Por Ricardo A. Paparás y Matías Calvo Crende * | Foto: RevAcción.

La disputa cultural y de sentidos acerca de la participación del Estado en la sociedad, del valor de lo público y de su contribución al desarrollo nacional, sufrió un nuevo giro pendular en el último tiempo. Cristalizada con el triunfo electoral de la La Libertad Avanza, la visión imperante desde el flamante oficialismo nos ofrece una novedad para un gobierno democrático: la idea del Estado como “organización criminal” que limita las libertades y el desarrollo individual, y que, por lo tanto, debe ser reducido a su mínima expresión o llanamente eliminado.

A partir del 10 de diciembre de 2023, fecha de asunción presidencial, se ha venido sucediendo un conjunto de decisiones, declaraciones, afirmaciones y desmentidas, en la figura del Presidente, sus Ministros y voceros, que han hecho explotar de sobreinformación diaria los medios de comunicación y las redes sociales.

LA ESTABILIDAD DEL TRABAJADOR PÚBLICO

Recientemente el Ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, sostuvo en una entrevista por LN+ que no tiene claro cuándo surgió y no le parece lógico que el empleado público tenga una estabilidad de la que carece aquel que se desempeña en el sector privado. Esta declaración, que puede tener eco en más de un desprevenido, supone una evidente intencionalidad más que una pretendida ignorancia.

Ciertamente, quienes trabajan en el ámbito privado formal quedan sujetos a contratos de trabajo que pueden ser rescindidos de forma unilateral por el empleador, dando derecho a una indemnización, lo que se denomina “estabilidad impropia”. En la administración pública, en cambio, rige el principio de “estabilidad propia”, ya que no es posible desprenderse de una persona que reside en planta permanente -es decir, que ingresó por concurso-, sin que exista causa fundada. Lo que parece desconocer el Ministro es que la estabilidad del empleado público ha sido objeto de largos debates desde principios del Siglo XX en el mundo, y que en nuestro país está consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional del año 1957. A raíz de ello, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido en sus fallos “Madorrán” y “Ruiz” que, ante aquel despido que carezca de una causa justificada y razonable, corresponde la reinserción del trabajador despedido a su puesto de trabajo, sumando a ello los salarios caídos desde el momento de cesantía y un resarcimiento. 

Ahora bien, ¿resulta caprichosa dicha garantía de estabilidad? La respuesta refiere, en primer lugar, a la singularidad de la función pública, que debe asegurar derechos, garantías y hacer cumplir obligaciones, que en ocasiones tensionan la relación política-administración. En el mundo de las empresas, nadie imagina un directivo cuya tarea no esté en consonancia con su política corporativa. En lo público el escenario es más complejo. Un ejemplo de ello es el derecho a ejercer un reclamo, o la obligación de observar la transparencia y publicidad de las compras públicas. Todo ello requiere un arreglo contractual particular para su funcionariado.

En segundo término, las democracias modernas se basan en la alternancia. Es un tópico muy común señalar conductas clientelistas de tal o cual gobierno que hace ingresar al Estado “militantes”, los que, al llegar el Ejecutivo siguiente, son “limpiados” para ser reemplazados por nuevo personal. Esto es exactamente lo que sucedía a fines del Siglo XIX en EE UU, por lo que se instrumentaron prácticas de este estilo de instituciones, en pos de que los políticos no vean al “Estado” como un “botín” a repartir entre sus adherentes una vez ganadas las elecciones.

De esta manera, la estabilidad del empleado público cumple un doble rol: resguardar al trabajador ante el riesgo de ser sancionado o cesanteado frente a decisiones despóticas de la clase política; y proteger a la sociedad contra el deterioro de la función pública.

RADIOGRAFÍA DEL EMPLEO PÚBLICO

En función de lo antedicho, podemos observar que la cuestión de la estabilidad configura un límite necesario y protectorio ante los fines del gobierno y su afán por reducir el aparato estatal. Sin embargo existen caminos alternativos para lograr ese objetivo. En este sentido se produjo el anuncio de Javier Milei durante el Foro Económico Internacional de las Américas, respecto de la no renovación de 70 mil contratos a término existentes en el Estado nacional.

Para tomar noción de la profundidad del ajuste es necesario dar a conocer la composición de la planta de personal de la Administración Pública Nacional. Distintas estimaciones de centros de investigación en políticas públicas y organismos públicos, coinciden en señalar que en nuestro país: 1) No existe más empleo público que privado; 2) 2 de cada 10 personas ocupadas trabajan en instituciones estatales; 3) La mayoría de los trabajadores públicos se concentra en el ámbito subnacional (provincias y municipios).

Gráfico 1. Trabajadoras/es del sector público en % según nivel jurisdiccional

Fuente: CETyD a partir de OEDE-MTEySS (2023)

En este sentido, el ajuste que lleva adelante Milei encuentra su competencia en materia de despidos sólo en la parte del sector público que corresponde al ámbito nacional. Allí, de manera directa y a través de sus Ministros, en la administración centralizada, pero también, a partir de las autoridades designadas por el Presidente, en la administración descentralizada (ANSES, AFIP, CONICET, entre otros), desconcentrada (INDEC, etc.) y en otros entes (INCAA, etc.). También puede afectar a las empresas públicas, a partir de la incidencia en sus Directorios y, en menor medida, a las Universidades Nacionales, ya que estas últimas gozan de autogobierno.

Gráfico 1. Composición de la dotación estimada por estructura organizativa (Febrero de 2024)

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Según los datos del INDEC y la Jefatura de Gabinete, desde que comenzó el Gobierno de Milei en el plano nacional el mayor ajuste acumulado lo sufrió la administración centralizada, que se redujo estimadamente un 7,4% frente a un promedio total del 2,6% de Diciembre 2023 a Febrero 2024. En todos los casos, los principales apuntados han sido los trabajadores con contratos sin estabilidad, pero también personal concursado entre 2022 y 2023, con el argumento de que dichos concursos fueron realizados de forma irregular.

Tabla 2. Evolución de la estructura organizativa del sector público nacional

(*) No incluye al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, las Universidades, el Servicio Exterior de la Nación, el Servicio Penitenciario Federal y el personal no civil de las fuerzas armadas y de seguridad.

Fuente: Elaboración propia a partir de INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Sin embargo, la reducción general del Estado no se cumple en todos los ministerios por igual, visto que inclusive para el período de Enero-Febrero 24 hay jurisdicciones que han crecido: la Jefatura de Gabinete de Ministros (1,5%), el Ministerio de Defensa (0,7%) y el Ministerio de Seguridad (0,8%).

Tabla 3. Dotación estimada de la administración pública nacional (total) y centralizada. Febrero de 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

Respecto al Ministerio de Defensa, que concentra su dotación mayoritaria informada en la administración desconcentrada, vale la pena realizar una ejercicio comparativo. 

En un mes donde algunas instituciones disminuyeron sensiblemente su personal,  como el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (-13%) o el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (-10,1%), la planta civil del aparato militar del Estado creció en todos sus componentes a contramano del país: 35,3% el Estado Mayor Conjunto; 0,7% la Armada; 5,2% la Fuerza Aérea y 1,4% el Ejército Argentino. Es decir, en el marco general de reducir la administración pública hay una redefinición particular de sus funciones. No sólo se trata de achicar al estado a su versión menos que mínima, sino volverlo cada vez más un estado gendarme, ejemplo de ello es el haber desvinculado 282 personas por un lado (179 de ANDIS y 103 de INCAA) y haber incorporado 498 personas por el otro (Ministerio de Defensa).

Tabla 3. Evolución de la dotación de personal de distintos organismos públicos nacionales. Enero-Febrero 2024.

Fuente: INDEC y Jefatura de Gabinete de Ministros, Secretaría de Transformación del Estado y la Función Pública.

EL ESTADO COMO MAL NO NECESARIO

El gobierno desde su asunción ha avanzado en una profunda reducción del gasto público, que incluye una caída real en los salarios estatales del 40% y la no renovación de contratos a término existentes en el Estado Nacional y la insistencia en privatizar empresas públicas. En este contexto, no importa ni la función que cumplen los trabajadores ni la singularidad de la función pública. 

Lo que fundamenta el recorte propuesto es la visión ideológica del déficit cero y la visión anarcocapitalista del presidente, una deformación de la realidad donde el Estado es un mal no necesario. A diferencia de las teorías de la democracia liberal que ven al Estado en su forma mínima como un mal necesario para garantizar el orden en consideración de ideas centrales  tales como que “el hombre es el lobo del hombre” y “es mejor el Estado que la anarquía”, la concepción detrás del ajuste propuesto es la de pensar que la vida en sociedad es posible sin gobierno alguno, merced a que la libertad de mercado es el motor armónico y sin contradicciones de todo desarrollo social.

Pero, a pesar de esta visión, la reducción del Estado no ha alcanzado a todos los sectores por igual. En materia de defensa y seguridad, se ha sostenido y ampliado su presencia, lo que resulta lógico, en atención a la necesidad de regular, mediante coerción, la crisis social inducida.

En conclusión, se achica el Estado, se redefinen sus funciones y se cuestionan instituciones que le son históricamente propias tales como la estabilidad del empleo público.

Será cuestión de tiempo para que en nuestro país, y con un 41,7% de la sociedad bajo la línea de la pobreza (desde hace tiempo en crecimiento y ahora con menor contención social), más tarde o más temprano la realidad redoble la apuesta y las “estadísticas” pongan en discusión los principios de una teoría vetusta y anacrónica.

•  Investigadores-docentes de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

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El ajuste económico funciona como un mecanismo necesario en los países capitalistas. En términos generales, ajustar implica que un sector grande de la población obtenga menos beneficios producto de su trabajo. Esto se puede dar de muchas maneras: cobrando salarios nominales (lo expresado en pesos) por debajo de la inflación, pero también haciendo que su salario real cada vez valga menos y como resultado, comprar menos cosas. Otra forma es sobrecargándose de trabajos para poder llegar a fin de mes. Esto es entregar mayor horas de vida a cambio de un ingreso.

Como se planteó en una nota anterior lo que pierden unos en forma de ingreso lo ganan otros. Entonces, los ajustes perjudican a las mayorías trabajadoras y benefician a las minorías capitalistas. Porque es falso eso de que cuando hay ajustes perdemos todos y todas.

Generalmente, las y los trabajadores se resisten a los ajustes. O eso deberíamos creer si no pensamos como clase trabajadora. A lo largo de la historia argentina se dieron enormes muestras de fuerza para resistir a los ajustes de capital. En este sentido, hay algunas ideas que sostienen que cuanto peores son las condiciones de vida de las personas, el escenario se prestaría para resistencias y luchas contra esa situación material. El famoso, “cuanto peor, mejor”.

Sin embargo, eso podríamos creer si la clase trabajadora es homogénea y podríamos tener una idea general de cómo piensa y cómo siente ese ajuste en sus vidas cotidianas. ¿Qué sucede cuando la clase que vive del trabajo tiene un alto grado de fragmentación? Si la clase trabajadora tiene elevados niveles de fragmentación vamos a encontrar a un sector formal con buenos salarios, una capa de profesionales con título universitario que tienen que llenarse de trabajos para obtener un buen salario, otro que posee trabajos formales pero con salarios por debajo de la línea de pobreza y una enorme capa, quizás la mayoría, de trabajadores y trabajadoras informales, sin derechos, que combinan múltiples trabajos con la ayuda estatal.

En esta situación la principal consecuencia es que se nos va a ser difícil comprender cómo se percibe, como siente y cómo piensa cada sector de la clase. Ya que cada uno, según su posición de ingresos tendrá demandas materiales y culturales diferentes.

El ajuste permanente y sus consecuencias en la subjetividad de las personas

Leandro Barttolotta e Ignacio Gago, en un ensayo llamado “Implosión: apuntes sobre la cuestión social de la precariedad”, hacen un análisis muy interesante sobre el padecimiento de la precariedad en los cuerpos de las clases subalternas. Quizás el sector mayoritario de la clase trabajadora y que sufrió con mayor fuerza el ajuste permanente de los últimos doce
años.

Lo interesante del libro es como ligan una cuestión material y objetiva basada en el ajuste permanente que viene sufriendo una enorme capa social con el efecto anímico en la subjetividad. Los autores sostienen que los principales efectos son el cansancio, el agotamiento, la frustración y el malestar. Es decir, nos encontramos con millones de personas que sienten esas sensaciones producto de una realidad material concreta: la pobreza.

Pero se escapó la tortuga. Al menos a las dirigencias políticas que dicen representar al pueblo y, también, a los intelectuales que no estuvieron a la altura. Este ajuste permanente provocó la naturalización de la precarización de las vidas. Miles de familias haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. La ansiedad producto del aumento de precios permanente. El malestar, la resignación y la angustia son la estructura de sentimientos de quienes padecen el cuerpo el ajuste.

El problema se profundiza cuando los diferentes gobiernos plantean discursivamente que iban a mejorar la calidad de vida de las personas, pero en los hechos, esas vidas empeoraban. La desilusión con estos programas llevan a una derrota, entonces, cuando los discursos reaccionarios aparecen, tienen allanado
el camino para los ajustes.

Durante estas semanas, el periodista Fernando Rosso planteó una serie de interrogantes que se vinculan con estas ideas. Si las personas durante todo este tiempo de ajuste permanente eligieron gobiernos que en el discurso decían que no iban a ajustar, pero en los hechos, ajustaban, ¿por qué no probar ahora con un gobierno de ajuste?

La naturalización de la precarización, del ajuste permanente y del malestar social puede funcionar como una derrota subjetiva en las mayorías provocando la aceptación de un feroz ajuste como el que estamos viviendo en estos meses. Entonces, cuanto peor, peor.

Ajuste de shock, derrota y refundación capitalista.

Desde que Milei comenzó con el ajuste de shock se dieron muestras de resistencias en diferentes sectores del campo organizado: las movilizaciones de los partidos de izquierda y los movimientos sociales, los paros llamados por diferentes sindicatos, el llamado a saltar los molinetes, los cacerolazos, etc. Son respuestas necesarias para los tiempos presentes. Sin embargo, aún se percibe cierto adormecimiento. Esa sensación de que se le está dando tiempo, a pesar de que el shock se está sintiendo cada vez con más fuerza. Además, cuando parecía que el discurso en contra de la casta comenzaba a tener sus límites, en la apertura de sesiones ordinarias Milei lanzó una batería de medidas contra la casta.

Es muy probable que esa prédica funcione como una especie de refuerzo en la subjetividad de las personas para seguir bancando el ajuste. El ensayista Alejandro Horowicz, en su libro “El Kirchnerismo desarmado” hace un recorrido histórico sobre la historia reciente, el programa económico de ajuste durante estos 40 años de democracia, el fracaso del peronismo y las penurias de las mayorías populares.

En un pasaje plantea lo siguiente:
“Si algo caracteriza a los derrotados, es el desprecio de su propia existencia;
desprecio que impide que la derrota sea apropiada como una fuente de conocimiento
para transformar la realidad. En ese punto estamos”

Alejandro Horowicz, 2023.

Da la sensación de que la precarización de las vidas y el ajuste permanente de la última década funciona como mecanismo subjetivo para aceptar un profundo ajuste. Ese desprecio de su propia existencia, de la que habla Horowicz, no es más que la descomposición social que habita en nuestro país. El problema es que si el ajuste pasa y se profundiza entraríamos en una gran derrota, como la de la hiperinflación del 89’ y como efecto de esa derrota, el capitalismo argentino podrá estar en mejores condiciones de ser reformado, como en los 90, con las consecuencias que eso traería: abaratamiento de la fuerza de trabajo, superexplotación laboral, profundización de la pobreza y ruptura de los lazos sociales.

Las largas crisis que empobrecen cada vez más a las personas sirven para que la gente acepte los ajustes y las salidas reaccionarias. La emergencia y la aceptación en gran parte de la sociedad de los discursos liberales demuestran que hay un espacio en el pensamiento y sentimiento de las personas que lo conocido ya no va más. En este escenario, es necesario derrotar el ajuste de Milei para evitar una mayor destrucción material de las vidas. Si no planteamos una salida estructural, alternativa a este modelo y al que nos trajo este escenario, vamos camino a una catástrofe social porque no hay salidas. La lucha la debemos dar en el plano ideológico/teórico, en el económico y en el político. Lo que no se regenera, degenera.

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Por Matías Calvo Crende

En primer lugar, es necesario poner la crisis sanitaria en contexto. La pandemia desembarcó en un país afectado por la caída del PBI, un alto nivel de inflación, la renegociación de una deuda pública insostenible y una ralentización de las mejoras laborales logradas en los años previos. En este contexto, el COVID-19 despertó una crisis laboral atípica que se destaca por dos puntos: sus características y su magnitud.

A partir de una nota técnica que realizó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una serie de países de América Latina y el Caribe (ALyC)^[1], podemos sostener que el aumento del desempleo es un “indicador limitado para comprender cabalmente la dimensión de los impactos sin precedentes que esta crisis ha generado en los mercados de trabajo de la región”. Refleja parcialmente la magnitud del asunto: las pérdidas de puestos de trabajo no se traducen sólo en transiciones hacia el desempleo sino en salidas de la fuerza de trabajo hacia la población económica inactiva (el confinamiento, el distanciamiento y las expectativas desfavorables de inserción laboral motivaron la masiva salida de la fuerza de trabajo).

Al respecto, la tasa de desocupación creció estimativamente en la región de 9,3% a 11,5% mientras que en la Argentina lo hizo de 10,4% a 13,1% (del 1ª al 2ª trimestre de 2020), mientras que la tasa de participación disminuyó en la región de 61,3% a 52,6% y en la Argentina del 58,6% al 49,2% (del 1ª al 2ª trimestre de 2020). La reducción de empleo no se refleja solamente en el incremento del desempleo.

Atendiendo estas consideraciones, la OIT se sirve de otros indicadores para sistematizar la situación laboral, entre los que se destaca la contracción de las horas trabajadas. Al respecto, ALyC es la región más afectada, con una pérdida de horas trabajadas del orden del 20,9% en los tres primeros trimestres de 2020, en comparación con el 4º trimestre de 2019 (casi duplica la estimada a nivel mundial, un 11,7%). En julio de 2020 en Argentina, la tasa de suspensiones de asalariados formales del sector privado fue del 8,4% (0,8% en marzo de 2020) mientras que el 19% de las empresas había aplicado suspensiones (5% en marzo del año pasado). A su vez, la proporción de ocupados ausentes en el total del empleo fue del 21% en el 2º trimestre de 2020, frente al 2,6% de igual período en 2019.

Por otro lado, lo atípico de esta crisis laboral se advierte también en que la economía informal no tuvo un rol “contracíclico” que operó como “empleo refugio” frente a la caída del empleo asalariado: gran parte de las y los trabajadores independientes no quedaron enmarcados en las excepciones del distanciamiento social y el confinamiento. En sintonía con lo que ocurrió en otros países de la región, la tasa de informalidad en la Argentina se redujo del 36% al 24% (del 1º al 2º trimestre de 2020), según la estimación de la OIT. De igual modo, si bien la crisis afecta a todxs, no lo hace de la misma forma: ciertos grupos sociales son más afectados que otros en términos de desempleo y precarización. Tal es el caso de mujeres, jóvenes y migrantes. En relación a éstxs últimos, según otro informe técnico de la OIT, registran una concentración particularmente alta en la informalidad: un 46% del total^[2].

Frente a este panorama de crisis laboral, el gobierno ha tomado una seria de medidas: para compensar los impactos de la pandemia, aplicó distintos programas para sostener el empleo y los ingresos (IFE, ATP, incremento de prestaciones sociales, entre otros.), sin los cuales el desempleo y el aumento de la desigualdad hubieran alcanzado niveles más graves. En este sentido, según los expertos, la crisis laboral se presenta como una oportunidad para reestructurar instituciones laborales, como la adaptación de los seguros de desempleo hacia un diseño que incluya la suspensión y reducción de jornada de trabajo como causal para recibir las prestaciones (no sólo el despido sin causa).

Hasta aquí hemos visto incipientemente cómo la crisis laboral del COVID-19 ha afectado al mercado de trabajo argentino (sin mencionar el aumento de la pobreza, la caída del salario real, el derecho a la desconexión, el teletrabajo y los riesgos psicosociales asociados a estrés laboral y tareas de cuidado, riesgos de contagio de los trabajadores esenciales, entre otros puntos).

Por tanto, resta hablar del “futuro del trabajo” sobre un punto concreto.

¿Cómo salir de esta crisis laboral y cómo hacerlo en la Argentina?

El acceso a las vacunas constituye un punto principal. La reestructuración de la deuda constituye otro punto crucial.  Finalmente, una política fiscal con un criterio rector más progresista (para orientar la recaudación y el gasto público) parecería ser la luz al final del túnel: de cada quién según su capacidad, a cada cuál según su necesidad.

El aumento de la carga impositiva (inclusive con sus limitaciones) se convierte en una alternativa a explorar a escala global, si se toma en cuenta los posicionamientos políticos de Joe Biden y del FMI. En su primer discurso presidencial frente al Congreso de los Estados Unidos, el presidente norteamericano se posicionó en favor de gravar la riqueza para financiar la salida de la crisis. Por su parte, el FMI ha esbozado públicamente la necesidad de un impuesto extraordinario a la riqueza también para salir de la actual crisis.

En línea con estas consideraciones globales de gravar la riqueza, el gobierno argentino implementó el “Aporte Solidario y Extraordinario” a las grandes fortunas (Ley 27.605, aprobada a fines de 2020) que lleva recaudados 145 mil millones de pesos al día de hoy, según fuentes oficiales. Se ha utilizado para financiar la política sanitaria, subsidiar PYMES para sostener puestos de trabajo, mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares, entre otras medidas.

En Argentina, si bien algunos actores económicos llevaron adelante judicializaciones para no pagar el aporte solidario para morigerar los efectos de la pandemia, el cuadro objetivamente se presenta claro a nivel global: es necesario entregar el anillo para no perder el dedo. En nuestra experiencia particular, aquellos que todavía no se han convencido, deberán aggiornarse a los desafíos que los tiempos demandan y adaptarse al cambio o pagar las consecuencias de no comprender que nadie se realiza en una comunidad que no se realiza.

Se trata de volver a poner de pie al mundo con el trabajo como el gran organizador social para que pueda ser un lugar más estable y predecible.

^[1]  OIT (2020). “Panorama laboral en tiempos de COVID-19. Impactos en el mercado de trabajo y los ingresos en América Latina y el Caribe”.

^[2] OIT, (2020). “COVID-19 y el mercado de trabajo en Argentina: el reto de luchar contra la pandemia y su impacto socioeconómico en un tiempo de desafíos económicos serios”.

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Por Vivian Palmbaum 

Barker se ubica a 400 km de la ciudad de Buenos Aires y es una de las localidades del partido de Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Sus 7 mil habitantes están en alerta ante la amenaza de cierre de Loma Negra, su principal y casi única fuente de trabajo. La empresa, que se promociona en internet como “líder en la producción y comercialización de cemento en la Argentina”, propiedad de la multinacional brasileña Camargo Correa, sin embargo está haciendo peligrar el sustento de más de 350 familias.

Las y los trabajadores denuncian que los contratos no se están renovando y que existe una paralización intencional de la fábrica de parte de la empresa. “Esto ya nos sucedió en el 2001 y nos convertimos en un pueblo fantasma”, explicaba Martin Isasmendi, secretario general de la delegación Barker de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA). “Nuestra lucha es en defensa del pueblo entero”, agregó. 

Alarma 2001

Sebastian Blanco es trabajador de la empresa Loma Negra y habitante de Barker. Lo entrevistamos para Marcha y relató que un poco después de mediados de marzo pasado le comunicaron al gremio, AOMA, que a cuatro empleados contratados no se les renovaba el contrato y que no iban a reponer los puestos de las personas que se iban jubilando. Esto encendió la alarma de las y los trabajadores, porque la situación se parecía bastante al 2001. “Por ahí parece exagerado que en 300 empleados quieran sacar a cuatro personas, pero nosotros venimos con una herida del 2001 que empezaron igual y de la noche a la mañana sacaron a 80 y la planta cerró”. Ese mismo viernes el gremio convocó con urgencia a una asamblea con todas y todos los trabajadores que decidió para el lunes el inicio de un paro por tiempo indeterminado.

Estuvieron diez días de paro, contaba Sebastián Blanco, “después de los primeros cuatro días sin respuesta la empresa y la Secretaría de Trabajo de Benito Juárez llamaron al gremio a una reunión y ahí nos comunicaron que no iban a reponer los puestos que faltaban y que iban a ir achichando personal”. La continuidad de la medida de fuerza motivó que se llamara a una reunión de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, en Buenos Aires. En una primera audiencia con la Directora de Relaciones Laborales, a la que no asistieron ni el Secretario de Trabajo, ni el de la Producción, tampoco estuvieron representantes de la provincia, les plantearon que se reunieran de manera privada con la empresa, para poder empezar algún tipo de negociación y en allí mismo gestionaron el encuentro para pocas horas después.

“En esa conciliación sale que Barker no les interesa, que quieren cerrar”, expresa Blanco y explica que “después que volvimos del paro, nunca nos dieron tarea, estamos hace muchos días parados. Se paró el horno de Clinker y venimos a estar acá 8 horas sentados”. Ya se hicieron tres audiencias de conciliación, pero aún no se llega a una solución. En algunas participó Dante Sica, Ministro de Producción y Trabajo de la Nación, pero aún no se llega a una solución al conflicto, si bien hasta se acercaron propuestas desde el municipio de Barker para aportar a alguna solución.

El próximo lunes 29 es la fecha de una nueva audiencia de conciliación en la Secretaría de Trabajo de la Nación, donde continuará la instancia de negociación por la fuente de trabajo y de vida del pueblo. Mientras tanto, la empresa no está acatando la conciliación obligatoria, porque la fábrica está parada y Loma Negra mandaba policías adentro de la planta para amedrentar a las y los trabajadores.

No encuentran explicación a la decisión empresarial. Tal como afirmó Isasmendi a los medios locales, “hay menos despacho que el año pasado, pero sólo a nivel local, si uno mira las estadísticas del cemento a nivel nacional se mantienen en valores cercanos a lo que fue el 2015, año de récord histórico de venta de cemento, si bien se está un poco abajo son años buenos. En volumen se habla de 12 millones de toneladas anuales, son buenas cifras. No encontramos lógica a estas circunstancias ni nos dan respuestas respecto de esta decisión”. Lo cierto es que la empresa no ha presentado ningún Procedimiento Preventivo de Crisis que habilite el despido de las y los trabajadores de la planta de Barker, tal como lo establece la ley.

 “Vino a comunicar eso, nos dejó esa bomba y se fue”.

La semana pasada estuvo Mariano Primavesi, del directorio del Loma Negra e hizo dos o tres charlas en cada turno, “llama a 7, 8 personas y les comenta que quien está dispuesto a trasladarse está abierto el traslado a otra planta del país, Olavarría es la más cercana, y el que se quiera jubilar o arreglar está en todo su derecho”. Con mucha angustia Sebastián Blanco nos relató: “nos comunicó que no va marchar el horno, no va marchar la fábrica y que la idea de ellos es que de 300 personas, la fábrica se quede con 20, 30 personas, como fue en el 2001”.

Las y los trabajadores relatan que el traslado implica el desmembramiento de las familias. Blanco contó que está pensando en la posibilidad del traslado, pero eso implicaría dejar de ver a sus hijos que viven en Barker. “Somos 300 familias que estamos a la espera, un pueblo de 6 mil habitantes que vivimos exclusivamente de Loma Negra y una penitenciaria, la UP 37, que se logró traer en el 2001 porque no había trabajo. Es una incertidumbre terrible para todos y todas nosotras”.

Barker es el lugar donde se ubicó el segundo horno de Loma Negra en el año 1950, cuando la empresa se estaba expandiendo y la fabrica de Olavarría ya no podía contener la producción de cemento. “Tenemos el apoyo de AOMA Nacional, están en alerta todas las plantas de Loma Negra del país, todas las seccionales y hemos recibido el apoyo de otros gremios, de las multisectoriales de la región, esto se está masificando”, explicó el Secretario General, Isasmendi y además contó que organizaron un fondo de lucha con la apertura de una cuenta en el Banco Nación, en donde reciben el aporte y la solidaridad de las y los trabajadores.

Todo el pueblo está movilizado para resistir esta decisión empresarial. Desde distintas partes del país vienen sumando su solidaridad frente a esta situación que afecta a las y los trabajadores de Barker pero también a sus habitantes en su conjunto.

Enlace: Pueblo chico,historia grande

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Las empresas de plataforma intentan avanzar con las nuevas formas de precarización laboral,  mientras las y los trabajadores se resisten y consiguen que la justicia reconozca el vínculo laboral en Rappi.

Las y los precarizados trabajadores de las apps están sufriendo este año otra vuelta de tuerca, con el guiño de Cambiemos. PedidosYa, la única plataforma que tenía a sus empleados en blanco, avanza con despidos para reemplazarlos con monotributistas.

En la pulseada que existe con el nuevo sector del mundo laboral,  que son las plataformas digitales, los trabajadores y trabajadoras acaban de anotarse un importante punto a su favor. En un fallo inédito en el continente, la Justicia Nacional del Trabajo determinó que el bloqueo de los tres rappitenderos en noviembre del año pasado es un despido antisindical y persecutorio, por lo que reconoce la relación laboral y ordena la reinstalación.

La sentencia además afirma que existe “verosimilitud en el derecho” porque las y los trabajadores prestaban servicios a pedido de la plataforma. “La ley laboral establece que si hay prestación de servicios se presume la existencia del contrato de trabajo”, subrayaron desde la Asociación del Personal de Plataformas (APP).

Motoqueros y ciclistas de PedidosYa, Glovo y Rappi marcharon el pasado miércoles 13 al Ministerio de la Producción y el Trabajo contra el fraude laboral en las plataformas de reparto. “Las empresas se niegan a cumplir con las leyes vigentes, con el aval  y la complicidad de los funcionarios del Gobierno”, denunció el titular de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios, (ASiMM), Marcelo Pariente, en el arranque de la movilización.

Quienes trabajan en Pedidos Ya, al igual que trabajadores y trabajadoras de otras plataformas, denuncian la manera precaria en que deben realizar su actividad laboral. Las manifestaciones y acciones que vienen realizando son para enfrentar “una política deliberada por parte de la empresa con el único objetivo de deshacerse en su totalidad de la fuerza laboral contratada formalmente para pasar a tener en su plantilla sólo a trabajadores prestando servicios bajo la modalidad de monotributo, como ya lo hacen sus competidoras Glovo y Rappi.

Falacia con la que encubren una relación de dependencia sin hacerse responsables de las cargas sociales correspondientes, despojando al trabajador de todo derecho laboral elemental y dejándolo sin ningún tipo de cobertura frente a accidentes que pudieran producirse en la vía pública en el cumplimiento de sus tareas, demostrando así incluso su absoluto desprecio por la vida humana”.

Trabajadores y trabajadoras de Pedidos Ya se encuentran llevando adelante un plan de lucha   contra la precarización laboral y en defensa de los puestos de trabajo y que vienen llevando adelante repartidores y repartidoras de la plataforma: “Desde el 26 de febrero, trabajadores de PedidosYA despedidos sin causa o con causas inventadas, y sin aviso previo, hemos estado ocupando ininterrumpidamente y de forma pacífica las instalaciones operativas de la empresa, localizadas en Gurruchaga 1776, pleno barrio de Palermo, como forma de exigir la reincorporación inmediata de más de 450 despedidos”, explicaron en el mencionado comunicado.

En este marco exigen “la reincorporación de todos los despidos, el blanqueo de todos los monotributistas y la actualización salarial de las tres paritarias congeladas y el pago de la remuneración salarial adeudada correspondiente”. También llaman a un boicot contra la empresa, solicitando que los usuarios de la aplicación no la utilicen como forma de solidaridad con la lucha que vienen llevando adelante.

Para el gremio Asimm no hay dudas de que la movida para flexibilizar aún más a los motoqueros y ciclistas de las plataformas tiene el sello del Gobierno. “Es cómplice de toda esta situación porque le está dando señales a las empresas de que ese es el modelo, el de trabajadores sin derechos”, aseguró Pariente. El dirigente agregó que en la Ciudad de Buenos Aires los legisladores PRO impulsan una modificación de la ley que regula la actividad; “el proyecto permite que las plataformas contraten monotributistas, con la argucia de llamar ‘facilitadores’ a los trabajadores”. Es en esta situación que PedidosYa, que el año pasado había efectivizado trabajadores, decidió dar el giro.

Frente al discurso de estas empresas que sostienen que los rappitenderos, glovers o riders son “socios” o “colaboradores”, el fallo reconoce que lo que allí opera en realidad es una relación laboral encubierta.

Queda por delante la batalla para que Rappi cumpla con lo ordenado por la Justicia y la pelea de fondo para arrancarle a estas empresas digitales el reconocimiento de la relación laboral junto con los derechos que les corresponden a los trabajadores y las trabajadoras.

Fuentes: La Izquierda Diario, Página 12, Anred, Resumen Latinoamericano

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El gobierno avanza con la flexibilización laboral a pesar de finalizar un año intenso de protestas, cierres, despidos y huelgas de distintos gremios.

Sobre el final del año el Gobierno busca recuperar la iniciativa política ante una conflictividad extendida, pero disgregada, condicionada por la contención burocrática y el 2019.

En un año cargado de protestas contra cierres y despidos, con huelgas recurrentes de docentes, estatales y trabajadores de la salud,  teñido de verde por el movimiento de mujeres y con el anuncio de brutales tarifazos, la mayoría de los actores gremiales, sociales y políticos trabajaron para evitar un nuevo diciembre caliente.

Los niveles de crisis y descomposición del tejido social aún no han alcanzado los niveles que precedieron al estallido del 2001.Los sectores más bajos de la clase trabajadora están más organizados pero al mismo tiempo más institucionalizados y contenidos por lo que Luisina Perelmiter denomina una “burocracia plebeya”. De todos modos, la responsabilidad principal es la de la CGT. Aunque ambas apuestan al objetivo electoral futuro sacrificando la acción del presente.

Patronal al gobierno

El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dejó claro esta semana que Macri quiere avanzar con la flexibilización laboral.

“Vamos a impulsar la reforma laboral. Continuaremos con el diálogo con la CGT y con los sectores empresariales para bajar los costos extra salariales que nos quitan competitividad”, dijo Sica. Como si estuviera repitiendo un guión redactado por la UIA,  dijo que “hay un exceso de regulaciones y de penalizaciones que terminan impidiendo las nuevas formas de contratación”.

También Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre y uno de los empresarios favoritos de Mauricio Macri, salió a respaldar la iniciativa de Cambiemos de relanzar la reforma laboral que se explicitó en las últimas horas.

Además señaló que “los países vecinos y socios comerciales, tienen un marco laboral absolutamente moderno. Cuando un inversor decide dónde poner su fábrica, en Brasil, Argentina o Chile, y compara esos marcos, tenemos muy pocas posibilidades de ganar esa competencia”.

En un reciente informe de Orlando Ferreres & Asociados elogia la reforma laboral brasileña basada en la “libertad de contratación” (acuerdos entre empleador y trabajador, en desmedro de los convenios colectivos), la reducción en la “indemnización por despido en un 30%”, y “la incorporación de autónomos que no impliquen una relación de dependencia”, entre otros puntos.

Como toda flexibilización, el objetivo final no es mejorar la situación laboral sino ejercer presión para la baja de los salarios (amenaza de desempleo mediante) y de otros costos como el de despido.

Al respecto, el FMI sostuvo que: “La agenda de reformas estructurales continúa […] Las prioridades incluyen un sistema tributario menos distorsivo, un sistema de regulaciones del mercado laboral más balanceado […], menos barreras al comercio y a la inversión extranjera”.

Es decir, el FMI brinda oxígeno durante 2019 para que el Gobierno intente generar un consenso que le permita ganar las elecciones y después ir a fondo con las reformas estructurales pendientes de acuerdo a los ajustadores.

Conflictividad laboral

Después de 24 días de huelga y 23 de ocupación de la planta Interpack,  en rechazo al despido de once trabajadores, la Secretaría de Trabajo dictó una resolución de “Conciliación Obligatoria”.

El dictamen, firmado por la Directora Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mercedes Gadea,  en otro claro gesto político contra las luchas obreras,  estableció la legitimidad de los despidos injustificados e ilegales del Grupo Zupan e intimó al sindicato, y a los trabajadores, a deponer las medida de acción directa y a prestar tareas con normalidad, bajo apercibimiento de aplicar todo tipo de sanciones.

La Comisión Interna de Interpack y la Federación Gráfica Bonaerense rechazaron formalmente la resolución y, en una importante asamblea realizada en la planta, el conjunto de las y los trabajadores resolvieron,  por unanimidad, continuar con el plan de lucha con la ocupación de la planta.

El pasado jueves 27 una delegación de diputados nacionales, provinciales y organismos de Derechos Humanos, se entrevistaron con la fiscal a cargo de UFI 6, para rechazar la pretensión de la empresa de transformar este conflicto laboral en una cuestión penal, ya que han interpuesto una denuncia por “usurpación”, absolutamente falaz.

A pocos días de retomar sus actividades laborales,  luego de haber cobrado parte de la deuda salarial que reclamaban, los trabajadores de Industrias Agrícolas Rosario SA (IARSA) de Casilda (Santa Fe) iniciaron una nueva medida de fuerza porque aún no percibieron el resto de las remuneraciones atrasadas.

Una situación similar atraviesan los y las trabajadoras de la fábrica Marani aunque, que estuvo también paralizada por la falta de pago de salarios y aunque ahora se mantiene en actividad, continúan los atrasos salariales.

El panorama no es menos preocupante, también en Casilda,  en la industria de sembradoras y herramientas manuales de ferretería, Gherardi SA, donde si bien los obreros están trabajando con jornadas reducidas, siguen con dificultades para percibir sus haberes.

La problemática de este establecimiento metalúrgico es la que mayor intranquilidad genera en la comunidad ya que se trata de la principal empleadora de la ciudad en el sector privado.

“La situación de las empresas metalúrgicas de Casilda es similar a lo que sucede con la Pymes de Firmat”, dijo Morinigo, dirigente de la UOM local, y apuntó fundamentalmente contra “las políticas económicas del gobierno nacional que no ayudan a la industria nacional ni al empleo”.

Trabajadores de Coca-Cola Femsa iniciaron un paro de actividades, con el objetivo de reclamar que la multinacional devuelva “las tareas perdidas en manos de la reventa y de cadenas de hipermercados que operan como centros de distribución”.

La medida busca que “de una vez por todas los afiliados recuperen parte del salario perdido”, según un comunicado que dio a conocer el secretario Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

Miguel Herrera, titular de la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA), manifestó su preocupación por las más de 30 empresas de Córdoba, que desde el 1º de enero quedarán sin el subsidio de la Nación, por lo que peligran 1.500 puestos de trabajo.

Desde la Federación de Empresarios de Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP) sostienen que es “arbitrario y discriminatorio” el trato de la Provincia para con las empresas de más de 60 kilómetros, que ya no tendrán subsidios nacionales, e indican que 300 localidades quedarán sin servicio.

En las últimas horas del jueves 27, se conoció que nuevos despidos afectarían a trabajadores de Fabricaciones Militares,  en las distintas plantas del país. La noticia fue confirmada por los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado Villa María, en una conferencia de prensa. Suman 60 cesanteados que se conocieron a través de una comunicación interna del interventor del organismo.

La Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que conduce Juan Carlos Schmid, firmó con la Administración General de Puertos (AGP) que preside Gonzalo Mórtola, una cláusula anti despidos, que garantiza los puestos de trabajo durante 20 meses ante la licitación del Puerto de Buenos Aires.

Con respaldo de la CATT, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la CTA Autónoma, los y las trabajadoras de aeronavegantes movilizaron al Ministerio de Transporte para expresar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.

La Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) exigió resolver conflictos paritarios en Aerolíneas Argentinas y Austral, en medio de la conciliación obligatoria que sigue rigiendo y evitó un paro de 24 horas convocado para el jueves.

“El Gobierno apoya a las empresas de capitales extranjeros y las subsidia, que si bien es cierto que crean puestos de trabajo, son puestos precarizados, donde no hay convenios y no cumplen con la ley”, se quejó el secretario general Juan Pablo Brey sobre la política oficial para el sector.

Y agregó: “Lo que no cuentan es lo que pasa con Andes, Aerolíneas, Austral, Avianca y otras, que nos prometieron que iban a crecer y ahora están devolviendo aviones”.

“Nosotros y nosotras ya expusimos los problemas que vivimos en las asambleas que llevamos a cabo en Aeroparque el 2, 16 y 27 de noviembre, pero no tuvimos respuestas. Acá no están en juego los privilegios de los sindicatos, sino la soberanía de nuestros cielos ante un gobierno que viene a entregarlo todo”, completó.

Bauen, nueva orden de desalojo

El Consejo de Administración de la Cooperativa Hotel Bauen comunicó que este viernes 28 de diciembre, último día hábil del año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó el recurso extraordinario que presentaron hace un año y medio. Esto implica que, notificación mediante a la Cámara de Apelaciones y al Juzgado Comercial que lleva la causa, podría volver a dictarse una nueva orden de desalojo.

La cooperativa había presentado el recurso ante el Máximo Tribunal sosteniendo que la Constitución Nacional no prevé un plazo para que el Congreso pueda insistir con una norma aprobada por el Parlamento y después vetada por el Presidente.

En diciembre de 2016 el Senado votaba la expropiación del Hotel Bauen después de 15 años de lucha ininterrumpida, que fue vetada por Mauricio Macri. Esto fue la condición necesaria para que en marzo de 2017 la jueza María Paula Hualde ordenara la “restitución” del edificio a sus antiguos dueños de la empresa Mercoteles, estableciendo como fecha límite el día 19 de abril.

La misma llegó a solicitar al jefe de Gabinete “el apoyo de las fuerzas de seguridad” para realizar el desalojo, que finalmente fue suspendido tras una gran campaña de solidaridad y apoyo hacia la gestión de sus trabajadores y trabajadoras,  que incluyó a cientos de personalidades políticas, organizaciones de Derechos Humanos y sociales.

Los y las trabajadoras del Bauen consiguieron a través del recurso de insistencia que se mantuviera su estado parlamentario durante dos años, y al finalizar la Corte declaró abstracto el recurso, si bien curiosamente no objetó la argumentación.

“Por ahora tenemos que esperar que termine la feria judicial y ver qué pasos da el juzgado de primera instancia”, dijo Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa. “No descartamos ir a la Corte Interamericana”, agregó.

“Nosotros consideramos que el Bauen es del Estado por las deudas que había dejado la gestión empresarial. Sobre esa base, el Congreso declaró de utilidad pública el edificio. Eso vetó Macri. En el edificio además funcionan varias cooperativas, como la de trabajo Dignidad y El Descubridor, que preside el actor Manuel Callau. Con ellos firmamos un convenio para utilizar y relanzar el auditorio del edificio”, explicó Tonarelli, lo que pone en evidencia el cumplimiento del criterio de utilidad pública de la Ley,  aprobada por el Congreso,  que fuera vetada por Macri.

Tonarelli agradeció las muestras de solidaridad de distintas organizaciones y personalidades que ya se han puesto en contacto y anticipó que irán informando los pasos a seguir para enfrentar este nuevo ataque judicial.

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El 5 de diciembre, se llevó a cabo un paro nacional de mujeres con movilización para reclamar
justicia por Lucía Pérez y todas las víctimas de femicidios. Una realidad que el gobierno no está
dispuesto a afrontar ya que continúa recortando presupuesto para campañas, subsidios y planes para las víctimas de violencia de género. Los fondos que se destinan para erradicar la violencia machista son mínimos y las consecuencias letales: una mujer es asesinada cada 30 horas.

De los 36 refugios para mujeres sobrevivientes de violencia machista que prometió hacer el gobierno de Mauricio Macri entre 2017 y 2019, apenas se construyeron y equiparon 10, según nformó el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM). Pero 8 de los 10 se habían empezado urante la gestión anterior. Recién el mes pasado comenzaron las capacitaciones al cuerpo de bogados que ofrecerá patrocinio jurídico gratuito a las víctimas. ero el servicio estarádisponible a partir del año próximo y no en todo el país: solamente en NOA, NEA, La Plata y euquén. Las tobilleras electrónicas para monitorear a los agresores se están entregando penas en 15 jurisdicciones, pero sirven solo si en la zona hay señal para celular.

Los datos muestran que la implementación de políticas integrales en materia de violencia de genero, a tres años y medio de la primera marcha de “Ni Una Menos”, todavía es una deuda pendiente. A eso se suma una reducción del Presupuesto 2019 del INAM del 7 % en términos reales, en relación a 2018. La construcción de refugios, el patrocinio jurídico gratuito y el monitoreo a través de tobilleras fueron tres de las demandas que el 3 de junio de 2015 reclamó una multitud frente al Congreso. También se pidió por la apertura de Oficinas de Violencia Doméstica en todas las provincias, como la que depende de la Corte Suprema de la Nación y funciona en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, solo cinco provincias replicaron la experiencia  –Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y La Pampa– pero en ningún caso atienden con horario extendido ni fines de semana.

Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, publicó un informe crítico de las políticas públicas específicas en la provincia. “Esta deuda en materia de Derechos Humanos de las mujeres y personas trans y travestis, se agravó en el último tiempo con el deterioro y desmantelamiento de 3 programas gubernamentales como así también con la reestructuración y reducción de áreas y organismos dedicados a la problemática, en los distintos niveles del Estado”, denunció en relación a la gestión de María Eugenia Vidal. Buenos Aires es la provincia en la que se registran la mayor cantidad de femicidios, por ser la más poblada: 84, de los 260 contabilizados en todo el país, entre el 1° de enero y el 16 de noviembre de este año, de acuerdo al Observatorio “Ahora que sí nos ven”.

Los números de la desigualdad

En base a los datos arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares (INDEC) del 2° trimestre del 2018 y según un informe de Economía Femini(s)ta, es posible visualizar la desigualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En salario, independientemente de la categoría ocupacional, la calificación o la jerarquía, las mujeres ganan en promedio un 25,5% menos que los hombres. Teniendo en cuenta otros ingresos como jubilaciones, subsidios o cuotas alimentarias, la diferencia continúa siendo desfavorable, ya que perciben un 26,2% menos.

Dentro del trabajo no registrado la desigualdad se agudiza más dado que las mujeres ganan en
promedio un 34,7% menos que los hombres. Por otro lado, teniendo en cuenta la calificación, la brecha es de un 23,1% a favor de los hombres, lo que significa que a igual calificación, los hombres siguen ganando más que las mujeres.

En los puestos no calificados la diferencia se agranda, pasando a ser un 33,2%. A pesar que en el mercado laboral, en promedio, las mujeres ocupadas están más formadas que los varones, a igual nivel educativo, sus ingresos son inferiores. Por ejemplo, las que tienen nivel universitario o superior ganan un 28,5% menos que los hombres del mismo nivel y las que cuentan con nivel primario, 41,2% menos.

Informe de la OIT sobre brecha salarial

La brecha salarial entre varones y mujeres ascendió al 25 % mensual durante 2017. Las estimaciones realizadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) posicionan a la Argentina como el noveno país de ingresos altos más desigual del mundo. La diferencia en los ingresos laborales se explica por la desigualdad en el hogar. Las tareas no remuneradas como el cuidado de niños y adultos mayores que quedan a cargo de las mujeres representan un obstáculo para la calidad de sus inserciones laborales ya que limitan la cantidad de horas que pueden estar empleadas y, por lo tanto, afectan sus ingresos. El Informe Mundial sobre Salarios calcula que a nivel global las mujeres ganan un 20 % menos que los varones.

“Las disparidades de remuneración por razón de género constituyen una de las mayores manifestaciones de injusticia social de la actualidad, y todos los países deberían esforzarse por comprender mejor qué se esconde detrás de esto y avanzar más rápidamente hacia la igualdad de género”, indicó el titular de la OIT, Guy Ryder. El documento presentado por la OIT ofrece además una estimación para la denominada “brecha por maternidad”. En Argentina la penalidad salarial asociada a convertirse en madre es del 10,5 %. O sea, las mujeres que tienen hijos ganan en promedio un 10 % menos que aquellas que no lo son. En cambio, entre los varones no existe esa diferencia, sus ingresos se mantienen inalterados sean padres o no. La brecha argentina es superada por países como Turquía, Rusia, Corea del Sur y Perú donde las madres cobran entre 12,6 y 26,6 % menos que aquellas mujeres que no tienen hijos.

En la Ciudad de Buenos Aires las mujeres ganan 23% menos que los hombres. La brecha salarial entre hombres y mujeres en la Ciudad de Buenos Aires asciende al 23,3% en promedio. La cifra se desprende de un informe difundido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad sobre el ámbito laboral en el año 2017. En las últimas décadas y a fuerza de empoderamiento, la mujer logró ingresar al mundo del trabajo. Esto representa una equiparación de oportunidades entre ambos géneros, pero pese a ello la inequidad aún está lejos de resolverse.

“En la Ciudad de Buenos Aires y en 2017, para la población ocupada, la brecha de ingresos es del 23,3% en desmedro de las mujeres”, señala el informe. En ese sentido, la desigualdad abarca a todo tipo de trabajo, categoría o grupo ocupacional, pero también si se analiza desde el punto de vista del tamaño y carácter del establecimiento donde se desempeñan o desde la jerarquía y también en base a la seguridad social. A propósito de esto, se destaca que las mujeres se encuentran “sobre representadas en las ocupaciones no calificadas, fundamentalmente debido al aporte de las ocupadas en el Servicio doméstico en hogares particulares (SDHP), rama casi totalmente feminizada”. En cuanto al sector público, las mujeres son mayoría: representan el 56,5% de los ocupados. Pese a ello, también está presente la desigualdad salarial en el ámbito estatal, alcanzando el 11,1%.

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Mientras la CGT se debate la fecha de la realización del proximo paro general, en el país se suceden los conflictos laborales y las pérdidas de fuentes de trabajo.

La CGT convocaría a un paro general en noviembre

La dirigencia sindical limitó las medidas de lucha contra el Presupuesto. De hecho no se cumplió el paro general con el que amagaron en los días previos. La Confederación General del Trabajo, CGT,  se borró directamente. Los gremios cercanos al moyanismo y al kirchnerismo se dividieron entre quienes pararon y movilizaron y aquellos que ni siquiera llamaron a parar, aunque hayan movilizado, como es el caso de Aeronavegantes.

Mientras tanto la CGT confirmó para este miércoles su postergada reunión de Consejo Directivo,  en la que se analizarán, entre otras cuestiones, las posiciones adelantadas públicamente por el binomio de conducción, Héctor Daer y Carlos Acuña, que virtualmente lanzaron un nuevo paro general.

“Estamos en la calle y con los compañeros para reclamarle a la CGT que el paro de 36 horas lo haga la semana que viene porque es tarde hacerlo después”, expresó Sergio Palazzo de La Bancaria.

Sin un consenso absoluto sobre la duración de la potencial huelga, los principales popes gremiales empiezan a coincidir en la idea de un paro general en la semana en que el G-20 se reúna en Buenos Aires.

Como respuesta, el Gobierno busca impulsar “una suerte de pacto anti despidos en el sector privado”, y así reconstruir el vínculo con los gremios peronistas e intentar neutralizar el paro”.

El Secretario General de la UTA, Roberto Fernández, quien se proclamó reelecto como Secretario General,   por los próximos cuatro años, fue el primero en recoger el guante oficial al declarar que “si el Gobierno llama al diálogo, vamos a analizar si vamos al paro”.

Conflictos laborales

La fábrica de harinas Lagomarsino-La Caserita,  ubicada en Avellaneda,  suspendió a unos 40 trabajadores y trabajadoras,  mientras peligra la continuidad laboral de 140.

El municipio de Avellaneda conducido por el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi viene padeciendo cierres de fábricas como Gaelle (industria del calzado) y despidos como en Siam,  emblema del municipio.

Las multinacionales cerealeras salieron a oponerse a los incrementos tributarios que avanzan en la Legislatura rosarina y que tienen como finalidad duplicar las partidas provinciales para el transporte urbano e interurbano de pasajeros. Como ha ocurrido otras veces, presionaron con la continuidad laboral como forma de negociar.

El diputado por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, salió a contestarles  porque entiende el proyecto como una medida de “absoluta justicia al cobrarles a los que más tienen” y agregó que “la Cámara Aceitera y la Bolsa de Comercio de Rosario se comportan como extorsionadores y dueños de la provincia. Amenazar con despedir trabajadores y trabajadoras es un acto que revela su bajeza humana”.

Las patronales aceiteras vienen siendo algunas de las grandes favorecidas por la política del gobierno de Macri. Las grandes exportadoras y formadoras de precios multiplicaron sus ganancias con la disparada del dólar. Sin embargo las empresas no se contentan con eso. A pesar de que la megadevaluación licuó el salario de las y los trabajadores en su conjunto,  sin importar qué porcentaje sacaron sectorialmente en las paritarias, se vienen sucediendo despidos en diferentes fábricas, como Bunge Ramallo. Desde el conflicto por los despidos en Cargill es evidente que los ataques a los aceiteros es netamente político. Tengamos en cuenta que en el sector los sueldos representan menos del 1% de las ganancias.

Luego de cesantear 9 empleados y empleadas,  en Catamarca, Longvie confirmó 26 cesantías en su planta que ocupa 240 trabajadores y trabajadoras en Paraná, Entre Ríos.

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Mientras el dólar supera hasta las propias expectativas del gobierno, se conocen las alarmantes cifras del INDEC que revelan la catastrófica situación social. Además en el Congreso se negocia el Presupuesto 2019, y los gremios realizan medidas de visibilización y protesta.

Dolar en banda

El viernes pasado el dólar superó los 42 pesos. La divisa acumuló un aumento de 11 % en la semana, a pesar del nuevo acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional. La devaluación se produce luego de la renuncia, al Banco Central,  de Luis Caputo y la asunción del cargo por Guido Sandleris, que anunció nuevas medidas monetarias que incluyen una “banda de flotación del dólar”, en la que se dejará fluctuar el valor de la divisa estadounidense entre los 34 y los 44 pesos.

La BBC inglesa,  que remarcó  la salida de Caputo en el contexto de un paro nacional de trabajadores y trabajadoras, y advirtió que “la estrategia de Macri se fue al piso y las inversiones se desplazaron a otros países”.

La calificación más dura provino de la revista Forbes, que sentenció que si Macri no elabora un programa exitoso, “está frito”. “Si la historia sirve como guía, la economía argentina y su liderazgo político podrían explotar en cualquier momento” y la define como el “Titanic”,  indica Forbes . Además observó  que el lenguaje corporal de Macri, en la entrevista que le hizo la agencia Bloomberg el lunes pasado, es el de “un hombre bajo una extrema presión”.

No es para menos. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que la deuda externa total aumentó durante el segundo trimestre de 2018 un 27,6% (U$S 56.559 millones) a U$S 261.483 millones, respecto a igual período de 2017, cuando se ubicaba en U$S 204.914 millones.

Por su parte, el saldo de la Balanza de Pagos cerró al término del segundo trimestre del año con un déficit de 8.292 millones de dólares, un 25% más que la pérdida de U$S 6.635 millones de igual período del año pasado, agregó el Indec.

Pobreza y situación del trabajo  

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó que la pobreza trepó al 27,3% en el segundo semestre, lo que significó una suba del 1,6% respecto de diciembre pasado. El índice de indigencia se ubicó en junio pasado en 4,9%, registrando un leve aumento del 0,1% contra diciembre de 2017.

Todos estos datos aún no reflejan el embate que ya produce la devaluación galopante que provocó el Gobierno de Mauricio Macri. Esas cifras se verán reflejadas en el cálculo de los meses próximos.

El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registró un total de 12.241.700 trabajadores y trabajadoras registradas, lo que muestra unos 99.100 empleos en blanco menos que en enero de este año.

El sector privado despidió unos 7.300 trabajadores y trabajadoras asalariadas,  solamente en julio, lo que representa una baja del 0,1%.En agosto hubo 6.233 nuevos despidos y suspensiones. Este número es casi el doble del registrado en el mismo período del año pasado. Ya van dos meses –julio y agosto– en los que este salto se repite. Las principales razones de la pérdida del empleo fueron las políticas de achicamiento del Estado y la crisis de la industria; sumados, estos dos sectores,  concentran el 91% de los problemas de empleo.

Del gremio de la construcción, en julio perdieron su empleo por despidos 3.500 trabajadores y trabajadoras.Por su parte,  la industria manufacturera dio de baja 4.100 empleos, mientras que la intermediación financiera perdió 500 empleos.

Al mismo tiempo los salarios aumentaron apenas un 19,6% entre enero y julio y un 26% en los últimos doce meses, para una inflación anunciada cercana a los 45 puntos.

Al deterioro de los indicadores sociales, la caída del consumo del 4,7% y la baja de la actividad económica del 4,2% en el segundo trimestre, se sumó otro dato negativo: el aumento del desempleo. Según el Indec, la desocupación trepó al 9,6% y hay casi dos millones de personas sin trabajo.

Contra el Presupuesto 2019

Frente al Congreso este lunes se instaló una carpa para rechazar el Presupuesto 2019. Esta inicia una semana de actividades el lunes con una marcha de antorchas y el martes comenzarán las actividades para fundamentar la oposición de la CTA-A . Además  exigen  a las y los legisladores que no voten el Presupuesto que sólo traerá más ajuste, desocupación y hambre. El miércoles comenzarán los paneles que tratarán diferentes ejes: trabajo, producción, cómo seguir luchando contra la pobreza. El jueves será el día para profundizar sobre la delicada situación del sistema jubilatorio y el viernes se tratarán los presupuestos para educación, ciencia y tecnología.

Este acampe es continuidad de la Marcha Federal que la CTA-A impulsó junto a la CTEP, Barrios de Pie, la CCC, el FOL y el Frente Popular Darío Santillán que el 1º de junio llegó a Plaza de Mayo desde todos los puntos geográficos del país, y que presentó 5 proyectos de ley al Congreso: urbanización de barrios populares, infraestructura social, agricultura familiar, ley de erradicación de las adicciones y emergencia alimentaria (pedido al que también se sumó la Iglesia).

Paritarias

Los cuatro sindicatos ferroviarios decidieron suspender el paro de 24 hs. anunciado para el martes 2 de octubre y que iba a afectar todos los servicios de corta, media y larga distancia en reclamo de la reapertura de paritarias. La medida se suspende luego de una reunión con autoridades de la Secretaría de Transporte que anuncia la posibilidad que se reabran las paritarias.

Los gremios denunciaron “el incumplimiento por parte de las empresas ferroviarias de pasajeros del Acta Acuerdo refrendada el pasado 20 de abril, donde claramente se especifica llevar adelante el proceso de revisión de los Acuerdos Paritarios firmados, conforme la evolución de las condiciones económicas pactadas, ante un eventual deterioro del poder adquisitivo de los salarios respecto de los índices de IPC publicados por el INDEC”.

El sindicato de camioneros advierte que si no hay una actualización de las paritarias, se declarará en “alerta” y amenaza con realizar una movilización y “acciones en defensa de los trabajadores”.

Camioneros había acordado con la Cámara Empresarial una paritaria del 25%, hoy lejana de la inflación proyectada por el gobierno que podría superar el 42%. “Por ese motivo, Camioneros activará la cláusula de revisión acordada con los empresarios para lograr que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo del salario que ya está siendo afectado fuertemente por la crisis económica que el gobierno no puede controlar”, detalló el gremio.

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En la política económica de ese gobierno debe buscarse  no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.

Carta Abierta a la Junta Militar. Rodolfo Walsh

El próximo fin de semana sesionará en nuestro país el FMI junto a las y los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países que conforman el G20. La Asamblea No al G20, a través de un comunicado, hace un llamado a la acción para visibilizar el rechazo a estas presencias, que estarán en nuestro país entre el 19 y el 22 de julio, y lo que las mismas significan. El próximo sábado 21 de julio desde las 12 hs. movilizaran: Por Trabajo y Salarios Dignos, Por Salud, Educación, Techo y Tierra, Por nuestros Pibes y Jubilados y jubiladas, por nuestra Soberanía y Derechos. 

El pasado 4 de julio, luego de varios encuentros preparatorios, se constituyó la Asamblea No al G20, que este año sesiona en la Argentina. Suscripta por un amplio arco de organizaciones decididas a visibilizar, con acciones directas, la oposición a las decisiones que puedan surgir de las distintas instancias de deliberaciones. Esta vez se trata de un llamado a la acción “Nunca Más FMI” ante la llegada a Buenos Aires de Christine Lagarde junto a las y los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales de los países del G20. Unas llegadas que vienen acompañadas por una poderosa guardia pretoriana: las tropas de EE.UU. en un inédito despliegue en nuestros suelos.

Llamado a la acción

Un comunicado consensuado por una larga y diversa lista de organizaciones políticas, sociales, gremiales, estudiantiles, por los derechos de la mujer y de género, de la niñez, pueblos originarios, migrantes, eco ambientales, de derechos humanos, personalidades e intelectuales, del campo y de la ciudad, llama a movilizar en repudio al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la deuda y las políticas imperialistas que representa el G20, que estarán sesionando entre el 19 y el 22 de julio próximo.

En la declaración se expresa que “el acuerdo con el FMI consagra de una manera especialmente indignante, la entrega de la soberanía de nuestro pueblo a la dictadura del Mercado”. Allí se afirma con claridad que quienes serán beneficiarios son “los poderes económicos locales y extranjeros que operan a través de él (FMI), que pase lo que pase continuarán cobrando sus abultados intereses sobre la Deuda pública y profundizando el desguace de la Nación”. Una situación que recuerda a una de nuestras más grandes tragedias del siglo XX, donde la dictadura cívico-militar-eclesiástica comprometió la firma de acuerdos de sumisión al gran capital, que solo pudieron ser ejecutados con un aparato represivo responsable de 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos.

La presencia del FMI y los acuerdos que surjan de las sesiones en nuestro país, impulsan una situación de saqueo de nuestros bienes comunes, empobrecimiento y quita de derechos que ya recaen sobre los sectores más vulnerables, que incrementan su número día a día. Mientras se avanza con la vulneración de derechos, la pérdida de fuentes de trabajo y el empobrecimiento del pueblo, que viene aumentando al mismo tiempo que las políticas represivas, desembarcan en nuestras tierras, en un despliegue de fuerzas inusitado, el ejército imperial de EE.UU. Políticas de represión y amedrentamiento que intentan someternos al temor y al silencio. Una situación que se produce a la par que se cierran medios de comunicación, se persigue a periodistas y hasta se ha cerrado la agencia de información del estado TELAM, en uno de los mayores actos de censura explícita por parte del gobierno que fundó los 357 despidos en cuestiones ideológicas.

“Ante la llegada a nuestro país del Fondo Monetario Internacional, movilicémonos por la anulación del Acuerdo Macri – FMI, el no pago de la Deuda fraudulenta y el fin de las políticas del FMI y el G20 en Argentina y nuestra América”.

El llamado a la acción será el próximo sábado 21 de julio a las 12 hs. Las organizaciones convocantes, que se cuentan en 350 aproximadamente, concentrarán en Las Heras y Av. Pueyrredón para marchar hasta el Centro de Convenciones de la CABA, donde tendrá lugar el encuentro ministerial.

G20 en Argentina

El G20 sesiona en nuestro país durante el año 2018, con múltiples reuniones previas de grupos de la sociedad civil, que en sus diferentes reuniones elaboran una serie de sugerencias para las temáticas propuestas. Tal como venimos contando, el G20 es un club de los 20 países geopolíticamente más influyentes del mundo que representan el 85% del producto bruto global y el 75% del comercio internacional. Así lo han expresado con claridad las organizaciones que integran la Asamblea No al G20, “las políticas que vienen impulsando desde la creación del grupo en 1998, son las principales responsables de las crisis económica, social, política y ambiental global que vivimos. Además, entre los 20 están los primeros sostenedores del FMI que hoy vuelve a imponer en la Argentina políticas que están empobreciendo a lxs trabajadorxs y a los sectores populares”.

Carta Abierta

En vísperas de la firma del acuerdo con el FMI, personalidades como Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Mirta Baravalle junto a Dialogo 2000 y la Coordinación Nacional de Serpaj, emitieron una Carta Abierta dirigida al Presidente. Allí se alertaba por la significación de la firma del Acuerdo con el FMI, que “casualmente” se producía en la fecha en que conmemoramos el Día de la Bandera, tal como también se lo hicieron saber. “Acuerdo que consagra de esa manera especialmente indignante, la entrega de nuestra soberanía como Nación, la vida y los derechos de todos sus pueblos, a la dictadura del Mercado”, tal como se expresa.

“Rechazamos este Acuerdo y la insistencia de su gobierno en privilegiar a la Deuda y a los intereses del gran capital por sobre los Derechos de los Pueblos, que somos de verdad los únicos acreedores”. Esas palabras luego fueron recogidas en el pronunciamiento y el llamado a la acción #NuncaMasFMI.

Las personalidades reconocidas por su compromiso y prestigio ético en nuestro país, expresaban  para finalizar: “Cuesta pedirle que recapacite, ya que hay demasiadas evidencias de su conformidad con este camino de empobrecimiento, saqueo y ultraje”.

“Solo nos queda advertirle que tampoco asegurará los resultados que Ud. y su equipo afirman esperar, no solo por seguir un destino y las indicaciones equivocados sino además por la resistencia que el pueblo argentino seguirá desplegando”.

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