Por Dalia Cybel

“Soy mamá soltera… y el otro día estaba en una mediación… hacía tiempo que no me había sentido tan mal como me sentí ese día”, dice al micrófono Julieta Emilia Cazzuchelli, nacida el 16 de diciembre de 1993 en la localidad de Fraile Pintado, provincia de Jujuy pero más conocida como La Jefa o Cazzu para su público. “Ese hombre (el abogado opositor) me miró a los ojos, y sin decirme nada me dijo: tenemos el put* control sobre vos y tu hija. Y fue uno de los peores momentos de mi vida”, relató la artista urbana en el podcast Se regalan dudas conducido por Ashley Frangie y Lety Sahagún.

El conflicto de Cazzu comenzó tras una tempestuosa separación en mayo de 2024 con Christian Nodal, padre de su hija Inti y actual pareja de Angela Aguilar. En la entrevista la cantante confesó que la cuota alimentaria que recibe no es suficiente para sostener a Inti, a quien cría sola en nuestro país. Sin embargo, el escándalo estalló cuando la artista denunció que Nodal se negaba a firmar permisos para que la niña pueda viajar con ella al exterior durante sus giras.

“Yo tengo el privilegio de ir a tocarle la puerta a un juez… pero esas mujeres que no tienen abogado ni pensión… esas son las que más sufren”, lamentó Cazzuchelli.

¿Quiénes son esas madres que crían solas y no están bajo los reflectores? Marcha habló con tres de ellas y la abogada Carolina Rodríguez, una de las responsables de la presentación de la ley Cazzu en Argentina, para conocer un poco más sobre el tema.

Jefas de hogares monomarentales

Andrea* es madre de Sebastián, quien desde hace dos años no tiene contacto con su progenitor. Este desapareció luego de una separación atravesada por la violencia de género y desde ese momento no se hace responsable de las cuotas alimentarias. Aunque Andrea y su abogada, Carolina Rodríguez, solicitaron su inscripción en los Registros de Deudores Alimentarios Morosos, le prohibieron la salida del país y de negaron el acceso a la cancha, “se borró”, en palabras de la joven.

“El cuidado unilateral ya fue solicitado y otorgado luego de un año de litigio, pero a ella no le alcanza para salir del país de vacaciones, porque en nuestra legislación está ligado a la responsabilidad parental, que es un concepto más abarcativo y va más allá de quién ejerza el cuidado”, explica Carolina. “Para realizar algunos trámites, se necesita el permiso del otro progenitor, que es un poco lo que le pasa a Cazzu”.

El conflicto de la trapera y el cantante no tardó en viralizarse, y en convertirse en el puntapié para que, en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz, presentase un proyecto de ley donde solicita que en, casos de crianza y responsabilidad unilateral, resulte suficiente el consentimiento de uno de los ma/padres para que un hijo pueda salir del país, sin requerir autorización del progenitor ausente. “La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control”, sostuvo la legisladora.

En nuestras tierras la propuesta no tardó en hacerse eco y el grupo Abogadas Feministas AMBA decidió retomar la iniciativa. El proyecto fue presentado el 30 de marzo por el Senador Carlos Linares del Frente de Todos, ex Presidente del Partido Justicialista de Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. También hubo una campaña a través de Change.org que tiene actualmente alrededor de 37.884 firmas verificadas.

“El proyecto de ley en México requiere una reforma constitucional. Eso, por un lado, lo hace más complejo, porque implica modificar la Constitución; pero, por otro lado, cuentan con un Gobierno progresista y una posición legislativa un poco más orientada hacia los derechos humanos”, continúa la abogada.

En ese sentido, si bien el proyecto argentino solo busca añadir algunos artículos al Código Civil y Comercial, resulta más difícil que sea aprobado por la composición actual del Congreso.
Andrea cuenta la dificultad que tuvo para que su hijo recibiera contención profesional, ya que ninguno de los psicólogos especializados quería tratarlo, a pesar de que, frente a la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en virtud de la Ley 26.061, se les debe brindar asistencia.

Sin embargo, los profesionales evitan los conflictos que pueden conllevar enfrentarse de manera directa a progenitores violentos o recibir denuncias infundadas, entre otros inconvenientes, más allá de que eso suceda o no en un caso concreto. A esto se lo llama backlash, es decir, una reacción adversa o persecución contra los profesionales que trabajan con perspectiva de género, niñez y derechos humanos.
Lucía es docente, tiene dos hijas y fue víctima de violencia de género. Aunque creyó que el progenitor nunca había reconocido a sus hijas, cuando tuvo que hacerles la renovación de DNI, se dió cuenta que en los papeles del Registro Civil llevaban su apellido. “Esto sucedió en 2014, antes de la reforma del Código Civil en 2015”, aclara Carolina, quien asegura que en ese entonces el apellido paterno era obligatorio y debía llevarse en primer lugar. “En contextos como el de Lucía, de inscripción tardía y con niñas que lo poco que conocían de su progenitor era la violencia y el abandono, el impacto resultaba muy fuerte y perjudicial para ellas”.

La letrada insiste en que, si bien la inscripción filial es correcta, porque hace referencia a la identidad biológica de las chicas, ya no es obligatorio el apellido paterno ni que los niños deban sostener un apellido que, por razones fundadas, les cause daño. “Esto ya encuentra un cauce legal, pero debemos seguir pensando en mejoras para todas las situaciones arbitrarias que se presentan”.
La hija mayor de Lucía se negó por mucho tiempo a usar el DNI con el apellido de su progenitor y, ya con la sentencia en mano, aún se encuentra a la espera de la rectificación de su analítico del secundario que, cuando llegó la sentencia de supresión de apellido, ya estaba emitido.

El proyecto legislativo

La iniciativa de la ley Cazzu, en honor a la autora del libro “Perreo, una revolución”, plantea una suspensión provisoria de la responsabilidad parental basada en dos extremos: el incumplimiento total o parcial de tres cuotas alimentarias consecutivas o de seis alternadas y la ausencia total en el ejercicio del cuidado o en la comunicación y relación con ese hijo durante tres meses consecutivos.

Si bien en nuestro país el Código Civil y Comercial establece la responsabilidad parental como un conjunto de derechos y deberes orientados al cuidado y desarrollo de los hijos, priorizando desde la reforma de 2015 el esquema de cuidado compartido, las impulsoras del proyecto advierten que en la práctica esa corresponsabilidad no siempre se cumple.

Los datos son contundentes: el 16% de los hogares del país son monoparentales y, dentro de ellos, ocho de cada diez tienen jefatura femenina según el dossier del INDEC publicado en marzo. A su vez, el 56% de las madres no reciben la cuota alimentaria cuando el padre no habita en la vivienda. La cifra sube a 68% si se incluye a quienes la perciben de manera irregular, según un relevamiento de UNICEF.
Dicha estadística añade que 4 de cada 10 madres indicaron que los padres no se involucran plenamente en las actividades de cuidado de sus hijos, y que los niveles de pobreza infantil en hogares con jefatura femenina y en hogares monomarentales son significativamente más altos que en otros tipos de hogar.

UNICEF asimismo apuntó que más de 3 millones de niños viven en hogares monoparentales con jefatura femenina.

“Hablamos de madres, porque las estadísticas son tajantes, pero si hay un padre que cría en las mismas condiciones, claro que también lo alcanzará este proyecto”, enfatiza Rodríguez.
La denominada Ley Cazzu plantea que, ante determinadas situaciones, el juez pueda adoptar medidas cautelares de protección basadas en una evaluación interdisciplinaria que fundamente la decisión. Esta perspectiva parte del reconocimiento de que, en muchos casos, las madres asumen en soledad las tareas de crianza.

En este marco, si se dicta una medida cautelar que limite o suspenda derechos del progenitor, este podrá solicitar su revisión o rehabilitación. Para ello, deberá aportar pruebas que demuestren que la medida fue concedida de manera incorrecta o que su modificación resultaría beneficiosa para el interés superior de su hijo o hija.

“La ley no va a resolver todos los problemas, pero por lo menos apunta que cuando estén totalmente borrados o cuando no cumplan los deberes básicos de la responsabilidad parental, -cuidado, comunicación, alimentos-, no tengan que esperar años para que se dé una medida cautelar que le permita verdaderamente a la madre resolver y tener una vida digna en el mientras tanto”, subraya Rodríguez.

Marina dice que viene de una familia conservadora. Ella cuida, junto a su nueva pareja, a su hijo Julián, de doce años. Su progenitor desapareció luego de que ella se enterara de que tenía problemas de consumo, un año después del nacimiento de Julián. A partir de entonces, la situación fue empeorando a tal punto que tuvo que irse de su casa a escondidas para que él no se lastimara ni le hiciera daño a ella. “Yo estaba aislada del mundo, un poco porque en su momento me daba vergüenza y un poco por el prejuicio familiar”, cuenta.

Julián estuvo algún tiempo al cuidado de su padre, quien había asumido el rol de cuidador pero al mismo tiempo lo manipulaba. No dormía por las noches, no lo alimentaba bien ni lo llevaba a la escuela. El niño desarrolló un problema en los riñones por el estrés y ni siquiera lo llevaba al hospital.
Marina tuvo que denunciarlo y pedir el reintegro de su hijo en dos ocasiones, hasta que, con mucha persistencia y apoyo terapéutico para Julián, logró que se hiciera efectivo y que permaneciera al cuidado de su madre.

Su progenitor, por su parte, optó por borrarse. Al día de hoy, permanece rebelde en los procesos judiciales. Desde que se le impuso una cuota alimentaria, su decisión fue no abonarla. Tampoco acató la orden de que la vinculación con Julián fuera mediada o supervisada, dados sus graves problemas de consumo. Eligió, en su lugar, sostener la negación de todo lo expuesto y culpabilizar a los demás.
Sobre sus procesos legales, Marina asegura que fueron caminos arduos donde tuvo que recolectar pruebas, hacer actas en la escuela, hablar con las maestras y comenzar un tratamiento psicológico para su hijo, derivado por la escuela también.

“Ser jefa de un hogar monomarental es seguir afrontando las consecuencias de los progenitores que no se hacen cargo, que no cumplen con sus obligaciones. Las que terminamos pagando somos nosotras a través del desgaste emocional” relata Marina cuando se le consulta cómo definiría ser jefa de un hogar.
“Yo invertí todos mis ahorros en el proceso judicial y lo vivo de esa manera, como una inversión que me da paz mental y que era necesaria porque era insostenible la situación”, agrega Andrea, por su parte.
“Es importante que todas las personas que atraviesan estos contextos puedan acceder a medidas judiciales oportunas y efectivas; si no, el acceso a la justicia termina siendo una ficción y no impacta en la calidad de vida de los tantos niños y niñas que crecen en estos hogares”, asevera Carolina.

Para finalizar Marcha preguntó a cada una de las entrevistadas cómo las ayudó el feminismo a pasar este proceso. La respuesta fue unánime: todas ellas coinciden en que se hicieron feministas a través de la experiencia personal.

“Es tan importante la perspectiva de género que puede definir prácticamente entre la vida y la muerte en algunos otros casos. Para mí el feminismo fue querer hacer algo diferente por mi hijo y para las futuras generaciones. Decir, ‘bueno, yo voy a hacer un cambio. Yo lo vivo en carne propia’ “, asegura Marina.
“Sacarme la responsabilidad de la violencia del otro, sacarme la culpa, esa sensación de que hice mal y no sentirme sola, sentirme sostenida por un por un grupo de personas que me iban a entender, que no me iban a juzgar”, suma Andrea.

Lucía explica que la ayudó mucho la terapia y el hecho de capacitarse en ESI. “Más allá de los avances que se hayan logrado, sigue habiendo vulneración de derechos contra las mujeres, contra las infancias y contra las juventudes. Hay que ir por el feminismo, porque es lo único que puede garantizar una igualdad real y una sociedad más justa”, concluye.

*Todos los nombres de esta nota, excepto el de Carolina Rodríguez han sido modificados para preservar la identidad de las entrevistadas y sus hijos e hijas.

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Por Laura Salomé, Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Foto: Lizbeth Hernández

“¿Dónde podemos ver información posta sobre Venezuela?”. La pregunta la realizó una referente feminista en un grupo de WhatsApp de amigas. La incógnita es evidente, ¿es posible analizar los grandes acontecimientos contemporáneos sin las lentes del enemigo? ¿Aun cuando la tesis de que “la derecha avanza” es fácil explicación hasta en los espacios militantes de izquierdas, feministas, progresistas y otrora revolucionarios?

Es que somos el meme de quien llora porque ya no quiere vivenciar sucesos históricos. Pero ojo, también el que vocifera “ni midiri ni trimp” con cara de nene rubio y caprichoso. Porque antes que vencidas, levantamos nuestros cuerpos cansados ante el saqueo a los salarios y reconocemos el desafío como feministas: la defensa de nuestros territorios, cuerpos y voces nos enfrenta al enemigo de siempre, al agresor. Que ahora está sin careta.

El bombardeo de una capital sudamericana en el comienzo de un año de elecciones claves para la región enfrenta -cuándo no- a los feminismos con su origen y praxis dentro de los movimientos populares. Ante el colonialismo mediático y la política del agresor desatada, quizá sea la oportunidad de finalmente, mirarnos a nosotras. Y menos a ellos. Volver a soñar con una hermandad global feminista. En Marcha empezamos por publicar/ leer sus voces que también analizan geopolíticamente por qué la guerra ya había sido develada.

“Debemos ser firmes ante un agresor”

Una vez pasada la conmoción por los bombardeos en Caracas, el matón que pretende presidir al mundo, Donald Trump, amenazó a quien horas despúes juraría en la Asamblea Nacional como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. En una entrevista telefónica con el medio The Atlantic desde su club de golf en Florida, exclamó que “si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro”.

Rodríguez es la primera presidenta en la historia del país, pero no fue la única en ser amenazada en la región. El mismo día, ostentando poder desde el avión presidencial, Trump declaró que en diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum -a quien consideró “una excelente persona”-, le ofreció “enviar tropas” a lo que ella habría respondido que “lo está considerando” porque “tiene un poco de miedo de los cárteles que gobiernan México”.

Lo cierto es que tanto Rodríguez como Sheinbaum rechazaron el injerencismo, pero la amenaza es explícita. Sobre todo si frente a la representatividad está el agresor develado.

*

En términos feministas lo analizó Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos en transmisión de la Red Latinoamericana: “La agresión de los Estados Unidos es una clara violación del derecho internacional” y avalarla “es una posición inmoral e imprudente que nos está poniendo en peligro” ya que “estamos justificando que el tipo de relaciones exteriores que llevemos en adelante deje desprotegidas a millones de personas”.

Activista y ex ministra de Igualdad, Montero se refirió a la ambigua declaración del Gobierno español y a la posición sumisa de los partidos políticos que lo conforman y llamó a los gobiernos del mundo a romper relaciones con el país norteamericano y a salir de la OTAN.

“Debemos ser firmes ante un agresor que se cree dueño del mundo”, agregó Montero. “Necesitamos firmeza y contundencia frente a un país criminal que durante toda su historia ha tratado a América Latina como patio trasero”, y se refirió a la hipocresía de la Unión Europea que condena a Rusia por su ataque a Ucrania, pero no a los EE.UU. “Los pueblos del mundo exigen paz y seguridad”, aseguró, “estamos permitiendo que triunfe la tiranía”.

“Cuando la derecha avanza, también la misoginia y el patriarcado porque precisa apropiarse de la fuerza de trabajo de las mujeres, entonces el papel de los movimientos feministas debe ser de protagonismo, de estar al frente de la lucha”, declaró Maria Fernanda Marcelino, da Marcha Mundial das Mulheres – São Paulo a Marcha.

Desde las calles, donde se repudió en la gran metrópoli el ataque a la soberanía cuerpo- territorial, Marcelino afirmó que éste es “un ataque a todos los países por el gran interés que tiene los Estados Unidos en el petróleo y los bienes comunes”. Y se animó a caracterizar el 2026 que ya llegó: “Este año tenemos elecciones en Brasil y se va a dar una disputa total de proyectos, uno de democracia, de construcción y refuerzo de la soberanía nacional, y otro, de entrega, de seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos”.

Desde Ecuador, la Asamblea Transfeminista emitió una declaración para condenar y rechazar “la invasión y la agresión nefasta del gobierno de los Estados Unidos” y la analizó como “una práctica imperialista y patriarcal que ha desangrado a los pueblos del mundo y continúa perpetuando genocidios”. Así lo ratificó Jazmin Freire, de la Coordinadora del Noroeste en Resistencia a los Desalojos e integrante parte de la Asamblea. 

“Rechazamos las declaraciones de Daniel Noboa, no nos representa y nos ha condenado a la miseria, al retroceso de derechos y a la muerte”, agregó Jazmín sobre las declaraciones del mandatario de ultraderecha que avaló la intervención militar en la región. “Nos unimos y hacemos fuerza para decirle a Trump y a todos sus aliados genocidas patriarcales que ya basta, su imperialismo no pasará más, tenemos dignidad, memoria y resistencia”.

Desde Uruguay, Tamara Abracinskas, de Mujer y Salud, que trabaja los derechos sexuales y reproductivos, envió su solidaridad al pueblo venezolano. “No se puede avasallar de esta forma un pueblo, se tiene que respetar su soberanía y su posibilidad de decidir sobre su futuro. No es Estados Unidos quien va a traer democracia, quien va a traer paz y quien va a traer libertad a nuestra región”, sentenció. 

Para la entrevistada, “estamos en un momento histórico que nos lleva a un pasado muy oscuro, muy doloroso de nuestra región”, donde se revitaliza el Plan Cóndor para hacerse de nuestros recursos. “Extendemos nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras y compañeros venezolanos, en duelo por todos los asesinados que hubo en el ataque que ocurrió el 3 de enero. Desde Uruguay estamos prestando mucha atención para acompañar esta lucha y resistencia”, concluyó.

“El ataque contra Venezuela no solo rescata una memoria histórica, sino que profundiza la historia presente de la ofensiva de EE.UU. sobre el mundo para garantizar el mantenimiento de su hegemonía en un momento en que se siente amenazado por el ascenso de China y otros bloques alternativos al modelo imperialista”, expresó Ana Priscila, también de la Marcha Mundial das Mulheres, pero en Rio de Janeiro. “En ese sentido, no solo el petróleo venezolano es estratégico, sino también el control sobre la soberanía y los bienes comunes de toda América Latina; y Brasil es parte de esto: no en vano nuestra democracia ha sido tan atacada en la última década, y cada uno de esos ataques tiene como consecuencia la mercantilización de nuestra naturaleza y la precarización del trabajo y de la vida”, agregó.

Ana Priscila realiza un llamado a la acción feminista regional: “Si el imperialismo avanza contra nosotras, no podemos retroceder. Es fundamental seguir acumulando fuerza para dar respuestas inmediatas a esta ofensiva”. Y rescató la importancia de las masivas manifestaciones en los Estados Unidos en contra del atropello al derecho internacional de la administración Trump y que “denuncian el absurdo que es el gasto militar mientras su propia población vive una crisis económica sin derecho a salud y trabajo digno”.

“Nuestro papel es seguir marchando en defensa de la vida y de la autodeterminación de nuestros pueblos, en defensa de nuestros bienes comunes y de un mundo en que la vida valga más que el lucro”, finalizó Ana. “Sabemos de nuestras fragilidades y de cómo la coyuntura contribuyó a una desarticulación de los movimientos y del campo progresista; pero es tarea de cada movimiento social, colectivo, central sindical, entidad estudiantil o partido popular no perder de vista el tamaño de nuestro desafío histórico. No hay espacio para luchar fragmentados; es fundamental construir una acción común en nuestra región”.

*

Mariela Belleza es activista feminista peruana y manifiesta su rechazo a la invasión de Estados Unidos “porque es una violación a la soberanía de un Estado”. Agrega: “Todo análisis, se esté de acuerdo o no con Maduro o con la Revolución Bolivariana, tiene que oponerse a cualquier tipo de intervención colonial como lo fue la del 3 de enero”. Consideró que “hay un regreso hacia la derecha colonial e imperialista, que busca retroceder en cuanto a los derechos que hemos ganado” y que “el contexto es bastante más complejo que solo Estados Unidos: hay un reposicionamiento de las fuerzas ideológicas hacia una derecha que usa la democracia para destruir la democracia”.

Por eso, advirtió que “como feministas latinoamericanas tenemos una apuesta postcolonial y post extractivista. Por otro lado, lo que no es bueno para la democracia no es bueno para las mujeres. Una intervención militar implica que no van a estar en el centro los derechos humanos, la igualdad, la posibilidad de oponerse. Y también va a afectar a nuestros territorios, que es donde estamos y permanecemos las mujeres”.

Por su parte, Francisca Fernández Droguett es activista ecofeminista; es parte del Movimiento por el Agua y los Territorios en Chile y anteriormente integró la Coordinadora Feminista 8M. Sobre la situación en Venezuela, analizó que “es una invasión imperialista con lógicas militares y de incidencia civil; y que uno de los elementos que gatillan es el control del petróleo”.

Reflexionó que “si uno de los elementos más importantes que las feministas comunitarias, populares y campesinas defendemos es la noción del cuerpo-territorio como primer espacio de autodeterminación, sabemos que la intromisión de Estados Unidos es romper con toda posibilidad de autonomía” y anticipó que “es saber que viene un periodo de violencia militar, de violencia política sexual, de racismo y de prácticas coloniales”, pero dijo que “frente al horror que estamos habitando, es urgente la movilización, la reflexión y la solidaridad. Yo creo que los pueblos, las feministas estamos haciendo eso”.

“Una invasión no es esperanza de libertad”

Amanecía el sábado y los grupos feministas alborotados se despojaron inmediatos de la pereza del comienzo del nuevo año. Una tras otra comenzaron a circular las declaraciones en rechazo a la agresión imperialista contra la soberanía de los pueblos nuestroamericanos. Es que desde el golpe en Honduras en 2009 hasta el vivido en Bolivia en 2019, la genealogía feminista sabe decir atenta: “Ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres”. Convencida de que no hay peor agresión que aquella que sucede en un territorio ocupado.

“Las crisis políticas, sociales y económicas no se resuelven con bombas ni con ocupaciones militares”, afirmaron desde Incidencia Feminista Argentina. “La historia de nuestra región es clara: los proyectos imperiales —ayer y hoy— no traen democracia ni derechos, sino más dependencia, más desigualdad y más violencia sobre las mayorías populares. Nuestra forma de hacer política es feminista, popular e internacionalista. Por eso rechazamos la guerra como herramienta de dominación y denunciamos las políticas de odio que Trump promueve dentro y fuera de su país”, agregaron en documento de posicionamiento.

Por su parte, la Coordinadora 8M en Chile instaló que “como organización feminista, de derechos humanos y de mujeres migrantes, declaramos firmemente que una invasión jamás será una esperanza de libertad”. Y exclamaron que “la liberación de nuestras comunidades no será posible a través de abrir la puerta a nuevos y peores verdugos”.

Por nosotres, por las venezolanas, por las que están en Palestina… ¿Nos arremangamos o qué?

Continuará…

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Por La Araña Feminista desde Venezuela | Foto:

Despertamos con un estruendo de hierro que no pertenece a nuestro cielo caribeño. El 3 de enero de 2026 la madrugada se volvió una herida abierta cuando los misiles de la hegemonía de Trump pretendieron dictar, con el lenguaje del fuego, el final de nuestra historia. Te escribo a ti, hermana que habitas otras latitudes y que quizás miras nuestra tierra como un enigma o un caos lejano, para pedirte que por un instante sientas este suelo bajo tus pies y este aire que, a pesar de las bombas, sigue oliendo a resistencia y a café compartido.

Lo que ocurrió anoche no fue una operación táctica ni una búsqueda de libertad. Fue un acto de violencia patriarcal en su estado más puro. Es la vieja historia del macho que, incapaz de doblegar la voluntad de quien decidió ser dueña de su propia casa, decide prenderle fuego a la vivienda. El imperialismo es eso: un deseo de posesión que no admite el “no” como respuesta, una masculinidad de acero y drones que intenta violar la soberanía de un pueblo porque nos atrevimos a soñar con un destino que no lleva su firma.

Sé que nos miras y ves las grietas. Sé que este proyecto nuestro, este socialismo que hemos intentado parir con tanto dolor y esperanza, es profundamente imperfecto. No somos una estatua de mármol terminada; somos barro húmedo, somos un cuerpo lleno de cicatrices y de deudas que todavía nos queman la piel. Hay derechos que en el feminismo son de cajón y que aquí todavía estamos pulseando en la calle, en la asamblea y en la cama. Pero esa imperfección es nuestra, es el rastro del esfuerzo por inventar algo nuevo mientras nos asfixian las cuentas y nos persiguen los pasos.

No hemos pasado hambre porque nos hemos negado a morir. Hemos convertido el “rebusque” en una danza colectiva de supervivencia. Aquí el cuidado tiene un ritmo caribeño que se desborda de las casas para inundar las aceras. Es la mano de la vecina, es la red de la comuna que sostiene la vida cuando el capital intenta detenerla. No es el cuidado romántico de los libros, es un cuidado sudado, terca y ruidosamente alegre, que pone la dignidad de los cuerpos por encima de cualquier ganancia.

A ti, que sientes el dolor de Gaza como propio y que sabes que ninguna mujer es libre mientras haya un territorio ocupado, te pido que no nos mires con la distancia de quien juzga un modelo político. Míranos como a hermanas que están defendiendo su derecho a ser, a equivocarse y a sanar sin el permiso de un tutor extranjero. No te pedimos que nos dejes solas en el abandono, sino que nos dejes decidir y construir desde lo que somos, desde nuestra propia identidad y nuestras propias búsquedas.

Necesitamos tu voz multiplicando la nuestra. Así como nosotras hemos acuerpado cada lucha feminista en el mundo, hoy te pedimos que seas nuestro eco. Defender a Venezuela es defender el derecho de todos los pueblos a no ser borrados por el capricho de una hegemonía que solo entiende de muerte. Ayúdanos a decir que nuestra soberanía no es una mercancía y que este parto nuestro, con toda su dificultad y su belleza inacabada, merece el respeto de la luz.

Desde el corazón de la comuna, con la ternura de quien sabe que la vida siempre se abre paso entre los escombros.

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Por Carla Perelló y Mariángeles Guerrero | Fotos: Nawseas desde Caracas, Venezuela

Estados Unidos atacó la República Bolivariana de Venezuela y llevó a su punto cúlmine un nuevo capítulo de intervenciones militares en América Latina y el Caribe, con un bombardeo hoy en Caracas. El objetivo es combatir al mayor bastión antiimperialista de la región que, pese al recambio de liderazgos, persiste en su posicionamiento político de emancipación latinoamericana y mundial. Donald Trump avanzó además en un territorio declarado de paz en 2014 y que cuenta con recursos de relevancia para el extractivismo capitalista, como petróleo y minerales. El argumento, al igual que el utilizado con Gustavo Petro en Colombia, es acusar al presidente constitucional Nicolás Maduro de tener vínculos con el narcotráfico.

Venezuela es rica en bienes comunes codiciados por la industria energética. Según RT Brasil, cuenta con las mayores reservas conocidas del mundo, con 303.806 millones de barriles. Tiene una producción de gas natural de 200,3 trillones de metros cúbicos y 48 tipos de minerales como oro, hierro y bauxita (rica en aluminio), además de las llamadas “tierras raras”, considerados como minerales necesarios para la transición energética a sistemas post fósiles.

Pero Venezuela es además el bastión de la lucha antiimperialista en América Latina. Ya lo afirmaba el eterno presidente Hugo Chávez en 2005. “Los Estados Unidos nacieron con pretensión imperialista de tragarse todas nuestras repúblicas. Los gobiernos que no se subordinaron a ellos fueron echados de la forma más sangrienta”.

Tras secuestrar al presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su compañera Cilia Flores (ambos acusados por Estados Unidos de narcoterrorismo), Donald Trump brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “gobernará” Venezuela hasta que se pueda “producir una transición segura”. Estados Unidos nunca reconoció a Maduro como presidente electo de Venezuela, tras los comicios del 24 de julio de 2024.

Además agregó: “Este primer ataque fue un éxito, posiblemente no necesitemos un segundo, pero estamos preparados para una segunda ola de ataques más grande”. Agregó: “Nuestras compañías petroleras entrarán a Venezuela a invertir billones, reparar las infraestructuras dañadas y obtener ganancias”. Y fue más allá: “Tenemos intereses ahí. No nos va a costar nada, no vamos a gastar dinero, porque el dinero vendrá de las actividades de nuestras empresas petroleras ahí”.

El ataque se enmarca en el contexto de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en la que Donald Trump revive la Doctrina Monroe —que entiende a América Latina como su “patio trasero”— y reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región de América Latina y el Caribe. 

Ese accionar comenzó con la mayor presencia militar que desplegó desde el 2 de septiembre del año pasado, que implicó, al menos, 110 ejecuciones sumarias contra 34 botes. En Argentina, aunque con la anuencia del presidente Javier Milei, el ejército estadounidense tiene presencia en el río Paraná y, por autorización del Estado nacional, fue habilitado para que su Armada haga ejercicios militares en Bahía Blanca, Mar del Plata y Tierra del Fuego. 

Bombas sobre Caracas

El merodeo de los últimos meses por parte de los buques de guerra de Estados Unidos por las aguas del Caribe concluyó este sábado con un bombardeo sobre Caracas, atentando que apuntó contra blancos militares y civiles. Entre ellos, el mausoleo del expresidente Hugo Chávez y un centro de acopio de medicinas, para finalizar con el secuestro del presidente, Nicolas Maduro, y su esposa, Cilia Flores. También fueron afectados otros estados como Miranda, Aragua y La Guaira. 

Tras el bombardeo, la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela se expidió exhortando a las Naciones Unidas para que dé cumplimiento a los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas, que reconocen el respeto de la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

“El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, expresa el comunicado oficial difundido a las 4 AM (hora local).

Mientras el gobierno de Nicolás Maduro convocó a las calles a la población, la diplomacia venezolana presentó sus respectivas denuncias ante la ONU, la Celac y el Movimiento de Países No Alineados (Mnoal). En tanto, el presidente de Venezuela decretó el Estado de Conmoción Exterior y ordenó el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país. Para esto, apeló al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que habilita el uso de la legítima defensa para proteger a su pueblo, territorio e independencia.

“Estamos llamando a la defensa de la vida“

Mientras la solidaridad global se expresa y el pueblo venezolano sale a las calles, pasadas las 12 horas del bombardeo de la administración Trump sobre Caracas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez brindó declaraciones al país y al mundo junto al Consejo de Defensa, ocasión en la que exigió la libertad inmediata de Nicolás Maduro y Cilia Flores. “Estamos decididos a la libertad. Lo que están haciendo a Venezuela es una barbarie y constituye delitos de lesa humanidad”, afirmó.

“Jamás volveremos a ser esclavos ni colonia”, afirmó Rodríguez, primera en la sucesión presidencial. “Estamos llamando a la defensa de la vida”, agregó, al referirse al pueblo venezolano a quien citó a mantenerse en calma para enfrentar las dificultades. “Todo dentro de la Constitución, estamos listos para defender a Venezuela y nuestros recursos naturales”, continuó, “este es un llamado a los países de la región, porque lo que le hicieron al pueblo de Venezuela se lo pueden hacer a otros pueblos”.

Finalmente, Rodríguez se refirió al ataque estadounidense: “Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Ya el pueblo venezolano los ha sitiado donde deben estar, en el basural de la historia” y sentenció en relación a las declaraciones emitidas por Trump: “Hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moro. (…) Aquí hay un gobierno con claridad”; y aclaró: “Estamos dispuestos a relaciones de respeto en el marco de la legalidad internacional y de las leyes de la República Bolivariana de Venezuela”.

El secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Posteriormente, el presidente Maduro fue secuestrado junto a su esposa Cilia Flores por Estados Unidos. Fue trasladado a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos, con destino a Nueva York. Donald Trump había enviado ese buque hacia las costas venezolanas en agosto pasado, con objetivo de perseguir al supuesto Cártel de los Soles que —según el Departamento de Estado de EE.UU— comanda Maduro.

Según un documento elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, “Nicolás Maduro Moros, el acusado —al igual que el expresidente Chávez antes que él— participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen mediante el narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes”. 

El texto agrega: “Las ganancias de esta actividad ilegal fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia corruptos, quienes operan en un sistema clientelar dirigido por los de arriba, conocido como el Cártel de los Soles, en referencia a la insignia del sol que lucen los uniformes de los altos mandos militares venezolanos”. Y establecen un paralelismo del supuesto cártel con otros como el cártel de Sinaloa o Los Zetas en México.

Tras la exigencia por parte del gobierno venezonalo de “una prueba de vida” del mandatario, circuló una foto con la inscripción que indica que se encontraría a bordo de ese buque. La vicepresidenta y primera en la línea sucesoria, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia y desde allí afirmó desconocer el paradero de Maduro y de Flores y repudió el ataque contra su país.

La declaración de la ONU y las reacciones de la comunidad internacional

El portavoz de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, afirmó hoy que el Secretario General, António Guterres, está “profundamente alarmado por la reciente escalada en Venezuela, que culminó hoy con la acción militar de los Estados Unidos en el país, lo que podría tener preocupantes implicaciones para la región”.

Con más tibieza que repudio, agregó: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso. El Secretario General sigue subrayando la importancia del pleno respeto —por parte de todos— del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Le preocupa profundamente que no se hayan respetado las normas del derecho internacional”.

El comunicado finaliza con un llamamiento “a todos los actores en Venezuela a entablar un diálogo inclusivo, con pleno respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho”.

Hasta el momento se expidieron en contra de la invasión a Venezuela: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Chile, Gabriel Boric. La Unión Europea llamó al respeto del derecho internacional, pero expresó que el gobierno de Nicolás Maduro “carece de legitimidad”.

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Por Redacción Marcha | Foto: archivo Marcha

A territorio de frontera, miles de activistas llegarán el próximo fin de semana para seguir organizando colectivamente la subsistencia y la vida digna. El 38 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias se realizará el 22, 23 y 24 en la ciudad de Corrientes, donde se esperan alrededor de 80 mil personas a un evento histórico.

Sin embargo, hoy, frente a la Casa de Gobierno, integrantes de la Comisión Organizadora (CO) afirmaron que a cuatro días del inicio, el ministerio de Educación provincial aún no confirmó la asignación de las escuelas para el alojamiento ni la realización de los más de 100 talleres; también para concretar algunas actividades paralelas y propuestas por militantes feministas de los diferentes puntos del país.

“Estamos pidiendo por las escuelas que se utilizan tanto para alojamiento como para talleres”, afirmó hoy Juliana Díaz, de la CO, en diálogo con el programa “La patria de las moscas” en FM en Tránsito. “¡Vamos a llenar la ciudad!”, agregó esperanzada, y para presionar a la respuesta definitiva del gobierno provincial, específicamente del ministerio de Educación, que permita la organización del movimiento.  

“Necesitamos el espacio, que se abran los debates y se escuchen las voces que para eso se hacen los talleres que son el corazón del Encuentro”, dijo Juliana, y contó que confían en la buena predisposición de las y los funcionarios provinciales. “Lo principal son los talleres y el espacio para alojarse que tendrán las compañeras que vienen de todo el país, pedimos lo mínimo necesario para el Encuentro”, aportó.

Hace 30 años que un Encuentro no llega a Corrientes, al litoral místico y gauchesco donde se denuncian las violencias por razones de género, pero también la desaparición de las infancias sin una búsqueda activa por parte de quienes tienen responsabilidades en hacer cumplir leyes y normativas vigentes. “Esto ya está sucediendo y va a suceder”, retomó Juliana, “estamos terminando de organizar la grilla cultural, las actividades, las marchas también; casi todo está cerrado a pocos días, por eso esperamos la confirmación y que siga funcionando así como venimos”.

“Queremos encontrarnos, queremos reunirnos y estar todas juntas”, finalizó Juliana. Desde mañana, mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries comenzarán a viajar hacia Corrientes. Por eso, para las organizadoras, la “cantidad de años que tiene el Encuentro” es “una fuerza para hacerlo”. “¡Vamos a llenar la ciudad! Una ciudad que va hacia el río y vamos a tener otra foto más de los Encuentros, Corrientes y su paisaje natural más nosotras, mujeres y diversidades”.

Al momento de publicación de la nota, la ministra de Educación provincial no respondió a nuestra consulta. Para saber todo sobre el Pluri en Corrientes:

https://www.instagram.com/38encuentro.pluri?igsh=OXo0ZHN6ZnVzYjd2

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Por Camila Parodi desde Belem | Fotos: Lizbeth Hernández

La Caravana Mesoamericana llegó a Belém con un mensaje que no suele atravesar las paredes diplomáticas de una COP: la crisis climática no puede discutirse sin escuchar a quienes defienden el territorio en las fronteras más violentadas de la región. Después de un mes de recorrido, desde México hasta la Amazonía brasileña, las organizaciones que integran la caravana entraron a la COP30 con un documento político construido en ruta y una convicción: “No va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”, como resume Dianx Cantarey, integrante de Deuda x Clima de México.

Su trabajo colectivo se articula en torno a lo que llaman los cuatro ejes del colapso, una metodología que permite sintetizar las afectaciones territoriales que comparten las luchas mesoamericanas: “megaproyectos y militarización; migración y desplazamiento forzado; la financierización de la vida y las falsas soluciones; y la crisis global del agua”. Para Dianx, estos ejes funcionan como una forma de ordenar la experiencia común de las comunidades: “Así podemos sistematizar claramente y definir cuáles son las afectaciones que tiene cada territorio”.

La caravana partió formalmente el 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular— desde Tapachula, Chiapas, después de una conferencia de prensa en la frontera entre México y Guatemala. Pero su trayectoria comenzó días antes, en el norte de México, con la tribu Yaqui en Sonora. Allí se denunciaron los impactos del acueducto Independencia y las promesas incumplidas del Plan de Justicia Yaqui impulsado por el gobierno mexicano. El camino siguió hacia Michoacán, donde el Consejo Supremo Indígena articuló con la caravana en un territorio marcado —como dijo Dianx— por “la criminalización, persecución y desaparición de defensores desde los años setenta”. Más tarde, en Ciudad de México, un plantón frente a la Suprema Corte logró que defensores ingresaran al edificio para presentar sus demandas ante un ministro.

El formato del recorrido fue estable: en cada país la caravana permaneció dos días, primero en un encuentro privado de articulación política entre las organizaciones que convocaban o recibían la caravana, y luego en una actividad pública definida por cada territorio. “Dependía de la situación política: en algunos lugares fueron protestas frente a ministerios de ambiente; en otros, paneles, conferencias de prensa o actos culturales”, explica Dianx. Pero lo que no variaba era el diagnóstico: un cerco mediático que mantiene fuera de la conversación climática global a las comunidades indígenas y campesinas de Centroamérica. “Nos hemos dado cuenta que en estos espacios climáticos nunca se considera la voz de los defensores en Centroamérica. Está negada la presencia de comunidades indígenas en el territorio”, remarca.

Ese cerco también se expresó en obstáculos concretos. Nicaragua prohibió el paso de la caravana por su territorio. “Nos agregó mucha presión mental y económica. Si esto nos pasó a nosotros, que no íbamos a hacer ninguna movilización en Nicaragua, imagínate lo que viven los defensores ahí”, señala Dianx. La caravana también denunció la persecución política bajo el régimen de Bukele en El Salvador, donde organizaciones que recibieron el paso de la caravana sufren incautación de bienes y hostigamiento sin causas judiciales.

En Costa Rica, la caravana realizó una acción clave: entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el documento que compila las demandas y casos levantados durante el recorrido. “Muchos de estos procesos llevan años abiertos sin seguimiento ni resoluciones positivas. Por eso presionamos para que se vuelvan a revisar”, explica. Ese mismo documento ahora circula en Belém entre relatores de la ONU y otros organismos.

Después del encuentro de caravanas en Santarém, las organizaciones subieron a un barco y navegaron hasta Belém. Llegaron en plena efervescencia de intervenciones artísticas, flotillas amazónicas y pueblos en movimiento que desde el primer día están tensionando la agenda oficial de la COP. Para Dianx, el objetivo es claro: “Romper el cerco mediático y avanzar hacia una articulación regional de pueblos que defienden el territorio”.

La caravana entra a la COP30 con la certeza de que ningún acuerdo climático tendrá legitimidad mientras ignore las luchas que sostienen la vida en Centroamérica. Porque, como repite una y otra vez en su paso por Belém, “no va a haber justicia climática si no hay justicia para los pueblos”.

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Por Camila Parodi | Fotos: Cobertura Ninja

Desde el lunes, la ciudad amazónica de Belém se convirtió en epicentro del clima global: allí comenzó la 30ª Conferencia de las Partes (COP30), el espacio donde gobiernos, organismos internacionales y grandes corporaciones negocian qué hacer ante el colapso climático. Pero esta vez, la historia no se escribe solo entre oficinas con aire acondicionado.

Desde el primer día, flotillas amazónicas, caravanas indígenas, campesinas y urbanas, cuerpos organizados y territorios en movimiento llegaron para recordarlo: la Amazonía no es un escenario, es un territorio vivo. Y no, esta no es una COP distinta porque la ONU lo diga. Es de los pueblos porque los pueblos ya la están ocupando.

El segundo día de la cumbre lo dejó claro: centenares de indígenas ocuparon la Zona Azul, el área central de las negociaciones oficiales, históricamente reservada a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. La acción —convocada por la COP de los Pueblos Indígenas— denunció la exclusión sistemática de estas voces en los acuerdos climáticos y reafirmó una verdad ineludible: no hay futuro posible sin la protección de los territorios y los modos de vida ancestrales.

Zona azul, territorio en disputa

La COP30 comenzó en Belém, en el corazón de la Amazonía, con un contraste imposible de disimular. En el centro de convenciones, los jefes de Estado hablan de paliativos y negocios; en los ríos y caminos, las comunidades indígenas y campesinas llegan con demandas urgentes y con la esperanza de que la defensa climática se imponga.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva abrió la cumbre con una promesa: “La COP30 será la COP de la verdad”. Llamó a enfrentar las advertencias de la ciencia con determinación y recordó que “si los hombres que hacen la guerra estuvieran en esta COP, verían que es más barato invertir en la agenda climática”. Pero esa apelación a la paz y a la acción se cruza con una contradicción ineludible: días antes del encuentro, el gobierno brasileño autorizó a Petrobras a iniciar exploraciones petroleras cerca de la desembocadura del Amazonas, una decisión cuestionada por organizaciones socioambientales y comunidades locales que ven en ese proyecto una amenaza directa al equilibrio del bioma amazónico.

Belém es el espejo donde se reflejan esas paradojas: un lugar de belleza y desigualdad, de esperanza y agotamiento, donde las palabras de los líderes conviven con la fuerza de las movilizaciones populares. En ese contexto, durante el segundo día de la COP, una acción coordinada de comunidades indígenas irrumpió en la llamada zona azul, el área reservada exclusivamente a los Estados, las agencias internacionales y las grandes ONG. El gesto no es nuevo, pero su potencia se renueva: ocupar ese espacio es hablar con el cuerpo, es poner límite a una política climática que sigue diseñada a espaldas de quienes sostienen la vida.

A la narrativa oficial del diálogo multilateral, los pueblos oponen una verdad incómoda: mientras se negocian bonos de carbono y financiamiento para la “adaptación”, los territorios arden, los ríos mueren, las defensoras son criminalizadas. No hay más tiempo para esperar invitaciones. Por eso, esta COP se abrió con pasos firmes y colectivos, no con discursos.

MST: ocupar para vivir

La ocupación de la COP no es una acción aislada. Es parte de una genealogía de luchas populares en América Latina y el Caribe. En Brasil, esa historia tiene un nombre clave: el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST). Nacido oficialmente en enero de 1984, en plena transición de la dictadura militar, el MST es heredero de siglos de luchas campesinas contra el latifundio, la concentración de tierras y el despojo. Surgió como respuesta directa al empobrecimiento rural y al aumento de las desigualdades agrarias, con apoyo de organizaciones como la Comisión Pastoral de la Tierra.

Su táctica fue clara desde el inicio: ocupar tierras improductivas, organizarlas colectivamente y demostrar que otro modelo agrario era posible. Su lema, “Ocupar, producir, resistir”, no fue solo una consigna: se convirtió en una pedagogía política y campesina que echó raíces en todo el territorio brasileño. En cada asentamiento, el MST construyó escuelas, bibliotecas, radios comunitarias, cooperativas y una cultura del cuidado colectivo. Desde allí, no solo recuperaron tierra: reconstruyeron el campo desde abajo, con justicia y autonomía.

Y son las mujeres y disidencias del MST quienes empujan las fronteras de esa lucha. Todos los 8 de marzo, sus acciones directas visibilizan la relación entre agronegocio, extractivismo y patriarcado. Denuncian que el mismo modelo que envenena los cuerpos y la tierra es el que sostiene la violencia de género. Desde su praxis, el feminismo campesino propone una alternativa: sin feminismo, no hay agroecología posible.

Hoy el MST es uno de los movimientos sociales más grandes y relevantes del continente. Su lucha por una reforma agraria popular no se limita al acceso a la tierra: también impulsa la producción de alimentos sanos, la agroecología, la organización comunitaria, el rechazo al uso de trabajo esclavo y la construcción de economías solidarias. Es el mayor productor de arroz orgánico de la región y ha conformado asentamientos legales para cientos de miles de familias, además de una red de cooperativas, asociaciones y agroindustrias autogestionadas.

La ciudad también se ocupa: derecho al centro

El Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) tradujo esa misma lógica de lucha a las ciudades. Frente a la especulación inmobiliaria y el despojo urbano, las ocupaciones organizadas por el MST y el MTST en territorios urbanos reclaman el derecho a vivir dignamente, a construir comunidad y a poner en discusión a quién le pertenece la ciudad. Sus acciones no son sólo respuestas a la emergencia habitacional, sino propuestas colectivas de otro modelo urbano: uno que priorice la vida por sobre el lucro.

Ambos movimientos —MST y MTST— enseñan que ocupar no es irrumpir sin rumbo. Es construir desde abajo, señalar lo que duele y lo que falta, pero también ensayar alternativas. Es abrir futuro donde el sistema sólo ofrece desalojo o marginalidad. Y ese lenguaje político volvió a hacerse presente en Belém.

La urbanista y ex Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Raquel Rolnik, ha puesto palabras a esa disputa con una idea clave: el “derecho al centro”. No se trata solo de una consigna, sino de una crítica profunda a la lógica de ciudad impuesta por el capital financiero tan visible en Sao Paulo, la ciudad más grande y desigual del continente. La investigadora sostiene que el derecho a habitar la ciudad no puede reducirse a poseer una vivienda en la periferia, sino que implica acceder a todos los bienes urbanos: transporte, salud, cultura, educación, trabajo, afecto y pertenencia. Una ciudad donde el suelo no sea mercancía, sino territorio común.

En Belém, ese derecho también fue ocupado. Las marchas, los encuentros y las asambleas populares que desbordaron la COP mostraron que la ciudad no puede ser privilegio de unos pocos, ni construirse en función del turismo verde o los megaeventos. Habitar dignamente el centro es, también, una forma de resistencia climática.

Flotillas y caravanas: todos los caminos llevan a la COP

Los ríos y caminos que conducen a Belém comenzaron a llenarse semanas antes de que se inaugure la COP30. Desde distintos puntos de la Amazonía, los Andes y Mesoamérica, flotillas y caravanas de pueblos indígenas, comunidades ribereñas, campesinas, quilombolas y movimientos urbanos comenzaron a movilizarse hacia la Cumbre de los Pueblos, en una travesía que es mucho más que geográfica: es política, afectiva y territorial.

En el río Tapajós, el 8º Grito Ancestral dio inicio a esta movilización continental con una acción pacífica en la que más de 300 indígenas interceptaron balsas extractivas para exigir el fin de megaproyectos como Ferrogrão y las hidrovías del Arco Norte, denunciando su impacto sobre los territorios, los ríos y los modos de vida tradicionales. “El río es nuestra casa”, dijeron, marcando una postura ética y existencial que no cabe en los modelos de desarrollo dominantes.

A esa corriente se sumaron flotillas amazónicas como la Yakumama, que navegó desde Ecuador y Perú atravesando kilómetros de ríos con liderazgos indígenas y defensores del agua. Cada parada fue encuentro: las comunidades ribereñas recibieron a las embarcaciones con cantos, frutas, tejidos, ofrendas y abrazos, en una red de solidaridad transfronteriza que fortalece la resistencia.

También partieron caravanas desde el altiplano, el Cerrado, el Chaco y las periferias urbanas, cargadas de historias de sequías, incendios, desplazamientos y criminalización. Pero también de saberes ancestrales, agroecología, cocinas comunitarias, autogobierno, espiritualidad y redes populares de cuidado. Viajan con los cuerpos cansados y el horizonte claro: la transición ecológica real nace en los territorios, no en los salones de negociación.

Entre las múltiples delegaciones, se realizó la llamada Caravana de la Respuesta, una movilización continental que rehace el trayecto del llamado “corredor de la soja” en sentido inverso. Su mensaje es directo: “Los pueblos son la respuesta”. Frente a las falsas soluciones que propone la arquitectura oficial de la COP, como la financiarización de la naturaleza o las tecnologías verdes al servicio del extractivismo, los pueblos movilizados anuncian otras formas de vivir, de producir, de compartir.

En total, se espera que más de cinco mil personas de más de sesenta países lleguen por agua, por tierra y por aire para participar de esta COP desde abajo, protagonizada por quienes cuidan los ríos, los bosques y las periferias del mundo. No vienen a pedir permiso. Llegan con historia, con futuro, con prácticas colectivas que ya están sosteniendo el mundo que vendrá.

Una COP desde abajo

Aunque esta COP se anuncia como “la COP de la adaptación”, la brecha entre el discurso y los hechos sigue creciendo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), los países del Sur necesitarán más de 310 mil millones de dólares anuales hasta 2035 para adaptarse a los impactos del cambio climático. Pero esa cifra contrasta con un dato más concreto: los pueblos ya están adaptando y resistiendo sin recursos, sin reconocimiento y sin permiso.

Belém es hoy una ciudad tomada por los cantos, los colores, las banderas, las lenguas diversas. Y también por una certeza compartida: los pueblos ya están adentro. Esta no es una COP “incluyente”; es una COP ocupada. Y eso hace toda la diferencia.

A partir de hoy, comienza en paralelo la Cumbre de los Pueblos rumbo a la COP30, un espacio autónomo que reunirá a más de 15 mil personas de todo el mundo en Belém para debatir propuestas, visiones y estrategias desde una perspectiva popular, feminista, territorial y comunitaria. Será un punto de encuentro entre pueblos tradicionales, movimientos sociales, comunidades urbanas y organizaciones internacionales, todos atravesados por una certeza: la justicia climática no vendrá desde arriba, ni desde las cúpulas, sino desde los territorios que viven, resisten y transforman.

Durante cinco días, se desplegarán foros, encuentros, talleres, asambleas, expresiones artísticas y acciones directas. El 15 de noviembre será una jornada clave: una movilización global para denunciar el modelo extractivista y anunciar las alternativas construidas desde la experiencia de los pueblos.

La Cumbre recoge el legado del Foro Global de la Eco 92, la Cumbre de los Pueblos de Río+20 y los Foros Sociales Mundiales, donde la sociedad civil fue protagonista de debates y propuestas estructurales. Con más de 546 organizaciones firmantes de su Manifiesto, esta edición fortalece una articulación internacional que se proyecta hacia 2025, cuando la COP30 regrese a Belém.

Desde las periferias urbanas hasta las comunidades del Cerrado, desde los pueblos originarios hasta los movimientos de mujeres negras, la Cumbre quiere popularizar y politizar un espacio que históricamente fue elitizado. Belém se convierte así no solo en sede de una cumbre oficial, sino en epicentro de una contracumbre global, donde se discute lo que de verdad importa: la vida, los territorios, los cuerpos, los vínculos. Una Cumbre de los Pueblos que no espera concesiones: ocupa y construye un futuro distinto, desde abajo y entre todas.

*Artículo publicado en el marco de la cobertura de la COP30 junto a Latfem, Tierra Viva y Kaja Negra.

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Por Redacción Marcha / Foto: Archivo

La familia de Alfredo Cuellar enfrenta una nueva amenaza de desalojo forzoso en la Ciudad de Buenos Aires. Con una orden judicial ya dictada y habiendo recibido dos notificaciones, se encuentran bajo el riesgo inminente de ser expulsados de su vivienda en Raulet 62 en el barrio de Parque Patricios, donde la familia reside hace más 50 años.

La medida fue firmada por el Juez Ramiro Güiraldes, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 35, en el marco de la causa “Basset Úrsula Cristina contra Alfredo Severo Cuellar y otros s/Desalojo (Expte N° 53.952/2022).

La oficial de Justicia se niega a recibir a Cuellar y a informarle la fecha concreta del lanzamiento, lo que mantiene a la familia en una situación de incertidumbre absoluta: “Tengo el desalojo en puerta,“No tengo el día exacto, pero que en cualquier momento pueden caer” asegura el padre de la China. En la casa vive Alfredo con sus hijas y sus nietos, niñas y niños que asisten a la escuela pública y para quienes el desalojo no sólo signifciaría la pérdida del techo familiar, sino también la interrupción de su vida escolar y su entorno comunitario.

La situación judicial de Alfredo está profundamente atravesada por el hostigamiento y la persecución política que sufre desde hace más de una década, cuando comenzó a denunciar el asesinato de su hija Florencia “La China” Cuellar, a manos del Servicio Penitenciario Federal.

“¿Cuál es el motivo por el que tengo que seguir resistiendo?”, se pregunta Alfredo, al tiempo que denuncia que quienes buscan desalojarlo no pueden acreditar la propiedad del inmueble.También pone en duda la autenticidad de la documentación presentada en la causa: “En realidad no es así”, afirma. El reclamo es tan básico como ser escuchado por quienes toman las decisiones y que se respeten los derechos de las infancias que viven en la casa: “Si al menos me pueden aguantar hasta que terminen el colegio mis nietos”.

Una asamblea contra el desalojo

El miércoles 15 por la tarde noche en las calles de Parque Patricios se realizó una asamblea contra el desalojo de Alfredo y su familia por parte del poder judicial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). Bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”, vecinos y personas solidarias con su lucha analizaron diferentes estrategias para resistir y enfrentar esta nueva situación de persecución y despojo que ya tuvo episodios previos.

“La policía entró a mi domicilio y rompió recuerdos que tenía de mi hija”. Con este relato Alfredo contó que, a pesar de no haber sido escuchado para argumentar sobre su situación de vivienda ni haber visto los documentos que acrediten el motivo por el que pretenden expulsarlo a él y a su familia de la casa que habita hace décadas, la Policía de la Ciudad irrumpió en la morada, los amenazó aun en la presencia de niñeces y destruyó bienes y mobiliario. Pero sobre todo “rompieron fotos de mi hija que eran de una muestra”, aseguró.

“No estamos todas, faltan las presas”

Alfredo Cuellar es un padre que reclama por el esclarecimiento de la muerte de su hija, “la China”, asesinada el 23 de diciembre de 2012 en la Unidad Penitenciaria IV de Ezeiza. En estos años, y a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, nunca recibió la confirmación de parte de la fuerza de custodia de las causas de la muerte de su hija; incluso pretendieron obligarlo a firmar que fue un suicidio.

Alfredo se convirtió, a regañadientes, en un luchador contra la violencia institucional y por los Derechos Humanos. Fue secuestrado, sus hijos perseguidos por la justicia y la policía, y ahora enfrenta una nueva amenaza por desalojo contra su lucha en la búsqueda de memoria y verdad. Fue en mayo de 2013 cuando fue secuestrado, en Parque Patricios, por cuatro sujetos que lo introdujeron a un auto y le proporcionaron golpes a la altura de los riñones -lo cual le ocasionó escoriaciones en los vasos- y lo amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer si no se dejaba de joder con el asunto de la China.

Sus denuncias además causaron que, en septiembre de 2013, el jefe de la Unidad IV, prefecto Juan Montenegro, fuera desplazado de su cargo y pasado a disponibilidad por maltratos a partir de un informe de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. El alejamiento de Montenegro fue dispuesto por el entonces director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Alejandro Marambio, tras indicarse que, durante la visita de un grupo de jueces encabezados por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, “se constataron rastros de maltrato en al menos dos internas materializados en golpes, suministro excesivo de fármacos psiquiátricos y aislamientos en celdas individuales”. Fue una evidencia de las torturas.

Desde entonces, siempre estuvo acompañado de la solidaridad de muchas personas, familiares y amistades de víctimas de la violencia institucional y los abusos de poder. “Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, las que protestan, las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan. Y esto también es represión en democracia”, dice.

Entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Entonces, era la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales. Seis de ellas fueron “colgadas”, dos asfixiadas y de una no se conocen detalles de su muerte. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido. Alfredo Cuellar puso cuerpo y voz a la búsqueda por verdad y sobre todo memoria de todas ellas y generó dos hitos de proclama en el ala más combativa del movimiento de mujeres y feminista del país: “Ni una menos también en las cárceles” y el “No estamos todas, faltan las presas”. Así es.

Archivo: https://marcha.org.ar/tag/china-cuellar/

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El 11 de septiembre el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó con pena de cárcel al expresidente Jair Bolsonaro por delitos contra la soberanía popular. Una mirada feminista de esa sentencia y la lucha por memoria, verdad y contra la amnistía para los violentos.

Por Carla Perelló desde Brasil / Foto: La Diaria

Durante las semanas del juicio y con la condena en la mano, feministas, LGBT+, pueblos indígenas y víctimas del desgobierno bolsonarista dieron un marco simbólico e histórico a la sentencia judicial escrita por mayoría en el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil el pasado 11 de septiembre. En testimonios para la historia, diputadas y referentas reflexionan sobre la relevancia del juicio y a la vez tejen memorias de la gesta del golpe -los golpes- y rescatan los crímenes por los que el expresidente no fue juzgado de la mano de quienes sostienen el mensaje “prohibido olvidar, prohibido amnistiar”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia, porque es justamente por el hecho de no haber tenido justicia de transición que hoy muchos se sienten autorizados a elogiar la dictadura y a intentar nuevos golpes de Estado. Es una forma decirnos a nosotros mismos y al mundo que Brasil no naturaliza, no acepta y trabaja contra golpistas”, señaló la diputada federal por el PSOL Samia Bomfim en relación al juicio en el que por primera vez en la historia civiles y militares fueron condenados por atentar contra la soberanía popular.

Se trata, desde su perspectiva, de un mensaje para la actual generación y para las próximas “que van a mirar para el pasado brasileño y comprender cuál es la forma que debemos tratar quien atenta contra las libertades democráticas”.

“Este juicio es una forma de revisar nuestra propia historia. De decirnos a nosotras mismas y al mundo que Brasil no naturaliza a los golpistas”.

Talíria Petrone, diputada federal por el PSOL y quien acompañó presencialmente el juicio en la Sala Primera del STF, se manifestó en consonancia con su compañera de partido y de banca en relación a la relevancia histórica, pero marcó que se trata también del “fin de la tutela militar” sobre la democracia brasileña, un peso que no se quitó desde la dictadura.

“La democracia es el bien más precioso que un pueblo puede tener. Y Brasil tuvo casi cuatro siglos de esclavitud, una abolición inconclusa y una democracia con alguna fragilidad, pero que está de pie. Pero cuando se dan pasos para atrás, como fue en el gobierno Bolsonaro, donde el fascismo ocupó el espacio de poder, sabemos que los primeros cuerpos a ser impactados son de mujeres, de personas negras, de personas LGBT, de los trabajadores de las periferias que son mayoritariamente negros, de las mujeres jefas de familia”, dijo sobre lo que dejó el desgobierno y destacó el lugar de los movimientos sociales organizados en defensa “de la soberanía, el futuro de las niñeces brasileñas” en un país que “aún lucha por fortalecer la memoria, la verdad y la justicia”.

Pasado, presente y futuro de América Latina 

La histórica militante del Partido de los Trabajadores y diputada federal Erika Kokay, a su turno, apuntó contra las posiciones misóginas y homofóbicas del exmandatario “que siempre estuvieron acompañadas por declaraciones que veneraban no sólo a la dictadura militar, sino a sus más crueles torturadores”. Por ello, reforzó la mirada común y retomó las palabras de la ministra Carmen Lúcia al momento de su voto por la condena: “Este juicio nos conecta fuertemente con nuestro pasado y con lo que queremos ser en el futuro. Brasil pagó un precio caro por la impunidad a los golpistas y torturadores del pasado y, de cierta forma, dejó entreabierta la puerta para que las amenazas antidemocráticas volvieran”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia, inclusive articulando asesinatos políticos como el del presidente Lula da Silva, el vice Geraldo Alckmin y del juez Alexandre De Moraes es un hecho que debe ser celebrado en América Latina, es un hecho que repercute en la lucha de los pueblos por la democracia y contra la opresión”, señaló.

La corrosión antes de Bolsonaro: Dilma, los feminismos y el golpe “blando”

Durante las semanas del juicio histórico, las fotos de la primera y única presidenta de Brasil Dilma Rousseff se multiplicaron en las redes sociales. En más de un posteo se la ve a ella dando testimonio en épocas de la dictadura tras ser detenida política durante tres años o de traje blanco con una sonrisa en la cara el día que asumió la presidencia, el 1° de enero de 2011. Otras, traen a la memoria la frase que pronunció el 31 de agosto de 2016 cuando fue expulsada del gobierno: “La historia será implacable con los que se creen vencedores”.

Dilma se refería a todos aquellos que habían votado en favor del impeachment, entre ellos, a Jair Bolsonaro, que en su discurso enalteció la figura del torturador coronel del Ejército Carlos Alberto Brilhante Ustra.

“En 2014 vivimos un momento y un dilema histórico que colocó al movimiento feminista en el centro del debate”, rememoró ante Marcha Noticias la coordinadora de la Articulación de Mujeres Brasileñas Elisa María, que eligió marcar los años posteriores a la llegada del bolsonarismo al poder y el lugar que ocuparon los feminismos desde entonces. Eran épocas de la reelección y uno de los principales debates que estaba en la arena pública era la legalización del aborto, que Dilma apoyaba. 

A entender de Elisa, el movimiento se expandía con la garantía de los derechos de las mujeres. Pero, al mismo tiempo, empezaban a salir al sol sectores de la derecha y de la Iglesia y la gesta de lo que en la región se denominó como golpe “blando” tuvo su materialización en la realidad cotidiana sobre el cuerpo de las mujeres y disidencias sexuales brasileñas con índices alarmantes de violencia sexual. “Ya desde ese momento, desde el movimiento feminista, decíamos que lo que se gestaba era un golpe machista, patriarcal, racista. Un golpe de las élites, especialmente por Dilma ser una mujer”, apuntó Elisa, que aseguró, también que lo que vino después con el gobierno de Michelle Temer (el vicepresidente que asumió tras la destitución) “significó corroborar que el golpe no fue sólo contra Dilma, sino contra la democracia brasileña, como ella misma decía, ‘es contra las mujeres, es perder derechos de educación, salud y trabajo’”.

“¿Qué significa entonces esta condena? Puede ser una respuesta a todos los sufrimientos que vivenciamos en los últimos años, por las más de 700 mil muertes por covid, por el empobrecimiento de la población, por haber regresado al mapa del hambre, por la incontable cantidad de violaciones contra la vida de las mujeres y las niñas, pero sobre todo es simbólico para avanzar en la democracia”, sentenció Elisa. Por eso, asegura, “el movimiento feminista estará en la lucha todos los días para que no tenga amnistía”.

“Condenar a quien tramó contra la democracia es un hecho que debe ser celebrado en América Latina y que repercute en la lucha de los pueblos contra la opresión”

Pero el movimiento feminista no estuvo ni está solo. Junto con él caminan quienes pusieron el cuerpo al Ele Nao –que en plena alzada del presidente golpista en 2018 construyeron la mayor manifestación popular de mujeres y disidencias- y alzaron la voz contra el proyecto misógino y golpista. Caminan pueblos indígenas, que denuncian el ataque al ambiente y la promoción del genocidio, víctimas y familiares de las víctimas de la pandemia producto del negacionismo de una administración que se ganó el mote de “desgobierno” por haber desmontado las estructuras del Estado y, en cambio atentar contra el pueblo y, por eso, exigen no perdonar ni amnistiar a los golpistas. 

También, junto a familares, amigues y compañeres de Marielle Franco, la concejala negra, favelada y lesbiana, asesinada en los albores del bolsonarismo cuando ya había empezado a instalar en la sociedad el odio y la violencia.  

“El tiempo es implacable” sentenciaron en un posteo desde el Instituto fundado por la familia de Marielle, que lleva su nombre. “Durante años vimos ese proyecto político desparramar odio, profundizar violencias de género y raza, atacar mujeres negras, comunidades periféricas y defensoras de derechos humanos. Vimos la democracia ser corroída por dentro. La condena no quita el dolor ni devuelve las vidas interrumpidas por ese ciclo de violencia. Pero muestra que la justicia es posible”, escribieron a modo de conmemoración.

Para cerrar, en fin, con una celebración: “Para nosotras, mujeres negras, esta decisión reverbera como respuesta a un tiempo en que intentaron callarnos, alejarnos y dispersarnos. Pero no lo consiguieron. No nos dispersamos. Seguimos resistiendo y ocupando”.

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Por Carla Perelló, desde Brasília  | Foto: Lucas Martins para Midia Ninja

En Brasilia el viento suave que corre entre los enormes edificios no amilana el calor sofocante y seco. Tampoco se lleva con él las presiones que llegan desde Estados Unidos ni las que surgen desde dentro del Congreso Nacional. Nada para el calor, sino todo lo contrario. “Brasil demoró para conquistar la democracia. Tuvimos 20 años de dictadura, no es posible normalizar volver a esos años oscuros de la historia”, sostuvo el ministro relator del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Alexandre de Moraes pronunció esas palabras al dar a conocer el primer voto en favor de la condena en el marco del juicio histórico contra el expresidente Jair Bolsonaro -apuntado como líder- y siete de sus aliados por cinco crímenes contra el estado democrático de derecho. A él, se le sumó el ministro Flávio Dino y sólo faltan tres de cinco para pronunciarse.

Mientras tanto, la rosca está a la orden del día y atraviesa las paredes del legislativo nacional con la abierta injerencia de Estados Unidos, que impuso tasas de más de 50% a los productos brasileños porque el mandatario Donald Trump consideró que su aliado -el expresidente- es víctima de una “cacería de brujas”. Al mismo tiempo, bolsonaristas pujan por una ley de amnistía, mientras que aliados del Gobierno petista le bajan la expectativa.

La acción penal está a cargo de los cinco magistrados de la Sala Primera del STF: De Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. Este martes ya se conocieron dos votos a favor de los tres que se necesitan para que los ocho acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) sean condenados. Todos señalados por ser considerados parte del “núcleo crucial” de la tentativa del golpe de Estado del 8 de enero de 2023, cuyas penas pueden superar los 40 años de prisión.

Los acusados y la acusación

Alexandre Ramagem, diputado y exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN);

Almir Garnier Santos, almirante y excomandante de la Marina;

Anderson Torres, exministro de Justicia;

Augusto Heleno, general de reserva y exjefe del Gabinete de Seguridad Institucional;

Mauro Cid, teniente coronel y ex capellán de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general y exministro de Defensa;

Walter Braga Netto, general de reserva y exministro de la Casa Civil y ex candidato a la vicepresidencia junto con Bolsonaro.

Todos, excepto Ramagem, van a juicio por cinco crímenes acusados por la PGR de: 

• liderar una organización criminal armada
• tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho 
• Golpe de Estado
• Daño calificado por violencia y grave amenaza contra el patrimonio de la Unión
• Deterioro del patrimonio histórico

En el caso de Ramagem, se suspendió parcialmente la acción penal por considerar que el bolsonarista tiene inmunidad parlamentaria contra los hechos ocurridos después de haber asumido como diputado, que son los delitos de daño y deterioro del patrimonio histórico. El proceso sobre los demás está vigente ya que sucedieron antes de que asumiera.

Votos de De Moraes y Dino y la divergencia de Fux 

El magistrado estrella de la Corte, quien en las calles se ganó el apodo amistoso de Xandão, habló durante más de cinco horas, desde las 9 hasta pasadas las 14. La primera interrupción llegó a los siete minutos de su discurso por parte del juez Fux cuando rechazó los planteos de las defensas respecto a la naturaleza procesal del caso. El tercero en la lista de votación planteó que en su votación ratificará su desacuerdo con ese punto, ya que considera que el juicio debería haberlo llevado adelante el pleno de la Corte conformado por once ministros.

Salvado ese punto, De Moraes estructuró su discurso en torno a las pruebas y a las acusaciones, que mostró y leyó. En cada punto insistió en que hubo una organización criminal, que los acusados usaron las estructuras del Estado para cometer los crímenes y que lo que intentaron fue un golpe de Estado. 

“El líder de la organización con el cargo de líder y jefe de Estado (Bolsonaro) criminal se unió a individuos de extrema confianza para la realización de un golpe de Estado y para perpetrar la ruptura de las instituciones democráticas”, apuntó sobre el plan que, considera, comenzó en julio de 2021 y contó con la escritura de la minuta del golpe, reuniones de Bolsonaro con sus aliados y con embajadores para deslegitimar el sistema de votación, una acción que tuvo su pie en las redes sociales con la difusión de fake news.

“Los acusados practicaron todas las infracciones penales imputadas por la PGR en concurso de agentes en concurso material”, sintetizó al cierre de su veredicto, en tanto que la cantidad de años que pedirá para cada uno de los acusados se sabrá recién el viernes. Sobre Bolsonaro, en tanto, sostuvo que ejerció como líder de la organización criminal. Un plan que tenía entre las posibilidades el asesinato del actual presidente, el vice y el ministro relator Luiz Inácio Lula da Silva, Gerardo Alckmin y De Moraes, en lo que se conoció como “Plan Puñal Verde-Amarillo”.

A De Moraes le siguió Dino, ex ministro de Justicia del gobierno lulista, que se encargó de echar por tierra la posibilidad de una amnistía. “Este tipo de crímenes no son susceptibles de amnistía”, apuntó Dino. 

El ex ministro de Justicia justificó su voto en poco más de una hora, descartó las cuestiones procesales y consideró que “no hay la menor duda de que hay distintos niveles de responsabilidades”. A continuación hizo la separación y se diferenció de De Moraes: Bolsonaro y Braga Netto con “culpabilidad bastante alta”; y Garnier Torres y Cid en el siguiente escalón, con la posibilidad de beneficios al ex capellán por haber aportado pruebas y testimonios.

Sobre Sergio Nogueira, Heleno y Ramagem dijo que tuvieron “una participación de menor importancia”. Sobre Ramagem marcó que salió del gobierno bolsonarista en marzo de 2022; y sobre Heleno que no participó de las reuniones para la planificación del golpe. Mientras que Nogueira participó “hasta cierto punto”. 

En contexto: la investigación y la posición de las defensas 

Tras más de dos años de investigación de la Policía Federal, el pasado 2 de septiembre comenzó el histórico juicio: es la primera vez que un exmandatario y jefes militares son juzgados por un tribunal civil por el intento de golpe de Estado que tuvo como punto cúlmine el 8 de enero de 2023. No sucedió ello con los criminales que estuvieron al frente de la dictadura militar-empresarial, ni contra quienes llevaron adelante el golpe “blando” de 2016 contra la expresidenta Dilma Rousseff.

La acusación 

A Bolsonaro se lo acusa de ser el líder de la organización criminal que articuló reuniones en el Palacio de la Alvorada, editó la minuta y presionó a militares para atentar contra la soberanía popular. Podría decirse que todos ellos están en el banco de los acusados, pero lo cierto es que ninguno de ellos hizo presencia en la Sala Primera del STF, sino que todos siguieron el desarrollo del juicio desde sus casas.

La posición de las defensas 

Durante las sesiones de la semana pasada, las defensas expusieron sus posiciones: todos negaron la participación de sus defendidos en el plan de golpe de Estado que la investigación sugiere que comenzó en 2022, mucho antes de las elecciones con la deslegitimación de las instituciones electorales.

Los que más complicaron la posición del expresidente fueron las defensas de Heleno, que sostuvo que el ex jefe de Seguridad Institucional estaba “alejado” de Bolsonaro. La de Nogueira, en tanto, afirmó que el ex jefe de Defensa intentó que Bolsonaro “desista” de la tentativa golpista.

La presión por una amnistía con la actuación estelar de Estados Unidos

En paralelo al juicio la rosca se mueve para todos lados: al mismo tiempo que comenzó el proceso la semana pasada, bolsonaristas pusieron manos a la obra. Los protagonistas de la obra son los senadores Flávio Bolsonaro (hijo del expresidente) y Sergio Moro (ex ministro de Justicia). En la Cámara de Diputados se lleva adelante el mismo movimiento con los líderes del Partido Liberal -al que pertenece bolsonaro-. Todos ellos exigen una ley de amnistía, igual que lo manifestaron unos miles de sus seguidores el pasado domingo cuando salieron a las calles paulistas con una enorme bandera de Estados Unidos para ¿festejar? el Día de la Independencia brasileña. 

Son dos las propuestas que circulan, una del PL y otra que propone negociar el presidente del Senado, Davi Alcolumbre (Partido Unión), a la que llaman “light”. La primera, beneficiaría tanto a las más de 620 personas ya juzgadas por los actos golpistas del 8 de enero, como a la cúpula que acompaña a Bolsonaro y al mismo exmandatario. Incluso le devolvería sus derechos políticos retirados por el Supremo Tribunal Electoral hasta 2030 por haber puesto en duda a las instituciones electorales.

Una de las figuras de ese encuentro fue el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien apoya a Bolsonaro. Hasta ahora había procurado no radicalizarse demasiado, pero no aguantó: adoptó una posición totalmente diferente en lo que parece ser su apuesta para las elecciones presidenciales de 2026 para defender una amnistía “amplia e irrestricta” y hasta prometió el indulto para el exmandatario. “Motta (el presidente de la Cámara de Diputados, que parecía estar aliándose a los bolsonaristas) se sintió incómodo, lo que la semana pasada estaba acordado, esta semana, ya no”, sostuvo en off un legislador cercano al gobierno.

El STF, en tanto, ya dejó trascender que la propuesta del PL es inconstitucional, ya que no es posible amnistiar crímenes contra la democracia, mientras que la otra está en veremos.

La presión de Trump

Al mismo tiempo, el Gobierno de Lula lidia con una crisis diplomática sin precedentes tras las amenazas de Trump, que este fin de semana volvió a la carga acusando al ex líder metalúrgico de “radicalizarse” y reconoció que fue por eso que aplicaron tarifas de hasta el 50%. Para responder, el Gobierno actúa en conjunto con bufetes de abogados en Estados Unidos para accionar en cortes locales, junto con empresarios y diplomáticos, así contrarrestar el lobby realizado por otro de los hijos del expresidente, el diputado en licencia Eduardo Bolsonaro.

La idea es, justamente, presionar para conseguir la amnistía de Bolsonaro. Por el momento, los miembros del Poder Judicial prestan testimonio en el juicio histórico en favor de la autonomía y la soberanía de la mayor democracia de América Latina. 

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