Por Camila Parodi* | Foto: Nalio Chery, AP.

Para comprender la compleja situación actual que atraviesa Haití tenemos que remontarnos a sus orígenes como Estado Nación. Sí, Haití continúa pagando el “peso” de la libertad. Se trata de un pueblo rebelde que resistió durante más de dos siglos por su soberanía popular. Haití se liberó del poder colonial en 1791, se trata de la primera nación independiente de todo América Latina y el Caribe. Fueron las personas esclavizadas quienes lideraron una revolución contra Francia que, literalmente, tuvieron que pagar por mucho tiempo ya que las reparaciones monetarias impuestas por Francia entorpecieron su crecimiento.

Algunos datos importantes: Se trata de la población más pobre de la región. Según el informe presentado por la ONU en 2023, en Haití 4,3 millones de personas padecen hambre aguda y 1,4 millones están al borde de la hambruna. Considerando que la población total es de 11 millones de habitantes, estamos hablando que la mitad de la población padece hambre.

Durante el Siglo XX, el país caribeño resistió a la ocupación militar de los Estado Unidos que duró 19 años desde el año 1915, tras la llegada de 330 Marines enviados para “salvaguardar los intereses de las empresas estadounidenses”. Si bien en 1934 la estabilidad nacional comenzó a normalizarse, la situación de crisis y violencia constante no cesó. A tan sólo tres años de su independencia, el país sufrió una masacre, conocida como la “masacre del perejil”, donde el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo asesinó a casi 30 mil personas que se encontraban en la frontera de Haití con República Dominicana.

Hacia la segunda mitad del siglo, entre 1957 y 1986, los gobiernos de la familia Duvalier (padre e hijo) sembraron terror: sus grupos militares asesinaron a 60 mil personas que se oponían a su gobierno. Por este motivo, en 1986 organizada por grupos opositores impulsó una insurrección popular que derrocó a Jean Claude Duvalier. En los años siguientes, durante la década de los noventa, en pleno auge neoliberal las imposiciones de los Estados Unidos no demoraron en llegar y generaron inestabilidad política, corrupción, violencias y pobreza durante más de 15 años.

En 2004 una nueva revuelta popular armada logra el exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide. Esta situación habilitó una nueva intervención por marte de Estados Unidos tras el envío de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití de las Naciones Unidas, conocida MINUSTAH. Un plan de control y “estabilización” política y territorial que tuvo la participación de más de 25 países a través del envió de tropas militares. Su intervención se mantuvo hasta 2017 atravesando, a su vez, en 2010 un terremoto que dejó medio millón de damnificados y más de 200 mil personas muertas.

Nos vamos acercando a los hechos: En las elecciones del año 2015 es elegido el empresario bananero Jovenel Moïse en representación del partido Tét Kale (PHTK). sin embargo, tras múltiples denuncias de fraude y la presión generada no asume inmediatamente. En 2017, Jovenel Moïse vuelve a ser elegido como presidente y vuelven los escándalos y denuncias de malversación de fondos, que destaparon la corrupción de su Gobierno y el de sus antecesores aliados, como Michael Martelly. 

Durante las gestiones Martelly y de Moïse como en la de Préval, el Estado Haitiano contaba con más de 2 mil millones de dólares enviados por el presidente Hugo Chávez a través de una socialización del ingreso económico del petróleo venezolano para la reconstrucción del país. En 2019, la población protestó a lo largo de todo el año en un masivo estallido social en contra de la corrupción y la malversación de fondos. 

Pasó la pandemia por COVID 19 y el gobierno de Jovenel Moïse no llama a elecciones pretendiendo mantenerse en el poder. Allí el presidente proponía realizar una reforma constitucional para crear el cargo de vicepresidente y eliminar el de primer ministro, unir Congreso y Senado en una sola cámara y permitir que los haitianos que viven en el exterior puedan elegir y ser elegidos. Sin lograr este objetivo, Moïse es asesinado el 7 de julio de 2021, un magnicidio que pasó, como toda la historia haitiana, casi desapercibido a nivel mundial.

Los registros e investigaciones realizadas por el Poder Judicial muestran que el primer ministro, Ariel Henry, había mantenido una conversación por teléfono con uno de los responsables del magnicidio antes y después del asesinato. Desde entonces, Ariel Henry, uno de los principales acusados en el magnicidio asume el cargo y no vuelve a llamar a elecciones desde entonces.

Un país tomado por bandas criminales

Llegamos al 2024 y Haití vuelve a la escena pública mundial. Hacia finales de febrero, el primer ministro, Ariel Henry, emprendió un viaje internacional. Esta situación fue aprovechada por las organizaciones criminales que generaron un acuerdo para unificarse y buscar forzar su salida. El 29 de febrero, asaltaron dos de los centros penitenciarios más grandes del país y liberaron a las personas detenidas. Luego sitiaron el puerto de la capital y rodearon el aeropuerto nacional. El objetivo era claro: que Henry no pudiera volver. 

Durante más de una semana de incertidumbre y tensión, el 11 de marzo, Henry renunció y asume como ministro interino Michelle Boisvert quien declara estado de emergencia. “Las bandas criminales han tomado el poder, siguen asesinando, saqueando y quemando todas las instituciones públicas como privadas. El gobierno no controla nada en absoluto, la capital del país está controlada por las bandas. Todas las instituciones permanecen cerradas y bloqueadas”, denunció el periodista Bien Aimé. En su reporte, aseguró que “nadie sabe qué está tramando el partido de PHTK” y que incluso “hay rumores de que algunos ministros están escondidos o que incluso dejaron el país mientras que otros continúan saqueando los fondos estatales”.

Es importante aclarar que la situación actual es una puja entre grupos de los partidos históricos que han saqueado el país. Las bandas criminales que tomaron el poder en Puerto Príncipe, capital de Haití, crecieron durante los últimos años de la mano de los mismos partidos políticos que, históricamente, las utilizaron para ejercer su poder y sostener economías ilegales. Las distintas bandas tomaron control de gran parte del territorio haitiano, incluso se se estima que actualmente controlan un 80% de la ciudad capital.

Explica Aimé que “es importante resaltar que uno de los líderes criminales que más conocidos, Jimmy Cherizier, alias Barbecue, ha apoyado en el pasado al PHTK”. Por este motivo, manifiestó que las “organizaciones de Derechos Humanos han denunciado que Cherizier y el PHTK trabajaron juntos en la represión de las manifestaciones contra disidentes políticos en 2018”.

Como “solución” desde la ONU junto a la Comunidad del Caribe (CARICOM) proponen retomar el Acuerdo de Montana realizado durante octubre de 2023 para establecer una transición democrática. Sin embargo, para Aimé, esta propuesta tampoco es una solución ya que “si bien varias organizaciones sociales, aceptan el acuerdo se oponen resolución 26.99 / 2023 votada por ONU 2023 misión internacional y asegurar la seguridad del país”. Esta resolución, redactada por Estados Unidos y Ecuador, autorizó la realización de una nueva misión de seguridad liderada por Kenia en Haití para enviar personal.

Por este motivo, sostuvo Aimé, la situación para los partidos democráticos, de izquierda y las organizaciones es muy compleja ya que por un lado, “la vuela del PHTK implicaría una amnistía para los pandilleros ya que son parte del mismo entramando y la aceptación del acuerdo sería una nueva intervención internacional”. Si bien para el periodista el llamado de las izquierdas es a la paz y a la solución ética del conflicto, “es clara la responsabilidad de los Estados Unidos detrás de los últimos conflictos” remarcó. Este accionar evidencia la intención geopolítica de los Estados Unidos para intervenir en la zona y avanzar sobre sus recursos naturales a través de lo que se conoce como “política de gangsterización” que puede verse con claridad a través de la circulación de armas ilegales y la generalización de un contexto de inseguridad para justificar esta nueva intervención.

*Esta nota hace parte de la columna semanal “Sin Fronteras” de Marcha en “Eso que falta” de Fm La Tribu y se puede escuchar aquí.

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Por Eduardo Giordano

“Les propongo como presidente de uno de los países más hermosos de la tierra, y de los más ensangrentados y violentados, acabar la guerra contra las drogas y permitir que nuestro pueblo viva en paz”
Gustavo Petro, primer discurso ante la ONU

Existe una convicción creciente en la opinión pública internacional de que la estrategia de guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos y sus aliados en todo el mundo durante más de medio siglo fue un rotundo fracaso. Esa estrategia antinarcóticos militarizada naufragó en su propósito de reducir la producción de sustancias psicoactivas ilegales, que no dejó de crecer año tras año. Tampoco fue efectiva en la contención del consumo y menos aún en reducir los problemas de salud pública de los usuarios. 

Los países productores de materia prima para la elaboración de drogas ilegales, como es el caso de la coca en Colombia y de la amapola en Afganistán, han sido los más castigados por la intervención exterior y la violencia extrema de las mafias del narcotráfico consolidadas con la política represiva. Dichas organizaciones criminales se han adueñado de los principales resortes de poder de los respectivos Estados, aliándose con dirigentes políticos, fiscales, policías, jueces, militares y terratenientes para aumentar su influencia y conservar la impunidad.

El fracaso de la guerra contra las drogas

El Gobierno de Colombia ha tomado la iniciativa mundial en proponer un cambio de paradigma en el tratamiento del comercio mundial de drogas psicoactivas. En su primera intervención ante la Asamblea General de la ONU, en septiembre de 2022, el presidente Gustavo Petro esbozó los fundamentos de la política de drogas de Colombia durante su presidencia. Una política nacional de drogas completamente opuesta a la de sus antecesores, enmarcada en un proyecto estratégico de lucha contra el cambio climático como prioridad absoluta. Abandonar la inútil y perjudicial guerra contra las drogas para centrar los esfuerzos en combatir el uso de combustibles fósiles fue la principal idea-fuerza de su alocución.

Consciente de que ambos cambios de rumbo deben articularse en un contexto de cooperación internacional, Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional”.

Consciente de que ambos cambios de rumbo deben articularse en un contexto de cooperación internacional, Petro formuló este enorme desafío: “¿Qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo?”

La necesidad de una nueva política internacional de drogas estuvo presente en el encuentro que mantuvieron Gustavo Petro y el presidente mexicano, Manuel López Obrador, en noviembre de 2022 en México. Ambos mandatarios convocaron a una gran conferencia de dirigentes de la región con el fin de “rediseñar y replantear la política de drogas”, según se indicó entonces en un comunicado conjunto de las dos cancillerías.

Manuel López Obrador declaró unos días más tarde: “El presidente Gustavo Petro tiene una propuesta, la esbozó, dio a conocer los lineamientos generales. La idea es atender más lo preventivo, el que se pueda evitar que la gente, sobre todo los jóvenes, por necesidad, se dediquen a estas actividades ilícitas”. Y aseguró que su Gobierno coincide con esos lineamientos. Ambos presidentes promueven desde entonces conjuntamente un cambio de paradigma en la lucha antidrogas que apunte a las causas estructurales del consumo, poniendo énfasis en la cuestión de la demanda que genera la persistencia de la oferta. 

En apoyo de la política de drogas del Gobierno de Colombia se manifestaron también los países con políticas progresistas integrados en el Grupo de Puebla, durante la reunión que mantuvieron en noviembre de 2022 en Santa Marta. El comunicado final del VIII Encuentro de mandatarios y expresidentes de estos países sitúa los nuevos términos del debate: “El Grupo de Puebla constata que el narcotráfico se ha convertido en un problema transnacional y global. Los principales países consumidores deben asumir su responsabilidad en buscar una salida distinta al problema. Por eso proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo”.

Conferencia Latinoamericana sobre Drogas

A fin de intercambiar ideas y buscar soluciones continentales a la situación actual, impuesta por las políticas de los países consumidores, los gobiernos de Colombia y México convocaron a una Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, celebrada en Cali entre el 7 y el 9 de septiembre de 2023. A la reunión asistió Manuel López Obrador e intervinieron una veintena de delegaciones de países latinoamericanos y caribeños. En palabras de la ministra colombiana de Ambiente, Susana Muhamad, con esta iniciativa se busca “construir un consenso latinoamericano” para abordar desde otro enfoque la problemática de las drogas. Esta primera reunión de expertos de diferentes países sería la antesala de una futura cumbre de presidentes de la región.

En su intervención de cierre de la Conferencia, el presidente de Colombia expuso los principales lineamientos de su política de drogas, formulada en un documento de 80 páginas titulado Sembrando vida desterramos el narcotráfico. Petro ahondó en sus críticas al fracaso de la guerra contra las drogas declarada por Estados Unidos y situó a los países latinoamericanos como las principales víctimas de esas políticas perjudiciales y contraproducentes.

Tras recordar que Colombia tiene “una experiencia de 50 años, sanguinaria y feroz”, de fracasada guerra contra las drogas, Gustavo Petro definió el motivo fundamental de la convocatoria: “Quizás el hecho de ser los citantes de esta reunión Colombia y México, tiene un valor en el planeta Tierra, en la Humanidad. Porque nosotros somos las mayores víctimas de esta política”, dijo, a pesar de haber sido señalados 50 años como victimarios. Argumentó que la fallida estrategia de guerra acabó por extenderse a todo el continente, convirtiéndose en un problema americano, “de todas las Américas”: “Nuestro silencio en estos 50 años ha sido cómplice con un genocidio en nuestros países, porque eso es lo que ha provocado la política oficial de guerra contra las drogas en nuestra América Latina, un genocidio”.

Los presidentes de México y Colombia promueven un cambio de paradigma en la lucha antidrogas que apunte a las causas estructurales del consumo

El propósito de la Conferencia es que “América Latina hable por sí misma, y no repita los discursos oficiales del poder mundial en este tema específico”, que tiene unas consecuencias dramáticas para los países latinoamericanos: “La guerra contra las drogas ha hecho víctimas a todas las sociedades latinoamericanas de sus consecuencias.”

Uno de los principales resultados del encuentro fue la firma de un documento por parte de las delegaciones de los 19 países latinoamericanos participantes en la Conferencia, comprometiéndose a abordar el problema internacional de las drogas con un nuevo enfoque que permita crear espacios de diálogo para legitimar y revalorizar internacionalmente a las plantas de uso ancestral como la coca. Uno de los puntos más controvertidos de la Conferencia, no reflejado en el documento final, fue la propuesta de sacar a la hoja de coca de la lista amarilla de estupefacientes, en la que figura desde la Convención sobre Estupefacientes celebrada en Viena en 1961. El debate seguirá abierto mediante la conformación de un Grupo de Seguimiento que aportará sus conclusiones a organismos internacionales, como la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que se reúne en marzo de 2024, con el fin de propiciar una cumbre de jefes de Estado en 2025 también en el marco de Naciones Unidas.

Los debates sobre la regulación de las drogas en Colombia

Varias instituciones colombianas y organizaciones internacionales se han abocado desde hace mucho tiempo a la tarea de investigar cómo sería una posible regulación del cultivo y comercio de las principales drogas consideradas ‘ilícitas’ que se producen en Colombia. Por ejemplo, seis instituciones académicas y de la sociedad civil (CESED, ATS, Elementa DDHH, Dejusticia, Viso Mutop y FIP) han elaborado conjuntamente un Memorando al Gobierno Nacional sobre la nueva política de drogas, presentado en septiembre de 2022, con una serie de recomendaciones para “reformar” esa política. Dicha reforma es “un paso necesario para alcanzar la paz en Colombia” ya que “el prohibicionismo ha sido un factor de persistencia del conflicto armado”. El Memorando sugiere una estrategia a seguir en el corto y mediano plazo sobre la regulación del cannabis, las plantaciones de coca y la producción y el consumo de cocaína. 

La regulación del cannabis recreativo

El proyecto de ley para regularizar el cannabis de uso adulto fue radicado en el Congreso por el senador liberal Juan Carlos Losada y contó con el firme respaldo del Pacto Histórico y de otros sectores políticos. No es el primer proyecto presentado en este sentido, ya que se tramitaron otros similares en 2019, 2020 y 2021, que sin embargo no consiguieron llegar al debate en sesión plenaria. 

El mayor obstáculo de un proyecto semejante es que que supone cambiar el artículo 49 de la Constitución sobre el Derecho a la Salud, que fue modificado en 2009, durante el Gobierno de Uribe, a fin de incluir la prohibición del porte y consumo de sustancias psicoactivas, un precepto que antes no existía en la norma constitucional. Con ese añadido quedó reforzado el prohibicionismo como el principal rasgo de la política nacional de drogas.

La propuesta de ley de regulación del cannabis de uso adulto fue aprobada en octubre de 2022 por la Cámara de Representantes, con 105 votos a favor y 33 votos en contra, incluyendo la necesaria modificación del artículo 49 de la Constitución, y todo parecía indicar que también se aprobaría en el Senado, donde fue necesario realizar nueve debates antes de someter a votación el proyecto de ley. Se votó el 20 de junio de 2023, el último día de la legislatura, y la oposición consiguió impedir que esa ley prosperase. En efecto, la propuesta de regulación del cannabis para uso recreativo obtuvo 47 votos favorables y 43 en contra, pero no hubo suficiente quorum y la ley naufragó por falta de mayoría calificada. Se requerían como mínimo 54 votos a favor para aprobar la iniciativa. Votaron afirmativamente los senadores del Pacto Histórico, los Comunes, la casi totalidad de Verde Centro Esperanza, y varios representantes del Partido Liberal y algunos de la U. Con todos los votos en contra del Centro Democrático, el Partido Conservador y el Partido Radical.

Dado este resultado, el mejor alcanzado hasta la fecha pero aún insuficiente, el gobierno del Pacto Histórico deberá sopesar la correlación de fuerzas con los demás grupos políticos antes de volver a presentar un proyecto similar en la nueva legislatura.

Regular la coca y sus derivados

El inicio del boom económico de la cocaína en Colombia comenzó años después del de la marihuana, a finales de la década de 1970, con la expansión de la demanda de esta droga en el mercado estadounidense. La hoja de coca empleada como materia prima de la cocaína ya se cultivaba desde la década de 1960, pero su articulación en forma de economías regionales y su exportación a gran escala fue posterior. 

Las estrategias de erradicación forzada de las plantaciones de coca no consiguieron reducir la superficie sembrada sino todo lo contrario. Los cultivos de hoja de coca aumentaron desde unas 140.000 Ha al comienzo del Plan Colombia, en el año 2000, hasta 204.000 Ha en 2021 y 230.000 Ha en 2022, según los más recientes datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), publicados en informes de marzo y septiembre de 2023, en los que se asegura que la producción mundial de cocaína se ha disparado en los últimos años. Esta evolución de los cultivos ilegales, a pesar de haberse aplicado todas la técnicas represivas auspiciadas por Estados Unidos —con el enorme daño que han causado a la población—, demuestra la inutilidad de una estrategia militarizada de erradicación, que arrasa los territorios con glifosato u otros productos nocivos para los habitantes y el medio ambiente. 

“Proponemos una alianza latinoamericana para encontrar una solución basada en la desregulación de la prohibición de las drogas, y de dar un tratamiento social y sanitario, y no exclusivamente penal, a la adicción y el consumo”

En realidad, atendiendo a estos datos, el consumo de cocaína sigue en aumento y no fue sustituido por el de ninguna otra droga. Las incautaciones practicadas en 2021 alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas. Los datos de incautaciones indican que el tráfico se está expandiendo hacia África, Asia y Australia, más allá de los tradicionales grandes mercados en Norteamérica y Europa. El consumo de cocaína habría crecido en más del 10 % en dos años, desde 20 millones de personas en 2019 hasta más de 22 millones en 2021.

No hay una correlación directa entre el aumento del consumo de fentanilo en Estados Unidos y la caída de la demanda de la pasta básica de coca. El perfil social del consumidor habitual de fentanilo y de otras metanfetaminas no se corresponde con el del consumidor de cocaína, y es muy extraña la combinación de ambas drogas. En cambio, el fentanilo sí suele emplearse con otras drogas como la heroína, aumentando así su letalidad. En este sentido convendría establecer un diagnóstico realista para la construcción de la nueva política de drogas: con las estadísticas a la vista, la tendencia del mercado consumidor no apunta a sustituir la cocaína por el fentanilo, ya que ambas drogas están presentes simultáneamente e incrementan su penetración en distintos segmentos de la sociedad. 

El mercado internacional no redujo su interés por la cocaína, aunque podría afirmarse que sí lo hizo (¿temporalmente?) por la cocaína colombiana, o al menos por la pasta básica que se produce en algunas regiones del país (por ejemplo el Putumayo). La caída del precio de la hoja de coca y de la pasta básica para los cultivadores colombianos podría entenderse como el resultado de un desplazamiento de las compras de suministros hacia otros mercados, que permitan a las organizaciones narcotraficantes abastecerse sin los controles cada vez más estrictos que establece la nueva política de drogas del gobierno colombiano.

Con las estadísticas a la vista, la tendencia del mercado consumidor no apunta a sustituir la cocaína por el fentanilo, ya que ambas drogas están presentes simultáneamente e incrementan su penetración

Este desplazamiento del mercado hacia otros proveedores, como Perú y posiblemente Bolivia, explicaría la caída de la demanda y de los precios de la hoja de coca y de la pasta básica colombianas. El investigador Ricardo Vargas da cuenta en un completo informe que “el cálculo de Estados Unidos sobre el potencial productivo de cocaína (por Ha cultivada) para Perú y Bolivia es el doble del que estima para Colombia”. Indica también que las hectáreas cultivadas en Perú pasaron de 48.000 Ha en 2017 a 84.400 Ha en 2021, un incremento en una escala muy superior al de Colombia. 

Un primer proyecto de regulación de la hoja de coca y sus derivados se presentó ante una Comisión del Senado colombiano en abril de 2021. Auspiciado por los senadores Feliciano Valencia e Iván Marulanda, obtuvo 12 votos a favor y ninguno en contra. Esta propuesta de ley no prosperó después en un debate general. Su finalidad era “regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado”. El Estado se encargaría de comprar toda la cosecha de hoja de coca que producen los campesinos cultivadores para suministrarla a “líneas de producción básicamente ancestrales, artesanales, de las comunidades indígenas y campesinas: alimentos, cosméticos, productos medicinales”, según afirmó Iván Marulanda en la presentación del proyecto de ley, en agosto de 2020. Por otro lado, el Estado se ocuparía de producir y distribuir la cocaína necesaria para atender el mercado interno, que se calcula en unos 260.000 consumidores. “El Estado va a entregarle a esos consumidores una droga de primera calidad a través de la red sanitaria del país”, después de una entrevista con un facultativo del sistema de salud. Según este proyecto se legalizarían todos los cultivos que estuvieran certificados en los registros de Naciones Unidas y los demás se declararían ilegales. 

La propuesta contó con notables apoyos internacionales. Por ejemplo, la ONG Transform Drug Policy Foundation, influyente en algunos sectores del Parlamento británico, sugirió que el Estado debería centralizar todos los procesos en una eventual regulación: “El Estado debería comprarles a los campesinos la materia prima, brindar licencias a laboratorios para su procesamiento y tendría el monopolio de la distribución en puntos de venta estilo farmacia, teniendo en cuenta que la cocaína genera más riesgos que, por ejemplo, la marihuana y su venta debe contemplar factores como la edad y la historia médica”, declaró Mary Ryder, investigadora de esa ONG.

El aspecto que se considera clave de este cambio de política es la dignificación del campesino que vive del cultivo de la coca, superando el estigma que implica la estrategia de erradicación forzada con la complementación de una estrategia de valorización de su producto. El relato habitual de los campesinos es que mientras la cosecha de yuca y otros alimentos apenas les garantiza la supervivencia, la producción de hoja de coca les ha permitido una vida digna, con acceso a la educación y la salud para sus hijos. 

Este problema se relaciona directamente con el incumplimiento, durante el Gobierno de Iván Duque, del Punto 4 del Acuerdo de Paz, que estableció compensar a los campesinos que emprendieran la erradicación voluntaria de las plantas de coca con otros proyectos productivos. El Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS) atrajo durante los gobiernos anteriores la incorporación de 99.000 familias, pero cinco años después solo el 8,6 % de estas familias que erradicaron sus cultivos de coca contaban con un proyecto productivo. Un problema agravado por la escasa titulización de las tierras que trabajan los cultivadores de coca. Se calcula que hasta un 75 % de los cultivos de coca se realizan en tierras fiscales o de titularidad no registrada.

La nueva política de drogas 2023-2033

La política de drogas 2023-2033 se fundamenta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que la considera un componente esencial para alcanzar sus objetivos: “Resulta indispensable diseñar una nueva política de drogas, basada en el cuidado de la vida, con enfoque territorial y ambiental, y construida a partir de espacios plurales de diálogo con actores estratégicos, autoridades y étnicas, sustentada en un cambio cultural para dejar atrás el prohibicionismo.” 

Esta nueva política es un enorme desafío, articulado a su vez con la necesidad de alcanzar la Paz Total en los territorios. Al frente de este plan de largo aliento se ha situado a Gloria Miranda, la directora de Política de Drogas, quien se ocupó durante los meses de recabar propuestas y sugerencias entre las comunidades directamente afectadas por los cultivos considerados ilícitos. Tras mantener reuniones con campesinos y comunidades étnicas en el marco de una Comisión Mixta con presencia del Gobierno, se suscribió una declaración conjunta de apoyo desde los territorios al nuevo enfoque de la política nacional de drogas. “La apuesta es corregir esa ausencia histórica del Estado en los territorios”, resalta Gloria Miranda, y justifica el plazo de diez años porque “en cuatro años es imposible cambiar más de medio siglo de unas políticas que no han dado los resultados esperados”.

Durante los meses de abril y mayo de 2023 se inició un diálogo continuo con las comunidades más implicadas en esta problemática, cuyas conclusiones se conocieron en una sesión de Rendición de Cuentas de la Construcción de la Política de Drogas realizada a finales de agosto en el Putumayo. Las consultas a los campesinos se efectuaron en 27 espacios de participación de la sociedad civil, repartidos en 17 departamentos, los que reúnen mayores cultivos ilícitos. Participaron unos 130 delegados en cada uno de esos encuentros: organizaciones sociales de campesinos, cultivadores, indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes. En total participaron más de 2.700 personas. 

La nueva política de drogas que ha definido el gobierno Petro se articula mediante la combinación de dos pilares básicos: oxígeno y asfixia. ‘Oxígeno’ para las comunidades campesinas y étnicas para poder diversificar sus cultivos y optar por la sustitución voluntaria con apoyo del gobierno. Y ‘asfixia’ para los narcotraficantes, aumentando el volumen de incautaciones, pero también adoptando una serie de medidas destinadas a impedir la producción de cocaína o heroína a gran escala. Una de las medidas más importantes, junto con la destrucción de laboratorios, es el control que se ejercerá sobre la infraestructura, con un sistema de registro de las empresas metalúrgicas que provean equipos para la producción de estas sustancias. Así mismo, se establecerá un control estratégico de la producción de insumos y precursores químicos utilizados para la producción de drogas, y se profundizará la persecución de las finanzas ilegales y el lavado de activos.

La nueva política de drogas que ha definido el gobierno Petro se articula mediante la combinación de dos pilares básicos: oxígeno para el campesinado y asfixia para los narcotraficantes

En contrapartida, el pilar ‘oxígeno’ consiste en “apoyar el tránsito integral hacia economías lícitas y la reducción de vulnerabilidades de los territorios y poblaciones (rurales y urbanas) que dependen y han sido afectadas por el mercado ilegal de las drogas”. Ello implica también “transformar las condiciones económicas, sociales y culturales de los territorios afectados.”

El plan estima el impacto social que tendrán estas medidas: “Esta política posibilitará que aproximadamente 50.000 familias, de las casi 115.000 que actualmente dependen de la coca de manera ilegal como su medio de sustento, puedan transitar hacia actividades económicas legales”. Ello se conseguiría cumpliendo con el objetivo de una “reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito para el 2026”, de las cuales 69.000 se erradicarán voluntariamente, en el marco de procesos de desarrollo rural, “y 23.000 hectáreas con cultivos de alto rendimiento industrial se eliminarán forzosamente”. 

El plan Sembrando vida, desterramos el narcotráfico “reconoce que el mercado de drogas es un problema transnacional”, y plantea que “todos los países deben abordar conjuntamente este flagelo, evitando que los costos recaigan principalmente en los productores y países de tránsito”, según un principio de responsabilidad compartida. 

Este nuevo enfoque del tema de las drogas se abre camino en el mundo, impulsado ahora bajo el liderazgo del gobierno de Colombia. Los esfuerzos de Gustavo Petro por situar el cambio de la política de drogas como prioridad estratégica de su política exterior han recibido importantes apoyos internacionales. Por ejemplo, ha contado con el decidido apoyo de la Comisión Global sobre Política de Drogas, una institución a la que pertenecen, entre otros, los ex presidentes colombianos César Gaviria y Juan Manuel Santos, así como el ex presidente mexicano Ernesto Zedillo y el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso. La amplitud de estos apoyos, que proceden de ex mandatarios cuyos gobiernos aplicaron políticas económicas neoliberales o en las antípodas de las reformas de Petro, muestra que la urgencia del cambio propuesto trasciende las fronteras del progresismo social e interesa a un sector creciente del arco político. Al objetivo de alcanzar la paz social estrangulando los recursos del paramilitarismo, dejándolo fuera del negocio de la droga a través de su regulación, se suma la exigencia de respeto a las libertades individuales y al derecho al consumidor, conformándose así un amplio frente contra el enfoque represivo en el que participan los partidos progresistas, ecologistas y las distintas ramas del liberalismo.

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Por Eduardo Giordano | Foto: Edu León *

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el Movimiento Construye a las elecciones del 20 de agosto en Ecuador, apenas once días antes de los comicios, puso de manifiesto el papel que han adquirido en este país sudamericano las bandas criminales, muchas veces vinculadas al tráfico internacional de cocaína.

Este crimen político tuvo gran repercusión por tratarse de un candidato a la presidencia, pero fue precedido por una sucesión de asesinatos de dirigentes de varios partidos: el alcalde de Manta, Agustín Intriago, del movimiento cantonal Mejor Ciudad, y el candidato a la Asamblea por Esmeraldas, Ryder Sánchez, de la alianza derechista Actuemos, presidida por Otto Sonnenholzner. Ambas localidades destacan por la centralidad de sus puertos en el tráfico de drogas.

Otra víctima reciente de la violencia sicarial fue Omar Menéndez, candidato a alcalde en la ciudad costera de Puerto López, del partido Revolución Ciudadana, asesinado un día antes de las elecciones municipales. Y aun con posterioridad al asesinato de Villavicencio, el 14 de agosto, fue asesinado Pedro Briones, un dirigente de Revolución Ciudadana de la norteña provincia de Esmeraldas. Este crimen se produjo el mismo día del debate televisivo entre los candidatos a la presidencia, enfocado principalmente en “rescatar al país de la inseguridad” como dijo uno de ellos. El último tiroteo registrado en un acto electoral tuvo lugar este jueves en el cierre de campaña del empresario Daniel Noboa, candidato a la presidencia de la Alianza Acción Democrática Nacional. Tuvo lugar en Durán, en el área metropolitana de Guayaquil, aunque el ministro del Interior, Juan Zapata, ha descartado que fuese un ataque contra el candidato.

Ante este escenario favorable al retorno de Correa, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente

Seis de los detenidos por el asesinato de Villavicencio son colombianos y varios cuentan con antecedentes penales en Colombia, con cargos por asesinato y narcotráfico. Otro de los sicarios detenidos es de nacionalidad venezolana. El autor material del homicidio, también colombiano, habría quedado herido tras un tiroteo con la policía, pero fue conducido con vida a la Fiscalía para ser interrogado y horas más tarde fue dado por muerto. Todos los colombianos capturados ya habían sido detenidos por otros delitos un mes antes y dejados en libertad.

El candidato presidencial asesinado, cercano al presidente derechista Guillermo Lasso y enemigo declarado de Rafael Correa, había destacado en la campaña por su rechazo a las bandas violentas exponiendo algunas ideas sobre su forma de enfrentarlas, entre ellas la militarización de los puertos y construir una mega cárcel de alta seguridad en una zona aislada. Ideas que en general comparten otros candidatos a la presidencia, como es el caso de Jan Topic o Xavier Hervas.

Elecciones y “muerte cruzada” del presidente

Si bien el mandato del presidente neoliberal Guillermo Lasso debía concluir en 2025, en mayo de 2023 decretó la disolución de la Asamblea Nacional y convocó nuevas elecciones, un mecanismo constitucional conocido como “muerte cruzada”, empleado aquí como escapatoria al juicio político iniciado contra el mandatario por malversación de fondos públicos. Meses antes, en de febrero de este año, el Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa fue la fuerza más votada en las elecciones seccionales de febrero pasado, con más del 23% de los sufragios; y ganó 9 de las 23 prefecturas y 50 alcaldías, incluidas las de Quito y Guayaquil.

Fernando Villavicencio tuvo una participación crucial en el Congreso para evitar la destitución del presidente y permitirle que convocase elecciones anticipadas. Si bien discrepaba en muchas cuestiones con el presidente Guillermo Lasso, al igual que con el presidente anterior Lenin Moreno, era más importante lo que les unía: su rechazo a las políticas progresistas y antiimperialistas de Revolución Ciudadana.

En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia

El candidato asesinado había denunciado al ex presidente Rafael Correa (2007 a 2017) por supuestos casos de corrupción, por los cuales Correa siempre se ha considerado injustamente perseguido y víctima del lawfare, la estrategia de desgaste con la guerra judicial que han sufrido y sufren varios mandatarios y mandatarias latinoamericanas. Uno de los casos investigados por Villavicencio durante el mandato de Lenin Moreno acabó en orden de captura contra Correa y lo llevó al exilio en Bélgica. Previamente, en 2014, Villavicencio fue condenado a un año y medio de prisión (incumplida) por la justicia ecuatoriana, por calumnias contra el entonces presidente Correa, a quien acusó sin fundamento de haber cometido delitos de lesa humanidad.

En todas las encuestas publicadas desde junio, Luisa González, candidata presidencial del partido Revolución Ciudadana que lidera Rafael Correa, aparecía como favorita con el 29% de intención de voto, seguida de Yaku Pérez, candidato del movimiento indígena Somos Agua (14%), mientras que Villavicencio figuraba en cuarto o quinto lugar con poco más del 7%. Ante este escenario favorable al retorno de Correa, a quien Luisa González dijo que convertiría en su principal asesor, lo mas desestabilizador para su partido es el asesinato de un político que se caracterizó por denostar periodísticamente al expresidente.

En una de sus últimas intervenciones difundida en redes sociales, Villavicencio intentó vincular a una candidata a la Asamblea de Revolución Ciudadana, Raiza Vulgarín, con la causa abierta por la Fiscalía de Colombia contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esta candidata fue involucrada como supuesta facilitadora del transporte del dinero a partir de informes del fiscal Francisco Barbosa, sin más prueba de estas graves acusaciones que su vinculación sentimental con un primo del Nicolás Petro. Con tan poco fundamento, el político asesinado afirmaba que iba a pedir a la fiscal general de Ecuador que investigase “los vínculos de la Revolución Ciudadana con el partido de Gustavo Petro en Colombia”. En otra intervención decía sin dar más explicaciones: “Casi siempre que se habla de Socialismo del siglo XXI en América Latina hay un vínculo con el narcotráfico”.

Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia.

En el plano internacional, el posible triunfo de Revolución Ciudadana en las elecciones preocupa desde hace meses en Estados Unidos. El agotamiento del proyecto neoliberal emprendido por Lenin Moreno y acentuado durante los dos años baldíos de Guillermo Lasso, situó en el centro del debate político las diferencias de estrategia económica entre los sectores confrontados. Este era el debate emergente y que debía ocupar los espacios políticos hasta las elecciones, pero el asesinato de Fernando Villavicencio desplazó los ejes del debate hacia el plano securitario. En un contexto agobiante de estado de excepción y militarización del país, el primer eje del debate presidencial —también formalmente militarizado por los presentadores— fue el Eje Uno: Seguridad e impacto de la delincuencia, al que se dedicaron los primeros 50 minutos de las exposiciones y réplicas.

Narcotráfico y bandas criminales

En los últimos años, la narcoviolencia se ha impuesto en las calles de Ecuador. Según estimaciones oficiales del propio Estado ecuatoriano, por Ecuador pasa actualmente cerca de la mitad de la cocaína que sale de Colombia. Este país se ha convertido en “uno de los principales puntos de embarque para el tráfico global de cocaína”, según reporta el sitio especializado InsightCrime en su informe anual de 2023. Y en otro informe sobre el tráfico internacional de cocaína, esta misma fuente añade: “La frontera de Ecuador con Colombia, una de las zonas de mayor tráfico de cocaína, cuenta con unos 70 pasos ilegales. Esto ha hecho que la cocaína, el combustible, los precursores químicos, las armas y las municiones fluyan entre los dos países, y que aumente la violencia a medida que grupos ecuatorianos y colombianos se disputan las economías criminales”.

Ecuador no es productor de hoja de coca, pero se ha convertido en un importante lugar de tránsito, acopio y distribución hacia los mayores centros de consumo de la cocaína colombiana y peruana. Los principales cargamentos salen desde los puertos de Guayaquil, controlado y disputado por las mafias de diverso pelaje, desde las organizaciones narcoparamilitares colombianas hasta la mafia albanesa. También desempeñan un papel importante el puerto de Manta, en la mitad del frente oceánico del país, Esmeraldas al norte y Puerto Bolívar, el segundo puerto de Ecuador, al sur.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio

En un informe de la Policía Nacional de enero de 2022 , archivado por la justicia, se investigaron presuntos nexos con el Gobierno de la mafia albanesa. Esas informaciones facilitadas por el medio digital La Posta incluían también entre los sospechosos a un general de la policía. Desde entonces son frecuentes las alusiones periodísticas a los narcogenerales que pueblan los cuerpos de seguridad. Los tentáculos del narcotráfico se han diseminado por todos estamentos de poder y han corrompido a las instituciones.

La mafia albanesa expandió sus actividades por el mundo a pasos acelerados. Se inició en el narcotráfico en Europa con el comercio de heroína durante las guerras de los Balcanes, en simbiosis con el grupo terrorista Ejército de Liberación de Kosovo (UÇK), financiado por Estados Unidos al amparo de la operación de la OTAN en la región. Durante la última década, sus operaciones han saltado a América Latina para controlar el tráfico mundial de cocaína, principalmente a través de puertos ecuatorianos. Es un hecho que Ecuador “es el país de Sudamérica no productor de cocaína que más droga incauta”.

En este contexto, parece verosímil que muchos de los políticos asesinados recientemente lo hayan sido por enfrentarse a las tramas del narcotráfico, pero no parece que sea el caso de Villavicencio.

Rafael Correa denuncia un complot

El asesinato de Villavicencio fue atribuido por algunos medios de comunicación a una banda criminal denominada Los Choneros, que se ha expandido desde las extorsiones y robos que cometía tras su creación en los años 1990, hacia actividades de microtráfico de drogas, implicándose en los últimos años en el narcotráfico a escala internacional. Pocos días antes de su muerte, Villavicencio se refirió a unas amenazas que habría recibido desde la cárcel del jefe de esta banda, alias Fito, vinculado con el cartel mexicano de Sinaloa. El candidato había hecho campaña como abanderado contra la corrupción, pero también contra los narcos: “En año y medio vamos a someter al narcotráfico. No les tengo miedo”, había declarado.

Correa declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”

También se mencionó como autores del asesinato a Los Lobos, otra banda criminal a la que se asocia con el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, competidores con los anteriores en el tráfico mundial de cocaína. En realidad, no parece documentado que existan vínculos de subsidiariedad respecto de los clanes mexicanos. Más bien las bandas locales ofrecen servicios delictivos (sicariato) a sus clientes mexicanos, pero también a clientes nacionales dispuestos a pagar por ello.

La esposa de Villavicencio, Verónica Sarauz, regresó de Estados Unidos después del crimen. Los cónyuges se habían separado años atrás. Sarauz denunció que el Gobierno no había protegido debidamente a su marido (lo subieron a un coche no blindado y sin chofer), pero cargó la responsabilidad sin pruebas a sus enemigos políticos. Cuando le preguntaron quién estaría detrás del asesinato, afirmó: “Lo voy a decir muy claro, el correísmo”, añadiendo que “el correísmo tiene vínculos con las bandas delictivas de este país”. Además, dio un nuevo giro a la supuesta influencia de Colombia, acusando a la senadora Piedad Córdoba del Pacto Histórico: “Piedad Córdoba dijo a mi esposo que lo iba a desaparecer”. En cambio, exoneró al presidente Lasso de este modo: “El Gobierno de Lasso es débil y tiene muchas falencias, pero no se me pasa por la cabeza decir que es asesino”.

El ex presidente Rafael Correa, tras lamentar la muerte de su contrincante político, respondió a esas declaraciones en una entrevista a la emisora Caracol. Aseguró que a Villavicencio le tendieron una trampa, y declaró: “Para resolver un crimen, la primera pregunta es a quién beneficia el crimen. Y beneficia a la derecha, para desesperadamente perjudicarnos y lograr una segunda vuelta electoral”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro

Sobre la escalada violenta que atraviesa Ecuador desde el final de su mandato presidencial en 2017, Correa afirmó: “No he visto en la historia contemporánea una destrucción tan rápida y profunda en época de paz. (…) Pero en seis años, ha pasado de ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, a ser uno de los países más violentos del mundo, con 25,3 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022. Y la tendencia se acelera este año, y eso nos colocará entre los 15 países más violentos del mundo.”

Correa ahonda en las causas de esta violencia desbordada: “¿Y por qué lo destrozaron todo? Por el odio político. Lo que está pasando hoy en Ecuador no es fruto del azar; es fruto del odio, la ineptitud y la codicia de aquellos que nos sucedieron en el poder”.

La investigación judicial sobre la muerte de Villavicencio tiene mucho recorrido por delante y aventurarse al respecto sería prematuro. No se deben sacar conclusiones anticipadas de quiénes fueron los inductores o responsables intelectuales del crimen. El propio presidente Guillermo Lasso lo definió como un “crimen político” y afirmó: “Y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.

Hay algunas coincidencias con el asesinato del presidente de Haití en julio de 2021 por parte de comandos colombianos, ya que la mayoría de los sicarios apresados y el que presuntamente disparó contra el candidato son jóvenes de nacionalidad colombiana, algunos con antecedentes criminales. Sin embargo, se sabe que también habrían participado cuatro ecuatorianos, sin que hasta ahora se los haya identificado. Y según la esposa de Villavicencio, los sicarios tuvieron contacto al menos con tres políticos de Ecuador.

En la información que ofreció el Gobierno ecuatoriano sobre los detenidos colombianos, indicaba que estos formaban parte de una organización ilegal pero no llegó a identificarla. Pasada la primera semana, no hubo más información al respecto. Esto confirmaría la hipótesis de que el grupo de sicarios colombianos, que ya residían en Ecuador, fue contratado por intermediarios ecuatorianos y no por narcotraficantes. ¿Al servicio de quién? Esa pregunta permanecerá cierto tiempo sin tener respuesta, pero como bien dice el opositor Rafael Correa, la primera pregunta que uno debe hacerse ante un crimen político es a quién beneficia (y a quién no).

*Publicado originalmente en El Salto

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Por Danna Urdaneta

El 30 de septiembre de 2021 el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros denunció que la estrategia de la oligarquía de Colombia de infiltrar en Venezuela grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia conocidos como Tancol [1], pasando la aplanadora del narcotráfico y el terrorismo sobre cualquier grupo al margen de la ley vinculado al conflicto social y armado que tiene origen en Colombia.

La creación de un nuevo enemigo interno y la edición del enemigo estratégico del pueblo venezolano se presta para falsos positivos, una campaña xenófoba y una tentativa de cambio de doctrina militar que nada tiene que ver con el proyecto bolivariano. Las evidencias demuestran que, a partir del anuncio de Nicolás Maduro, cualquier persona de la franja binacional es susceptible de ser señalado como Tancol sin derecho a la defensa.

Estalló la guerra en Arauca el 2 de enero de 2022 entre los mismos paramilitares y la guerrilla que hacen vida en el lado venezolano del río Arauca. El 19 de enero de 2022 explotó un carrobomba en el municipio de Saravena[2], frontera araucana, el departamento más militarizado del país con casi 1 militar por cada 30 habitantes[3], atentado que pretendía masacrar al liderazgo social que se congregaba en el edificio donde hace vida la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y otras organizaciones sociales.[4]

El atentado se dio poco después que Antonio Medina, jefe del Frente 28, amenazó a la fundación e hizo circular un audio donde afirmó que haría volar incluso los negocios y señaló a las lideresas y líderes sociales como los mandos urbanos del ELN, estigmatizándolos e intentando convertirlos en objetivos militares legítimos de la confrontación. Posteriormente, Antonio Medina asumió la autoría del atentado, el cual destruyó la infraestructura de las cuadras alrededor, asesinó al vigilante de uno de los edificios y generó 5 heridos leves.

Este desbordamiento de la violencia en Arauca también puede alcanzar al estado Apure. Del lado colombiano, las comunidades organizadas buscan una salida dialogada entre los grupos armados para que se respete a la población civil y cumplan el Derecho Internacional Humanitario, ¿por qué del lado venezolano no haríamos lo mismo? Mientras no haya una salida política y dialogada al conflicto que tiene origen en Colombia, tampoco habrá paz en Venezuela.

Evidencias revelan las operaciones de infiltración mercenaria de Estados Unidos contra Venezuela. No con grupos Tancol, sino con infiltración de paramilitares y la usurpación y división de las fuerzas insurgentes en Arauca-Apure que desbordan la violencia y facilitan el despojo de los recursos naturales para la vida.

La frontera entre Arauca y Apure fue la menos problemática para los gobiernos de Nicolás Maduro en términos de desestabilización. En marzo-abril de 2021 estalla la guerra entre el Décimo Frente colombiano y la FANB venezolanas a partir de un bombardeo[5] en la población fronteriza de La Victoria que fue denunciado desde Arauca por el periodista Jesús Humberto Mejía y defensores de derechos humanos ante el inminente desplazamiento[6].

El parte de guerra indica que hubo varios soldados venezolanos muertos en combate y ocho más que fueron prisioneros de guerra liberados gracias a la mediación humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja[7]. Sí, un grupo hoy señalado como paramilitar retuvo a ocho soldados venezolanos en su propio territorio.

Sobre el Décimo Frente se desconoce el parte de guerra oficial de la confrontación. El 10 de enero de 2022 el Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) denunció a Arturo Paz como jefe paramilitar del Décimo Frente. El 21 de enero de 2022 las FARC-EP Segunda Marquetalia confirmó la denuncia contra Arturo Paz y Antonio Medina, jefe del Frente 28. En el mismo comunicado confirmaron la muerte del jefe guerrillero Edison Romaña bajo a misma modalidad operativa del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat) que asesinó al comandante Jesús Santrich del lado venezolano en la franja binacional de la Sierra de Perijá el 17 de mayo de 2021[8].

¿Qué son los Tancol?

La caracterización de los Tancol es contradictoria. No se le puede dar el mismo tratamiento político-militar a una guerrilla comunista que a los paramilitares o al narcotráfico. No obstante, los hechos a continuación encienden las alertas en torno a la soberanía y la paz con justicia social entre los pueblos:

1) El 10 de enero de 2022 fue asesinado con 27 tiros en su hogar el director de la emisora comunitaria Frontera 92.5 FM, José Urbina, quien además era coordinador del Partido Comunista de Venezuela en el municipio Pedro Camejo del estado Apure.[9] El 13 de noviembre de 2021 denunció que el teniente coronel Ramón Sánchez de la GNB lo amenazó públicamente de muerte en medio de una protesta pacífica a favor de lo que José Urbina calificó como “falsos positivos” contra la comunidad estigmatizada como Tancol.[10] A pesar de la amplia campaña #JusticiaParaJoseUrbina en redes sociales y la solidaridad internacional recibida exigiendo que se encuentren a los culpables, hasta ahora el Fiscal General de la República Tarek William Saab no se ha pronunciado.

2) El autogobierno de la Ciudad Comunal Simón Bolívar en la comunidad de La Gabarra, estado Apure, denunció a través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ) la llegada de 50 combatientes guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a quienes señalaron de ser Tancol.[12] Se declararon en resistencia pacífica y le pidieron a la FANB sacarlos del territorio en vista de los atropellos contra la comunidad y la amenaza contra de la lideresa de la CRBZ Amparo Leal[13], quien convocó a una movilización pacífica en rechazo a la incursión guerrillera.

3) El 13 de enero fueron capturadas 2 mujeres y 4 hombres en un hotel de la frontera del estado Apure, dos hombres de los cuales eran funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.[11] Sin derecho a defensa fueron satanizados frente al país como colaboradores del Décimo Frente de los Tancol. Uno de ellos casi adolescente.

El vacío teórico sobre qué son, quiénes los integran, cuál es su estructura y doctrina permanece alrededor de los Tancol. Ni José Negrón Valera, columnista de Sputnik y magíster en Filosofía de la Guerra por la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, pudo definirlo en su publicación del primero de octubre de 2021 titulada “¿Qué son los Tancol y por qué Maduro prendió las alarmas?”[14].

En la publicación cita a Nicolás Maduro y entrevista a Wilfredo Cañizarez de la Fundación Progresar en la ciudad de Cúcuta, frontera colombiana. Negrón le pregunta a Cañizarez sobre qué puede decir sobre los Tancol denunciados por Nicolás Maduro y el entrevistado se explaya a caracterizar la guerra colombiana y clasificar a los actores armados. Nunca se refiere a ningún actor armado como Tancol.

Aunque es claro que existe una amenaza explícita de la oligarquía colombiana y el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar a Venezuela, no le podemos pedir a los colombianos que nos hagan la tarea y nos aclaren quiénes y cómo son los enemigos internos que el gobierno venezolano señala.

La pregunta sería: ¿Si el ELN es un grupo Tancol eso quiere decir que Cuba es un Estado protector del narcotráfico, el terrorismo y los Tancol al no entregar a la delegación de paz del ELN[15] al gobierno de Iván Duque, quien le exigió a Cuba que los extraditara[16] y por quienes Estados Unidos ofrece hasta 10 millones de dólares por la captura de sus líderes?

Operación Escudo Bolivariano contra el ELN

Bajo el rótulo de la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o los Tancol el Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb) movilizó su artillería a la frontera llanera con la operación Escudo Bolivariano, al parecer, ya no para combatir las agresiones imperialistas y a la oligarquía colombiana sino para combatir a bolivarianos y comunistas de la Colombia que se alzó en armas. Esta vez se defiende la soberanía venezolana del ELN, la guerrilla comunista más grande y antigua de América Latina después de la desmovilización de las antiguas FARC-EP.

Cronología de acciones del Ceofanb contra los Tancol

En la información oficial difundida por la cuenta de Twitter del general de división Domingo Hernández Lárez, jefe del Ceofanb, no aporta más datos sobre el proceso. Así como no hay información sobre los 50 combatientes del ELN que estuvieron en La Gabarra. ¿Murieron en combate, fueron capturados como prisioneros de guerra o simplemente no fueron ubicados por el Ceofanb?[17]

Mientras la operación Escudo Bolivariano está en la frontera llanera, el jefe paramilitar Ernesto del Décimo Frente da una entrevista del lado venezolano del río Arauca a la reconocida fascista Salud Hernández-Mora de la Revista Semana.[18]

Nuevas guerras y operaciones de guerra híbrida contra Venezuela

Las nuevas guerras pueden explicar el conflicto transfronterizo como una dimensión de la nueva modalidad de enfrentamiento en la guerra de baja intensidad que vivimos en Venezuela y las múltiples guerras que se viven en Colombia. Los conflictos de nuevo tipo, nuevas guerras o conflictos armados contemporáneos son conceptos abiertos y dinámicos y tienen al desbordamiento de la violencia y el uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones como una de sus principales características. En estos conflictos se afianzan más las identidades culturales que las identidades políticas, así como se afianzan en la mundialización de las redes sociales y la llamada democratización de la violencia.

Las guerras contemporáneas son de carácter interno y regional debido al carácter transfronterizo de sus actores frente al pauperización institucional que garantiza un control territorial efectivo. En estas guerras contemporáneas predominan las operaciones de control territorial más que combates y enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, las solidaridades no ideológicas (étnicas, culturales, religiosas, territoriales) son el motor de las movilizaciones colectivas.

Las nuevas guerras están transversalizadas por guerras interestatales e interimperialistas, guerras revolucionarias o de resistencia y movimientos de liberación nacional. Este nuevo carácter de la confrontación genera nuevas resistencias, de carácter pacífico y civil con un indispensable componente mediático e internacional como redes de apoyo. Cualquier parecido con la realidad colombo-venezolana, sus gobiernos y oposiciones es pura coincidencia.

Sobre la dinámica transfronteriza José Negrón Valera recordó en su artículo para Sputnik lo que es un secreto a voces desde la cuarta república “La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana” (2019). Esta naturaleza del territorio fronterizo no solo es un plan del Pentágono, sino que este plan se nutre de la ausencia del Estado venezolano, lo cual es una política que hoy tiene escandalosas consecuencias: en la frontera venezolana no hay límites del poder y la autoridad tiene sus grises, de modo que la línea fronteriza queda delimitada por sus habitantes y no por los tratados internacionales.

Afirma Negrón Valera (2019) sobre la identidad social fronteriza: “simplemente se sienten como ‘gente de frontera’ con posibilidades de ser y pensar de acuerdo a lógicas mucho menos dicotómicas que las que les impone la nacionalidad en uno u otro lado del territorio”[19]. En estas zonas temporalmente autónomas surgen nuevas éticas y los territorios ya no se rigen por las constituciones sino por la necesidad de sobrevivir.

Esta mirada sobre el conflicto regional revaloriza y resitúa el asesinato del comunicador popular y dirigente comunista José Urbina en medio de un clima electoral: en las nuevas guerras para el Pentágono tiene más importancia eliminar a un especialista en contra información, propaganda y guerra psicológica de resistencia que la de un combatiente armado fácilmente reemplazable.

Aunque Nicolás Maduro afirmó que los Tancol no son guerrilleros ni paramilitares, sino que son irregulares colombianos (es decir, todos y ninguno), la denuncia del presidente sobre la infiltración en territorio venezolano tiene asidero en el comunicado del 10 de enero de 2022 del COCE-ELN y la denuncia de las FARC-EP Segunda Marquetalia el 22 de enero de 2022.

Este ejercicio de violencia epistémica del mandatario venezolano contra la insurgencia tiene su correlato en la operación de guerra híbrida del Estado colombiano: el lanzamiento del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (febrero, 2021)[20] para perseguir al liderazgo guerrillero que haga presencia en Venezuela y a su vez para borrar de los territorios cualquier resistencia política y social contra el modelo extractivista[21].

Este ejército popular del ELN está enfrentado a muerte contra el gobierno de Iván Duque en vista de la suspensión de la mesa de diálogos de La Habana (enero, 2018)[22] y al mismo tiempo combate a los señalados paramilitares del Décimo Frente y el Frente 28 en Arauca.

El COCE-ELN denunció que estas unidades han usurpado las siglas de las FARC-EP y trabajan con el Ejército Nacional de Colombia y los Estados Unidos en operaciones de guerra híbrida a lo largo del río binacional Arauca. Es decir, son paramilitares que usan las siglas y el discurso guerrillero para la guerra sucia que cumpla el objetivo de exterminar todo proceso social en la región y desestabilizar a Venezuela, por lo tanto, no sería apropiado seguirles llamando disidencias de las FARC-EP o guerrillas. La dirección del ELN afirma:

Esta Operación de Guerra Híbrida es conducida desde la Base de las Fuerzas Especiales de la Infantería de Marina localizada en Arauquita, que a su vez es la sede de una de las Brigadas de Fuerzas de Asistencia de Seguridad (SFAB, por su sigla en inglés), integradas por oficiales norteamericanos ejecutores del Plan de asesoría militar que desarrolla el Gobierno de Estados Unidos con el régimen colombiano”.[23]

Más adelante, las FARC-EP harían lo propio con el comunicado “A los araucanos”: “La misión es desestabilizar al gobierno bolivariano de Venezuela y asesinar a mandos de la insurgencia colombiana”, condenando todas las acciones del Décimo Frente contra la FANB y la población civil de ambos países y culpándolos de trabajar con mercenarios del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales que asesinó a Edison Romaña. No dicen explícitamente que fue en suelo venezolano, pero tampoco lo niegan.

Denuncian que: “el ejército ha creado una nueva base militar con presencia estadounidense en Arauquita, cuya misión es proteger y apoyar a Arturo y a los mercenarios que actúan en territorio venezolano”[24]. Llama la atención que en el comunicado señalan a los jefes paramilitares del Décimo Frente y del Frente 28, más no a las bases guerrilleras que sueñan con una Colombia nueva, a quienes convocan a desertarse por ser engañados por estos jefes infiltrados.

De los combates en Arauca iniciando el año el ELN tomó como prisionero de guerra Miguel “Rasguño”, un antiguo combatiente de las FARC-EP y mando medio del Décimo Frente, quien confirmó el 5 de enero de 2022 en video[25] lo que las insurgencias denunciaron contra esta estructura. Aunque el video fue difundido en el medio Las chivas del llano el 5 de enero de 2022, fue originalmente publicado en la página de Facebook del Frente de Guerra Oriental del ELN bajo el nombre “Manuel Vázquez Castaño” en la red social. Allí publicaron un video de Rasguño desmintiendo que hayan asesinado a su familia y otro condenando el atentado con carrobomba en Saravena.

Un video que fue conocido por su divulgación en El Colombiano fue publicado originalmente en la misma página de Facebook “Manuel Vázquez Castaño”. Maximiliano García, otro combatiente del Décimo Frente que desertó de sus filas al descubrir los nexos de sus comandantes con inteligencia militar colombiana y la creación de una nueva base militar en Arauquita donde les desembarca intendencia militar en La Esmeralda al Décimo Frente.

Maximiliano García fue testigo de cómo Arturo Paz dirigió una operación con 26 mercenarios (2 de los cuales fueron gringos) que asesinó a Edinson Romaña y pretendió asesinar al paisa Óscar Montero de las FARC-EP Segunda Marquetalia. Denunció que recibieron instrucciones de que en algún momento les iba a tocar asesinar a presidentes de Juntas de Acción Comunal del lado colombiano para culpar al ELN, así como asesinar a líderes de consejos comunales para culpar al gobierno venezolano[26].

¿Narcotráfico, terrorismo, Tancol o guerra de liberación nacional?

Aupar una salida militar desde los Estados bajo la doctrina de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o los Tancol constituye un grave negacionismo del conflicto social y armado en la región como expresión de la lucha de clases y de la histórica guerra de liberación nacional del pueblo colombiano. Mientras se alimenta la xenofobia en Venezuela la clase dominante opera en unidad contrainsurgente contra los alzados en armas y contra el chavismo sin distinguir matices. Ya el presidente de Ecuador Guillermo Lasso ofreció sus buenos oficios en materia de seguridad a Iván Duque para combatir el terrorismo[27].

Sin duda, el negacionismo implícito en la afirmación “la guerra es de Colombia” contribuye a más desplazamientos de ambos lados de la frontera, revictimización masiva, escalamiento de las hostilidades y prolongación de la guerra. Llamar a la guerra por su nombre y hacer cumplir el Derecho Internacional Humanitario ayudaría a crear protocolos para la vida, desescalar el conflicto en territorio venezolano con un cese de fuegos y hostilidades, así como otras medidas humanitarias que protejan a la población civil y eviten más derramamiento de sangre y falsos positivos.

La presencia de 50 guerrilleros del ELN denunciados en La Gabarra, estado Apure, se da en medio del escalamiento de la guerra en los municipios fronterizos de Colombia que ya cobra decenas de muertos, varios líderes sociales asesinados, 50 desaparecidos, miles de desplazados y un atentado con carrobomba sin precedentes.

El 19 de enero de 2022 en Saravena, Arauca, un carrobomba pretendió masacrar a 50 dirigentes sociales reunidos, perseguidos y amenazados de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra. La explosión costó 1 muerto, varios heridos y daños invaluables a la infraestructura del edificio de múltiples organizaciones sociales, así como a locales comerciales y viviendas del sector.

En medio de esto, sería un grave daño a la paz que en Venezuela nos apropiemos del discurso de la oligarquía colombiana que estigmatiza a la oposición de terrorista y narcotraficante para desconocer la guerra de liberación nacional de un sector del país enfrentado a la clase dominante.

Esta doctrina de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en ambos lados desconoce la conflictividad social, los reclamos del campesinado por la tierra y la lucha social de un pueblo cada vez más pobre que, del lado colombiano, todos los días arriesga su vida y la de sus familias expuestas al genocidio, las masacres, los desplazamientos y las revictimizaciones.

¿Qué pasó con el acompañamiento diplomático de Venezuela a la paz de Colombia?

En el discurso de la dirección política-militar del país bolivariano parece que quedó desplazado el rol de Venezuela como mediador y principal acompañante de los procesos de paz. El general de división Domingo Hernández Lárez, comandante en jefe del Ceofanb, dirige la operación Escudo Bolivariano en esta nueva etapa para “extirpar” a los Tancol.

En el teatro de operaciones venezolano se gesta una política xenófoba y contrainsurgente muy peligrosa. Este discurso es replicado en el campo popular por la coordinación nacional de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, quienes han emprendido la campaña: “NO FARC-EP / NO ELN” omitiendo que las acciones del Décimo Frente fueron denunciadas y rechazadas por las FARC-EP Segunda Marquetalia y el ELN como acciones mercenarias que dirige el Estado colombiano y los Estados Unidos como parte del plan desestabilizador contra el país bolivariano. En Colombia sólo el uribismo convocó una gran movilización el 4 de febrero de 2008 bajo la misma consigna “No más FARC”. 

En esta campaña también omiten la perfidia contra el Acuerdo de Paz de La Habana (2016), así como la necesidad de reactivar la mesa de diálogos con el ELN liderado por Antonio García y su jefe de la delegación de paz Pablo Beltrán, así como la necesidad de abrir un nuevo proceso de paz con las FARC-EP Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez.

La población fronteriza venezolana (de forma directa e indirecta) es víctima y parte del conflicto. El presidente Nicolás Maduro y la FANB en su obligación soberana tienen el deber de no abandonar la política de paz entre los pueblos sin olvidar quiénes han sido los enemigos estratégicos del pueblo venezolano.

[1]  Prensa presidencial. (30 de septiembre de 2021). Tuit. Caracas: Venezuela. Recuperado de https://twitter.com/PresidencialVen/status/1443713929591595012

[2] Congreso de los Pueblos. (20 de enero de 2022). Comunicado. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1484122020401098752

[3] Congreso de los Pueblos. (7 de enero de 2022). Hilo. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1479558851686973440

[4] Trochando Sin Fronteras. (22 de abril de 2022). Comunicado. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/trochandosf/status/1484878463467241478

[5]  Informativo regional Sur oriental. (21 de marzo de 2021). Tropas del ejército venezolano combate en la frontera estado Apure. Arauca: Colombia. Recuperado de https://www.facebook.com/261120541159283/videos/171219754717596/

[6]  Gobernación de Arauca. (26 de marzo de 2021). Defensor del Pueblo visita junto al gobernador Facundo Castillo el Centro de Integración Ciudadana de Arauquita en donde se encuentran refugiados venezolanos. Arauca: Colombia. Recuperado de https://www.arauca.gov.co/noticias/3442-defensor-del-pueblo-visita-junto-al-gobernador-facundo-castillo-el-centro-de-integracion-ciudadana-de-arauquita-en-donde-se-encuentran-refugiados-venezolanos

[7]  Jorge Arreaza. (15 de mayo de 2021). Tuit. Caracas: Venezuela. Recuperado de https://twitter.com/jaarreaza/status/1393648298146344966

[8]  FARC-EP Segunda Marquetalia. (18 de mayo de 2021). Comandante Jesús Santrich, la lucha sigue. Montañas de Colombia. Recuperado de http://farc-ep.net/?p=3445

[9] Partido Comunista de Venezuela. (14 de enero de 2022). Solicitud ante el Ministerio Público. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1482133948989911041

[10] Partido Comunista de Venezuela. (11 de enero de 2022). Video de José Urbina. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/PCV_Venezuela/status/1481026130945662976

[11] Daniel Quintero. (13 de enero de 2022). Tuit. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/dquinterotv10/status/1481817270888374276

[12] CRBZ – La Corriente. (16 de enero de 2022). Hilo. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1482737848478482436

[13] CRBZ. (18 de enero de 2022). Video. Venezuela:Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1483446266470277133

[14] José Negrón Valera. (1° de octubre de 2021). ¿Qué son los Tancol y por qué Maduro prendió las alarmas? Caracas: Sputnik. Venezuela. Recuperado de https://mundo.sputniknews.com/amp/20211001/que-son-los-tancol-y-por-que-maduro-ha-encendido-las-alarmas-1116638872.html

[15] Bruno Rodríguez. (18 de enero de 2019). Tuit. Cuba: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/BrunoRguezP/status/1086467262494711808

[16] Iván Duque. (22 de enero de 2019). Video. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/IvanDuque/status/1087739778190200839

[17] CRBZ – La Corriente. (17 de enero de 2022). Denuncia que ELN sigue en el lugar. Venezuela: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/ConLaGenteVzla/status/1483185330643771394

[18] Revista Semana. (16 de enero de 2022). “Aplicaremos la pena máxima a los corruptos”. Venezuela: Revista Semana. Recuperado de https://youtu.be/Ws2agYu4PX8

[19] José Negrón Valera. (2019). La Zona Temporalmente Autónoma: el plan del Pentágono para la frontera colombo-venezolana. Caracas: Sputnik. Recuperado de https://mundo.sputniknews.com/20190907/la-zona-temporalmente-autonoma-el-plan-del-pentagono-para-la-frontera-colombo-venezolana–1088615145.html

[20] Danna Urdaneta. (Agosto de 2021). Claves sobre la muerte de Jesús Santrich en Venezuela. Venezuela: Rebelión. Recuperado de https://rebelion.org/claves-sobre-el-asesinato-de-jesus-santrich-en-venezuela/

[21] Congreso de los Pueblos. (4 de enero de 2022). En Arauca: río revuelto, ganancias capitalistas. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/C_Pueblos/status/1478721168718893061

[22]  Iván Duque. (22 de enero de 2019). Video. Colombia: Twitter. Recuperado de https://twitter.com/IvanDuque/status/1087739778190200839

[23]  Comando Central del ELN. (10 de enero de 2022). El conflicto en la frontera araucana. Montañas de Colombia: Canal de Telegram Digna Rabia. Recuperado de https://t.me/Digna_Rabia/76

[24] FARC-EP Segunda Marquetalia. (22 de enero de 2022). A los araucanos. Montañas de Colombia: FARC-EP. Recuperado de http://farc-ep.net/?p=4101

[25] Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño. (5 de enero de 2022). ELN presenta pruebas que acusan a las disidencias de las FARC de trabajar con el gobierno colombiano. Montañas de Colombia: Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/RebeldeOrienteOficial/videos/4589894444463168/?app=fbl

[26] Frente de Guerra Oriental Manuel Vázquez Castaño. (19 de enero de 2022). 26 mercenarios al mando de Arturo asesinaron a Romaña. Montañas de Colombia: Facebook. Recuperado de https://www.facebook.com/RebeldeOrienteOficial/videos/642231817113485/?app=fbl

[27] Guillermo Lasso. (9 de enero de 2022). Tuit. Ecuador. Recuperado de https://twitter.com/LassoGuillermo/status/1480231728291749892

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Por Sasha Yumbila Paz | Foto: Salud Hernández Mora | Lugar donde asesinaron los jóvenes en Samaniego

El siguiente testimonio es el resultado de una entrevista directa con un líder comunal del suroccidente colombiano, que cuenta con grabación de soporte, la cual está protegida por el derecho profesional.

Ahora bien, al indagar sobre Los Contadores, quienes a sangre y fuego quieren controlar el pacífico nariñense y parte de la cordillera occidental, el líder me pide reserva de su identidad para evitar represalias por parte de los autores de la oleada de violencia que azota esa región del país y me dice:
“ ‘Los contadores’ son paramilitares que operan entre Tumaco, Llorente y Barbacoas, geográficamente operan en la parte del piedemonte costero hasta la llanura del Pacífico, esa banda hace más de un mes movió parte de su actividad criminal a la cordillera occidental, exactamente por los lados de Samaniego.

¿A qué llegó esa banda paramilitar? A llenar de coca parte de esa cordillera, controlar las rutas y beneficiarse del narcotráfico. Esa zona es altamente militarizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules y en Samaniego directamente opera la Brigada 23, la cual hace parte de la Tercera División
del Ejército, lo que nos hace concluir a la comunidad que los ofíciales del ejército y policía saben quienes son los que dirigen esa banda en la región y cometen los asesinatos, el ejército no hace nada para evitar que esta violencia nos siga azotando, parecido a lo que sucede en el Chocó que en vez que la fuerza pública ataque a los grupos paramilitares lo que hace es protegerlos; por ejemplo, en los últimos meses once líderes del pueblo indígenas Awá han sido asesinados y la semana pasada le hicieron un atentado a un líder de ese pueblo que afortunadamente salió ileso en el
casco urbano de Llorente.”

En esa línea, según este líder comunal, la muerte de Cristian Felipe Caicedo y Maicol Ibarra en Leiva (Nariño) el diez de agosto y la masacre de ocho jóvenes en Samaniego (Nariño) el quince de agosto hacen parte de un plan de bandas narcoparamilitares, cuyo objetivo es “sembrar el régimen del terror e intimidar a las comunidades para ejercer control territorial desde Tumaco, Barbacoas y Samaniego”.

Así mismo, él solicita a la comunidad internacional y a los organismos de Derechos Humanos hacer verificación en el terreno de la connivencia de las bandas narcoparamilitares con miembros de la fuerza pública y que se adelanten las investigaciones pertinentes para dar con los determinadores y autores materiales de los crímenes sistemáticos en la región.

* Escritora de historias, ambientalista, trabajadora humanitaria, performista y periodista independiente.

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En un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos, un joven platense está detenido en una cárcel de máxima seguridad hace un mes. Fue procesado por narcotráfico y se le negó la excarcelación. ¿Su delito? Mantener su identidad cultural.
Imaginá que vivís en una comunidad muy unida y están por hacer una gran celebración. Tu mamá te pide que la lleves con el auto para comprar 30 kilos de papas para compartir en esa festividad. Y cuando estás cargando el baúl, pasa la policía.

• ¿Qué está cargando?
• Bolsas de papas.
• Usted sabe que eso es ilegal.
• No, siempre en mi familia comemos papas.

Entonces te esposan, te llevan detenido, te dejan incomunicado, te meten en una cárcel de máxima seguridad y te procesan por narcotráfico.

¿Ridículo, no?

Ridículo, arbitrario, violento y posible: Exactamente eso es lo que está viviendo José Luis Zurita Delgadillo, un joven de 28 años que fue con su mamá -Doña Julia- a hacer las compras para la celebración de la Virgen de Urkupiña que realizaba al día siguiente la comunidad boliviana de La Plata. Pero no se trataba de papas si no de otro vegetal autóctono de estas tierras: la coca. Compraron hojas de coca en estado natural. Un producto tan ancestral como estigmatizado.

Ya lleva un mes detenido, le negaron la excarcelación y fue procesado por narcotráfico. “Esto es más que una pesadilla”, dice Vilma, su hermana.

José Luis nació en Argentina. Su mamá y su papá vinieron desde Cochabamba, Bolivia, en la década del 70. No tiene antecedentes penales, cursa el tercer año de la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de La Plata y es bailarín de la comparsa Caporales Cruz del Sur.

Trabaja junto a su familia como feriante en el Mercado Regional de Frutas y Verdura de Tolosa, La Plata, vendiendo aceite, especies, frutas y verduras. Compran periódicamente hojas de coca que se usan para coquear (o pijcheo en lengua quechua), es decir, para mascar por un tiempo prolongado, una práctica social, ritual, medicinal y simbólica muy extendida en el altiplano.

La hoja también se usa para té, mate, comidas y ceremonias de la Pachamama; y es un elemento central en la tradición ancestral indígena andina, no sólo en Bolivia si no también en Perú, Chile y Argentina. No hace falta estar en Salta o Jujuy para conocerla: en obras en construcción de grandes urbes, como Buenos Aires, Córdoba o Rosario –por ejemplo- se puede ver a los obreros coquear mientras hacen trabajos de fuerza. Muy usada también por transportistas y por trabajadorxs agrícolas.

Aquel 25 de agosto fue con su mamá a comprar 30 kilos de hojas de coca en estado natural para compartir en la enorme y colorida festividad que la comunidad boliviana hace La Plata: la veneración de la Virgen de Urkupiña, justamente la patrona de la integración.

Cuando estaban cargando el baúl, los interrogaron efectivos de la Policía de la Ciudad. José Luis y Doña Julia les explicaron que la hoja de coca no es una droga y que no había ningún delito. Los policías le respondieron -según consta en la causa- que le iban a explicar “qué es y qué no es delito en la República Argentina” (como si José Luis no fuera argentino). Y se lo llevaron detenido. Estuvo tres días incomunicado en la comisaría 52 de Villa Lugano y luego fue trasladado al complejo penitenciario de Marcos Paz.

Le negaron la excarcelación por supuesta falta de constatación de domicilio, aunque hace más de veinte años vive en el mismo lugar en Tolosa y tiene el mismo domicilio en su DNI y en la documentación del auto que está a su nombre.

El 14 de septiembre el juez Marcelo Martínez De Giorgi del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5 lo procesó por considerarlo “coautor penalmente responsable del delito de guarda de materia prima destinada a la producción o fabricación de estupefacientes”. Lo imputó por un delito que prevé penas de 4 a 15 años de prisión y lo embargó por $ 135.500.

La hoja de coca no es droga

Para que no queden dudas: el consumo de hojas de coca es legal en Argentina hace treinta años.

La Ley Nacional de Drogas (23737) de 1989 explicita en su artículo 15 que “la tenencia y el consumo de hojas de coca en su estado natural, destinado a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, no será considerada como tenencia o consumo”.

Además (y en parte tras la presión internacional ejercida por el presidente de Bolivia Evo Morales), en enero de 2013 la ONU la excluyó de la lista de estupefacientes prohibidos de la Convención Antidroga impulsada por Estados Unidos en 1961.

En el allanamiento en el lugar donde madre e hijo se habían aprovisionado de las hojas no hallaron ni elementos de corte, ni balanzas, ni precursores químicos, ni nada que pudiera hacer presumir un laboratorio para la elaboración de drogas. Sin embargo, el juez De Giorgi procesó también a Efraín Cazorla Martínez, de 39 años, boliviano, propietario de la casa donde José Luis fue a buscar las hojas de coca.

“Así como los argentinos importamos las costumbres de las comunidades originarias del Paraguay -como el mate-, ellos continúan con sus costumbres, prácticas y rituales en relación a la planta sagrada “Mamá Coca” que los provee de hojas de coca, que nada tiene que ver con estupefaciente o droga ilegal alguna”, sostiene en uno de los escritos su abogado defensor, el doctor Federico Ravina.

La Embajada de Bolivia en Argentina viene acompañando a la familia y de hecho algunos de sus funcionarios han participado –muchos de ellos coqueando en público- de diversas acciones para pedir justicia por José Luis. La comunidad universitaria de la Facultad de Periodismo de la UNLP se movilizó rápidamente y logró difundir el caso para que diversas organizaciones se involucraran (ORCOPO, Serpaj, la Comisión Provincial por la Memoria, entre otras). La familia de Emilia Uscamayta Curi, la joven quechua estudiante de periodismo que falleció ahogada en una pileta, también participa de las acciones de visibilización y la propia Universidad Nacional de La Plata se presentará como amicus curiae.

“Mi hermano está muerto en vida”

La voz cálida y pausada de Vilma Zurita Delgadillo se entrecorta por la angustia. “Esto es peor que una pesadilla. Nunca me imaginé todo esto. Cuando pasó, no lo podía creer. No entendíamos nada. Desde el 25 de agosto que no vivimos más. Tratando de sacar a mi hermano todos los días”.

–¿Por qué creen que el juez lo procesó por narcotráfico?

-Nosotros pensamos que se equivocó porque desconoce nuestra cultura. Porque la hoja de coca no es droga. Pero a nosotros nos hicieron mucho daño.

–¿Cómo van a trabajar para lograr su liberación?

-Estamos en lucha. El abogado nos ayudó mucho. Y estamos con mucha esperanza de que salga porque estamos convencidos que mi hermano no puede estar preso, no hizo ningún delito. Esperamos que salga. Que acepten la equivocación. Y que vuelva casa.

–¿Cómo está José Luis?

-Mi hermano está muerto en vida. Cada día que pasa, vive menos. El procesamiento del 14 de septiembre le hizo muy mal. Él dice que no aguanta más. Y yo siento que no aguanta más.

El 15 de septiembre su abogado interpuso un recurso de apelación en donde pidió que “se sobresea a José Luis Zurita Delgadillo del grave delito que injustamente se le atribuye” y “se ordene su inmediata libertad”.

“Esta defensa pretende dejar en claro el error en que ha incurrido el juez de grado que está privando de su libertad a una persona inocente por hacer nada más y nada menos que el uso de un legítimo derecho, como es la práctica de sus tradiciones culturales, que nada tienen que ver con el flagelo de la droga que padece no solo nuestro país sino el mundo entero”, sostiene el escrito.

La detención y procesamiento de José Luis Zurita Delgadillo por narcotráfico no sólo constituye una violación a los derechos humanos más básicos como el derecho a la identidad, si no que se inscribe en un contexto de recrudecimiento de políticas y discursos racistas y xenófobos.

La criminalización de los pueblos originarios, las políticas que atentan a los derechos del colectivo migrante y la sistemática negación del genocidio indígena sobre el que se constituyó el Estado Nación, siguen robusteciendo la idea de un país que “bajó de los barcos” que no reconoce los pueblos preexistentes, como sí lo hace la Constitución Nacional en su reforma de 1994.

No se trata únicamente de exigir la liberación de un joven injustamente encarcelado que “no aguanta más”. Se trata de romper la construcción de “enemigos internos” y de defender la construcción de un país pluricultural, donde conviven distintas naciones y colectivos.

Porque pareciera que indígenas y migrantes son “buenos” si se les puede sacar una foto en un paseo turístico. Pero cuando practican sus costumbres lejos de las cámaras o luchan por sus reivindicaciones territoriales y culturales, ya están bajo sospecha. Y son terroristas, usurpadores y, como José Luis, narcotraficantes.

La familia Zurita Delgadillo convoca para  este lunes 1° de octubre a una conferencia de prensa que se realizará a las 11.30 en el SERPAJ Servicio de Paz y Justicia, Piedras 730, Capital, con la presencia de Nora Cortiñas. Y también llama a movilizarse el martes 2 de octubre a las 11 en los tribunales porteños para exigir su liberación.

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El periodista, que viene trabajando el tema del narcotráfico en la ciudad de Rosario y, en profundidad, la relación entre el ex presidente colombiano Álvaro Uribe y Mauricio Macri, desmenuza las declaraciones del Presidente: lo que hay detrás del discurso de la guerra contra el narcotráfico.

“La droga corrompe a las personas e instituciones… La droga genera un aumento exponencial de la violencia en la sociedad, ataca el núcleo más importante que tenemos en el país, que es la familia. Va captando chicos que terminan asesinando sin darse cuenta de lo que están haciendo”, dijo el presidente Mauricio Macri al lanzar el plan “Argentina sin narcotráfico”, en el predio de Tecnópolis, y sostuvo que hay que “ganar esta guerra”.

Agregó: “Claramente, necesitamos programas de acción temprana, de prevención, ahí es donde van los programas de la niñez, los centros de primera infancia, ahí va la mejora de la educación pública, ampliar los jardines en todo el país, ahí es donde tenemos que ganar esta guerra. Pero también trabajar en la inclusión social y laboral. Son campos donde tenemos mucho que hacer. No lo vamos a hacer de un día para el otro, pero lo importante es que ya hemos comenzado a recorrer el camino correcto”.

Ante representantes de los tres poderes del Estado, la Iglesia y organizaciones no gubernamentales, Mauricio Macri cuestionó con dureza a la gestión de Cristina Kirchner por la inacción ante el avance del narcotráfico en el país y prometió que el anuncio de su programa “no quedará en una foto”. Lo escuchaban con atención el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, un grupo de fiscales, los gobernadores y diputados y senadores, entre los que estuvo Sergio Massa. En ese marco, el Presidente aseguró que “no alcanza con una sola acción ni con una sola persona” para luchar contra el narcotráfico. “Algo que nos duele preocupa y nos ha degradado es el avance del narcotráfico en nuestro país. Lamentablemente, ha avanzado mucho frente a la negación del problema por parte del Estado, que no puso el tema sobre la mesa para entender lo que estaba pasando y cómo resolverlo”, afirmó, según lo publicado por el diario La Nación.

Hay coherencia en lo que dice Macri: guerra contra el narcotráfico y acciones en conjunto entre fuerzas de seguridad nacional y provinciales.

Lo que está dicho en el decreto 221 de enero de 2016 cuando dispuso la crisis en seguridad nacional y anticipaba el desembarco de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal en distintos lugres de la Argentina, tal como ocurrirá en Rosario en breves semanas.

Es coherente el presidente Macri porque dice lo mismo que su amigo personal, el ex presidente colombiano, Alvaro Uribe, el que llevó adelante el Plan Colombia desde octubre de 2002 bajo las mismas matrices discursivas. Cuatro años después la “guerra contra el narcotráfico” se repetía en México y antes del Mundial 2014, en Brasil. Miles de consumidores consumidos muertos, el ejército en los barrios humildes y el narcotráfico floreciente. Colombia es la primera exportadora de cocaína; Brasil, el segundo y Argentina, la tercera.

Oídos sordos, premisas claras

La “guerra contra el narcotráfico ha fracasado”, viene repitiendo las Naciones Unidades desde hace más de cinco años.

Ni al imperio ni a Macri les importa.

La cuestión es el discurso de la guerra contra el narcotráfico. El caballo sobre el cual enancará su política de control social sobre las juventudes, tal como viene sucediendo en Colombia, México y Brasil.

“Argentina sin narcotráfico” es decir lo mismo que “Argentina sin capitalismo”, porque el sistema tiene cinco vías principales de acumulación desde hace décadas: petróleo, armas, medicamentos, narcotráfico y trata de personas.

Al igual que las otras actividades, también el narcotráfico es un negocio multinacional y paraestatal, viene de arriba hacia abajo.

El presidente Macri, entonces, presentó en sociedad el capítulo argentino de la etapa superior del imperialismo: la guerra contra el narcotráfico.

Dos cuestiones más hay para destacar sobre los dichos del presidente Mauricio Macri en la presentación del plan “Argentina sin narcotráfico”. Tiene razón cuando dice que “avanzó mucho en el país, frente a la negación del problema que había por parte del Estado”. Cuesta encontrar alguna mención al tema en los discursos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, tal como lo dijimos durante años en libros, artículos y frente a la justicia. Pero cuando asegura que “la droga ya no es un problema de una región o una ciudad”, entendemos que se equivoca porque hay regiones, como la compuesta por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, por ejemplo, que tienen particularidades propias debido a las privatizaciones de puertos, bancos provinciales, desarrollos inmobiliarios y crecimiento del negocio exportador que generaron un desarrollo propio de la actividad.

También tiene su propia lógica el narcotráfico en las provincias de frontera y otra original el comercio ilegal generado en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires, donde, con años de gobierno del PRO, las cárceles están llenas de consumidores (más de cincuenta por ciento están presos por mínimas cantidades de sustancias psicotrópicas) mientras los delincuentes de guante blanco gozan de impunidad.

El capítulo que viene se escribirá en la vida cotidiana de los rosarinos.

La segunda llegada de Gendarmería

Mil quinientos gendarmes ocuparán las calles rosarinas en las próximas semanas, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Esa es la respuesta a la movilización de más de veinte mil personas que durante la tarde noche del jueves 25 de agosto coparon la plaza San Martín, frente a la sede de la gobernación de Santa Fe, para exigir seguridad y fin de la impunidad.

El principal diario de la ciudad tituló: “Rosario expresó su hartazgo por la inseguridad”, síntesis de una marcha que originalmente fue convocada por las redes sociales y luego replicada por grandes medios de comunicación regionales bajo la consigna “Rosario sangra” y que devino en “Rosario se puso de pie”. El motivo fue la cantidad de homicidios en los últimos meses: entre el 17 de julio y el 19 de agosto hubo 24 crímenes en el departamento Rosario. “Algunos ocurrieron en ocasión de robo. En la mayoría de los hechos los agresores usaron armas de fuego y las víctimas fueron jóvenes”, sostienen las noticias.

El regreso de la Gendarmería Nacional es consecuencia, entre otras muchas cosas, del desastroso rol que está cumpliendo la Policía provincial, más cerca de asegurar el delito que de combatirlo; una cuestión que pone en evidencia, como en las otras provincias, la ausencia de democracia en cada una de ellas. Uno de los grandes problemas políticos del país es: ¿Qué se hace con las policías provinciales?

Son pocos los que recuerdan el anterior desembarco de Gendarmería Nacional del miércoles 9 de abril de 2014, cuando dos mil efectivos de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) llegaron a Rosario con la idea de desarmar 64 lugares donde, supuestamente, iban a encontrar armas, drogas, dinero y narcos en gran cantidad, y solamente hallaron gramos de sustancias prohibidas y muy poca gente.

A pesar de esos resultados magros, durante un par de meses hubo una especie de alivio en los barrios, cosa que fue diluyéndose mucho antes de fin de año. Los delitos mutaron y los homicidios, a pesar de esa fuerte presencia de Gendarmería Nacional, apenas se redujeron en menos de un siete por ciento.

Una vez más, el gobierno socialista de la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional de Mauricio Macri repiten la matriz de fuerzas represivas federales ocupando territorios tal como hiciera el ex presidente de Colombia, Alvaro Uribe, a partir de octubre de 2002.

En forma paralela, ahora el gobierno santafesino anuncia un “megaplán” de seguridad, donde aparecen, entre otras cosas, modificaciones a las legislaciones penales y mayor profesionalización de las fuerzas policiales.

Frases que reaparecen. Recuerdos del futuro

El diario El País, de Cali, Colombia, aseguraba el viernes 12 de marzo de 2004: “El Gobierno Nacional está con Cali y nos va acompañar en este momento tan difícil de violencia que vive la ciudad, dijo al término del Consejo de Seguridad el alcalde Apolinar Salcedo Caicedo”.

El Mandatario de los caleños aseguró que el Presidente, además, “exigió a las autoridades de Policía y Ejército trabajar con efectividad para lograr la reducción de los índices de homicidios en la ciudad. Si no en un ciento por ciento, sí en un porcentaje muy importante y nos ha puesto una meta de tres meses para que eso se cumpla’”. “Para el Jefe de Estado la situación de la ciudad exige planes de choque y por eso respaldó las medidas de seguridad tomadas por la Administración Municipal que incluyen el toque de queda a menores y el plan desarme durante el mes de marzo”, agregaba la información.

“Toque de queda a menores”, era una de las consignas.

Algo parecido resuena en los pasillos de los tribunales provinciales santafesinos.

Rosario, la ex ciudad obrera, portuaria, ferroviaria e industrial, hoy convertida en ciudad financiera, vergel de los emprendimientos inmobiliarios a pesar de miles de familias que no tienen casa digna y geografía de servicios para los negocios exportadores, está sufriendo las consecuencias de la segunda vía de acumulación de dinero del capitalismo, el armamentismo desbocado.

La receta colombiana, resucitada por el decreto 221 de la administración de Mauricio Macri, tendrá su reedición en Rosario. La única diferencia es que todavía no está el Ejército. Algo que, en esa masiva marcha del jueves, también fue dicho en voz alta.

Mientras tanto, otra vez, los números dicen con claridad que la mayoría de los muertos son puestos por el pueblo de abajo, que son jóvenes y que son asesinados con armas, muchas de ellas procedentes de fuerzas de seguridad.

* Periodista, diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe.

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La creación del Centro de Alerta Temprana significa un fuerte paso del gobierno argentino para abrir la puerta a la injerencia militar norteamericana. El supuesto peligro de los atentados terroristas en Latinoamérica como pretexto para seguir instalando bases militares.

Las diez personas detenidas en Brasil, sospechadas de estar preparando un atentado en el marco de los Juegos Olímpicos, encendieron la alarma en ese país. En Argentina, la situación precipitó la creación de un centro de reunión de información que permitirá tener un “alerta temprana” sobre eventuales acciones terroristas.

La creación del Centro de Alerta Temprana puede comprenderse en dos planos: por un lado, es cierto que Argentina es el único país de América del Sur en haber sufrido atentados terroristas (en la embajada de Israel en 1992 y en la AMIA en 1994). Pero cierto es también que con la creación de dicho programa el gobierno macrista comienza a permitir el injerensismo norteamericano en el suelo nacional, ya que esto implicará un proceso de colaboración e interacción con la Interpol en los principales pasos fronterizos del país.

La región comprendida por Argentina, Brasil y Paraguay, conocida como la Triple Frontera, ha sido siempre considerada como un punto clave en la geopolítica para Estados Unidos. El control de dicha zona garantiza un rápido despliegue militar hacia Brasil, el Cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay) y Bolivia. Y si a esto le sumamos la cuestión del Acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua dulce del planeta, la cuestión se torna por demás compleja.

Si bien Argentina tiene motivos para tomar recaudos respecto de posibles ataques terroristas, tampoco hay certezas de ser un posible blanco. Lo que sí es claro es que la cuestión del terrorismo es tomada por el gobierno argentino y utilizada como pretexto en el viraje emprendido en política exterior y en particular en materia de seguridad hacia EEUU.

Es importante aclarar que la política exterior es la más sencilla de reorientar o cambiar, ya que es tal vez la que menos oposición interna genera al haber un desconocimiento para la mayoría de la gente.

Terrorismo, narcotráfico e injerensismo

Los mecanismos que utiliza el país del Norte a la hora de efectivizar su presencia en la región se actualizaron con el paso del tiempo. En décadas anteriores bastaba con una intervención directa, pero ahora lo hace de una forma más estilizada.

La lucha contra el terrorismo o el narcotráfico se han convertido en una pantalla para encubrir el verdadero objetivo norteamericano: el control de los recursos naturales de América Latina. En términos reales, el injerensismo estadounidense representa una pérdida de soberanía pura y dura. La supuesta intención de permitir la instalación de una base militar en nuestro país (se habla de dos bases, una en Tierra del Fuego y otra en Misiones) implicaría ceder el control y el manejo de dichas zonas, permitiendo la práctica de ejercicios militares, el movimiento de tropas, aterrizaje y despegue de aviones y, fundamentalmente, la radarización del espacio aéreo nacional.

Ahora bien, si de bases norteamericanas hablamos, determinados países de la región pueden hablar bastante sobre el tema: en Colombia hay tres, hay una en Perú y una en Paraguay; y si a estas le sumamos las de Centroamericana y el Caribe (El Salvador, Honduras, Costa Rica, Cuba, Puerto Rico, Aruba y Curasao, una para cada caso) la cuenta llega a un total de once bases militares.

Otro dato interesante de observar es cuáles son los países que permiten una base militar en su territorio. El más cercano que encontramos es Paraguay, que desde el golpe a Fernando Lugo en 2012 realizó un viraje de su política hacia los Estados Unidos y en las cuestiones del Mercosur es un ferviente opositor a Venezuela. En cuanto a Perú y Colombia, dos de los miembros de la Alianza Pacifico, el armado regional promovido por Estados Unidos y el aparente futuro de nuestro país.

En síntesis, la creación del Centro de Alerta Temprana es el primer paso que toma el gobierno argentino para permitir la injerencia militar norteamericana. En la Argentina y en América Latina soplan vientos conocidos, que traen resultados que ya vivimos. Si no se le pone un freno ahora, más tarde no habrá tiempo para lamentos.

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Terminó el juicio por el narco-escándalo cordobés. La justicia federal condenó al exjefe de drogas peligrosas, pero no comprobó la existencia del negocio ilegal. Prontuario de un comisario en defensa del poder político.

“Me voy a comer un lomito y lo voy a disfrutar con mi familia”. Eso fue lo que respondió el comisario Rafael Sosa al salir de Tribunales Federales de la ciudad de Córdoba. Un par de minutos atrás, el policía había sido condenado a tres años y ocho meses de prisión por incumplimiento de deberes como funcionario público.

Se trata del “Juicio por el Narco-escándalo”, en alusión a lo acontecido en el año 2013, cuando se desató un maremoto en la escena pública de Córdoba, a partir de que la televisión local mostró los entramados de un negocio orquestado por la policía para extorsionar a narcotraficantes. Esto decantó en el procesamiento de siete integrantes de la División de Drogas Peligrosas de la Policía de Córdoba, que en aquel entonces el jefe principal era Rafael Sosa. Tres años después, el veredicto dictado el martes pasado absolvió a dos policías, a uno lo sentenciaron a seis años de prisión por comprobarse el delito de extorsión, y a los cuatro restantes con condenas leves. Ninguno por asociación ilícita. Es decir, la justicia no logró comprobar la existencia del narco-negocio.

En el caso particular de Sosa, debido a que permaneció detenido dos años y medio luego del narco-escándalo, se le concedió su libertad, un par de horas después de la sentencia.

“No hay que confundir la libertad de Sosa con su no culpabilidad –señala el periodista Adolfo Ruiz, quien fue el primero en descubrir la existencia de este entramado, al presente cronista-. Estamos hablando del jefe de una brigada de narcotráfico que fue condenado a tres años y ocho meses de prisión. Que haya salido en libertad es porque el tipo ya estuvo dos años y ocho meses guardados. Que otros tipos hayan estado condenados a un año y ocho meses y que salgan en libertad por la misma situación no significa que no hayan sido delincuentes. Y esto hay que decirlo con todas las letras: delincuentes. Son policías que nos debieron cuidar y estaban delinquiendo”.

Los fundamentos de la sentencia se publicarían el próximo martes 10 de mayo.

Un comisario al servicio del poder político

El comisario Rafael Sosa estuvo a cargo de investigar resonantes casos policiales, que generaron una mala imagen al gobierno provincial y que logró atar cabos en forma veloz.

En el año 2004, bajo su cargo de titular de la división de homicidios, comenzó a buscar testigos del  triple asesinato del Jardín del Pilar, ocurrida adentro de una pizzería. El crimen generó una mala imagen a la provincia de Córdoba, en donde el gobierno provincial aseveraba tener un territorio de convivencia y de máxima seguridad, en plena época de las marchas encabezadas por Juan Carlos Blumberg. Sin olvidar que todavía estaba presente el sueño eterno del gobernador José Manuel de la Sota para candidatearse a la presidencia nacional.

El juicio por la masacre se llevó a cabo en octubre de 2006, bajo el aporte de una testigo clave –cuyas siglas son G.O.-, realizado a puertas cerradas, sin la presencia de familiares y prensa. Tanto el testimonio de Sosa como de G.O. fueron considerados como en “representación” de los verdaderos testigos, es decir, de terceros que nunca se animaron a declarar.

Un año después, en 2007, el asesinato de Nora Dalmasso, ocurrida en la ciudad de Río Cuarto, traería nuevas trabas electorales, esta vez para el candidato delasotista Juan Schiaretti para la gobernación. El comisario Sosa puso manos a la obra y su investigación apuntó al joven pintor Gastón Zárate como el autor material. La teoría cayó en pedazos, mientras vecinos de la zona se movilizaron en favor del detenido. Dicho y hecho, no hubo pruebas contra el mismo y el joven Zárate quedó libertad, bajo la etiqueta del “perejil”. Por si fuera poco, Sosa y otros tres policías fueron acusados de haber recibido dádivas por parte del abogado de Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, con alojamiento y todo, para realizar cómodamente sus investigaciones. Dicha acusación quedó archivada. Además de Sosa, uno de los cuatro policías se sentaría también al banquillo casi diez años después, en el juicio de los narco-policías.

Pocos años después, Sosa sería designado como jefe de la división de drogas peligrosas de la provincia.

En el año 2015, se había llevado a cabo el juicio por la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el joven que todavía no se sabe de su paradero desde febrero de 2012 y que con el tiempo también generó inquietudes sobre la política de seguridad del delasotismo. Sosa estuvo a cargo del tramo final de la investigación, cuyos resultados le permitieron al fiscal Alejandro Moyano elevar la causa a juicio, con tres detenidos. Inmediatamente después, el gobernador De la Sota lo condecoró a Moyano como el nuevo fiscal general de la provincia.

Al terminar el juicio por la desaparición de Facundo, la justicia no pudo determinar su paradero, aunque asegura que su asesinato quedó más que comprobado a partir de un testimonio clave, a puertas cerradas de la audiencia, donde dio detalles de cómo lo mataron. El nombre de la testigo: G.O. La misma que aportó datos claves en el triple asesinato de 2006. El testimonio también fue obtenido por el propio Rafael Sosa.

Narco-escándalo

“Adolfo. Soy Juan Viarnes. Me gustaría hablar con vos. Tengo una noticia. Si te interesa estoy en mi casa. Como verás, por algo así”.

Así decía el mensaje de texto, todo en letras mayúsculas, que recibió en su celular el periodista Adolfo Ruiz.

Adolfo lo había conocido a Viarnes adentro de la cárcel de San Martín, durante sus investigaciones sobre la circulación de medicamentos vencidos en las celdas. En 2010, Viarnes había obtenido su libertad.

Juan Viarnes es un personaje inefable, escurridizo, con un enorme prontuario, donde se ha metido en distintos hechos delictivos, con suspicacia y buenos contactos. En julio de 2013, su nombre tomó estado público por el allanamiento policial de su domicilio, donde se le encontraron centenares de billetes de dólares falsos. Ante su enojo, decidió destapar la olla y se contactó con Ruiz para hablar de su relación con los integrantes de la división de drogas peligrosas.

-¿Cómo llega la plata a tu casa?
-La trae el Rafa Sosa.
-¿Por qué a tu casa?
-Porque la agarraron de aguantadero.

Viarnes le había explicado al periodista el armado de un negocio ilegal, orquestado por Rafael Sosa desde la cabeza, en donde los integrantes de la división de drogas peligrosas extorsionaban a narcotraficantes a cambio de coimas, mediante la incautación de sus mercaderías. “(Los policías) me mandaban a  que yo les hiciera la negociación por la droga. Yo hablaba con los narcos, ellos filmaban y armaban toda la causa. Después de cobrarle, la destrababan y lo arruinaban al tipo”, señalaba “El Francés”, explayada en un archivo de la revista El Sur de septiembre de 2013. A su vez, se “embagallaba” a víctimas que no tenían relación alguna con el narcotráfico. Es decir, implantaban drogas en sus domicilios para luego extorsionarlos.

Debido a semejante información, se decidió trabajar con el equipo televisivo del programa ADN. A partir del testimonio de Viarnes, más cámaras ocultas, el escándalo impulsó el allanamiento de la sede central de la policía, la misteriosa muerte de dos uniformados –el oficial Juan Alos y la agente Damaris Roldán-, la renuncia del jefe principal Ramón Frías y el ministro de seguridad Alejo Paredes, más la detención de la cúpula de drogas peligrosas. Un año después, Juan Viarnes se daría a la fuga.

Esta semana, a dos años y medio del narco-escándalo, Sosa está condenado y libre. Mientras que  Viarnes está en estado de desaparecido, sin que se conozca su paradero.

“Yo creo que en Córdoba nadie duda de que esto era una verdadera banda de narco-policías –señala Adolfo Ruiz–. Pero lamentablemente, tenemos que conformarnos con que la justicia condena con lo que se puede probar fehacientemente. Cuanto menos está demostrado de que fueron unos delincuentes los que nos tenían que cuidar. No es poco. Me da una sensación de poco, pero no lo es. Porque no recuerdo un antecedente que condenó a una brigada de la policía por su accionar”.

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Luego de tres años de lucha incansable, la sentencia fue de 16 años para quien disparó aquella tarde a la militante social. Su hijo, Juan Ponce, da cuenta del camino recorrido.

16 años de cárcel fue la condena que recibió el lunes Héctor Daniel Riquelme, acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por el juez de Sentencia Nº 7 Juan José Mascali (uno de los tres que participó en la sentencia de otro crimen perpetuado por una banda narco: el de Jere, Mono y Patóm). Él fue quien le disparó a Mercedes Delgado, la Mecha, el 9 de enero de 2013, cuando salía de su casa para buscar a su hijo menor.

Después del acto realizado ayer en las puertas de los Tribunales en Rosario, Juan Ponce dialogó con Marcha. Se mostraba, él y las y los demás compañeros, conforme con la condena. “Al principio nos sonó a poco, porque creímos que era baja condena a la hora de evaluar lo que significaba mi madre para nosotros y para la sociedad, pero también entendimos que, en Rosario, para muchos de los homicidios en barrios populares se dictan condenas  muy bajas, o terminan siendo juicios abreviados”.

El camino de búsqueda de justicia fue largo estos tres años; a la ausencia de Mecha en el barrio y en la mesa de los domingos, se sumaba lo que detalla Juan más arriba: la certeza de que muchos casos quedan impunes,  o cuentan con condenas cortas, casi irrisorias. Las marchas, los actos, las pintadas que la recuerdan, el fuego que no se apaga, fueron las diferentes formas de mantener el pedido en pie, incluso como  la carpa que levantaron en las puertas de Tribunales el 9 de diciembre pasado para que la causa no se estancara. Por eso, puntualiza Juan: “Estoy conforme de que se hizo justicia y también de saber que somos muchos los que llegamos a esta instancia, los compañeros que pusimos el cuerpo, que peleamos en momentos duros de esta causa. Hubo muchos episodios donde la familia se sintió hostigada, amenazada, donde incluso nos tirotearon para que abandonáramos la causa y esto quede impune. Pero nos organizamos y seguimos adelante”.

Una historia que es muchas historias

Mercedes era una militante social y cristiana que participó en el Centro Comunitario San Cayetano del Barrio Ludueña durante 20 años. A ese mismo barrio había llegado Mecha con sus hijos a cuestas luego de que rompió la relación con su esposo, alcohólico y violento, y llegó a la casa de una tía que le ofreció un techo y contención. Por eso Juan destaca la valentía de su madre y allí volvieron a empezar todos juntos: “Mecha logró organizar junto a otras en el comedor San Cayetano, donde estuvo más de 20 años para dar de comer a muchos chicos y chicas del barrio. Y es muy doloroso también ver que el asesino no sólo mató a mi madre, también mató esperanzas e ilusiones a esos muchos chicos del barrio”.

Pero Héctor Daniel Riquelme, el hombre que mató a Mercedes y muchas esperanzas, que estuvo prófugo 20 meses y que fue apresado en Santa Fe en septiembre de 2014, fue condenado. Y por eso Mecha podrá descansar un poco más en paz, y la familia podrá llorarla la misma rabia pero también con la sensación de que su reclamo fue escuchado. Y tendrán, también, que seguir: “Seguiremos construyendo desde lo popular, desde la barriada, como lo veníamos haciendo estos últimos tres años, y seguiremos el trabajo que dejó Mercedes Delgado desde muy chicos”, cuenta Juan. Y en medio del dolor, también, la lucidez: “Creemos que seguir construyendo desde abajo es la única forma que tenemos para que nuestros jóvenes, nuestras familias, puedan vivir una vida más tranquila”.

Y Juan Ponce nunca se olvida, porque se lo enseñó su madre con las palabras y con el ejemplo, pero porque también es la disputa que se le planta a la violencia, de “la construcción con amor: a mí se me llenan de lágrimas los ojos al recordarla a Mecha, y también las muchas lágrimas de todos los cumpas”. Y para demostrar que la Mecha sigue encendida, cierra: “Se consiguió llevar el nombre de Mercedes Delgado a cada punto de la ciudad, y también la sacamos de Rosario para que la gente se sienta identificada en lo que es su trabajo”.

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