Por Gabriel Casas / Foto por Gustavo Garello

“Esto es herencia, herencia y herencia. Por más que me saquen a mí de la tribuna, otro va a ocupar mi lugar. Así no van a solucionar la violencia en el fútbol”, decía hace años el sociólogo barrabravista Rafael Di Zeo, jefe de La Doce de Boca. Y hay que darle la razón a alguien que conoce bien de adentro el entramado del armado de las barras bravas que ahora tienen en vilo al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al de CABA con la interna feroz y salvaje en la vereda de enfrente: la de River.

Es que las barras nunca se fueron. Siempre estuvieron adentro de la cancha o desde afuera manejando su negocio por sus jefes. El gobierno de María Eugenia Vidal pone en su publicidad de la campaña electoral la lucha contra los barrabravas como uno de sus logros de gestión. Eso de la aplicación del derecho de admisión para dejar afuera de los estadios a los integrantes más conspicuos. Son los que tienen causas judiciales. Una engaña pichanga. Esconder la basura debajo de la alfombra.

Por más que los jefes no puedan ingresar, siguen manejando todo desde afuera. Recaudan con los puestos de comida en los alrededores (algunos directamente son suyos o reciben el canon que les “corresponde”), los estacionamientos de los autos en las calles linderas, la reventa de entradas que le bajan desde el propio club e incluso sus incursiones en el narcotráfico. Todo en connivencia con la policía de cada jurisdicción.

Pero ahora que están asustados por la repercusión (en la previa de dos River-Boca por la Copa Libertadores que conmocionan no solamente al ambiente futbolero) salen a cazar barras y también aplican la represión policial en el ingreso o el egreso de los estadios. Cualquiera que vaya a un estadio en la provincia de Buenos Aires sabe del trato inhumano a los hinchas “comunes”. Siempre salen a la luz en videos que registran los propios simpatizantes. En especial en la zona sur. Entonces, como un involucrado es el primo del ex futbolista millonario Jonathan Maidana, al que lamentablemente le destrozaron la pierna de un disparo, los medios se hacen eco de la brutalidad policíaca.

Y, por otro lado, están los relatos: tomamos con normalidad que se hable con tanta liviandad de “barra oficial” o de “barra disidente” en todos los medios hegemónicos.  Si hay una barra “oficial” es porque los dirigentes de ese club (por medio de un allegado para tal cuestión) deciden a dedo a quién darle el dinero y las entradas para la reventa. Y la “disidente” es la que quedó afuera del negocio y lo quiere recuperar. ¿Y cómo se dirime entre ellos? En emboscadas y a los tiros con un arsenal a disposición.

Los borrachos del tablón y la jarra rota

Después de que cayó en desgracia Caverna Godoy, en la previa a la final del superclásico que nunca se jugó en el Monumental (por eso mismo), hubo una especie de vacío de referencia en la barra de River. La fracción de “Los del Oeste” y que nuclea también a bravos de otros lugares, que fueron los que manejaron la barra en los noventa, ingresaron dos horas antes a la popular del estadio de Lanús con su cotillón y pusieron la bandera que dice: “Nosotros somos la historia”. Sus rivales de la oficial (de la localidad de Budge) sabían de la movida –lo sabemos, entre ellos todo se sabe– y fueron armados hasta los dientes para impedirlo. Ahí los detuvo la policía y salió la noticia que repercutió en todos los medios periodísticos. Después, sobre la hora del inicio del partido (recordemos que fue un miércoles, día laborable) se desató la agresión descontrolada con los hinchas “comunes” que querían ingresar,  que las fuerzas de seguridad (como siempre) no supieron cómo manejar y lo hicieron (como siempre) cumpliendo órdenes de violencia y cometiendo excesos. Por cierto, el partido se jugó igual. Porque, ante todo, “el show debe continuar”. Y después, el titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones (designado por Vidal y el ministro de seguridad Cristian Ritondo), tiene la máscara o el tupé de salir a declarar que el operativo de seguridad fue “exitoso”. Diez hinchas “normales”, con sus entradas, todavía están detenidos hasta el martes, muchos de ellos, incomunicados, lo que es totalmente ilegal.  Los acusan de resistencia a la autoridad. Mientras que 49 de los 51 barrabravas apresados de la fracción de Budge salieron en libertad el día siguiente.

En otro rapto de “lucidez”, Lugones declaró que el operativo había sido “exitoso” y que “se evitó una tragedia mayor”. Respecto del accionar policial y los heridos graves el funcionario optó por pensar en policías “desmadrados”, tal como se acostumbra en las represiones y prometió: “La auditoría de asuntos internos está trabajando y no quedará impune si algún policía manchó el uniforme. El policía que manche el uniforme queda afuera”. No sabemos aún qué será manchar el uniforme en una fuerza de seguridad que nos tiene acostumbrados al gatillo fácil y a la represión.

Pero eso no es todo, con amenazas de “concretar lo que no habían podido” en la Copa Argentina, la idea de un enfrentamiento en el Monumental estaba latente. De eso se agarró el fiscal Jorge Griego para realizar 28 allanamientos el domingo por la mañana en la previa del partido contra Vélez. El resultado: detenidos (los mismos liberados el jueves anterior), armas, drogas y trapos por doquier.

¿Dónde se ubican las y los hinchas en esta situación? ¿Las y los hinchas de verdad, es decir, la mayoría? Ayer, por temor a un posible enfrentamiento de barras, el Monumental no lució ni de cerca la cantidad de público que puede convocar para un partido tan atractivo como lo era River-Vélez. Ellas y ellos son quienes tienen que compartir tribuna y desde hace muchos años la cancha de River es un lugar hostil para muchas y muchos hinchas, incluso cuando la cancha propia era lugar seguro para locales.

Es cierto que, también, para algunos hinchas (en su mayoría, varones) hay cierta fascinación por los capos bravos. Se sacan fotos con ellos (como si fueran futbolistas o entrenadores) y las suben a sus redes sociales. Cuando van de visitante (en especial al exterior del país), esos hinchas se sienten más protegidos cuando ven a su lado a los bravos. Porque, también es cierto, saben que ellos son los primeros que van a responder ante presuntas agresiones de hinchas rivales o de la policía de otros países.

Esto es un problema sin solución sin una verdadera voluntad política desde el poder para terminarlo. No le conviene a nadie. No lo hizo el kirchnerismo tampoco. Es más, avaló la organización de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) y los jefes de varias barras fueron premiados con el viaje al Mundial de Sudáfrica 2010. Y hasta Cristina trató de “buenos muchachos” a los que se subían a los paravalanchas.

“El poder es tener los teléfonos del poder”, filosofaba también Di Zeo por aquel tiempo en el que estuvo preso o prófugo. No le atendían en su momento los teléfonos, pero recuperó la conexión con Daniel Angelici y Mauricio Macri. Como también en su momento lo usaría Caverna Godoy con Rodolfo D’Onofrio o sus allegados. Ellos se aprovechan de la hipocresía de los dirigentes de los clubes (también a algunos los tienen como rehenes porque amenazan a sus familias) y de los partidos políticos. Y después surge la indignación cuando queda todo expuesto en los medios. Y también usan la hipocresía la gran mayoría de las y los periodistas deportivos porque los conocen a todos y nunca hicieron nada para denunciarlos. Ya que también “violencia es mentir”.

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La asociación civil “El Transformador” reclama que se haga efectiva la ley de expropiación de La Casona de Haedo, que vence en septiembre próximo. Entrevista a Aldana Sardelli, trabajadora de la organización social. Distintas actividades se vienen realizando para poder sostener el espacio.

Desde 2003 en la Casona de Haedo (Pdo. de Morón) funciona la Asociación Civil El Transformador. Un espacio que surge como resultado de la construcción de distintas organizaciones sociales. Entrevistamos sobre el conflicto a Aldana Sardelli, integrante y vocera de El Transformador.

¿Cómo empezó a funcionar El Transformador en La Casona de Haedo?

La Casona, donde estamos desde hace más de 15 años, fue declarada monumento histórico provincial y no se puede demoler. Eso lo lograron los vecinos y vecinas en 1998, y es algo que tenemos a favor. En ese momento ellos también presentaron un proyecto de expropiación, pero se cayó. Después, en 2003 empieza a funcionar acá El Transformador.

El dueño original de esta casa había sido Manuel Fresco, el gobernador de Buenos Aires. Lo que nosotros hicimos fue hablar con su hijo Manuel, en plena crisis del 2002-2003, y de palabra nos cedió La Casona. Desde entonces empezamos las actividades.

¿Por qué presentaron un proyecto de expropiación?

Otra parte de la familia Fresco empezó un juicio de desalojo para volver a tener La Casona. En ese momento presentamos el proyecto de expropiación, que finalmente se aprueba en 2013. Lo que hizo este proyecto fue congelar el juicio de desalojo que nos hacía la familia.

La ley de expropiación, que presentamos y que fue aprobada, dice que la Provincia tiene que pagar a la familia el valor fiscal de la Casona. Por tratarse de un monumento histórico, y por las actividades que nosotros hacemos ahí, la Provincia debe cedérsela al municipio de Morón y éste, a su vez, darla en comodato a nuestra organización.

¿Están preocupados y preocupadas porque vence el plazo de expropiación?

En septiembre se vence el plazo de la ley y queremos conseguir una prórroga, que todavía sigue en tratativas, porque siempre está presente la amenaza de desalojo.

Si bien un desalojo es algo que no sucede de un día para otro, porque hace muchos años que estamos acá, hacemos muchas actividades y trabajamos con pibes y pibas. La idea es no llegar a esa instancia, sino extender el plazo de la ley o buscar la forma legal de seguir en la Casona.

¿Por qué nunca se ejecutó la Ley de Expropiación?

Cuando se aprobó la ley de expropiación faltaba que se apruebe el presupuesto (que la haga posible). Eso es lo que nunca sucedió, y entonces jamás hubo plata para pagarle a la familia Fresco su valor fiscal, porque el presupuesto nunca fue aprobado.

¿Qué acciones legales tomaron para exigir el cumplimiento?

Desde El Transformador hicimos judicialmente todo lo que debíamos hacer, en el sentido que la ley fue presentada a tiempo y conseguimos que sea aprobada. Desde nuestro lado no hay otra acción legal, más que esperar hasta septiembre que la provincia pague o no esa ley.

En caso que no se consiga el presupuesto ya estamos hablando con las y los diputados para averiguar cómo hacer una prórroga de la ley. Además, si es posible continuar haciendo otras acciones legales para mantener el estado de expropiación.

¿Cómo respondieron el municipio de Morón y la gobernadora Vidal al pedido que le hicieron?

Ya presentamos una carta al municipio de Morón pero hasta ahora no tuvimos respuesta de parte del intendente Tagliaferro. Tampoco de la gobernadora Vidal  obtuvimos respuesta al pedido de una entrevista.

En la provincia, la ley de expropiación ya cumplió todo su recorrido y ahora está en la parte asuntos municipales. Desgraciadamente, esa área no tiene atención al público en la ciudad de La Plata y tampoco tienen ese expediente en nuestro municipio. Pero estamos cumpliendo todo el camino legal y agotando las instancias de pedidos de reunión con el municipio y la provincia exigiendo el cumplimiento de la ley.

¿Comenzaron una campaña para visibilizar la necesidad?

Si, estamos lanzando diferentes flyers y video-minutos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, para explicar la expropiación y lo que hacemos en la Casona. También salimos por el barrio a volantear con una carta, para decir a los vecinos lo que nos está pasando.

Además estamos haciendo varios eventos con motivo de la expropiación. Por ejemplo, el domingo 29 de julio tocó Leo Masliah a beneficio de nuestra organización.

En pocos días será un nuevo aniversario de El Transformador ¿Qué actividades tienen programadas?

El 18 de agosto cumplimos 16 años en la Casona y vamos a hacer un festival en la calle. Ahí también vamos a informar cuál es el estado de la expropiación y de qué trata la ley 14. 551, porque a veces cuesta que la gente entienda.

La Casona después de tantos años ha logrado ser muy reconocida en zona oeste. ¿Por qué?

Si, llevamos muchos años de laburo. Convertimos a la Casona en un símbolo de la zona oeste, porque es muy conocido el trabajo que hacemos desde hace muchos años.

Tenemos espacios de niñez, talleres culturales, agroecología, biblioteca y conviven otras organizaciones. A la Casona le damos vida muchas organizaciones y eso nos da más fuerza, con mucha gente activando para bancarla.

¿Cuáles son esas organizaciones que funcionan en La Casona?

En la Casona no está solamente El Transformador. También la habitamos muchas organizaciones. Están H.I.J.O.S. Zona Oeste, El Frente Popular Darío Santillán y la Corriente Nacional. Además, funciona un colectivo de educación popular llamado Sembrando Rebeldías y otro llamado Socorristas en Red, que trabaja el tema del aborto,

También están las Caracolas Feministas trabajando violencia de género y los Varones Desobedientes, un grupo que se replantean las masculinidades. Es muy importante que este tipo de organizaciones podamos seguir trabajando en el barrio.

Historia transformadora

La importancia del espacio se debe a la función social de contención que cumplen. Desde hace más de una década El Transformador tiene un centro de día en La Casona (y otro en el Barrio Obrero de Lomas de Zamora) donde trabajan con niños, niñas y adolescentes en situación de calle.

Los trabajadores y trabajadoras de infancia laburan con pibes y pibas en situación de vulnerabilidad social. El objetivo es proteger los derechos vulnerados de las y los pibes que están en situación de riesgo, por eso se hace indispensable que la expropiación se vuelva un hecho que le de amparo a esa gran tarea cotidiana. Además en el espacio se realizan muchas y variadas actividades culturales.

El inmueble perteneció al gobernador bonaerense Manuel Fresco y su hijo la cedió para que se lleven a cabo actividades comunitarias y culturales.

Gracias a la sanción de la Ley de Expropiación 14551, se evitó el desalojo que otra parte de la familia Fresco pretendía. Se dictaminó la obligación de la Provincia de pagar el valor de la casa a los herederos y darla en comodato a El Transformador.

Sin embargo, la ley aún no ha sido aplicada y en septiembre se cumple el plazo para hacerla efectiva. Desde El Transformador y las organizaciones que habitan la Casona reclaman por su expropiación, para que no corra peligro el centro comunitario.

Nota relacionada: Por la expropiación definitiva de La Casona de Haedo

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Desde el inicio de su gestión, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encaró una campaña de venta de tierras públicas, desde terrenos ferroviarios y parques, hasta edificios como el de Bolívar 1, patrimonio histórico de la Ciudad. En ese marco, avanza en la Legislatura un proyecto oficial que propone la creación del Complejo Hospitalario Sur, alrededor del Hospital Muñiz, que implica la mudanza y fusión de cinco hospitales, rebajados a institutos.

Las comunidades afectadas denuncian que se perderán especialidades y cientos de cargos médicos, y que el objetivo final es el negocio inmobiliario, producto de la venta de los predios donde actualmente funcionan los hospitales.

Desde la Ciudad señalan que la nueva obra demandará 160 millones de dólares, pero con sus ventas obtendrán 123,7 millones de dólares, y se “ahorrarán” más de cien millones de pesos al tener que limpiar y mantener un solo centro de salud, y ya no cinco. Esa estimación no fue realizada por el organismo oficial, el Banco Ciudad, sino por L J Ramos (brokers inmobiliarios).

Se trata de un ambicioso proyecto que el actual Presidente, no logró concretar: el Complejo Polivalente Hospitalario Sur. El plan pretende trasladar los hospitales monovalentes de gastroenterología, Hospital Udaondo (Caseros 2061); de Rehabilitación Respiratoria, María Ferrer (Finochietto 849); de Oncología, Marie Curie (Parque Centenario); y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica (IREP, en Núñez) al predio que hoy ocupa el Hospital Muñiz.

En estos terrenos de Parque Patricios, luego de demoler casi totalmente el hospital de enfermedades infectocontagiosas -operación posibilitada gracias a que Mauricio Macri, entonces jefe de Gobierno porteño, vetó en 2010 una ley que catalogaba al Hospital Muñiz como edificio protegido por su valor patrimonial- se construiría un nuevo hospital que albergaría a los cinco. La Legislatura debe tratar el proyecto y de aprobarse se licitará su construcción en 2019.

Si el proyecto prospera, los lotes ocupados actualmente por los hospitales trasladados serían puestos a la venta para emprendimientos inmobiliarios. En su mayoría, se trata de terrenos muy grandes, en ubicaciones preferenciales, y con un alto valor de mercado.

Sin garantías de continuidad laboral y ante el desabastecimiento de las instituciones, trabajadores de la salud, asociaciones gremiales y profesionales, vecinos y organizaciones sociales y políticas se están organizando en una multisectorial: “No al 5×1”.

El jueves 12 de julio, marcharon del Hospital Muñiz al Ministerio de Salud porteño, en la avenida Amancio Alcorta al 2100.

“El proyecto implica un achicamiento a las prestaciones del Sistema Público y una reducción de la inversión en Salud que afecta a la población más vulnerable”, sostiene un comunicado de la asamblea de trabajadores. Y advierte que “constituye un ataque a los trabajadores de la salud precarizando sus condiciones laborales” y esconde un gran “negocio inmobiliario”.

En total el Complejo tendrá 500 camas, la mitad de la capacidad que hoy suman los cinco hospitales implicados. También planean “demoler los pabellones del Muñiz de servicios centrales como laboratorio, farmacia, ambulatorio, etc.”.

Trece hospitales casi listos sin funcionar

La lista abarca desde un infantil en Catamarca hasta centros de Medicina Nuclear. La mayoría superaban el 85% de ejecución hace dos años y medio, pero la gestión Cambiemos no los continuó. Vidal dijo que no inaugurará los seis frenados en Provincia, según consigna Gustavo Sarmiento en Tiempo Argentino.

En Entre Ríos, los nuevos hospitales de Paraná y Gualeguaychú ya deberían estar funcionando. De hecho, abrieron una primera etapa a fines de 2015. Y hasta ahí llegaron. La ejecución de ambas obras superaba el 82%. En febrero pasado, tanto la gobernación como legisladores nacionales de la provincia reclamaron al Pami por la finalización de estos centros de salud, teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento corría por cuenta de ese organismo. En el caso del Hospital Bicentenario, en Gualeguaychú, recién el último 21 de mayo la provincia anunció la posibilidad de rescindir el contrato y llamar a una nueva licitación, que correrá por cuenta de la gobernación.

A fines de 2014, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner lanzó el Plan Nacional de Medicina Nuclear–Núcleovida, que preveía invertir 4.300 millones de pesos para centros de diagnóstico por imágenes y tratamiento de enfermedades como el cáncer, con el objetivo de “ampliar en un 40% el equipamiento en medicina nuclear para cubrir las necesidades de la población y garantizar el acceso equitativo a esta tecnología en todo el país”.

El plan incluyó la construcción de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia, con el aporte de la empresa estatal INVAP y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en distintas provincias. El de La Pampa incluye un sector dedicado a la producción de radioisótopos y radiofármacos. A pesar de que ya fue construido por más de $ 400 millones, aún no se puede usar. “La obra edilicia se hizo, el equipamiento está, pero no se avanzó más. No está instalado. Ni tampoco está designado el personal”, informó el ministro de Salud de La Pampa, Mario Kohan.

En el Centro de Medicina Nuclear de Formosa se invirtieron 528 millones de pesos, hace casi tres años. Según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, el centro cuenta con el equipamiento “pero la obra todavía no está terminada”. Lo mismo que el de Santiago del Estero, que tuvo un aporte de más de 300 millones de pesos en 2015.

A pesar de estar casi finalizada su construcción desde hace dos años y medio, por $ 328 millones, el Centro de Medicina Nuclear de Río Gallegos sigue sin inaugurarse. Ante la negativa del Ministerio de Energía, comandado por Juan José Aranguren, la provincia de Santa Cruz anunció en marzo que se haría cargo del centro, que atenderá la demanda de toda la Patagonia sur e incluso Chile, y que ya debía estar funcionando desde 2016. La única colaboración nacional que se prestará a Santa Cruz será la capacitación de la CNEA. Será administrado por una fundación compuesta por profesionales de la región. Su presidente, Héctor Tejada, un pediatra reconocido en la ciudad, señaló: “Va a ser importantísimo para nuestra gente, especialmente para subsanar el desarraigo”. Cuando comience a funcionar, dentro de sus 3.500 metros cuadrados habrá desde un equipo de braquiterapia con equipamiento de anestesia completa, tabla quirúrgica y ecógrafo, hasta un laboratorio de radiofármacos y una sala de quimioterapia con capacidad para tratar hasta seis pacientes en simultáneo.

En el Conurbano

La gobernadora María Eugenia Vidal, al igual que con las Universidades, fue franca con el tema: “No voy a abrir hospitales nuevos ni cortar cintas, porque eso es una estafa a la gente. La salud no es un edificio. Construir un edificio es la parte más fácil. Lo que vale la pena es poner equipamiento de última generación, que haya insumos, enfermeras y médicos. O seguridad. Y tecnología para que la gente sepa cuánto hay que esperar en una guardia”, había dicho antes de las elecciones, cuando fue cuestionada por no inaugurar los centros de salud.

Según el informe de la Fundación Soberanía Sanitaria, seis hospitales bonaerenses esperan su oportunidad. Dos de ellos (el Presidente Néstor Kirchner, de Laferrere, y el Doctor René Favaloro, de Rafael Castillo) están en La Matanza, donde más urge el reclamo por la cantidad de población que necesita el servicio. Estaba previsto que funcionaran a comienzos de 2017. Por eso fue la propia intendenta, Verónica Magario, quien le respondió a Vidal: “La Matanza necesita hospitales, así que pedimos humildemente esfuerzo en conjunto. Tenemos dos hospitales listos para poner en funcionamiento. Necesitan partidas para personal y equipamiento. Mientras se remodela el Paroissien, podemos trasladar todos sus servicios al de Gregorio de Laferrere”.

Ituzaingó, Esteban Echeverría, Cañuelas y Escobar son los otros municipios que aguardan la buena noticia.
Con más de $ 1.300 millones de inversión, la mayoría de los seis hospitales tenían a diciembre de 2015 un 90% de ejecución. Iban a atender a una población de 500.000 personas. Y cada uno se ocuparía de demandas específicas de sus regiones. El de Cuenca Alta, en Cañuelas, que tiene equipamiento comprado hace tres años, fue planificado para funcionar como referencia nacional en toxicología, trabajando en colaboración con la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo en la resolución de los casos de intoxicación, generados por la contaminación del río.

Las y los médicos y demás profesionales del Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata nucleados en CICOP y ATE denunciaron la grave situación edilicia del nosocomio y volvieron a reclamar por una nueva convocatoria a paritaria, por la falta de personal, las recurrentes filtraciones de agua y la presencia de roedores.

En una conferencia de prensa brindada en el predio hospitalario de 14 y 66, el personal puso énfasis en los constantes cortes del suministro de electricidad y las complicaciones causadas por las inundaciones derivadas de las filtraciones a través de los techos.

En ese marco pidieron por la finalización de las obras que se están llevando a cabo “ya que no están garantizadas las condiciones de trabajo”.

Ariel Longuinho, delegado de  CICOP, sostuvo que “el sistema de salud está inmerso en una situación crítica, y de parte de las autoridades no tenemos ningún tipo de respuesta. Nosotros tenemos acordado, en paritarias anteriores, distintas mesas de trabajo, una de ellas era infraestructura y hoy no se están llevando a cabo, no encontramos ese espacio de diálogo junto al gobierno”, afirmó.

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En la planta de Cresta Roja, el mismo sitio donde el presidente, Mauricio Macri, anunció el veto de la ley antidespidos, se realizaron ayer 50 despidos, que podrían llegar a 100. Las voces de quienes se siguen quedando en la calle.

“Voy a vetar la ley que, para mí, es antiempleo; es una ley contra los argentinos”. Esas fueron las palabras de Macri aquel 20 de mayo de 2016. Y así, con sólo una firma, dio de baja la norma que fue sancionada por el Congreso con el objetivo de frenar la avanzada del gobierno que dejaba (y sigue dejando) a miles y miles de argentinos sin trabajo. Se trataba de la Ley de Emergencia Ocupacional, sancionada por ambas cámaras legislativas, que prohíbe los despidos por 180 días e implementa la doble indemnización. Un freno para las empresas, que se erigen en unas de las más beneficiadas por el gobierno de Cambiemos.

“Cresta Roja es un símbolo de que sí se puede”, profetizó en aquella jornada la gobernadora María Eugenia Vidal, en clara sintonía con el mandatario.

En épocas de la llamada “post verdad”, donde las palabras construyen lo contrario a la realidad, donde la mentira se sostiene a fuerza de discursos bien elaborados y caras sonrientes, nos decía el Presidente: “No les voy a mentir, me comprometí a decirles la verdad. Yo no vine acá para hacer lo que me conviene, sino para que los argentinos tengan una nueva oportunidad”.

“Ese día nosotros sabíamos que era una mentira y en forma de repudio nos quedamos en el comedor. Y ya la segunda vez que vino no fue casi nadie a verlo”, contó Mariano, que tiene 24 años de antigüedad en la planta y este 20 de julio de 2017, Día del Amigo, se convirtió en un nuevo desocupado. “Llegué a las cuatro y media y en vigilancia me pidieron el número de legajo. Me buscaron y me informaron que estaba despedido. El papel que nos mostraron no explica nada, solo que quedamos desvinculados de la empresa”, detalló.

“Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”

Sobre la autopista Richieri, mientras el caucho, la goma y la madera arden en el asfalto, los trabajadores bloquean varios carriles para exigir una respuesta favorable. “Los de afuera, en forma de reclamo, hacemos esta protesta. Y los que entraron, para apoyarnos, decidieron no faenar porque saben que mañana mismo les puede pasar a ellos también”, aclaró Mariano.

Proteinsa, la compañía que actualmente administra la empresa, se encuentra en negociaciones con el juzgado que llevó adelante la quiebra de la ex Rasic Hnos. y que le adjudicó la licitación el año pasado, para apurar los tiempos legales (por ejemplo para el traspaso de bienes) y destrabar el giro del dinero para el pago de indemnizaciones.

La avícola estuvo en quiebra durante seis meses, y en abril de 2016 volvió a faenar a partir del subsidio estatal “Reproducción Productiva” (Repro). La empresa fue presentada por la Administración Cambiemos como un símbolo de recuperación económica. A pesar de los augurios de la Casa Rosada, después de la intervención del Ministerio de Trabajo, la planta volvió a producir pero con sólo un tercio del personal, rebajas salariales y contratos temporarios: algunos sueldos llegaban a los míseros montos de 6000 pesos con promesas futuras de “normalización de la compañía”.

“Muchos de nosotros, después del cierre de Rasic en 2015, logramos ingresar en la primera tanda a trabajar. Sin embargo, perdimos antigüedad, con el agravante de que aún no cobramos las indemnizaciones correspondientes. Y encima ahora nos quedamos en la calle”, explicó Cristian, otro de los despedidos. “Soy el único de mi sector”, señaló y descifró el entramado que impulsa la decisión de la compañía. “Como los delegados no nos estaban representando, con los compañeros elegimos a un representante de cada sector como veedor. Y yo salí seleccionado. Entonces nos pusimos al frente de las negociaciones para reclamar y luchar por las cosas que nos corresponden. Y bueno, hoy quise entrar a trabajar y no me dejaron”.

Carlos, otro de quienes echaron, labura en esta planta de El Jagüel desde hace 23 años. Su trayectoria viene desde la época de Rasic, donde ingresó en 1994; es decir, más de 20 años. Carlos cuenta que cuando Cresta Roja abrió “se reactivó a medias” porque “todavía hay compañeros en la calle y ya se vencieron todos los plazos para que sean reincorporados”. Es decir, que a los cientos de operarios que no pudieron ser reincorporados, se suman los nuevos despedidos de la jornada de ayer. Y, sin perder el humor, ironiza: “Ahora hay más puestos de trabajo en la calle”. Hablar con cada uno de los despedidos, con quienes resisten, con quienes temen por sus puestos de trabajo es encontrarse con caras de desilusión y palabras firmes: “Vino a usarnos”, dicen, cuando rememoran el acto de mayo del año pasado. Y rematan: “Macri y Vidal hicieron una pantalla con todo esto. Y acá nos ven”. En épocas de la post verdad, la desocupación sí se ve. Y no hay palabras que alcancen para deconstruirla.

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Con el aval del multimedio que incluye a Radio Mitre y Clarín, el gobierno de Cambiemos habla del conflicto docente con términos como “batalla” o “guerra”. El discurso y la acción de la mano, y lejos del diálogo prometido.

En declaraciones a Radio Mitre, Mauricio Macri aseguró que la postura tomada por María Eugenia Vidal frente al conflicto docente es “una batalla (sic) por todos los argentinos”.

El domingo 9 de abril, a fuerza de empujones con sus escudos plásticos, de patadas y de gas pimienta, personal de policía de la Ciudad rompió el cordón humano con el que las maestras y los maestros custodiaban pacíficamente la estructura metálica que estaban armando para inaugurar el lunes por la mañana una “escuela itinerante” en Plaza Congreso.

Tras la represión, el Ministro de Medio Ambiente porteño emitió un escueto comunicado que al terminar manifestaba: “Se labraron actas de infracción por el uso indebido del espacio público. También se hizo presente personal policial y se les sugirió el desarme”.

“Ya evaluamos y vimos lo mal que nos ha ido en los últimos 10 años, que la mitad de los que empiezan primer grado terminan el colegio; y que, de esa mitad, solo el 30% va a conseguir un buen trabajo”, señaló el Presidente el martes pasado en el Centro Cultural Kirchner.

Y agregó: “Tenemos gremios docentes que en vez de reconocer el mal resultado (de la educación pública) y hacer alguna autocrítica y sentarse en una mesa, radicalizan la defensa de lo que han hecho”. […] Y encima que violan las normas, como (la Ciudad) reacciona, hacen paro”.

Con estas palabras, Mauricio Macri releva al Estado de toda responsabilidad frente a la crisis del sistema educativo, que achaca a las y los docentes, desconociendo que lo que está en discusión es el salario y no la reforma general de la educación, y que además el paro no fue en defensa de lo hecho sino por la represión sufrida.

También avisó, en una línea que ya caracteriza a Cambiemos, que el Gobierno no va a ceder en su postura de no convocar a una paritaria nacional, desconociendo el fallo de la jueza Dora Temis que ordenó al gobierno nacional a que lo hiciera, que no solo apeló sino a quien recusó por considerar que hubo “prejuzgamiento”.

Una educación que sigue su curso

No obstante, alrededor de las 19.30 del martes pasado, comenzó a montarse nuevamente la carpa itinerante, donde desde el día siguiente se desarrollaron clases públicas. La primera fue precisamente sobre las paritarias, con participación de abogados laboralistas. Luego hubo un festival de música.

Aunque estaba previsto que la estructura se retiraría el próximo 19 de abril, recién lo decidirán “en las próximas 48 horas”, dependiendo de los resultados de las mesas de negociación salarial. Hasta ayer había sido visitada por 50.000 personas.

Sin embargo, a pesar del apoyo, la postura dura del gobierno es acompañada por medios como Clarín, que también adoptó el lenguaje de guerra. En el editorial firmado por Eduardo van der Kooy el miércoles pasado, calificó a la instalación de la carpa itinerante de “mini-batalla”, aunque advirtió: “A la gobernadora (María Eugenia Vidal) le queda el último tramo para terminar de ordenar el pleito docente. Pero estaría obligada a transitar por un desfiladero. El problema no sería la medida de fuerza en agonía. El dilema consiste en cómo continuará su relación con Baradel, jefe de Suteba. El sindicalista viene desflecado por el plan de lucha en el cual se embarcó. La propia Vidal logró cercarlo.  Pero lo necesitaría para el futuro de pie. No porque lo quiera. Baradel disputa en mayo la conducción del gremio contra la trotskista Romina del Plá. Si perdiera, ese sería quizás para la gobernadora peor que la presente enfermedad”.

Ayer hubo una nueva reunión en la provincia de Buenos Aires. El gobierno anticipó que llevará un esquema que permita un “acuerdo educativo” que incluirá ítems como la reducción del ausentismo, el control de licencias, fortalecer el sistema de calificación y capacitación a los docentes. Desde los gremios mantienen que antes de comenzar a discutir 2017 o cualquier acuerdo se debe reconocer la pérdida del poder adquisitivo de 2016.

Aunque admitió que es “poco”, Alicia Kirchner ofreció a los docentes santacruceños un aumento de 3%. En respuesta, Adosac resolvió parar por 120 horas y coordinar acciones conjuntas con el resto de los gremios que integran La Mesa de Unidad Sindical, que concentra a los trabajadores de la administración pública, para enfrentar la grave crisis política y social en la provincia.

Los Secretarios Generales de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) aceptaron la propuesta del Gobierno y vuelven las clases.

Con 1943 votos positivos, 1721 en contra y 25 abstenciones, el gremio docente aprobó el ofrecimiento de aumento salarial y puso fin a 24 días de paro.

El acuerdo incluye una suma fija de seis mil pesos, que se efectuará en dos pagos tres mil antes de finalizar fin de mes y tres partes de mil en los meses sucesivos, con los salarios de abril, mayo y junio. Esto también alcanzará a los jubilados y pensionados.

Además, se ofreció una recomposición salarial del 8% para paliar la pérdida del salarial por inflación de 2016, que se abonará en dos partes: una retroactiva a enero y la otra en abril, en dos cuotas de un 4%.

Finalmente, el aumento salarial se realizará en forma trimestral sobre los salarios a la fecha de enero de 2017, a través del IPC neuquino y será incluido en el sueldo básico. Estas actualizaciones serán en julio, octubre y enero.

El acuerdo completo compone un 31% de aumento y destruye el techo salarial contra el que batallan los docentes de todo el país.

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Entrevista a Laura Marrone, docente y legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.

– Danos tu informe sobre el conflicto docente.

– Tenemos una semana muy agitada y las que vienen también, estamos frente a un conflicto importante, estamos llamando al conjunto de la población a expresar el rechazo hacia la política económica del gobierno. Hay cosas increíbles, acabo de recibir una foto de Neuquén donde un carnicero puso un cartel que dice “descuento a los docentes de lunes a viernes 10% en carnes” y abajo pone “si usted leyó este cartel, es gracias a ellos que le enseñaron a leer”. Expresiones de solidaridad de este tipo estamos recibiendo por todos lados y realmente es una lucha que está marcando una tendencia nacional muy importante que se expresa a través de los docentes.

Tengo el informe de la asamblea de Aten que se reunió hoy, en Neuquén, con 2.500 docentes en la capital de la provincia, es algo insólito, no se puede creer, pero debe haber estado un cuarto de la docencia provincial presente en esa asamblea; votaron paro por unanimidad no solamente el llamado de la CTERA para miércoles y jueves, sino de 72 horas para 21,22 y 23; 72 horas para 28, 29 y 30 de marzo y 4, 5 y 6 de abril. Estamos frente a un plan de lucha en el que la docencia está parada y a pesar de los voluntarios que nunca aparecieron y las amenazas de descuento, hoy señalaban que ya irían casi 5.000 pesos de descuento en la Provincia de Buenos Aires, los docentes se mantienen firmes.

La provincia prácticamente no empezó las clases, estamos en una especie de paro por tiempo indeterminado que se va confirmando día a día a pesar de Baradel. Esto tiene que quedar claro, Baradel y la CTERA sacan las medidas cuando las asambleas ya las votan, es como una marea y ellos se suben como un corcho para no hundirse. Estamos en una situación en la que se empuja desde abajo con muchísimo esfuerzo.

– Vos lo habías anticipado, hace 20 días atrás, señalando que las asambleas que se habían producido antes del comienzo de las clases en la Ciudad de Buenos Aires anticipaban una situación que se compara con la lucha docente del ´89.

– Así es, eso se ha manifestado y la marcha de la semana pasada lo ratificó, así como las movilizaciones que están habiendo a lo largo de todo el país, no es un paro pasivo de quedarse en la casa, es un paro de cansarse, de estar marchando, de hacer reuniones en las plazas, de recorrer haciendo asambleas con las familias, hay familias que acompañan apoyando a los docentes.

Quiero señalar que se ha formado una coordinación nacional de sindicatos combativos que están dispuestos a mantener la coordinación en caso que CTERA llegara a aflojar. Esta convocatoria nacional se reunió el sábado pasado, con un gran sacrificio porque estuvieron en las asambleas en sus provincias, estuvieron marchando y aparecieron este sábado para lograr la coordinación nacional y sacaron una declaración conjunta donde presentan un pliego reivindicativo y una salida que reclama el salario básico unificado, el blanqueo de las cifras en negro, un salario igual a la canasta familiar, basta de subsidios a las escuelas privadas y la salida de fondo que sería la nacionalización del sistema educativo y su financiamiento.

El Ámbito Financiero dice “Cumbre de Macri en la Rosada ordenó no ceder ante Baradel. Se reunieron Larreta, Vidal, Quintana y Frigerio con el Presidente y el Ministro Bullrich”. A Bullrich le dicen que no afloje, que no largue la paritaria, porque no quieren nacionalizar el conflicto y ellos quieren que cada provincia se las arregle por su lado y además lo quieren a él como candidato a la Provincia de Buenos Aires porque parece ser que en vez de poner a Jorge Macri lo van a poner a Bullrich, entonces quieren preservarlo del conflicto docente. Y yo me pregunto, ¿esta gente es tonta? ¿Se puede creer que Bullrich que es el responsable del sistema educativo a nivel nacional pueda presentarse a candidato y no tenga repercusión el grado de torpeza con el que están trabajando en el conflicto docente? Dicen que esta semana va a ir a Formosa a mostrar cómo va a construir 50 escuelas en todo el país. Habían anunciado 3.000 escuelas, eso significa casi 750 por año de mandato y pretenden que sea un anuncio significativo la construcción de 50 escuelas.

Recordemos que en noviembre del año pasado se aumentaron más de un 40% la dieta de los diputados, que este año la ministra Sol Acuña en Ciudad de Buenos Aires se aumentó un 18% como una bonificación en febrero para agregar a lo que luego va a ser su recomposición salarial.

Te voy a leer una carta que hizo Ademys en respuesta a una ofensiva de la Ministra Acuña que en los días de hoy y ayer envió alrededor de 60.000 mensajes a las cuentas personales de los docentes y a sus celulares, llamándolos a que no paren el miércoles e intimidándolos: “En el día de hoy hemos recibido su carta y su llamado telefónico explicando su posición sobre la paritaria. Nos alegra que la haya enviado no sólo a nuestra cuenta sino también a nuestros teléfonos y correos particulares”. Un verdadero trabajo de inteligencia porque la mayoría de los docentes da su teléfono para cuestiones de la escuela, no para que la Ministra administre la información.
“Esperamos que esta campaña que se suma a la que realizaron sobre los voluntarios docentes no se haya realizado con fondos del presupuesto educativo que, como usted debe saber, es el más bajo de la historia. Sabemos que así se garantiza que la educación privada pueda recibir los $ 4.992.890.183 que les presupuestó. Nos alegra que alguien que gana $ 139.988, y que acaba de recibir un aumento de $ 18.259, nos llame a nuestros teléfonos para decirnos que el aumento de 10 % que nos ofrece hasta septiembre debe alcanzarnos”.

Sigue con mucha ironía señalando que es un abuso, una torpeza, agreguemos los comentarios de la Vicepresidenta de la Nación diciendo que si ella ganara 9.000 pesos no haría paro. Sinceramente a veces me sorprende el grado de falta de sensibilidad y torpeza de este gobierno pero creo que estamos en un momento muy firme a pesar de todas estas amenazas y a pesar de los descuentos. Hay escuelas que están organizando el fondo de huelga, que organizan colecta en la escuela, en el barrio y empezaron ya esta semana a buscar cómo ayudar a las compañeras con más necesidad. Están dispuestas a pelear y eso es muy significativo.

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Cien mil docentes marcharon en todo el país durante el que hubiera sido el primer día de clases. Mientras tanto, el Presidente inauguró el inicio del ciclo lectivo trunco en la provincia de Jujuy, donde ya se siente local. La palabra de un docente y la mirada de muchas y muchos más.

Es difícil poner en palabras lo que se sintió hoy en las calles de la Argentina, particularmente, y en nuestro caso, en el centro de Buenos Aires, donde se convocó la comunidad educativa no sólo para reclamar por la apertura de paritarias o defender la educación pública, sino para pararle la mano al gobierno de Cambiemos. Más que hablar de una movilización masiva, podríamos decir que fue contundente: con 70 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires, la marcha se extendía desde el Palacio Pizurno, en la calle Paraguay, hasta Congreso; esto es más de 10 cuadras repletas de gente, de familias, de trabajadoras y de trabajadores.

Movilización contundente decíamos ¿Por qué? ¿Solo por su número? Creemos que hace mucho no se veía una movilización tan terminante no solo en la cuestión cuantitativa, sino en la cuestión cualitativa. Creemos que en esto no es menor el rol que jugaron los gobiernos nacional y provinciales: desde el rechazo del ministro de Educación, Esteban Bullrich, a realizar la legítima apertura de paritarias, hasta las amenazas de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de descontar los días de paro. Si a esto le sumamos el constante intento por deslegitimar la lucha docente con los grandes multimedios a la cabeza y el ejército de trolls que operan en la redes sociales, el resultado fue contrario, ya que el 85% de las y los docentes se plegaron al paro en todo el país.

Mientras el Presidente Macri intentaba tapar el sol con la mano, haciendo una puesta en escena de inauguración del ciclo lectivo en la provincia de Jujuy -donde el acatamiento a la huelga fue del 95%, por lo que superó la media nacional-, la que gobierna su aliado radical, Gerardo Morales, y donde elige presentarse cada vez que quiere huir del rechazo que se genera en CABA. Ese mismo rechazo que se vislumbró en las calles, en una movilización unitaria de todos los gremios docentes, tanto de privados como públicos, de organizaciones sociales, sectores estudiantiles y otros sectores de la clase trabajadora. En ese sentido, uno de los momentos más emotivos fue cuando la larga fila pasó por el Hotel recuperado Bauen, que ya es un símbolo, donde sus trabajadores y trabajadoras se asomaron por las ventanas, aplaudieron, saludaron, y cantaron con nosotras y nosotros mientras nos reconocíamos mutuamente.

Detrás del pedido del Presidente de que “vayamos por el camino de sentarnos en una mesa a dialogar”. Detrás de esa frase que repite mientras las decisiones de decretos y de silencios suelen ser unilaterales, recordemos algunos números concretos que enmarcaron este día: el gobierno ofreció un aumento del 18%, cuando el año pasado el sector docente tuvo una paritaria que cerró en 32% mientras que la inflación fue del 40% o más. Este año se prevé un 30% más de aumento, casi el doble del ofrecimiento gubernamental. Por eso es que las y los trabajadores de la educación piden entre un 35 y 40% de aumento. Además, se suma la defensa de la educación pública, en el marco de un gobierno que ya conocemos desde hace años en CABA y que se dedicó sistemáticamente a vaciarla, en beneficio de una educación privada y de elite. La falta de materiales, el mantenimiento edilicio y cuestiones curriculares son, también, reclamos que se suman desde hace años.

Hoy no fue un día más, mañana y pasado tampoco lo serán. En nuestra propia vida escolar hemos tenido momentos que nos marcan. Pruebas de fuego, enseñanzas cotidianas que no tuvieron que ver con contenidos académicos, sino de valores para una vida digna.

Hoy las clases no las dieron las y los voluntarios que agitaron las redes pero no pudieron detener el grito multitudinario. Hoy las clases las dimos las y los docentes en la calles. No sólo en lo que se refiere a la educación, sino en la movida contundente de parar los abusos, decretos y arremetidas de un gobierno neoliberal que busca correr los límites cada día.

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Hoy es el comienzo de una serie de movilizaciones, que se esperan masivas, para enfrentar los sucesivos avances del gobierno nacional contra el pueblo trabajador. Recorremos los diferentes escenarios y dejamos una inquietud abierta: ¿Será el principio de un límite en la avanzada macrista?

El 2017 empezó con dificultades para Cambiemos. Los datos económicos, sociales y la seguidilla de escándalos y negociados que involucran a Macri ponen en descubierto los malabares del Presidente para no perder su credibilidad e imagen.

El Monitor Sociolaboral de Opinión Pública, realizado por el CETyD e Ibarómetro, registró “un importante incremento” en los niveles de incertidumbre laboral entre los trabajadores y las trabajadoras en relación al de fines de 2016. Según los últimos datos del Indec, el año pasado la economía cayó 2,3 por ciento.

Los escándalos de corrupción como los Panamá Papers, el vínculo de Odebrecht con Calcaterra y Arribas, la venta de Avianca y la batahola que produjo al intento de condonar la deuda de Correo Argentino, entre otros, plantean un panorama complejo y de difícil recuperación para el Gobierno en las elecciones de octubre.

La conflictividad también se acentuó: protestas de las y los docentes, de los despedidos de Atanor, de los movimientos sociales, de los científicos y los movimientos de migrantes. En el conurbano bonaerense, tras los sucesivos vetos de María Eugenia Vidal a las expropiaciones sancionadas en la Legislatura, también se multiplicaron las protestas de trabajadores por el cierre de fábricas recuperadas.

Frente a este escenario, Macri profundiza su antagonismo con el kirchnerismo. Tal como planteó en una nota reciente Alejandro Bercovich: “El cuco puede funcionar con el tan mentado ‘círculo rojo’ o con el núcleo duro de votantes del PRO, cuya confianza en Macri quedó herida por el escándalo que generó la condonación de deuda del Correo Argentino al holding de su familia. De ahí los anuncios de decretos contra los conflictos de intereses, antes de que Avianca y los peajes de la Panamericana viren también en escándalo. Pero difícilmente alcance para retener al resto de sus adherentes”. Efectivamente, la política de Cambiemos va encontrando sus límites ante el ascendente malestar y descontento social, que se expresa en las y los trabajadores, producto del deterioro de las condiciones de vida, el aumento en las tarifas de agua, electricidad, la modificación en las jubilaciones son todas medidas que reviven la mirada de que Macri y su equipo de CEOs, gobiernan para los ricos.

Docentes: entre las amenazas y los voluntariados

El conflicto del gobierno con los maestros y maestras de todo el país llegó a un punto de tensión que hasta el Presidente se refirió a Roberto Baradel, el Secretario General de SUTEBA. En la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación, con un imponente despliegue de seguridad y vallas para evitar movilizaciones, Macri reiteró su discurso de la pesada herencia y polarizó con el kirchnerismo pero agregó que “Baradel no necesita que lo cuiden”, en lo que fue considerado una amenaza velada al referente gremial que ya ha recibido amenazas contra su familia en reiteradas ocasiones.

Tras la propuesta del 18% de techo salarial (sólo un 10% de abril a octubre) y de la negativa a la paritaria nacional, la CTERA anunció para hoy y mañana paro docente y su adhesión al Paro Internacional de Mujeres el 8. De esta forma, las y los docentes instalaron en la agenda pública el debate de las paritarias.

Vidal también profundizó el conflicto. Si bien anunció que “merecen ganar mejor”, ratificó que descontarán los días de paro a las maestras y los maestros que adhieran a la medida de fuerza, y fue una de las impulsoras de la implementación de “voluntarios” La campaña #VoluntarioDocenteNoAlParo, puesta en marcha por el “call center PRO”, buscó “reemplazos” para las y los docentes que paren, apelando al desprestigio, la descalificación y desmoralización en plena negociación salarial, profundizó la adhesión de docentes, la comunidad educativa y todo un sector de la población que como en las épocas más duras de neoliberalismo, supo ponerse las causas de la educación pública al hombro.

Marzo en las calles

Los movimientos populares van poniendo sus esfuerzos en intentar favorecer la mayor unidad de acción posible en las calles, sin ocultar matices y diferencias con las diversas convocatorias y acciones.

El eje está puesto en los reclamos comunes, que los aglutinan y permiten acciones multitudinarias para intentar marcar un límite a la ofensiva del capital, que se expresa con toda crudeza y, al mismo tiempo, ir generando una referencia alternativa para miles de trabajadores y trabajadoras que viven con temor a perder el trabajo, a no encontrarlo los que están sin empleo o simplemente, a que se empeore su precarización.

La agenda para marzo condensa un conjunto de acciones que se preveen de gran masividad y con el protagonismo de distintos sectores que vienen siendo afectados por la ofensiva del Gobierno. Hoy y mañana habrá paro de docentes y estatales con una alta adhesión en todo el país.

Mañana la movilización convocada por la CGT, que contará además con la participación de la CTA de los trabajadores y la CTA Autónoma, distintos sectores políticos, sociales y gremiales, tendrá su punto central en el Ministerio de Producción. Esto se debe a que la rama más afectada es la que se relaciona con la apertura de las importaciones: calzado, textil, indumentaria y los trabajadores de estos sectores han sido los más castigados.

Quizás la medida más anunciada y multitudinaria de todas sea la que convoca el movimiento de mujeres para el 8 de marzo: el paro internacional de mujeres, las calles tomadas por un movimiento que viene creciendo, contra la inacción del Estado por combatir la violencia machista, pero que también viene fortaleciéndose a nivel mundial y en potencialidad, creatividad, con gran capacidad de interpelar e involucrar a grandes y diversos sectores sociales y una significativa adhesión de los países de América Latina.

Por otro lado, el lunes 13 será el turno de diversos movimientos sociales que vienen reclamando la implementación de la Ley de Emergencia Social, compromiso que el Gobierno iba a poner en marcha a mediados de enero y que, hasta ahora, brilla por su mero enunciado y su ausencia.

Este mes también, ante un nuevo aniversario del último golpe de estado en la Argentina, se realizará el 24 de Marzo la histórica Marcha por Memoria, Verdad y Justicia. Se espera que la convocatoria sea mayor que años anteriores, ya que viene atravesado por las declaraciones de diversos funcionarios del macrismo que, cuestionando la memoria histórica, desempolvaron de la derecha más rancia de la Argentina: la teoría de los dos demonios. En ese sentido, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, saldrá fuertemente posicionado: Fueron 30.000 y fue un genocidio.

Para fines de marzo hubo algunos pronunciamientos desde la cúpula cegetista que reiteraron que “si no hay modificaciones del rumbo económico” se podría “convocar a un paro de 24 horas” ¿Se concretará el paro tantas veces anunciado o será solo una nueva disputa discursiva, entre funcionarios del gobierno y dirigentes de la Central?

El escenario económico y social amerita un primer paro nacional. El intento del gobierno de sosegar las protestas sociales en las calles viene fracasando a la par que crece el descontento social. De cara a este mes tan con tantos reclamos y tan conflictivo para el Gobierno nacional, habrá que ver si las movilizaciones y los reclamos masivos permiten ir generando mejores condiciones para enfrentar la avanzada macrista.

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A una semana de comenzar las clases estalló el conflicto docente. Hay varios actores implicados: el gobierno nacional y los provinciales, las y los trabajadores de la educación, los sindicatos docentes, los medios de comunicación hegemónicos y la sociedad en su conjunto.

El gobierno empezó con un traspié –en lo que hace al arreglo de paritarias–, ya que fue aceptado por la Justicia el acuerdo del 24,3% entre los trabajadores bancarios y las cámaras empresariales bancarias (con cláusula de gatillo -que asegura un aumento en caso de que la inflación crezca más que lo previsto) y retroactivo a enero (entre otros puntos). Esto le valió un juicio político a los jueces que avalaron este acuerdo, siendo querellante el mismísimo Ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Un gran acto de avasallamiento sobre los derechos de las y los trabajadores (paritarias libres) y sobre el supuesto papel independiente de la Justicia.

Ahora el gobierno enfrenta una segunda batalla decisiva de cara al escenario electoral de 2017. Y esta batalla la enfrenta nada más ni nada menos que frente al sector docente.

La importancia para el gobierno de las paritarias docentes es de partida doble: Por un lado son “paritarias testigo”, es decir, lo que se arreglen en ellas sirven para las negociaciones de otros gremios. Por otro lado, son momentos clave ya que este año hay elecciones de medio término (diputados y legisladores) y cada acción que toma el gobierno puede dejarlo mal parado, o bien acumular imagen positiva y así lograr mejores condiciones en el escenario parlamentario.

En el segundo duelo, el gobierno tomó la decisión de no negociar paritarias a docentes a nivel nacional sino que esto se haga en cada provincia, lo cual recuerda a las épocas del más oscuro neoliberalismo y de la Ley Federal de Educación, donde las provincias más pobres (con menor PBI) acordaban paritarias menores a las provincias “más ricas”. Esto es un golpe durísimo sobre una conquista y un derecho de las y los trabajadores. Aspecto esencial para no perder poder adquisitivo en una economía dependiente como la de Argentina, donde la inflación suele ser una constante. Amén de ese gravísimo ataque hacia la Educación, el gobierno muy cínicamente puso un techo salarial de 18% (cuando la inflación del año pasado se comió los acuerdos generados en las paritiarias de principio de año generando una caída en el poder adquisitivo de los docentes y cuando se prevé que la inflación para este año será mucho mayor al 18% -tomando en cuenta la aceleración con la que se están encareciendo los precios-).

Frente a este escenario se realizaron movilizaciones, jornadas de discusión, asambleas en las escuelas, y recientemente el Congreso de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), con representantes de todo el país, donde se acordó entre otras cuestiones:

“Paro de 48 hs. el lunes 6 y 7 de marzo. El 6 de marzo con movilización nacional docente y el 7 de marzo acompañando la marcha de la CGT y CTA por “Educación y trabajo; Adherir activamente al Paro Internacional de las Mujeres del 8 de marzo, con la modalidad que determine cada provincia y participara de todos los actos en las provincias; En la segunda semana de marzo acciones en las provincias con la Comunidad Educativa: clases públicas, abrazos a las escuelas, jornadas de difusión, radios abiertas, etc: En caso de continuar sin respuesta por parte del Gobierno Nacional mandatar a la Junta Ejecutiva de CTERA a determinar fecha en la tercer semana a un Paro Nacional Docente de 48 hs. con Marcha Federal Educativa a Plaza de Mayo(…)”.

Voluntariados pagos

Hace pocos días el director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Finocchiaro declaró que los gremios docentes “están en acción de guerra”. Estas y otras expresiones similares por parte de distintos funcionarios del gobierno (en todas sus jurisdicciones y niveles) con ayuda de los “trolls” que instalan en las redes sociales el discurso de que los docentes no tienen el derecho de parar (luego recogidas e irradiadas exponencialmente por los medios de comunicación hegemónicos), van permeando en el sentido común de la sociedad en su conjunto, hasta el punto tal de ver en las noticias gente que se ofrece de “voluntario” para dar clases en caso de que se realice un paro docente. Quien inició esta campaña sucia de desprestigio a la lucha legítima docente fue Bronenberg Mariano, miembro del sanguinario Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Nacional durante la última dictadura cívico-militar.

Además de su propuesta intransigente, el gobierno logro obtener un fallo de la Justicia que aprueba el descuento a docentes por participación al paro. Cuestión grave por vulnerar el Estatuto Docente y el derecho a huelga explicitado en la Constitución.

Si las y los docentes están en acción de guerra, queda preguntarse quién es el responsable de la sistemática subejecución del presupuesto, de la precarización de las y los laburantes, de deterioro en la infraestructura de las escuelas y del achicamiento en el presupuesto para los comedores escolares.

Estos avances del gobierno no son contradictorios, ni espontáneos, tampoco son a modo de prueba y error; sino que responden al modelo neoliberal del gobierno de Cambiemos. El ataque no es sólo sobre la educación, sino también sobre la salud, la vivienda, el transporte, etc. Una prueba de este “ataque en todos los frentes” lo podemos ver en este video difundido hace poco tiempo, donde el ministro de Educación Nacional, Esteban Bulrich, se presenta como un gerente de recursos humanos, donde revela sus tácticas para fragmentar y desorientar al sector docente entre otras cuestiones.

La lucha en unidad en la calle y en el aula, la solidaridad entre todos los y las trabajadores y la organización son las herramientas con las que cuentan las y los trabajadores de la educación para mostrarle al gobierno y a la sociedad en su conjunto que “docente luchando, también está enseñando”,

*Docentes y militantes del FPDS

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El viernes 21 de octubre movimientos sociales, organizaciones sindicales, vecinas y vecinos se concentraron en las cercanías de la estación ferroviaria de Tigre para movilizarse hasta la Municipalidad. El objetivo: denunciar los casos de violencia institucional y abuso de autoridad protagonizados por el Centro de Operaciones Tigre (COT), la policía municipal controlada por el gobierno massista de Julio Zamora, así como también aquellos cometidos por la policía bonaerense que responde a la macrista María Eugenia Vidal.

Si esta cárcel sigue así…

La concentración fue impulsada por uno de los tantos hechos denunciados por los vecinos con relación a estos temas: el pasado 14 de octubre se difundió el video de la brutal agresión por parte de un oficial del COT a un repartidor de harina en Benavídez. Las imágenes despertaron una indignación masiva y se viralizaron en las redes sociales. Al poco tiempo, gracias a  la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), se conoció la identidad del violento oficial: Héctor Eusebio Sosa, un ex cabo 1° de la Policía Bonaerense, responsable del asesinato de tres jóvenes entre los años 1999 y 2006 en casos de gatillo fácil.

En el texto que difundió CORREPI, se puede ver qué se esconde tras la figura del ex cabo Sosa. En 1999, en San Fernando, ejecutó a dos pibes que se hallaban desarmados y pidiendo que no disparara. Uno de ellos, Víctor “El Frente” Vital, de 17 años, recibió cuatro balazos y falleció; el otro chico, de 15 años, recibió un tiro en la cabeza, lo dieron por muerto, lo arrastraron, pero no murió. “En 2001, una semana antes del juicio oral, el fiscal y la defensa hicieron un acuerdo de juicio abreviado por homicidio ‘en exceso de la legítima defensa’. El Tribunal 1 de San Isidro admitió el trámite abreviado, pero prefirió absolver a Sosa. CORREPI interpuso recurso de casación, y logramos anular ese fallo, pero el nuevo juicio, ante el Tribunal Criminal nº 3, terminó con una escandalosa nueva absolución”. En 2006, mató a Jonathan Lorenzo, de 19 años, y a Jorge Andrés Martínez, de 24. Al primero, de tres disparos en la espalda y al segundo, de otros tres en la espalda y uno en la nuca. “Sosa nunca fue apartado de la fuerza, y el 2 de diciembre de 2002 lo ascendieron a sargento, antes incluso de que se realizara el juicio oral”.

Los abusos del COT son cosa de todos los días, en complicidad y conjunto con la bonaerense. No son sino parte de algo que se repite en varios municipios de la provincia de Buenos Aires: hombres y mujeres vestidos de azul, más interesados en echar a una madre que está amamantando a su bebé en una plaza (como ocurrió en San Isidro) o en pedir documentos a cuatro o cinco pibes que están tomando una cerveza en la esquina, mientras el poder político avala la especulación y los mega emprendimientos inmobiliarios y no mueve ni un dedo para combatir el narcotráfico. El narcotráfico de verdad, no los soldaditos del barrio que venden marihuana prensada de 25 gramos por 300 pesos. Porque esos pibes, ¿de dónde sacan las astillas? Este caso no hace más que reafirmar que la fuerza creada por Sergio Massa, nutrida por hombres con el prontuario de Sosa, acumula casos de abusos, persecución y represión al por mayor.

El video en cuestión muestra cómo agentes del COT y personal de la policía bonaerense retienen a una persona con sangre en su rostro. El hecho sucedió el día jueves 13 de octubre, cuando el conductor agredido, José Ojeda, le había pedido a los agentes del móvil del COT, que habían detenido su marcha en una estación de servicio ubicada en Ruta 27 y Ruta 9, en Benavídez, que corrieran su vehículo para poder cargar y descargar mercadería. En las imágenes del video también se muestra cómo un agente intenta intimidar a quien se encontraba filmando la escena, tratando de imperdírselo.

Temerosos políticos

Parece que fue hace muchísimo tiempo. Allá por abril de 2015, el Frente Renovador, de la mano del ex intendente de San Miguel y actual funcionario provincial del PRO (ministro de Producción bonaerense), Joaquín de la Torre, criticaba las políticas públicas contra la inseguridad impulsadas por el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, y señalaba que desde el ejecutivo provincial se ideaban “parches” en vez de “un plan serio”, en relación con la creación de la policía municipal.

En ese mismo abril de 2015, el intendente de Tigre, Julio Zamora, afirmaba: “Estamos contentos de que se haya dado inicio a la Policía local. Tigre tiene desde el 2007 un compromiso muy fuerte con la policía (…) nosotros hemos ofrecido reparos, diciendo que la policía local tendría que ser dependiente del ejecutivo municipal”. Cabe recordar que el COT se inauguró el 1 de marzo de 2008 para “monitorear el sistema de cámaras en la vía pública, así como el reforzar el patrullaje preventivo tanto de móviles de fuerza de seguridad como las unidades de apoyo municipal”.

Un común va a pestañear

En Patas Arriba, Eduardo Galeano nos dice: “En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad”. Según cifras de CORREPI, entre 1996 y 2009, unas 2.826 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado. Si se confunde seguridad con más mano dura o con matar al ladrón desarmado por la espalda, nunca se logrará que el perro deje de morderse la cola. Es así que no será posible que se pueda salir de este círculo vicioso que se autoalimenta constantemente desde los medios masivos de comunicación, que promueven la violencia. Este círculo que no enfoca sus energías en los verdaderos responsables, aquellos que nunca muestran su cara. Por citar a un reciente ganador del premio nobel de la literatura acerca de la violencia institucional: “El rostro del verdugo/ siempre está bien escondido”.

Lo cierto es que el COT de Tigre actúa con la impunidad de quienes se saben protegidos por el poder político. De un tiempo a esta parte, no ha hecho sino acumular denuncias entre las que la suenan y vuelven a sonar el abuso de autoridad y la represión. Y es que cuando la voluntad política lleva como norte proteger los intereses de los poderosos, la luz verde de la violencia institucional sólo puede ser detenida por la acción conjunta del pueblo y las organizaciones sociales y políticas que, desde la lucha y en las calles, deberán dar la batalla priorizando la unidad y la organización.

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