano y para América Latina”.

Finalmente, agrega: “Tenemos una amenaza gigante que es el norte, porque están direccionando mensajes, recursos y propaganda en contra de nuestra campaña. Estados Unidos lo hizo en Honduras, en Ecuador, ha metido la mano en todos lados. Pero esperamos que el pueblo sea sabio y defienda lo que ha conquistado después de tantos siglos de búsqueda de un gobierno que represente sus intereses”.

Source

Por Mariángeles Guerrero desde Bogotá

Gabriel Becerra es el secretario general de la Unión Patriótica y dirigente del Partido Comunista Colombiano; ambas fuerzas integran el Pacto Histórico que este domingo propone a Iván Cepeda y Aida Quilqué para continuar el proyecto iniciado por Gustavo Petro. Desde 2022, es miembro de la Cámara de Representantes de Colombia por Bogotá en representación del Pacto Histórico.

En 2020 fue uno de los fundadores y coordinador del equipo promotor que dio origen al Pacto Histórico. En la Cámara de Representantes, integra la Comisión primera constitucional, la Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento al Organismo Electoral y la Comisión de paz. 

Su partido de origen, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado por la persecución política. Surgió a nivel nacional como resultado del acuerdo de paz para la salida negociada del conflicto armado interno entre el Estado Colombiano y los grupos insurgentes en 1984. Ese acuerdo abrió la posibilidad de crear un movimiento político que permitiera a la insurgencia hacer política con garantías a través de las urnas. Para 1986, era la tercera fuerza a nivel nacional. 

Sin embargo, tras el ascenso de la UP en la política institucional, sistemáticamente fueron asesinados nueve congresistas, 70 concejales, decenas de diputados, alcaldes, dirigentes de juntas comunales, líderes sindicales, estudiantes, artistas, militantes y simpatizantes del sector de la cultura y el magisterio, profesionales y campesinos.

Entre 1984 y 2002, la UP fue víctima de un genocidio político caracterizado por asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamientos y atentados cometidos con la participación de agentes estatales, grupos paramilitares y sectores de la política tradicional. 6.200 personas fueron asesinadas en ese contexto. El caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la responsabilidad estatal en esos hechos. El 30 de enero de 2023, declaró al Estado colombiano responsable por el exterminio de la UP.

Uno de los dirigentes asesinados, en 1994, fue Manuel Cepeda, padre del candidato Iván Cepeda.

En diálogo con Marcha Noticias, Becerra manifiesta: “El proyecto político de la UP fue truncado por la violencia. El Pacto Histórico es la oportunidad y la materialización, tanto en los espacios que hemos conquistado en el Congreso de la República como en la presidencia, de la continuidad de ese proyecto político que no pudieron desaparecer y que hoy vive en las realizaciones del pueblo colombiano a través del Pacto Histórico”.

En ese sentido, marca que los avances generados por el primer gobierno nacional de izquierda en Colombia como “un listado largo de realizaciones que muy poco se nombran, sobre todo en los medios masivos, pero que son reales e importantes”. Sin embargo, en vistas a un segundo gobierno señala la necesidad de avanzar en ese camino para poder romper con un pasado de exclusiones y de violencia.

—¿Qué se necesita hoy para lograr la paz en Colombia?

—La paz no es simplemente el silenciamiento de los fusiles y de la violencia. En 2016 se logró el Acuerdo de Paz y ese acuerdo sentará las bases para la construcción de una paz estable y duradera. Pero lamentablemente la derecha logró, tanto en un plebiscito que se realizó como en el gobierno posterior de Iván Duque, colocar muchos obstáculos y frustrar en una parte la implementación ágil de ese acuerdo necesario para construir la paz. Que, repito, no depende solamente del desarme ni del cese de la violencia física. Para construir la paz en Colombia se necesita un proceso de cumplimiento de los acuerdos, empezando por el que se firmó en el 2016 y de avance de una serie de reformas y de transformaciones que le quiten la base a a cualquier aplicación de violencia a través de la lucha política o a través de los fenómenos de la criminalidad no política, para que de esta manera se pueda construir una paz con garantías de justicia social, de cese de la violación de derechos humanos y sobre todo cambios en la vida política, económica y social de Colombia.

La paz es la materialización de un proceso democrático en Colombia que no ha sido posible y que esperamos concretar para que sea la mejor herencia a las nuevas generaciones.

–¿Cuáles son los desafíos más importantes ante la intención de retorno del uribismo en la figura de Paloma Valencia y ante la emergencia de un discurso similar al de Javier Milei en Argentina, representado en Colombia por Abelardo de la Espriella?

—El desafío es construir un modelo de sociedad distinta a la que propone este émulo de la extrema derecha global, de Milei, de Nayib Bukele o del partido Vox. Esa es la gran disputa de la sociedad colombiana en este momento: si logra mantenerse y consolidarse en el gobierno un proyecto centrado en la vida, en la defensa de la naturaleza, en los derechos sociales, en el respeto a las libertades individuales, en la lucha contra la guerra o si en Colombia la extrema derecha logra recuperar espacio y ser gobierno. El desafío es tener la capacidad de argumentar, de movilizar y de garantizar la fuerza popular, la fuerza política, la fuerza electoral necesaria para impedir que los vientos de la ultraderecha fascista que recorren algunos países de América Latina y del mundo sean triunfadores en nuestro país. Es derrotar al fascismo y construir una democracia basada en la lucha contra las desigualdades porque no puede haber democracia sin igualdad social.

—¿Cuáles fueron, desde su punto de vista, los avances más significativos del gobierno de Gustavo Petro?

—En primer lugar, hay que ubicarlo como el primer gobierno realmente distinto a las élites políticas tradicionales que gobernaron el país desde la independencia durante 200 años.

Este primer gobierno tenía el desafío de iniciar las bases de una transformación en la sociedad colombiana muy marcada por la idea de democratizar la sociedad. Democratizarla en la economía, en la política, en lo social. Y ha iniciado ese proceso de transformaciones. Pero todavía falta bastante para consolidar un proceso de transformación. Nosotros triunfamos en unas elecciones hace cuatro años, yo creo que vamos a volver a triunfar ahora. Pero tener el gobierno no es tener el poder. El poder en una sociedad está condicionado por factores económicos, culturales, comunicativos, ideológicos, factores sociales que todavía en la sociedad colombiana tienen un peso significativo. No hay que menospreciar el peso de sectores conservadores y de la derecha en el país. Aún en medio de estas limitaciones el presidente Petro con un programa de reformas avanzó en temas importantes. Uno de ellos es la reforma agraria. Colombia tiene un nivel de concentración de la tierra muy elevado y eso ha derivado en los problemas de la violencia. El 1 por ciento de los propietarios es dueño del 80 por ciento de la tierra productiva en Colombia. Eso no es normal en una sociedad democrática. En el campo de la entrega de tierra vamos en unas 750.000 hectáreas, llegando casi al millón. Son cifras importantes, si las compara con lo que hizo el gobierno Iván Duque, que solamente distribuyó 17.000 hectáreas. En el campo agrícola hay otros resultados, como el crecimiento del aporte del campo en la economía nacional, y el desarrollo rural. Todo esto es muy importante cuando se trata de cambiar la matriz económica del país, que ha estado ligada al extractivismo, a servicios y a sectores de la economía no productiva. Nosotros queremos hacer una economía productiva. En el campo de los derechos sociales, hemos recuperado la capacidad adquisitiva de los trabajadores con el aumento del salario mínimo. Al desempleo lo recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito: 8.8. A la inflación la recibimos en dos dígitos, ahora está en un dígito, 5.4. El crecimiento de la economía, aunque no ha sido desbordante, está en un promedio casi del 3 por ciento. En las circunstancias internacionales actuales no es malo. La política social ha pretendido reducir la pobreza extrema. Garantizamos la gratuidad al 98 por ciento de los estudiantes de la universidad pública. Logramos aumentar el plan de asistencia social al adulto mayor. Aprobamos la reforma pensional y la reforma laboral, que recuperaron derechos que se le quitaron a los trabajadores durante los gobiernos de derecha. Y hemos fijado una postura sobre la política exterior colombiana muy distinta a la que clásicamente han tenido las élites colombianas. 

—¿Cuando alude a la política exterior se refiere a la relación, por ejemplo, con Estados Unidos?

—Me refiero a la política exterior que tiene que ver con Estados Unidos y en general con toda la comunidad de naciones y de organismos internacionales. En el caso de Estados Unidos y en el caso de otras naciones lo que hemos recuperado es una autonomía y un criterio soberano en las decisiones que no tienen que ver con romper relaciones, pero sí con reclamar y ejercer una postura propia en temas como el conflicto en Palestina y las amenazas de la guerra general, la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de apropiarse de naciones enteras como Groenlandia o México o el trato que se le ha querido dar a los migrantes. El gobierno de Colombia no ha aceptado cierto tipo de tratos, ha pedido que haya respeto a la dignidad de nuestros compatriotas en el exterior. Se opone a la ruptura de la legalidad internacional en situaciones como el bombardeo y la detención ilegal del presidente Maduro en Venezuela. Rechazamos los bombardeos contra personas en alta mar aún si esas personas están haciendo actividades ilegales porque bombardearlas y causarles la muerte no respeta el derecho internacional público. En los foros económicos y en los foros ambientales hemos defendido la postura propia de lucha contra el calentamiento global, la exigencia de una postura que proteja esta casa grande de la amenaza de calentamiento global que nos permita avanzar en una transición energética y en los temas económicos y políticos. Nos ubicamos en el campo del multilateralismo y de unas relaciones Norte-Sur que no sean de sometimiento.

—¿Cuáles son las posibilidades de un futuro gobierno de Iván Cepeda y Aida Quilcué para avanzar en las transformaciones necesarias?

—Nuestra economía logró mantenerse. Pero es una economía que está presa de una concepción neoliberal. Nosotros pensamos cambiar esa orientación económica. El presidente Petro ha iniciado con algunas decisiones, pero hay que tomar muchas otras para fortalecer el carácter productivo de la economía colombiana, fortaleciendo la reforma agraria, la revolución agraria y también avanzando en otros sectores. Si superamos la violencia y construimos la paz, Colombia tiene un potencial turístico muy grande que ya en este gobierno ha crecido pero que puede aumentar. Tenemos posibilidades de desarrollos económicos, además del campo agrícola, en otros campos relacionados con la ciencia y con la tecnología, si somos juiciosos y fortalecemos la inversión en el conocimiento y en la cultura. Por otro lado, tenemos dificultades en las finanzas públicas porque recibimos un Estado muy endeudado. Le ha tocado al presidente Petro asumir esas deudas. Pero si hay una reactivación y un fortalecimiento de la economía, las finanzas públicas pueden mejorar porque podríamos garantizar reformas fiscales y tributarias que nos permitieran recuperar recursos para el Estado a través de criterios distintos para los que evaden el pago de impuestos puedan pagar y también extendiendo una política fiscal a sectores que hoy no pagan ningún impuesto. Existen todas las condiciones para, en un viraje de la economía, tener desarrollos materiales de equidad y de igualdad social posibles. Esa es la raíz con la que estamos comprometidos. Tenemos las condiciones para avanzar pese a que los vientos globales no son tranquilos. Tenemos capacidad para tener una economía más productiva que nos ayude a tener más riqueza, equitativamente distribuida, y de esa manera garantizar una transformación en beneficio de las mayorías. Queremos un crecimiento económico en beneficio de la mayoría, no un crecimiento económico que beneficia a las élites de siempre. 

Source